Omisa la CNDH ante la violencia minera; por lo menos han ejecutado a siete activistas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, volvió a poner “el dedo en la llaga”: reconoció que en México la mayoría de los asesinatos y agresiones contra defensores del territorio están íntimamente ligados a los intereses de empresas trasnacionales, dueñas de megaproyectos de toda índole.

Ante esta aseveración, que refiere la omisión del Estado mexicano para garantizar la seguridad de los defensores del territorio, el propio gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador –igual que en su momento lo hicieron los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- ha guardado silencio; no se ha manifestado una sola postura tendiente a investigar esta situación.

El Alto Comisionado ha señalado que son los grandes monopolios nacionales y trasnacionales lo que están contribuyendo al cada vez más creciente clima de violencia que se vive en México contra los defensores del territorio, incluidos algunos periodistas, que se oponen a la entrega del suelo, el agua y los bosques a los intereses del capital.

Uno de los sectores en donde mayor letalidad se observa contra los defensores del territorio y periodistas, es la minería, en donde se ha denunciado en forma insistente –por parte de periodistas independientes y organizaciones de defensa de los recursos naturales- la colusión entre empresas y células de los carteles de las drogas, aunque para el gobierno federal, esto parece no suceder.

Y es que la inclusión de los carteles de las drogas en el negocio de la minería representa una forma rentable e inmejorable de lograr buenas utilidades económicas, porque los riesgos de detención o abatimiento de sus integrantes se reducen en forma considerable, lo que hace que las estructuras criminales mantengan nóminas de pago muy por debajo de las que se establecen cuando la encomienda es el trasiego de drogas, en donde el riesgo de muerte o captura es elevado.

Por eso se entiende que en la actualidad casi todos los carteles de las drogas, tanto los considerados de presencia nacional como los clasificados como “mini carteles” o “carteles locales”, ahora se encuentren inmersos en actividades de explotación minera, con encomiendas que van desde vigilancia perimetral y seguridad a los transportes de carga, hasta detección, control y abatimiento de los “factores de riesgo” para las mineras.

Esa encomienda es lo que resulta en intimidación, desplazamiento y ejecución a los activistas opositores de los proyectos mineros, que casi siempre son los defensores de las tierras, los líderes comunales, periodistas, defensores de derechos humanos o dirigentes de agrupaciones comunales de defensa de los recursos naturales.

La minería en México, de la forma en que actualmente se lleva a cabo, es considerada por diversas agrupaciones civiles como letal para las comunidades asentadas en las zonas ricas en minerales. Por eso no es fortuito que a lo largo de todo el territorio nacional no exista una sola mina en exploración o explotación que no conlleve un conflicto social de la mano, por mínimo que este sea.

Los conflictos provocados por las mineras no sólo son por la disputa del suelo, con el objeto de la apropiación de las riquezas subyacentes; son resultado de la disputa por el agua, la generación de residuos tóxicos, la contaminación del suelo, el agua y el aire, así como la deforestación y la creación de condiciones adversas a la salud colectiva.

Hay en México Mil 488 Conflictos Sociales a Causa de Mineras

De acuerdo con la Secretaría de Economía del gobierno federal, en México actualmente se encuentran otorgados 25 mil 425 permisos de exploración o explotación de minas, los que generan un total de mil 488 conflictos sociales, si se pretende ser exacto.

Tomando sólo en cuenta aquellas localidades en donde se han dado desplazamientos forzados de la población, amenazas de muerte de los defensores de las tierra o asesinatos de los líderes comunales que se oponen a los proyectos, el total de conflictos sociales derivados de las minas se tendría que reducir a sólo 782 en todo el país, lo que aún sigue siendo una cifra elevada.

Cabe señalar que la mayoría de esos 782 conflictos mineros que se han podido documentar en nada se comparan con la cantidad de conflictos que se registran en los países mineros de donde provienen las principales empresas a las que se les ha cedido la propiedad del suelo mexicano.

El ejemplo de esto es Canadá, un país con uno de los mayores potenciales mineros del mundo, en donde la legislación vigente obliga a las empresas a una exploración y explotación del suelo con absoluto respeto al medio ambiente, y  las comunidades asentadas en los entornos mineros.

En Canadá, pese a la bastedad de sus recursos minerales, el gobierno de ese país sólo tiene entregados en concesión 479 permisos para la explotación minera, de los que sólo se reportan la generación de cuatro conflictos sociales, a causa de disputas de la población que exige la disminución de los índices de contaminación en el suelo, agua y aire.

Allí no se registra de manera pública, ni por la difusión mediática, muertes de defensores ambientalistas, mucho menos grupos poblacionales desplazados o líderes comunales amenazados de muerte por la defensa de los recursos naturales.

Sin embargo, en México, las empresas mineras canadienses, las que se asoman con pulcritud en su país, no se comportan de la misma manera; en el territorio mexicano, las mineras canadienses son las que manifiestan una mayor deshonestidad al momento de hacer la exploración y explotación de los recursos del subsuelo, del que tienen prácticamente el monopolio.

Lo mismo sucede con las mineras norteamericanas, las segundas en cuanto al número de concesiones mineras en México. Estas firmas, mientras son ejemplares en su país, tampoco respetan la legislación federal mexicana en materia de cuidado al medio ambiente, mucho menos respetan la autonomía de los pueblos asentados en torno a los sitios de exploración o explotación, los que de manera frecuente se ven sometidos a la violencia que genera la ambición del capital.

Por eso, no resulta extraño que la mayor cantidad de conflictos mineros en México, se presentan de manera casi absoluta entorno a las minas cedidas en propiedad a las firmas de Canadá y Estados Unidos, donde la autoridad federal es cómplice por omisión y a veces por actuación, al privilegiar el interés económico de los grandes capitales frente al bienestar de la población propietaria original de los recursos naturales en explotación.

Un Ejemplo que se Extiende Peligrosamente

El ejemplo de impunidad, propiciado por el sistema de corrupción del gobierno mexicano, bajo el que operan las mineras canadienses y norteamericanas, ha sido malamente asumido por otras firmas internacionales, como las chinas, argentinas, italianas, japonesas, australianas y peruanas, que operan en el país, las que por lo menos cuentan con severos cuestionamientos sociales sobre los niveles de contaminación y generación de enfermedades entre la comunidad aledaña.

Sólo en 18 años, desde el 2000 hasta diciembre del 2018, en todo el país ya se apuntaban las muertes de 278 líderes comunales y defensores indígenas de la tierra, los que tuvieron el valor, sin importar las consecuencias, para alzarse contra los grandes corporativos que llegaron apropiarse de un suelo que no les pertenece.

A la lista de los asesinados, se suma también un numerado de 138 líderes comunales que se encuentran presos, acusados de diversos delitos. La lista sigue: por causa de la defensa de la tierra contra las mineras y proyectos extractivos, un total de 126 defensores de la tierra se encuentran desaparecidos y al menos otros 125 han sido desplazados de sus comunidades.

Omisión del Estado

Y todo porque la minería es un sector estratégico para la economía mexicana, según reconoce la Secretaría de Economía (SE), lo que en consecuencia se ha convertido en un siniestro atractivo para la inversión extranjera directa. Una inversión que mira en la omisión del gobierno mexicano la oportunidad de oro para hacer crecer sus activos, valiéndose de la oferta oficial que anuncia a México como “uno de los destinos más atractivos y seguros para las compañías mineras a nivel mundial”.

Y cómo no va a ser México un país paraíso para las inversiones extranjeras, si el propio Estado, olvidándose de la defensa de los intereses de su pueblo, se ha colocado en los últimos años del lado de los inversionistas. El propio Michel Forst, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidades para la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, en su momento reconoció que el Estado utiliza el sistema de justicia para perseguir a quienes se oponen a los proyectos extractivos que encabezan los grandes corporativos internacionales, los señalados de ser parte de los principales agresores de los derechos humanos en México.

El francés Michel Forst, luego de hacer una visita de trabajo por Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, y tras reunirse con más de 600 personas, principalmente luchadores contra proyectos mineros en 20 estados del país, reconoció que son la impunidad y la falta de voluntad política lo que ha sumido a los luchadores sociales en el estado de abandono en el que se encuentran: “La tasa de impunidad es muy alta. Hablamos de una tasa de casi 100 por ciento de impunidad. Esto muestra que algo no está funcionando en el sistema legal, en el Estado de derecho y en la aplicación de la justicia. Hay que trabajar en la cuestión de la impunidad”.

Así reconoció que los opositores a los proyectos extractivos sufren ataques en todos los niveles, pero lo más alarmante son las campañas de difamación contra los defensores. “Los llaman ecoterroristas, dicen que están ligados con el narcotráfico y el crimen organizado, los acusan de beneficiarse de fondos extranjeros”, y esa es la principal razón por la que se les abren procesos penales amañados, que no sólo los alejan de la lucha social encabezada, sino que los recluyen en cárceles, a veces de máxima seguridad, para infundirles miedo y terror, “dentro de procesos penales, que no garantizan el derecho a un debido proceso penal”.

Esa actuación de las mineras sólo es posible debido a que el Estado ha puesto a su disposición toda la fuerza pública para reprimir cualquier manifestación en contra de su presencia, en donde el propio Ejército Mexicano y la Marina, actúan como policías privadas de los grandes corporativos, o en el mejor de los casos como elementos de primer contacto en la seguridad pública de las regiones mineras, lo que en cualquiera de los casos resulta peligroso, pues en innumerables casos de agresiones a defensores de la tierra se menciona la implicación de fuerzas federales.

La violencia ha repuntado en las zonas mineras del país, no sólo por la intervención de las fuerzas federales defendiendo los intereses de los corporativos internacionales; aquí se gesta un fenómeno nuevo: es producto de la alianza entre las mineras internacionales y los carteles de las drogas, los que son utilizados, aprovechando su estructura criminal, como brazo ejecutor para sofocar las protestas sociales, vía intimidación, persecución y ejecución de los principales líderes opositores a las operaciones mineras.

Baldenegro, un Ominoso Ejemplo

El caso más evidente de la perversidad minera, es el del asesinato del opositor minero Isidro Baldenegro López, un luchador social de la etnia rarámuri que se opuso a la explotación irracional del suelo en la localidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde las empresas Fresnillo PLC, Endeavour Silver Corp., Mex Group Resources y Great Panther Resources, mantienen en avance proyectos de exploración de dos minas para la extracción de oro y plata, con reservas probadas para los próximos 20 años.

El relator de la ONU, Michel Forst, aludió a este asesinato refiriendo que esto “es un símbolo de que algo va mal en México, y el Estado tiene el deber de proteger a los defensores”, pero no lo hace. Y es que Isidro Baldenegro López era un símbolo en la defensa de la tierra y la lucha contra las empresas mineras transnacionales en el norte del país.

Su liderazgo era de la misma magnitud al que en su momento fue el de Berta Cáceres, la opositora a las minas en Honduras, que también fue asesinada luego de encarar a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V., subsidiaria de la compañía China Sinohydro, la que, sin tomar opinión, y sólo con el respaldo del gobierno nacional de Honduras, tomó como su propiedad el territorio que por siglos ha sido propiedad del pueblo Lenca.

Paradójicamente, Isidro Baldenegro y Berta Cáceres habían recibido el mismo reconocimiento internacional a su lucha contra las mineras, al ser recipiendarios de la prestigiosa “Medalla al Mérito Medioambientalista Goldman”.

Este no es el primer asesinato de un activista que se registra en la zona indígena de Guadalupe y Calvo. Sólo en el 2016 otros tres defensores de la tierra, que se opusieron a los proyectos mineros de los corporativos Fresnillo PLC, Endeavour Silver Corp., Mex Group Resources y Great Panther Resources, también fueron asesinados.

Los activistas que cayeron muertos, cuyos asesinatos no han sido aún esclarecidos, son Víctor Carrillo, Elpidio Torres Molina y Valentín Carrillo Palma, quienes, al igual que Isidro Baldenegro, fueron ejecutados a balazos en la comunidad de Coloradas de la Virgen, por un solitario asesino, que podría haber sido el mismo Romeo Rubio Martínez.

El homicidio de Isidro Baldenegro, que no causó escozor en el gobierno mexicano, fue reprobado desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y desde organismos de peso mundial, como Amnistía Internacional (AI), desde donde se insistió en la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores de la tierra que se enfrentan a las mineras transnacionales, pues para esos organismos no pasó por alto el hecho de que Isidro Baldenegro ya había sido amenazado de muerte, y el Estado mexicano no hizo nada para protegerlo.

Por el contrario, el Estado formó parte de esa persecución, cuando en el año 2003 Baldenegro fue acusado de una supuesta posesión de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército, delitos que se le imputaron luego de mantener bloqueados los accesos a la zona de exploración que fue concesionada a la minera Great Panther Resources.

El estado de Chihuahua, gobernado entonces por Patricio Martínez García, levantó cargos contra Isidro Baldenegro, y lo mando a prisión por más de 15 meses, alejándolo de la lucha ambiental, mientras la minera Great Panther Resources pudo poner en operación el proyecto en la mina San Antonio El Grande, para la extracción de plomo y zinc.

Isidro Baldenegro se había opuesto a los trabajos de la minera, luego de exponer públicamente que la operación de dicha mina afectaría a la salud de los habitantes de las localidades de Santa Eulalia y Santo Domingo, por eso comenzó a organizar a los pobladores del lugar, a fin de alcanzar un acuerdo con la minera que permitiera cobrarle un seguro de salud para todos los pobladores, principalmente niños y mujeres.

La empresa Great Panther Resources se negó a esa posibilidad y optó por dejar de lado los trabajos de exploración, mismos que fueron retomados cuando la procuraduría de justicia de Chihuahua, detuvo al activista Isidro Baldenegro, al que acusó de portar una rifle de asalto R-15, dos cargadores abastecidos y al menos 30 gramos de cocaína, los que a lo largo del proceso se pudo demostrar que fueron “sembrados” por los uniformados que detuvieron al activista, luego de una reunión para organizar una protesta en la capital de Chihuahua, con la que se pretendía exigir la salida del estado de la minera canadiense.

Ya en libertad, la que logró con el apoyo de la organización Amnistía Internacional, que lo declaró “preso de conciencia” y obligó al gobierno de Chihuahua a retirar los cargos falsos imputados, Isidro Baldenegro López no se pudo librar del acoso anónimo que persistió: amenazas de muerte dejadas por escrito en la puerta de su casa y llamadas telefónicas a deshoras de la noche, le hicieron huir de la comunidad de Coloradas de la Virgen junto con su familia.

Se mantuvo escondido en diversas localidades del estado, pero finalmente decidió regresar a su localidad de origen, para abanderar la lucha de la población contra la minera Endeavour Silver Corp., la que desde el 2012 inició trabajos de desmonte para la apertura de la mina El Cubo, dentro de la región de Guadalupe y Calvo, donde bajo una superficie de 54 mil 856 hectáreas de suelo, inició trabajos de extracción de 7.1 millones de onzas de plata y 142 mil 500 onzas de oro.

Isidro Baldenegro López se opuso y denunció la perforación de 54 mil 418 metros cuadrados de tierra, en donde se hicieron 189 agujeros, para delinear una chimenea en la prolongación desde la mina histórica de El Rosario, donde la minera encontró recursos de oro y plata de alta ley, los que fueron reclamados por el líder indígena como propiedad legitima del pueblo de Guadalupe y Calvo. A sus 50 años de edad, ese fue uno de los últimos reclamos que hizo.

Otra de las luchas que había abanderado el activista, quien en 1986 tuvo que enfrentar la muerte de su padre, Julio Baldenegro, también asesinado por su lucha por la defensa de la tierra, la que encabezó contra la minera Fresnillo PLC, cuando la empresa logró la concesión federal para una mina en San Julián, con una proyección de 5 millones de onzas de plata y 500 mil onzas de oro para el año 2018.

Baldenegro López encaró a la minera y pudo frenar sus actividades por tres meses, haciendo que se tambaleara el proyecto que oficialmente se anunció como “generador de empleos para los habitantes de los municipios de Parral, El Vergel y Guadalupe y Calvo”, y que se puso en marcha con una inversión de 500 millones de dólares.

Junto con sus autoridades tradicionales y líderes comunitarios, llevaba treinta años de trabajo en la protección y defensa del bosque de su comunidad, luchando en contra de los caciques que dañan los territorios ancestrales”, dijo la activista Diana Villalobos Díaz, la que no deja de señalar que la muerte de Isidro Baldenegro López tuvo su razón en la labor social que abanderó, en defensa del pueblo y en contra de los proyectos extractivos.

Por eso se alzó la voz de organizaciones como Alianza Sierra Madre A.C., Consultoría Técnica Comunitaria A.C. y Tierra Nativa A.C., cuyas dirigencias, en sendos comunicados públicos, dirigidos a la autoridad estatal, reclamaron “de manera urgente” la intervención del gobierno del estado, no sólo para el esclarecimiento de los homicidios de los cuatro defensores de la tierra, sino para demandar medidas de protección para los indígenas que se enfrentan a las mineras trasnacionales.

México en Oferta

Las trasnacionales han llegado atraídas por la invitación del gobierno federal, que en su política de atracción de inversiones al país ha señalado que “es evidente que el potencial geológico del territorio chihuahuense es muy amplio y favorable para explorar sus recursos naturales, y presenta un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera”, según la postura de la Secretaría de Economía expuesta dentro del estudio denominado “Panorama Minero del Estado de Chihuahua”.

Esa difusión oficial, que pasa por alto el derecho de la defensa de los pueblos por el respeto a sus recursos naturales, y que otorga “manga ancha” a las actividades de explotación económica del suelo y bosques, es la que ha hecho que, sólo en el estado de Chihuahua, el número de concesiones de explotación minera haya crecido exponencialmente en los últimos seis años, pasando de 285 títulos en el 2010, a mil 376 concesiones mineras a finales del año 2018.

Lo que se ha convertido en un orgullo para el gobierno mexicano, pues gracias a esas concesiones, se presume desde la SE, el estado de Chihuahua ha crecido su participación dentro del panorama económico nacional, al aportar el 32.75 por ciento de la extracción total de oro, 19.19 por ciento en la comercialización de plata, 65.29 por ciento en la producción de plomo y el 39.40 por ciento en la extracción de cadmio.

En el estado de Chihuahua, el tercer estado, después de Chiapas y Oaxaca, con mayor población indígena del país, se tienen concesionadas más de 12 millones 861 mil 184 hectáreas de suelo, las que han sido entregadas a 37 mineras internacionales, al menos la mitad de ellas asociadas con inversionistas mexicanos, que explotan un total de 143 minas, donde en el menos 78 se han presentado conflictos entre la población y las empresas, que ejecutan los proyectos extractivos para la obtención de oro, plata, cobre, zinc, plomo y cadmio.

Agresiones al Alza, y la CNDH no ve

Pese a que las agresiones que las empresas mineras vienen realizando contra los luchadores por la defensa del medio ambiente siguen a la alza, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encabezada por Rosario Piedra, no ha querido hacer un pronunciamiento al respecto. Nunca como ahora, en el gobierno de la 4T, las agresiones de las mineras no son sancionadas, ni siquiera señaladas por la CNDH.

La última vez que se denunció la letalidad de las mineras, fue durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuando la situación, entorno a la forma en que era agredidos por las mineras aquellos que se oponen a sus proyectos, fue denunciada por el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, quien la calificó como “preocupante”, no sólo por la forma en que las mineras eliminan a sus opositores, sino por el número de agresiones que va en aumento en todo el país: la CNDH registró, en el 2010, un total de 358 agresiones a defensores de la tierra, en el 2011 fueron 457, para el 2012 se llegó a 576, en el 2013 se alcanzó un total de 589 quejas por agresiones a defensores, en el 2014 se tocó la cifra de 592 agresiones, para el 2015 fueron 622, en el 2016 cerró con el pico histórico de 652, en el 2017 fuero 634 y para el 2018 se registraron 650.

Por eso el abogado defensor de los derechos humanos en México, refiripo que “la situación de los derechos humanos y de las personas defensoras de las garantías fundamentales es preocupante. Es una situación de preocupación. Es una situación donde se requiere visibilizar el clima de estigmatización, de agresiones, de intimidación que se da sobre los defensores”.

Es una situación que está latente en varias regiones del país -dijo-, y eso afecta a la sociedad en su conjunto, “porque personas que deciden ejercer como actividad la defensa de la dignidad de los demás se ven expuestas a este tipo de intimidaciones”.

Aun cuando se ha dicho, en el discurso público de la presidencia de la CNDH, que los organismos públicos defensores de derechos humanos, y los sistemas universales y regionales de la materia, están haciendo un frente para visibilizar el problema y para tomar medidas que puedan generar políticas públicas para proteger a los defensores, en México poco se ha podido avanzar para frenar la violación de los derechos humanos por parte de los grandes corporativos, que en aras de un desarrollo económico mal interpretado, han pasado sobre la dignidad de los pueblos, y por encima de los derechos más elementales, como el de la vida.

Esa situación fue también reconocida por un grupo de 100 organizaciones civiles que integraron un compendio de información sobre las empresas encargadas de proyectos de desarrollo y la forma en que estás atentan contra la comunidad de las localidades naturales en donde se asientan dichos proyectos; el informe, que fue entregado al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, desmenuzó 67 casos graves, en donde las transnacionales fueron evidenciadas sobre su accionar frente a los opositores a los proyectos económicos, revelando como una práctica común de estas empresas, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada.

El aludido informe, en donde participaron organizaciones como el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, los Comités de Cuenca Río Sonora y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otros, no dista en sus conclusiones sobre lo que ya había expuesto la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que reconoció que la crisis de violencia contra los defensores de la tierra, es el resultado de la intervención de los grupos de la delincuencia organizada y la participación de fuerzas del estado, siempre del lado de los intereses de las grandes empresas desarrolladoras de los proyectos extractivos y de otros relacionados al crecimiento de la infraestructura de comunicaciones o generación de energías.

Tanto las 100 más importantes organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en México, como la propia CIDH, luego de una minuciosa revisión a la forma de actuar de las empresas transnacionales, llegaron a la conclusión que el contexto de violencia imperante en México, es el resultado de la omisión del Estado Mexicano frente al cada vez más creciente estado de impunidad, el que es empujado por la presencia del crimen organizado, y que beneficia en forma directa a los corporativos, los que se valen de los huecos legales existentes en México, que no les obligan a la transparencia ni a la rendición de cuentas, lo que finalmente incide en abusos frecuentes cada vez más contra los pobladores.

A lo anterior contribuye también en forma notable, dice el informe entregado a la ONU, el apoyo de las autoridades locales a proyectos extractivos, “que perjudican el acceso a los recursos naturales de las comunidades, y pueden tener impactos negativos a la forma de vida, a la salud y al medio ambiente”, lo que se agrava por la forma autoritaria en que se presentan las empresas en las comunidades, donde no existen proceso de consulta a la población y se hace el arrebato del suelo y los recursos con la complicidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Otro elemento que evidencia la forma en que las transnacionales encargadas de proyecto extractivos toman como rehén a comunidades enteras, sometiéndolas por la fuerza a sus intereses, es el secuestro del propio Estado de Derecho, el que ya presenta una constante en todos los casos que se ventilan en los tribunales del Poder Judicial: existe una rapidez incomprensible cuando los fallos son a favor de las empresas o los opositores a los proyectos son procesados por otros delitos imputados en forma artificial. En contraste se observa la lentitud con la que opera el Poder Judicial cuando los demandantes son los vecinos afectados, que solicitan la suspensión de las obras que les afectan.

Esa situación, que parece ser vista desde todos los ángulos por las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en México, incluyendo la propia CNDH, sólo es invisible para el ejecutivo federal, desde donde se ha actuado para promover diversas reformas estructurales que debilitan o contradicen las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, y favorecen al sector empresarial.

Tal es el caso de lo promovido en diciembre del 2013, cuando el ejecutivo federal motivó una reforma constitucional para terminar con la exclusividad del Estado mexicano en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, así como en relación a la generación de energías, abriendo la participación al sector privado nacional e internacional, y dejando de lado el derecho natural de los pueblos indígenas a la conservación de sus recursos.

En dichas modificaciones a la ley, los pueblos afectados, ricos en yacimientos, agua y bosques, no tuvieron participación, privilegiando los intereses del capital sobre la condición social de los pueblos, pues la Reforma Energética surgida de esa iniciativa de la Presidencia de la Republica, ignoró los impactos ambientales y sociales para las comunidades.

“La legislación de la Reforma Energética -dice el informe de las organizaciones civiles a la ONU-, además ha creado figuras jurídicas que transgreden el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el derecho al consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.

Por ejemplo, a las comunidades afectadas, no se les reconoce el derecho a negarse a la exploración y explotación de recursos en su territorio, según el artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos, y el artículo 71 de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que hasta ahora, las comunidades afectadas no han encontrado acceso a la justicia en México. Además, este marco legal favorece el uso del suelo para proyectos energéticos sobre cualquier otro uso, por ejemplo, para la agricultura, vulnerando otros derechos como el derecho a la alimentación y el trabajo”.

En su momento, en el 2014 en entonces presidente de la CNDH, Luis Raúl González, luego de reconocer que en México existe como principal reto el tema de la defensa de los derechos humanos, aseguró que es necesario que los agentes del ministerio público se capaciten, y que se generen dentro de las procuradurías de justicia áreas especializadas para combatir la impunidad e investigar los casos de agresión, a fin de que se consigne a los responsables de los atentados contra los defensores de la tierra, pues “en la medida que esta impunidad subsista, van a seguir propiciándose agresiones a defensores”, lo que no se puede permitir, pues, aseguró “cuando se agrede a un defensor, se agrede a la sociedad y a la colectividad que representa, porque se le está impidiendo defender y alzar la voz por otros”.

Solo Siete Asesinatos de Defensores, Esclarecidos

Pero la postura ideal del entonces principal defensor de los derechos humanos en México, choca contra la realidad nacional: de los 157 homicidios de defensores de la tierra, que se han registrado en los últimos cinco años en México, sólo en siete casos las procuradurías estatales de justicia han podido esclarecer los crímenes; en 124 casos de homicidios de activistas, las averiguaciones se encuentran sin avance, al no tener la identificación del o de los agresores, y en otros 26 casos de asesinato de líderes comunales existe plena identificación del o los homicidas, pero no se ha podido –o no se ha querido- cumplimentar la orden de aprehensión.

La boyante impunidad en México, a la que han hecho alusión tanto el expresidente de la CNDH como el Relator Especial de la ONU, y que fue reconocida también por la CIDH y por más de 100 de las principales organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en México, encuentra su mayor resonancia en la siguiente cifra: de los 157 asesinatos de activistas, registrados hasta septiembre del 2017, a 126 de ellos se les atribuyó su deceso como resultado de conflictos personales.

Solamente 16 de los asesinatos de defensores fueron reconocidos como efecto de la defensa de intereses colectivos, pero en ninguno de esos 16 casos se señala -ni como línea de investigación- la posibilidad de que la muerte de esos activistas tenga alguna relación con las empresas mineras contra las que se enfrentaron. En el mejor de los casos, en las investigaciones, muchas de ellas en receso, se habla de que fueron ejecutados por células del crimen organizado.

Ismael y Manuelita Claman Justicia desde la Tumba

Ni siquiera en los casos más evidentes de participación criminal de las mineras, la autoridad ministerial menciona a las trasnacionales. Un caso es el asesinato de los activistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, ocurrido en el ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 22 de octubre del 2012.

Ismael fue asesinado al lado de su esposa Manuela por haber encabezado las protestas contra las empresas Minera Cascabel S.A. de C.V. y Minera Pozo Seco S.A. de C.V., las que son subsidiarias de la empresa canadiense Mag Silver Corp., una empresa que mantiene en exploración al menos cinco proyectos de importancia dentro del Cinturón de Plata de México, en sociedad con la firma Fresnillo PLC.

A la empresa Mag Silver Corp., se le atribuye el asesinato de los dos activistas, pues desde su llegada a la zona -en junio del 2006- se inició una confrontación directa con los pobladores, al ampliar el radio de exploración, invadiendo tierras comunales, sin buscar ningún tipo de diálogo con los comuneros afectados, y realizando tala de bosques y perforación con barrenos en zonas vedadas para la perforación de pozos para el consumo de agua de uso agrícola.

Con 29 concesiones en mano, otorgadas por el gobierno federal del presidente Vicente Fox, la minera canadiense Mag Silver Corp., se hizo propietaria directa y absoluta de más de 25 mil hectáreas de suelo, pero no le bastó: por modo propio la minera amplió su presencia en la zona de exploración hacia una superficie de más de 32 mil hectáreas, comenzando a desplazar a los ejidatarios, quienes fueron despojados de sus tierras sin mayor explicación.

De la noche a la mañana aparecieron en la zona ejidal de Benito Juárez, grupos armados que se lanzaron contra la población comunal, a la que encañonaron directamente y le exigieron que abandonara sus casas y sus suelos de cultivo.

Sólo entre el diciembre del 2006 y junio del 2007, casi el 30 por ciento de los más de 13 mil habitantes rurales de la zona ejidal de Benito Juárez, en Buenaventura, Chihuahua, tuvieron que abandonar sus propiedades, pues en ese lapso se registraron 18 secuestros y dos desapariciones. Los grupos armados que llegaron a los caseríos a lanzar amenazas y exigir el desalojo de la tierra, fueron acompañados, o escoltados, por patrullas de la policía municipal, camionetas de la policía ministerial del estado de Chihuahua y por patrullas del ejército.

Los Primos que Desapareció el Ejercito

La presencia del crimen organizado, utilizado como brazo armado de la minera Mag Silver Corp., y solapado por las fuerzas del gobierno, fue denunciada en diversas ocasiones por parte de los ejidatarios de Benito Juárez, pero nunca hubo una respuesta formal de la autoridad. Por el contrario, las agresiones arreciaron contra los denunciantes.

La participación criminal del ejército, al cuidar los intereses de la minera canadiense, se ejemplifica claramente con el caso de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, quienes fueron secuestrados y desaparecidos por fuerzas federales, el 29 de diciembre del 2009.

Los tres primos no participaban en movilizaciones, pero fueron señalados como incitadores del movimiento contra la minera desde una fuente de la policía municipal que utilizaba el ejército. Un comando de 10 soldados ingresó la noche del 29 de diciembre del 2009 al domicilio donde se encontraban los primos, quienes se reunieron con familiares que llegaron desde Estados Unidos para celebrar las fiestas de fin de año; el comando militar ingresó buscando directamente a José Ángel Alvarado Herrera, pero sus primas Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, trataron de impedir la sustracción, por lo que también fueron llevadas por los elementos del ejército que llegaron con el rostro cubierto.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por los familiares de los tres primos, los que se tuvieron que exiliar en Estados Unidos luego de presentar la denuncia por desaparición forzada, los responsables de la sustracción y desaparición de los tres jóvenes fueron elementos del ejército mexicano, quienes habrían actuado bajo las órdenes del Coronel Élfego José Luján Ruiz, quien en ese tiempo era el comandante del 35 Batallón de Infantería en la región de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, bajo las órdenes del general Felipe de Jesús Espitia.

Los señalamientos de los familiares de los tres desaparecidos puede que no estén equivocados, pues el coronel Élfego José Luján Ruiz, apenas en enero del 2016, fue sentenciado por un juez penal a 33 años de prisión, por el delito de tortura y homicidio de dos civiles. A Luján Ruiz se le encontró responsable, junto con otros cinco de sus subalternos militares, de haber torturado y dado muerte a los primos Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, quienes fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Nuevo Casas Grandes, luego de haberles encontrado en posesión de una pistola.

Los detenidos, Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, nunca fueron puestos a disposición del agente del ministerio público. Fueron entregados por elementos de la policía municipal a la comandancia regional militar, desde donde se coordinaba el Operativo Conjunto Chihuahua, ordenado por el presidente Felipe Calderón, como parte de su estrategia nacional de combate al narcotráfico.

Según lo integrado en el expediente que sirvió para sentenciar condenatoriamente al Coronel Élfego José Luján Ruíz, los dos levantados fueron entregados por la policía municipal al Ejército, fueron sometidos a tortura, mediante el sistema de simulación de ahogamiento, a fin de que se reconocieran como integrantes del grupo criminal La Línea.

De acuerdo a dos de los militares que presenciaron la tortura de Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, y que declararon en contra del coronel Élfego José Luján Ruiz, luego de 10 horas de tortura, Jesús Alberto Campos Moreno murió por asfixia, en manos del grupo que lo mantenía en interrogatorio con una bolsa de plástico en la cabeza. Fue entonces cuando sobrevino la orden del coronel Luján Ruíz, de dar muerte al sobreviniente Jorge Alejandro Yáñez, “para no dejar testigos”. Los cuerpos de los dos primos fueron sacados del cuartel militar y sepultados en una fosa clandestina cerca del municipio de Agua Prieta, Sonora, donde fueron localizados casi dos meses después.

Luego de quedar demostrado plenamente el ilícito, el Juez Cuarto de lo Penal en Chihuahua, determinó que existía responsabilidad por parte de los militares, y junto con el Coronel, fueron sentenciados, también a 33 años de prisión, los subalternos Everardo Vega, Jorge Luis Calvario Abarca y Martín Jaime Juárez Reyes, a quienes se les imputo los delitos de tortura, homicidio e inhumación de cadáver, en tanto que los soldados Marcelo Cruz Ramírez y Ramón Natividad Loya Romero, fueron sentenciados a tres años y tres meses de prisión, sólo por el delito de tortura.

Pero la acusación por la muerte de los primos Jesús Alberto Campos Moreno y Jorge Alejandro Yáñez Moreno, no es la única que pesa sobre la actuación militar del Coronel Élfego José Luján Ruiz, actualmente enfrenta otro proceso penal en una corte marcial a cargo del Juez Quinto de la Primera Región Militar, en donde se encuentra radicada en la causa penal 181/2010, la que imputa al Coronel Luján Ruíz la muerte de los soldados Mario Alberto Guerrero León y Mario Alberto Peralta Rodríguez, quienes presuntamente habrían desertado de su batallón para sumare a las filas delictivas de la organización conocida como La Línea.

Según el expediente, los soldados Mario Alberto Guerrero, apodado “El Jano” y Mario Alberto Peralta, al que le decían “El Capulina”, con rangos de Soldado de Primera y Cabo, respectivamente, desertaron de la región militar a cargo del coronel Luján Ruiz, luego de un operativo en el que detuvieron a dos presuntos integrantes de la organización criminal de la Línea, los que les habrían sobornado por la cantidad de un millón de pesos a cada uno. Dicha acción causó irritación en el coronel Luján, quien habría dictado en forma inmediata la “orden prioritaria” de captura de los dos desertores.

“El Jano” y “El Capulina” fueron detenidos, por elementos militares enviados exprofeso por el coronel Luján, dos meses después de la deserción ocurrida en septiembre del 2008. Según el fiscal los dos desertores habrían sido llevados a la zona militar de Nuevo Casas Grandes, en donde el Coronel Lujan ordenó la muerte de sus dos ex elementos; “El Capulina” fue asesinado de un balazo en la cabeza, no sin antes ser torturado por espacio de dos días.

Por su parte el “El Jano” fue asesinado a golpes por un grupo de 10 militares que se turnaron la sesión de tortura que pudio haber durado 20 horas. Posteriormente los cuerpos de los dos soldados desertores, en la clásica maniobra del “falso positivo” fueron maniatados, vendados de los ojos y despojados de sus ropas, a fin de aparentar el modus operandi de los grupos delictivos. Los dos cuerpos fueron trasladados en una camioneta militar desde Casas Grandes hasta un camino que conduce al municipio de Ascensión, donde fueron encontrados. Su asesinato, en primera instancia, se atribuyó a un ajuste de cuentas entre células criminales.

Con base a esos antecedentes, los familiares de los tres primos desaparecidos en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, no han dejado de insistir sobre la posible responsabilidad del Coronel Élfego José Lujan Ruíz, quien estaba a cargo de la partida de militares que se llevó a Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Alvarado Herrera la noche del 29 de diciembre del 2009, pues -según se establece en el expediente que ahora radica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, apenas los militares se llevaron a los tres primos, sus familiares fueron a buscarlos directamente a la sede del cuartel militar, pero no obtuvieron ninguna respuesta.

A la fecha, la Fiscalía General de la Republica (FGR), pese a que los familiares de Nitza Paola, Rocío Irene y José, cumplieron con el trámite de denunciar, ante la Séptima Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación en Ciudad Juárez, la desaparición forzada de sus familiares, se ha negado a ingresar a la prisión militar para interrogar al coronel Élfego José Luján Ruiz, sobre el paradero de los tres desaparecidos.

Miran y no Ven la Mano del Ejército

También los familiares de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, los defensores asesinados en el municipio de Buenaventura, pidieron al agente del ministerio público del fuero común la interrogación del Coronel Luján Ruiz sobre una línea de investigación que lo aproximaba a la participación en esos homicidios, y es que  el coronel Lujan Ruiz, en el tiempo que estuvo como jefe del cuartel militar en la zona de Nuevo Casas Grande, fue un firme colaborador de las empresas Compañía Minera Bismark S. A. de C.V., Minaurum Gold Inc., Coeur Mining Inc., Prospero Silver Corp., Jinchuan Group., subsidiaria de Jinchuan Resources Ltd., Sierra Metals Inc., Prospector Consolidated Resources Inc., y Mag Silver Corp., a las que les prestó, en diversas ocasiones, servicios de seguridad sobre la periferia de las minas, con fuerzas federales

Además, existen señalamientos que fueron vertidos en las investigaciones realizadas por el ministerio público sobre la muerte de Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, que indican que estos dos activistas, antes de ser ejecutados recibieron, primero advertencias, y luego amenazas, de forma directa de elementos del ejército, a fin de que dejaran de lado la pelea contra las mineras Cascabel S.A. de C.V., Pozo Seco S.A. de C.V., y Los Lagartos, las que estaban haciendo los trabajos de exploración a favor de la canadiense Mag Silver Corp., a la que le fue adjudicado el yacimiento de oro y plata asentado bajo el suelo del ejido de Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

Tras el doble asesinato de los defensores de la tierra, Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, la minera Mag Silver Corp., lanzó un posicionamiento público, lo que no es común. Casi siempre, cuando ocurre la muerte de un defensor de la tierra y es responsabilizada una minera, el silencio es la mejor forma en la que estas empresas enfrentan las crisis. Mag Silver Corp., rompió con esa regla y decidió no quedarse en silencio. Luego de lamentar la muerte de Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís Contreras, la minera canadiense reconoció públicamente que sí tenía “una relación de negocios” con Ismael Solorio, pero también aseguro que “MAG no participó en este trágico acontecimiento”.

El comunicado público de la minera, que por primera vez manifestó un posicionamiento oficial de una empresa transnacional, en relación a la muerte de uno de los opositores a sus proyectos, dijo textualmente que los señalamientos de responsabilidad imputados eran “mentiras viciosas” y en ese sentido fueron desacreditadas todas las acusaciones lanzadas por los cercanos de las víctimas. “MAG no ha participado absolutamente en este trágico acontecimiento, y espera sinceramente que los responsables sean rápidamente llevados ante la justicia”, dijo escuetamente el comunicado de deslinde. Y eso fue suficiente. La autoridad ministerial creyó a ciegas en ese posicionamiento. La sola versión de la empresa bastó para que la autoridad ministerial no iniciara una línea de investigación sobre la posible de participación de empleados de Mag Silver Corp., en esos sucesos.

Al ministerio público investigador de los dos homicidios, ni siquiera le causó duda la “relación comercial” que existía entre la minera e Ismael Solorio, la que fue reconocida por Mag Silver Corp., esto pese a que la transnacional reconoció que esa relación comercial “era de largo tiempo, en su calidad de representante de uno de los ranchos en los que Mag Silver Corp., negoció con éxito los derechos de perforación”, además esa “relación comercial” también fue reconocida por la minera como producto de la posición de Ismael Solorio como “miembro del Ejido Benito Juárez, con el que Mag Silver Corp., ha tenido negociaciones en curso a través de los años”.

Pero a la minera se le olvidó decir en su comunicado que esas “negociaciones en curso a través de los años”, en realidad habían terminado en confrontaciones, pues el líder ejidal de Benito Juárez se negó siempre a la posibilidad de extensión del polígono de exploración sobre el que siempre estuvo insistiendo la minera canadiense, la que aspiraba a concretar la mina más grande oro y plata en todo el territorio nacional, a fin de superar la producción que de esos metales realiza la minera Gold Corp., a través de su subsidiaria Frisco, en la mina Peñasquito, en el municipio de Mazapil, Zacatecas.

Las “negociaciones en curso a través de los años” que reconoció Mag Silver Corp., que mantenía con Ismael Solorio, llegaron a un punto de quiebre, cuando dos meses antes del asesinato, Ismael Solorio logró un acuerdo con los 273 ejidatarios de Benito Juárez, para solicitar la autoridad agraria federal una suspensión de actividades en toda la zona concesionada a la minera, luego de demostrar los daños ecológicos que estaba ocasionando la exploración, en donde se destacó el daño a los mantos freáticos que suministran de agua a las actividades agrícolas y ganaderas de la región. El acuerdo logrado por Ismael Solorio intentaba un veto de por lo menos 100 años para cualquier tipo de exploración y explotación minera en la zona, con lo que se venía abajo la inversión de más de mil 100 millones de dólares que había anunciado Mag Silver Corp., de los que ya se habían aplicado al menos el 30 por ciento de esos fondos.

La muerte de Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís Contreras ocurrió la mañana del 22 de octubre del 2012, cuando la pareja se dirigía a una cita médica en el hospital Lázaro Cárdenas, del ISSSTE, en la ciudad de Chihuahua. La pareja -según establece el expediente de investigación iniciado- fue interceptada por un comando armado, el que primero los secuestró y luego los ejecutó a corta distancia.

De acuerdo a lo establecido por la procuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, la pareja recibió disparos de arma larga a la altura del pecho y fueron rematados con el tiro de gracia e la cabeza. Sus cuerpos fueron encontrados en el kilómetro 26 de la carretera Álvaro Obregón-La Junta, del municipio de Cuauhtémoc, apenas dos horas después de que el propio Ismael Solorio avisara por teléfono a miembros de la organización de El Barzón, que estaba siendo perseguido por dos camionetas con hombres armados.

La primera línea de investigación establecida por la procuraduría de justicia del entonces gobernador Cesar Duarte Jáquez, indicó que el doble homicidio se pudo haber debido a un asalto, y se responsabilizó en primera instancia a una célula criminal de La Línea, el grupo ejecutor del cartel de Juárez, “con quien el líder agrario -dice el expediente- mantenía rivalidad por haber denunciado la creciente ola de secuestros y extorsiones contra productores rurales”. Nada más alejado de la realidad.

Ismael Solorio, en su calidad de líder comunal y dirigente local de El Barzón, no abordaba temas de seguridad. Su lucha se centró en la defensa de la tierra y el reclamo al derecho de los ejidatarios al suministro de agua para sus actividades productivas. A causa de ello, según lo estableció la propia dirigencia de esa organización social, Ismael ya había estado recibiendo amenazas de muerte, incluso fue interceptado en dos ocasiones por grupos armados. El comando era acompañados por patrullas de la policía estatal, los que le reclamaron su actuación en la defensa de la tierra, y le dieron un ultimátum para dejar la región. Las amenazas de muerte también fueron proferidas a sus tres hijos.

Ismael Solorio, junto con otros integrantes del Barzón y algunos miembros del comisariado ejidal de Benito Juárez, también fueron amenazados de muerte por un solitario sujeto que se hizo presente en una asamblea, donde se ventilaban las acciones de lucha para frenar el deterioro ambiental de la zona concesionada a la minera Mag Silver Corp. Otra agresión de la que fue objeto Ismael Solorio, ocurrió apenas ocho días antes de su muerte, cuando un sujeto, que fue identificado como trabajador de la minera Mag Silver Corp., lo interceptó y golpeo a él y a uno de sus hijos, no sin antes reclamarle la afectación económica que le hacía a la minera con sus acciones de defensa del agua y del suelo.

Paradójicamente, a casi un mes de su muerte, un tribunal agrario federal determinó como válida la petición de los ejidatarios, la iniciada por Ismael Solorio y apoyada con las firmas de los 273 ejidatarios la noche antes de su muerte, con lo que se suspendió por 100 años toda actividad de exploración y extracción de minerales en la zona agrícola del ejido Benito Juárez. Con ello se dio por cancelado el proyecto minero en esa parte de Chihuahua para la minera canadiense, la que en términos reales perdió una inversión superior a los 150 millones de dólares.