Por Glifosato, repunta cáncer en 19 estados; 32 especies de animales y 12 de plantas, en riesgo de extinción
La siembra de cultivos transgénicos está siendo alentada por empresas como Dow Agro Sciences, Bayer, PHI, Forage Genetics, Monsanto, Pioneer y Syngenta, las que ingresaron a México con la intención de comercializar sus llamadas semillas mejoradas, pero que han encontrado un nicho para la producción de estas, ante la falta de políticas de apoyo a la producción para los pequeños núcleos agrarios
Por. J. Jesús Lemus
El Glifosato es uno de los compuestos químicos más polémicos del siglo XX. Se creó para eliminar la maleza perenne y con ello mejorar el rendimiento de los cultivos agrícolas. Al inicio del siglo XXI se ha descubierto que el Glifosato no solo arrasa con la maleza, también elimina insectos nocivos y otras especies animales. Se ha descubierto que el Glifosato también afecta a la salud humana.
El tema del Glifosato ha estado en la mesa de discusión desde hace por lo menos 24 años. En el año 2000 su fórmula, que era exclusiva de la firma Bayer-Monsanto, fue liberada para todos los laboratorios de bioquímicos que quisieran producirla. Desde entonces, los principales laboratorios del mundo han buscado que los gobiernos quiten la regularización al uso del Glifosato.
El uso del Glifosato comenzó a ser regulado apenas se utilizó globalmente este pesticida. La razón por la que diversos gobiernos del mundo comenzaron a regular el uso del Glifosato fue por la asociación de diversos efectos de salud entre la población cercana o inmediata al uso del ese pesticida, al que se le asoció la presencia de diversos tipos de cáncer.
En México, el uso del Glifosato se había mantenido a raya, por los efectos negativos a la salud y porque la presencia de este químico en la agricultura empuja necesariamente al uso de semillas genéticamente modificadas, que son las únicas resistentes y que soportan la capacidad destructora del pesticida.
Apenas el pasado martes 26 de marzo del 2014, el gobierno de la Cuarta Transformación, el que es encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, levantó el veto que existía para el uso del Glifosato. El veto fue levantado en un comunicado conjunto que hicieron la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro; el secretario de Agricultura (SADER), Víctor Villalobos, y el titular de la Cofepris, Alejandro Svarch.
Estos tres funcionarios, a pesar de que existe un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de febrero del 2023, por su propia decisión, echando abajo el decreto presidencial, como si ello fuera legal, acordaron permitir el uso del Glifosato, así como la importación de maíz genéticamente modificado.
Esa determinación se hizo pública mediante un comunicado, a pesar de que el decreto presidencial, en el Artículo Tercero se refiere textualmente que “se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias:
I. Se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado, así como glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.
La Cuarta Transformación, omisa
Si algo ha distinguido al gobierno de la 4T y su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha sido su terrible desprecio por el medio ambiente y los que lo protegen. No solo es la descalificación desde la Conferencia Mañanera, señalando como pseudoambientalistas a quienes critican las acciones de devastación al medio ambiente que causan las obras de del gobierno federal, también es la negativa para legislar sobre temas vitales como el cuidado del suelo y la erradicación de la minería.
Igualmente han quedado fuera de la agenda nacional la reglamentación para el control de los cultivos transgénicos, cuyo uso va en aumento en todo el territorio nacional, y amenaza no solo con la desaparición de especies animales y plantas endémicas, así como del agotamiento del agua.
Hasta hoy, el uso de los cultivos transgénicos y el Glifosato no han sido tocados en ninguna iniciativa de las que se han planteado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores de la Cuarta Transformación. Y no es un tema menor, pues aunado al agotamiento de los recursos naturales que éste implica, estos cultivos y el Glifosato también son responsable del incremento en los índices de cáncer entre la población.
El exterminio ambiental, y de nosotros en consecuencia -a causa del agotamiento de los recursos naturales- ya no es una mera suposición, ni siquiera una denuncia alarmista; así quedó establecido desde la reunión de la Decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) que se celebró en Cancún, Quintana Roo, del 2 al 7 de diciembre del 2016, y que a la fecha no ha causado ninguna motivación a la administración federal para poner una solución al problema.
Allí se expuso que en México, en los últimos años –a causa del acelerado desarrollo industrial, sin visión de sustentabilidad fincado sobre el uso desmedido del agua y el territorio- ha venido en aumento el deterioro del medio ambiente natural y ha crecido el número de especies animales en peligro de extinción, y que éstas podrían llegar a la extinción masiva si no se atiende en forma inmediata el problema de contaminación, que afecta principalmente a las reservas de agua.
En esa reunión se señaló, ante los oídos sordos del gobierno federal, la pasividad con la que han venido actuando los organismos oficiales de México para vigilar los acuerdos derivados del COP 12, celebrado en Pyeongchang, Corea del Sur, donde se estableció como prioridad la conservación y uso sustentable de su patrimonio natural (agua, bosques y suelo), ante la necesidad natural del desarrollo económico de las naciones.
Pese a los señalamientos expuestos en esa reunión, el gobierno mexicano siguió –y sigue- sin hacer algo para remediar el deterioro ambiental que ya se observa catastrófico y que a casi 10 años después parece que ha llegado a su cúspide a causa de la sobreexplotación y contaminación de los mantos freáticos y del suelo, así como al deterioro del aire y la devastación de los bosques.
Especies en Riesgo de Extinción
De acuerdo con la organización no gubernamental Greenpeace, actualmente en México, como consecuencia directa del desordenado crecimiento industrial y su repercusión en los recursos, por lo menos 32 especies animales y cerca de 17 especies de plantas endémicas que se encuentran en riesgo de extinción, cuya eventual desaparición habrán de causar un seguro desequilibrio en la cadena biótica, que invariablemente habrá de afectar a la población en general.
La principal fuente de afectación –a través de la contaminación- que reconoce Greenpeace por el desmedido uso de los recursos son las empresas extractivas de la minería y el petróleo, sin dejar de lado el impacto ambiental que generan la construcción de desarrollos urbanos, carreteras, represas y parques de generación de energías renovables, donde la sobreexplotación del agua y el suelo es el principal efecto devastador.
De tal suerte es el deterioro ecológico en México, que, de acuerdo a lo reconocido por el propio gobierno mexicano, en la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, en los últimos años ha aumentado en un 25 por ciento el número de especies animales en peligro de extinción.
La Norma Oficial Mexicana donde el gobierno federal reconoce aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción se publica cada diez años; en su última publicación, en el 2020, el número de especies en riesgo de desaparecer creció en casi un 29.8 frente a la que se publicó en el 2010, y se presume que para el 2030, este porcentaje de especies en riesgo de desaparecer podría incrementar en más de un 40 por ciento con relación a la última cuantificación.
Así, como resultado de la entrega oficial de agua, suelo y bosques a la industria, se estima que en nuestro país en solo 23 años creció en 130 el número de especies y subespecies que se encuentran en alguna de las categorías de riesgo, pasando de ser en el 2001, cuando era un total de 2 mil 560 especies animales en riesgo a 2 mil 631 para el 2010, y por lo menos 2 mil 690 en el 2023, según lo denunció el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Las categorías en las que se divide la clasificación de las especies animales en peligro son “En Peligro de Extinción”, “Protección Especial”, “En Riesgo” y “Amenazada”; del 2001 al 2023, la cantidad de especies animales en la categoría de “En Peligro de Extinción” pasaron de 372 a 500, en tanto que 246 especies ubicadas en “Protección Especial” pasaron a la categoría de “Amenazadas” y otras 151 se ubicaron como especies “En Riesgo”.
Esa situación fue la que hizo que México fuera catalogado, por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), como el quinto lugar del mundo en cuanto al número de especies animales en “Peligro de Extinción”, segundo lugar en especies “En Riesgo”, segundo lugar mundial en especies “Amenazadas” y primer lugar en cuanto al número de especies en “Protección Especial”.
Según los datos establecidos en el ranking mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, nuestro país, con 897 especies animales clasificadas dentro de los niveles más críticos para su subsistencia, se coloca, desde el 2010, en el quinto lugar a nivel internacional en cuanto al número de especies animales en “Peligro de Extinción”.
México, con sus 897 especies animales en riesgo de desaparecer, apenas se encuentra por debajo de países como Ecuador, que tiene 2 mil 208 especies animales en peligro de extinción, Estados Unidos con mil 192 especies, Malasia con mil 141, e Indonesia con mil 087 especies animales a punto de extinguirse; estos países registran como factor común el índice de crecimiento económico más alto en cada una de sus regiones en los últimos diez años.
Un signo de alerta que no se quiere atender
La situación sobre las condiciones que existen en México para la conservación de la biodiversidad, aun cuando no pudieran ser de preocupación para el gobierno mexicano, sí son un signo de alerta para la comunidad internacional, pues en nuestro país se albergan entre el 8 y el 12 por ciento de todas las especies animales del mundo, pese a que la superficie territorial mexicana solo representa menos del 1.5 por ciento del suelo de todo el planeta.
Otro dato que alerta sobre el estado en que se encuentra la biodiversidad, tanto por el deterioro ambiental como por la despreocupada visión que de este tiene el gobierno mexicano, es la falta de avances en las metas establecidas para la conservación de Áreas Naturales Protegidas, las que se encuentran amenazadas por la nueva Ley de Equilibrio Ecológico, que ahora permite la actividad industrial extractiva dentro de estas regiones protegidas.
Hay que recordar que en el 2015, en la reunión de la COP12, en Corea del Sur, el gobierno mexicano se comprometió a llegar al cierre del 2018 con el 17 por ciento de la superficie territorial decretada como Áreas Naturales Protegidas, pero a diciembre del 2023 solo el 3.3 por ciento del suelo mexicano se encontraba dentro de esa denominación oficial propuesta por la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT).
En el 2024, solamente el 1.2 por ciento de la superficie territorial está decretada como Área Natural Protegida, con un total de 77 sitios conservados por decreto, en donde 38 son Reservas de la Biosfera, 17 son Parques Naturales, 22 son Áreas de Protección de Flora y Fauna, otra es un Monumento Natural y una más es un Santuario.
Los datos oficiales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas revelan que de mil 964 millones de hectáreas que suma el total del suelo mexicano, solo 27 millones 628 mil hectáreas han sido elevadas a la categoría de algún tipo de protección oficial para conservar su biodiversidad, las que ahora ya no están intocadas por la actividad industrial extractiva, a la que ahora se permite -a cambio de labores de rehabilitación- hacer uso de ese suelo, sin mayor restricción.
En lo que parece un contrasentido del gobierno federal, el mayor avance que se ha dado en los últimos años sobre la protección del territorio se logró durante la pasada administración –la misma que posibilitó la explotación de esas zonas protegidas- al establecer los decretos para la conservación de casi el 52 por ciento de la superficie total que actualmente se encuentra en la categoría de Áreas Naturales Protegidas.
Pero ha sido el propio gobierno federal el que se ha convertido en el principal oponente a su propia política de conservación de los recursos, pues mientras que por un lado hace como que impulsa la protección del territorio mediante el decreto de Áreas Naturales Protegidas, por otro, facilita el allanamiento de las mismas mediante la autorización de uso del suelo con fines agrícolas.
La Agricultura Transgénica, un gran riesgo
El uso de suelo agrícola a gran escala en las reservas ecológicas del país va en aumento. De los 182 sitios que actualmente se encuentran considerados bajo política de conservación, por lo menos, hasta diciembre del 2023, en 32 de ellos ya se registraban áreas que contienen porciones de uso de suelo agrícola; hasta diciembre del 2018 eran solo 11 las áreas ecológicas que registraban siembras de cultivos, para el 2016 eran 18, y para el 2023 se llegó a la cantidad de 31 Áreas Naturales Protegidas con esta característica.
El uso de suelo agrícola en las Áreas Naturales Protegidas, que en si ya representa un problema para el entorno natural por la deforestación, uso de pesticidas y desvío de los cauces naturales del agua que esto representa, es grave; detrás de la iniciativa de facilitar el sostenimiento económico de los pequeños grupos poblacionales que allí se asientan, conlleva una acción perversa: no se tiene control sobre el uso de semillas transgénicas que atentan contra el medio ambiente.
El uso de semillas transgénicas, en cultivos -principalmente de frijol, maíz, soya y trigo- que se asientan dentro de algunas Áreas Naturales Protegidas se está llevando en México de forma acelerada y en clara violación al Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad Biotecnológica, el que busca proteger la vida silvestre frente a la manipulación genética de algunas especies agrícolas.
De acuerdo con la organización Greenpeace, en México, a causa de la disimulada política de protección al medio ambiente, la que no empata con la política económica que busca a costa de lo que sea –incluso de la violación de las mismas leyes- el establecimiento de un plan macroeconómico nacional, se ha comenzado a tolerar el uso de semillas genéticamente modificadas.
El riesgo de estas semillas, que en su mayoría se reconoce que está en etapa de experimentación, no solo es por su destino para consumo humano, sino por los efectos adversos que puede ocasionar en la cadena biótica de aquellas zonas protegidas con especies animales endémicas que se pueden ver alteradas por el consumo de estos granos, donde el más común es el maíz, y ahora algunas oleaginosas con las que se pretende impulsar la elaboración de biocombustibles.
Según lo reconoce el activista Gustavo Castro, en nuestro país la presencia del maíz transgénico ya no es una suposición, “ya es una realidad, al permitirse la importación desde Canadá y Estados Unidos”, cuyos volúmenes no cuantificados oficialmente se destinan a diversos sectores de la industria agroalimentaria nacional.
“Hasta finales de 2003, Estados Unidos registró o liberó alrededor de 20 variedades de maíz transgénico para uso comercial, en tanto que Canadá tiene registradas actualmente diez variedades. Hasta el 2004 México no había autorizado ninguna (variedad de maíz transgénico) para cultivo comercial, pero sí seis para importación con fines de alimentación, forraje o procesamiento”, explica el activista.
Esta realidad del uso de maíz transgénico en México ha quedado rebasada en los últimos dos años; a partir del 2016 esta investigación encontró la presencia de siembras experimentales y en algunos casos siembras furtivas de cultivos transgénicos dentro o en las inmediaciones de algunas zonas de las Áreas Naturales Protegidas como Las Ciénegas del Lerma, Cofre de Perote, Cuatrociénegas, La Montaña Malinche, Lago de Camécuaro, Laguna de Términos, Laguna Madre y Delta del Río Bravo, Mapimí, Mariposa Monarca, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba, Sierra de Álvarez, Sierra de Tamaulipas, Sierra Gorda de Guanajuato y en la Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa.
Empresas de muerte
La siembra de cultivos transgénicos está siendo alentada por empresas como Dow Agro Sciences, Bayer, PHI, Forage Genetics, Monsanto, Pioneer y Syngenta, las que ingresaron a México con la intención de comercializar sus llamadas semillas mejoradas, pero que han encontrado un nicho para la producción de estas, ante la falta de políticas de apoyo a la producción para los pequeños núcleos agrarios.
En este sector, entre los campesinos más pobres del país es donde las trasnacionales de transgénicos se han asentado mediante el ofrecimiento de inmejorables ofertas de financiamiento para la cosecha y adquisición total de la producción, lo que ha hecho que estos grupos de productores a baja escala, principalmente indígenas asentados dentro o en las inmediaciones de Áreas Naturales Protegidas, opten por la siembra de transgénicos sin saber de ello.
Oficialmente, estas empresas de transgénicos, algunas de ellas apoyadas por la Embajada del Gobierno de Estados Unidos en México, han presentado entre el 2005 al 2023 por lo menos 918 solicitudes al gobierno mexicano para la liberación de áreas de cultivos transgénicos, las que sumadas a las que han presentado instituciones científicas, académicas y de investigación, ya suman mil 853 peticiones de permiso para la siembra formal de estos cultivos.
El gobierno mexicano no se ha mostrado reticente a las solicitudes de siembra de transgénicos, pues hasta agosto del 2023 había autorizado la siembra de por lo menos 7 millones 776 mil 125 hectáreas de suelo mexicano, de las que mil 863 mil hectáreas son para producción comercial de estas semillas que atentan contra el equilibro ecológico, ya sin considerar la polémica de preservación de las especies vegetales o sus efectos en la salud humana.
Según la Guía de Transgénicos y Consumo Responsable de la organización Greenpeace, las empresas que en México utilizan algún tipo de semillas modificadas genéticamente para sostener su producción, son Grupo Modelo, Bimbo, Cervecería Moctezuma, M&Ms, Hershey’s, Grupo Nestlé -en sus marcas Nesquick y Carlos V-, Grupo Herdez, La Costeña, Kraft, Maseca, Milpa Real, Pronto, Maizena, Tía Rosa, Bachoco, Alpura, Danone, Lala, Kraft, Nido, Sabritas, Barcel, Pepsico, Coca Cola, Jumex y Del Valle.
El consumo de semillas transgénicas que comienza a repuntar en la industria alimenticia en México ya es preocupante, pero al parecer eso no preocupa al cuerpo legislativo, en donde son contados los diputados o senadores que se han manifestado sobre esta problemática que amenaza al entorno natural y a la conservación de los recursos.
Uno de los pocos legisladores que se preocupó por el tema fue el fallecido Virgilio Caballero Pedraza, quien en su calidad de diputado de la LXIII legislatura federal presentó la única iniciativa de ley sobre la materia en el periodo 2015-2018, la que fue archivada pese a la importancia de la propuesta, que plantea revisar a fondo la situación de los transgénicos en nuestro país, a fin de que la administración federal asuma un compromiso que evite no solo introduciendo maíz modificado, sino que se suprima toda posibilidad de sembrarlo en nuestro país.
Esta iniciativa, que propone reformar los artículos 2 y 4 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, colocaría a México a la vanguardia no solo en la protección al medio ambiente amenazado, sino que sería el instrumento legal para cuidar la herencia mundial del maíz al prohibir la siembra, venta, consumo, uso experimental y comercial, importación y exportación de granos genéticamente modificados.
De despolvarse la iniciativa archivada en la antepasada legislatura, nuestro país se colocaría al nivel de otras naciones que ya han prohibido, por su propia bioseguridad, el uso de semillas genéticamente modificadas, como es el caso de Japón, donde existe una fuerte oposición social y legislativa para el consumo de comidas a base de transgénicos.
Países avanzados dicen “No a los Transgénicos”
En Nueva Zelanda se han prohibido los cultivos de granos transgénicos, igual que en Alemania donde está prohibido el cultivo y venta de maíz modificado; en Irlanda, el cultivo de transgénicos fue prohibido desde el 2009, y existe un sistema voluntario para que los productos que contengan transgénicos en su composición puedan ser identificados con un rótulo comercial.
Entre los países que se han sumado a la prohibición de producción y consumo de granos transgénicos se encuentran Austria, Hungría, Grecia, Bulgaria y Luxemburgo; Suiza, por su parte, también ha prohibido los cultivos de este tipo y su potencial consumo en alimentos, no solo por los cuestionados riesgos a la salud humana, sino por el riesgo que representan para el medio ambiente, lo que quedó establecido tras un referendo público realizado en el año 2005.
“El maíz transgénico producido y comercializado por la industria multinacional poco o nada ofrece como ventaja al consumidor, en términos de nutrición o de precio. Las ventajas son principalmente para las grandes unidades de producción, porque les facilita el cultivo. Ejemplos de esto son la tolerancia al herbicida universal glifosato que facilita el control de las malezas y la resistencia a una plaga del maíz específica. Son ventajas operativas solamente para el gran productor, que a la vez favorece la concentración de la tierra de labor”[1]
Por eso, Virgilio Caballeros consideró que “el uso del maíz transgénico representa un peligro de magnitud histórica para México, por lo que nuestro país debería ser el ultimo la siembra de ese maíz. De no hacerlo, corremos el riesgo de perder para siempre la diversidad del cereal que ha marcado la cultura milenaria de nuestros pueblos”.
El peligroso y letal Glifosato
Pero no es solo la pérdida de la diversidad original de las especies de granos –del maíz, en el caso de México- la que está en juego con la introducción de semillas transgénicas; el impacto ambiental que éstas provocan es todavía más considerable, pues los cultivos transgénicos implican un mayor uso de herbicidas como el Glifosato, que arrasa con todas las especies de insectos considerados como plagas en esas siembras.
El Glifosato, que fue creado por la trasnacional Monsanto y se comercializa bajo la marca Roudup, es un potente contaminante del aire y penetra fácilmente los mantos acuíferos, afectando la calidad del agua y la vida acuática,[2] mismos que puede llegar al organismo humano por la vía respiratoria o mediante la ingesta de plantas y semillas contaminadas y/o consumo de agua afectada.
Este químico, que las trasnacionales de transgénicos utilizan en forma discrecional, en nuestro país no se encuentra regulado. Al menos no existe una disposición legal para su control como pesticida en cultivos agrícolas, pese a los señalamientos que se han hecho sobre los posibles efectos a la salud de la población, donde la propia Organización Mundial de la Salud lo reconoce como posible detonante del cáncer en órganos asociados al sistema digestivo y renal.
De acuerdo con el doctor Fernando Campos Calderón, especialista en Medicina Crítica, si bien es cierto que el Glifosato se reconoce solo como presunto cancerígeno humano, también resulta cierto que a la fecha no existen estudios médicos suficientes que decreten la inocuidad de este herbicida, que en algunos casos se ha asociado con problemas severos de salud en humanos.
Los efectos del Glifosato como cancerígeno en humanos, aun cuando no están científicamente demostrados, se consideran de manera hipotética, entre otros padecimientos, en el Mal de Parkinson, Neoplasias y en el riesgo de muerte prematura, los que se han observado solo en modelos experimentales, en donde también se ha observado el efecto que tiene este herbicida en la actividad reproductiva de los ovarios, consideró el especialista.
Citando al Journal of Epidemiology & Community Health, el doctor Campos Calderón, dijo que una conclusión científica sobre el glifosato “lo categoriza como presunto cancerinógeno humano que no llega al punto de factor determinante, pero aun así no se le da un rango de seguridad a la sustancia”, por lo que sus efectos adversos aún quedan dentro del rango de la posibilidad, que deben obligar a la regulación del uso de este herbicida.
Para el especialista, el Glifosato “en términos generales sí puede ser sospechoso de cáncer, pero se requieren más estudios para llegar a una conclusión definitiva”, lo que considera que será difícil a corto plazo, porque –al menos en nuestro país- “no hemos tenido reportes epidemiológicos de incidencia de casos o prevalencia de los mismos en zonas de exposición donde pueda establecerse una asociación causal, lo que no implica que no se deba regular esta sustancia”.
Para Greenpeace, aun en el campo de lo hipotético, el uso de Glifosato como resultado del incremento en los cultivos transgénicos y la contaminación al suelo, aire y agua, es altamente perjudicial para los núcleos poblacionales, pues varios de sus estudios lo relacionan directamente con la incidencia de al menos 10 padecimientos graves de salud, entre los que destacan el Alzheimer, el Autismo, el Cáncer, la Depresión y el Mal de Parkinson.
Legisladores contra el Glifosato
Esos estudios son los que hicieron que durante la antepasada legislatura federal los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco y María Victoria Mercado Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se sumaran a la lucha legislativa del Virgilio Caballero Pedraza para frenar la presencia en México de los organismos genéticamente modificados, intentando al menos que oficialmente se informe a la población sobre los alimentos que contienen granos manipulados, y sus posibles riesgos a la salud.
La iniciativa presentada por el grupo de legisladores del Movimiento Ciudadano no culminó en la pretendida Ley para el Etiquetado de Alimentos de la Categoría Orgánicos y Transgénicos, y solo se reflejó en la modificación de algunos puntos de la Ley de Productos Orgánicos que obliga a que todos los productos orgánicos contengan la leyenda “libre de organismos modificados genéticamente”, cuando así sea.
En su propuesta de ley, los entonces diputados consideraron necesaria la obligación del Estado para informar a los consumidores cuando un producto está elaborado a base de semillas transgénicas, a fin de que la población consumidora esté consciente y decida sobre los alimentos que ingiere y la posibilidad de riesgo a su salud por la presencia de Glifosato, pues se estima que el “96.5 por ciento de los consumidores mexicanos ignora qué son los alimentos transgénicos o no sabe si los está consumiendo, en tanto que el 98 por ciento de los mexicanos opina que las empresas deben informar en sus etiquetas a sus consumidores si sus productos son transgénicos”.[3]
Esa falta de conocimiento de la ingesta de transgénicos y la consecuente presencia del dañino glifosato es considerada por la comunidad científica como uno de los mayores riesgos pasivos a la salud de los mexicanos, pues este herbicida se encuentra presente aun en los productos de consumo más elementales hechos a base de maíz, como son las tortillas que consume el 99.9 por ciento de la población mexicana.
Los Científicos, otra voz de alerta
A mediados del 2018, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad A.C. (UCCS), que preside el doctor Andrés Barreda, emitió un comunicado en donde alerta a la población en general sobre la “presencia masiva de transgenes y del herbicida Glifosato en alimentos derivados de maíz” en nuestro país, según arrojó como resultado un estudio realizado por los doctores Elena Álvarez-Buylla, Emmanuel González y Alma Piñeyro.
Los científicos de la UNAM y de la UAM denunciaron, sin que esto tuviera algún tipo de resonancia en alguna esfera del gobierno federal, la presencia de concentraciones considerables “de secuencias transgénicas y del herbicida glifosato en varios tipos de alimentos elaborados con maíz, como harinas, tortillas, tostadas, cereales para desayuno y botanas, que se comercializan y consumen en México”.[4]
De acuerdo con el estudio de los científicos, de 367 muestras de alimentos analizados se encontró que en el 82 por ciento, es decir, en 301 casos, que estos contenían al menos un componente transgénico; en el 90.4 por ciento de las tortillas analizadas también se encontraron granos modificados genéticamente, pero lo más grave es que se detectó Glifosato en casi la tercera parte de las muestras de tortillas que fueron sometidas a análisis.
“Estos datos son preocupantes ya que el maíz es nuestro alimento básico y muestran que hemos perdido la soberanía alimentaria. Además, el consumo masivo de maíz transgénico con glifosato puede tener consecuencias graves en salud”,[5] pues de acuerdo con los científicos, en promedio, los mexicanos consumimos diariamente medio kilogramo de maíz.
Según el comunicado de la UCCS, México importa anualmente casi 10 millones de toneladas de maíz, principalmente desde Estados Unidos, en donde no descarta que ese maíz pueda contener importantes proporciones de granos transgénicos con residuos del herbicida Glifosato, lo que de ser así sería un considerable riesgo no solo a la salud pública de los mexicanos, sino a la autonomía alimentaria del país, de la que el gobierno mexicano alardea de mantener a salvo.
La condición de riesgo a la salud de los mexicanos y a la autonomía alimentaria nacional las han propiciado las industrias, según infiere el estudio de la UCCS, pues el 91.3 por ciento de las muestras analizadas producidas “industrialmente” contenían algún tipo de maíz transgénico, en comparación con un porcentaje mucho menor en muestras artesanales: “por ejemplo, en ninguna de las harinas de maíz artesanales, hechas con maíces nativos, se detectaron transgenes o glifosato; mientras que el 100 por ciento de las harinas de maíz industriales presentaron algún transgén y una parte de las positivas también presentaron glifosato”.[6]
Por esa razón, los científicos de la UCCS urgieron al gobierno federal y a sus instancias responsables de garantizar la inocuidad y calidad alimentaria, así como las que tienen que ver con la prevención de riesgos a la salud, “a que se prohíba la utilización de granos de líneas transgénicas tolerantes al herbicida glifosato y a otros herbicidas para alimento humano y animal”,[7] pues –también refieren- el Glifosato ha sido catalogado como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.
Bajo ese panorama, no se debe perder de vista el daño que los cultivos transgénicos ocasionan a las reservas hídricas del país, pues la contaminación por pesticidas, principalmente Glifosato, tornan inservibles las fuentes de abasto a la población cuando se sabe de su contaminación, o simplemente generan daños irreversibles a la salud cuando el agua contaminada se consume por los pobladores de la zona.
El Cáncer, ligado al Glifosato
Sumado a la afectación del agua, no es difícil observar el daño que a nivel nacional ya ocasiona en la salud de la población el uso del glifosato, pues las estadísticas oficiales del INEGI refieren un incremento en los últimos años de padecimiento de cáncer, cuya incidencia se concentra en las zonas que han sido declaradas como libres por el gobierno federal para la siembra de granos transgénicos.
Son ocho los estados en donde los padecimientos de cáncer han venido en franco crecimiento desde el 2010 al 2023: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas y Yucatán, los que coincidentemente son también las entidades en donde se han decretado mayor cantidad de sitios para el cultivo comercial de granos transgénicos, principalmente maíz, soya, trigo, algodón y alfalfa.
“Hay evidencia de que en México aproximadamente 50 por ciento de las muertes observadas por tumores malignos en la población de 0 a 17 años se deben a cáncer de órganos hematopoyéticos (conformado entre otros por la leucemia)”, reconoce en el INEGI en el comunicado que contiene las estadísticas que a propósito del Día Mundial contra el Cáncer dio a conocer en febrero del 2024.
En dicho comunicado, el órgano oficial estadístico del gobierno mexicano refiere que dos de cada 100 mil habitantes de edades entre los 0 a los 17 años de edad fallecen cada año por tumores cancerígenos, mientras que en la población de entre 18 a 29 años de edad fueron tres las personas que murieron cada año como consecuencia del cáncer.
Esas estadísticas, resultantes de los informes anuales de mortandad de la Secretaría de Salud y del IMSS, refieren que la mayor concentración de muertes por cáncer se dio en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas y Yucatán, donde si bien es cierto no se establecen la posibles causales detonantes de los canceres, ésta se infieren al considerar que en esas regiones es donde se han dado la mayor cantidad de permisos de siembra de transgénicos, tanto para comercializar como para su investigación.
Contaminación oculta entre la Contaminación
Hay que resaltar un hecho innegable que surge a la luz de esta investigación: las empresas promotoras de la siembra de semillas genéticamente manipuladas, bajo una estrategia bien definida de descarga de responsabilidades, han solicitado permisos al gobierno federal para la instalación de sitios agrícolas para sus cultivos de transgénicos en áreas donde la presencia de otras industrias han empujado al alza los padecimientos de cáncer y otras enfermedades.
De esa forma, no existe posibilidad de que los incrementos de las enfermedades como el cáncer, que afecta a la población puedan ser atribuidos al uso del herbicida Glifosato, pues esta posible causante se diluye entre otros químicos contenidos en los vastos desechos industriales que generan industrias como la minera, la automotriz y la textil, que también son señaladas como contaminantes del agua, con efecto agresivos en la salud de la población.
Así, en Sonora a la fecha existen 52 campos de cultivos de semillas genéticamente modificadas, los que encuentran en las áreas inmediatas a las zonas poblacionales de los municipios de Cananea, Nogales, Santa Ana, Hermosillo, Ciudad Obregón y Caborca, donde se registra la mayor incidencia nacional de cáncer, la que llega a ser hasta tres por uno frente a la mayoría del resto de los estados del país.
En estas localidades, como ya se sabe, también operan otras industrias que hacen casi imposible responsabilizar exclusivamente a los cultivos transgénicos del incremento en las enfermedades de la población: en Cananea, la mina Buenavista del Cobre es la que mantiene la observación permanente sobre el tema, mientras que en Nogales, Santa Ana, Hermosillo, Ciudad Obregón y Caborca operan industrias manufactureras, textiles y automotrices que hacen imposible apuntar una responsabilidad social en el deterioro de la salud colectiva solo a los cultivos transgénicos.
El estado de Sinaloa cuenta con 16 campos de producción de transgénicos, la mayoría de ellos con fines comerciales, aunque también existen otros de tipo experimental y de programas piloto, los que se ubican en las inmediaciones de las poblaciones de Los Mochis, Guamúchil, Guasave y Culiacán, donde también la presencia de padecimientos de cáncer se estiman considerables, según el INEGI.
Solo en Culiacán, por ejemplo, operan las empresas mineras Auramex Resource Corp., y Cal Hidra de Guadalajara S.A. de C.V., las que sumadas a las manufactureras de Los Mochis, y las agroalimentarias de Guamúchil y Guasave, que están consumiendo el agua y generan desechos contaminantes en abundancia, hacen también que la afectación sobre la salud colectiva de los cultivos transgénicos prácticamente ni se considere, o al menos no sea objeto de una responsabilidad social directa.
En Chihuahua, son 58 los campos de producción de granos transgénicos, la mayoría de ellos con fines comerciales, en donde el uso del Glifosato afecta directamente a las poblaciones de los municipios de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Camargo, Jiménez, Parral, Guachochi y Guadalupe y Calvo, que son las localidades que registran el mayor índice de tumores cancerígenos con decesos que se registra en toda la entidad.
Pero en esta entidad tampoco se puede atribuir la responsabilidad directa sobre el daño a la salud de la población por los cultivos transgénicos, pues las zonas aledañas a estos municipios se encuentran castigadas con antelación de hasta 10 años por la actividad minera de empresas como Silver Spruce Resources Inc., que explora la zona de Nuevo Casas Grandes; la Golden Goliath Resources Ltd., que tiene presencia en Guachochi, y la Constellation Copper Corp. o Minera Terrazas, que explota la zona de Delicias.
Otras mineras que hacen que la responsabilidad de las trasnacionales de transgénicos se diluya en Chihuahua son Ruedas y Alba, S.A. de C.V. y Minera Del Norte S.A. de C.V que mantienen presencia en Camargo, Fresnillo PLC que opera en Guadalupe y Calvo, Grupo Coanzamex, en parral; la Cooperativa Carrillo, Materiales Industriales de Chihuahua S.A. de C.V. y Minera Blendz S.A. de C.V., que opera en Jiménez, así como Internacional de Cerámica S.A. de C.V. y Grupo Cementos de Chihuahua, instaladas en la cabecera de la capital del estado.
El estado de Coahuila cuenta con 28 campos de producción de cultivos transgénicos, los que se ubican en las inmediaciones de los municipios de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Monclova y Torreón, donde coincidentemente se registra el mayor índice de decesos por tumores cancerígenos de la entidad, la mayoría de ellos asociados al consumo de agua contaminada por herbicidas.
Pero aquí también es difícil atribuir toda la responsabilidad a los cultivos de transgénicos, pues a la contaminación de estos se suma la que hacen al suelo, aire y agua las empresas Minera del Norte S.A. de C.V., en Piedras Negras; la Carbonífera y Minerales S.A. de C.V., Fósiles Industriales S.A. de C.V., Minera La Maestra S.A. de C.V., Alpha Prime Mining, Servicios Técnicos Mineros del Norte, Desarrollo de Minas a Cielo Abierto S.A., Migarest S.A. de C.V., Carbonífera de Luna S.A. de C.V y Minera 2G S.A. de C. V. en Sabinas, así como las empresas Minerales Don Chilo S.A. de C.V en Monclova y Grupo Mirasa y Minera Muzquiz S.A. de C.V. en el municipio de Acuña.
En Durango, en las inmediaciones de los municipios de Santa Catarina Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, San Lucas de Ocampo, Durango, Nazas, Cuencamé, Peñón Blanco, Guanaceví, Tlahualilo y Nombre de Dios, se han autorizado al menos 37 campos de siembra de transgénicos, los que se consideran directamente responsables del alza en los índices de cáncer en esas localidades, que son las que mayor incidencia de esos padecimientos han registrado en la entidad entre el 2011 al 2023.
Igual que en los casos anteriores, aquí la afectación de los herbicidas utilizados en los cultivos de transgénicos también queda perfectamente enmascarada por la contaminación ya existente debido a la operación de más de 170 empresas de la industria agroalimentaria y de manufacturas que se encuentran establecidas en los municipios de Nazas, San Lucas de Ocampo, Durango y Peñón Blanco, a cuya devastación ambiental con efectos en la salud de la población se suman las empresas mineras.
Entre las firmas con proyectos extractivos cuyos efectos contaminantes no dejar ver con claridad el grado de afectación social que ocasionan los herbicidas de los campos de transgénicos, se encuentran la First Majestic Resources de México S.A. de C.V. en la localidad de Nombre de Dios, la Golden Minerals Company en Cuencamé, la Excellon Resources Inc., en Tlahualilo, y la Endeavour Silver Corp., S.A. en el municipio de Guanaceví.
Aquí, en Durango, la contaminación de la Soho Resources Corp, la Orex Minerals, la Telson Resources Inc., y la Minera de Atocha, S.A. de C.V. en Tepehuanes; la Minera Montana S.A. de C.V. o Oremex King en la localidad de Nuevo Ideal, la Chesapeack Gold Corp., en Santiago Papasquiaro y el Grupo Peñoles S.A. de C.V., y la Ecu-Silver, subsidiaria Mexicana de Minera William, en Cuencamé, tampoco dejan ver con claridad la contaminación que por sí mismos generan los campos de transgénicos.
Otro estado que también cuenta con un alto número de cultivos de granos transgénicos es Tamaulipas, en donde el gobierno federal ha autorizado desde el 2015 al 2023 al menos 35 sitios para la siembra comercial y experimental de estas semillas, los que se consideran son causantes de los padecimientos de cáncer que se registran en los municipios de Aldama, Gonzalez, Tampico, San Carlos y Altamira, donde se mantiene la mayor incidencia en todo el estado de este mal.
Pero aquí también la contaminación y afectación a la salud que genera la industria extractiva hace imposible acreditar todo el daño social a los transgénicos, pues a la contaminación que generan casi 200 empresas manufactureras, de la industria agroalimentaria y de extracción de petróleo y gas natural establecidas en los municipios de Tampico y Gonzalez, se suma la contaminación de la industria minera.
Las industrias mineras más contaminantes de Tamaulipas que encubren perfectamente los niveles de afectación a la salud por parte de los cultivos agrícolas de granos transgénicos son la Ecobalt Solution Inc., asentada en Aldama, la Hawkeye Gold & Diamond Inc., que opera en San Carlos, y la G.M.C. Grupo Mexicano, y las Sociedades Cooperativas del Golfo S.A. de C.V., y Salineros de Altamira que operan en este municipio.
Yucatán es también de las entidades que registra la mayor cantidad de cultivos transgénicos de todo el país, en donde las autoridades federales han liberado 11 sitios para la siembra sin restricción de cultivos transgénicos, los que mayormente se ubican dentro de los municipios de Uxmal, Oxcutzcab, Tekax de Álvaro Obregón y Peto, donde la mortandad por cáncer es la más elevada de toda la entidad.
En esta entidad, los efectos a la salud colectiva que generan los plaguicidas y herbicidas utilizados en los campos de cultivos transgénicos se diluyen entre la contaminación de la industria agroalimentaria, principalmente la de engorda de ganados porcino y avícola, de la que el propio gobierno estatal reconoce que son más de 230 unidades de engorda de ganados y aves en estos municipios los que destinan sus desechos sólidos a los cauces hídricos de la zona.
El otro estado que también cuentan con áreas de cultivos transgénicos y que a la par observa cómo va en aumento el índice de cáncer entre su población es Chiapas, donde actualmente existen al menos 17 campos de siembra de granos genéticamente modificados, los que se ubican mayor mente en las inmediaciones de los municipios de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, que son las localidades que registra la mayor incidencia de cáncer en esa entidad.
Aquí, también la industria extractiva es la mejor coartada para disimular los efectos al ambiente que generan los campos de transgénicos: en Tapachula no se alcanza a distinguir si las causas de cáncer que se registran en esta localidad provienen de los campos agrícolas o de la actividad de mineras que extraen, trituran y procesan derivados pétreos como la Constructora Grupo Tapachula S.A. de C.V, Triturados de La Frontera Sur S.A. de C.V., Materiales Triturados Río La Sierra S.A. de C.V. y Trituradora Soconusco S.A. de C.V.
En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, las mineras contaminantes más reconocidas socialmente son Mármoles de Chiapas, Caleras Maciel S.A. de C.V., Distribuidora de Acero Comercial S.A., Grupo Gorsa, Constructora Grupo Tapachula S.A. de C.V., Ladbrick Internacional S.A. de C.V., Ladrillera Industrial Cerámica Joven S.A. de C.V., Ladrillera Docal S.A. de C.V. y Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V.
Poco a poco se abre el campo mexicano a los Transgénicos
La perniciosa siembra de estos cultivos no es exclusiva de los ocho estados arriba mencionados; aunque en menor medida, la federación también ha otorgado permisos para el libre cultivo de transgénicos –con la afectación al ambiente y a la salud de la población aledaña que ello implica- en los estados de Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos, donde las estadísticas del INEGI también refieren que “tres de cada 10 muertes por cáncer en la población de 30 a 59 años, son consecuencia del cáncer en órganos digestivos”.
En el estado de Zacatecas hasta ahora se han liberado dos sitios para la siembra de transgénicos, los que se encuentran en las inmediaciones de los municipios Mazapil y Concepción del Oro, que registran una notable actividad minera; en Aguascalientes ya opera un campo de producción experimental de transgénicos en las inmediaciones de Rincón de Romos, donde la actividad de la industria manufacturera es altamente contaminante, en tanto que en Jalisco son dos campos de cultivos de este tipo, ubicados en el municipio de Puerto Vallarta.
En el estado de Michoacán, el gobierno federal ya ha permitido la siembra de transgénicos en siete sitios agrícolas, los que se encuentran dentro de las inmediaciones de los municipios de Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán; en Colima se liberó un sitio para la siembra experimental de transgénicos, el que se ubica cerca de la localidad de Tecomán, mientras que en Guanajuato, son 10 los sitios libres para la siembra de estos cultivos, ubicados en los municipios de Irapuato, Abasolo, Pénjamo, Pueblo Nuevo y San Luis de la Paz.
Tanto en la regiones de Michoacán como en las de Colima y Guanajuato, donde se han destinado en conjunto más de 5 mil 780 hectáreas de suelo agrícola para la siembra de transgénicos, la actividad industrial de manufactureras y empresas mineras es considerada por la población como el principal factor de contaminación ambiental y afectación a la salud, lo que deja intocada la contaminación por pesticidas que generan los campos de granos modificados genéticamente.
Igual ocurre en el estado de Querétaro, donde se ha liberado un sitio para la siembra de transgénicos, ubicado en San Juan del Río, que registra también altos niveles de contaminación ambiental por la actividad industrial de manufacturas, mientras que en Hidalgo son 10 áreas agrícolas de transgénicos con fines experimentales las que ya funcionan en las inmediaciones de los municipios industriales de Tepeji del Río, Tula y Mixquiahuala, donde no sobra decir –de acuerdo a las estadísticas del IMSS– que los padecimientos renales son la principal causa de hospitalización de esas poblaciones.
En el estado de Tlaxcala, donde los principales focos de contaminación son atribuidos a la actividad de la industria textil, se ubican dos sitios libres para la siembra de semillas alteradas genéticamente, se ubican dentro entre los municipios de Tlaxcala, Apizaco y Huamantla; en tanto que en Puebla se ha autorizado la siembra de estos cultivos en cuatro sitios ubicados dentro de la localidad de Tehuacán, donde la industria de la mezclilla es la principal señalada de estar contaminando el agua y generando problemas de presencia alarmante de cáncer, mientras que en el estado de Morelos, el único centro agrícola experimental autorizado para estas siembras se ubica en el municipio de Temixco.
[1] Caballero Pedraza, Virgilio, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 2 y 4 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados para Proteger la Diversidad Biológica de Los Maíces Nativos, así como de los Maíces Libres de Transgénicos. México, 18 de mayo de 2016.
[2] Greenpeace, El Glifosato y sus Efectos, España, 2015.
http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/agricultura/infografia-glifosato.pdf
[3] Ramírez Nachis, Rosa Alba; Sánchez Orozco, Víctor Manuel; Mercado Sánchez, María Victoria, Iniciativa de Ley para el Etiquetado de Alimentos de la Categoría Orgánicos y Transgénicos, México, 9 de febrero de 2016.
[4] Álvarez-Buylla, Elena; González, Emmanuel; Piñeyro, Alma, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad A.C., Boletín de Prensa “Estudio Científico: ‘Presencia Masiva de Transgenes y del Herbicida Glifosato en Alimentos Derivados de Maíz en México’”, México, 01 de mayo del 2018.
[5] Ibídem
[6] Ibídem
[7] Ibídem
