El de AMLO, el periodo más violento en agresiones a DDHH en los últimos 18 años
La prestigiada organización visora de los derechos humanos en el mundo, en el citado informe hizo hincapié en un hecho de retroceso democrático que sucede hoy en México: “Los militares pueden detener legalmente a civiles, tomar el control de la escena de un crimen y preservar evidencias”, resaltando que cuando las fuerzas militares han realizado estas tareas en el pasado, se cometieron violaciones de derechos humanos
Por. J. Jesús Lemus
En materia de violación a los derechos humanos, México no ha cambiado mucho pese a la consolidación de la mentada Cuarta Transformación. Según el Informe Mundial 2023 sobre los Derechos Humanos en el Mundo de Human Rights Watch (HRW), en nuestro país las violaciones a las garantías individuales perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad continúan casi en la misma proporción a como se venían registrando durante las administraciones de Enrique Peña y Felipe Calderón.
Desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5 mil 335 civiles, según datos gubernamentales, refiere el informe mundial sobre los Derechos Humanos de Human Rights Watch, en donde se resalta que desde el inicio del gobierno de López Obrador, “desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años”.
A pesar de ello, continúa el informe, “el presidente López Obrador ha ampliado sustancialmente el presupuesto, la autonomía y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, y les ha asignado cientos de tareas que en el pasado fueron realizadas por autoridades civiles, como la seguridad pública, el cumplimiento de las normas aduaneras, el control de la migración irregular, la implementación de programas sociales y la administración de proyectos de obras públicas”.
La prestigiada organización visora de los derechos humanos en el mundo, en el citado informe hizo hincapié en un hecho de retroceso democrático que sucede hoy en México: “Los militares pueden detener legalmente a civiles, tomar el control de la escena de un crimen y preservar evidencias”, resaltando que cuando las fuerzas militares han realizado estas tareas en el pasado, se cometieron violaciones de derechos humanos.
En octubre, refiere el informe, “una investigación hecha por organizaciones de derechos humanos y periodistas reveló que las fuerzas militares habían adquirido el software de espionaje Pegasus en 2019 y lo habían usado para espiar de forma ilegal a defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de partidos de la oposición, pese a las aseveraciones del presidente López Obrador de que el gobierno ya no realizaba espionaje de civiles”.
La Organización HRW cuestiona en su informa el hecho de que los abusos de militares contra civiles supuestamente deben juzgarse en tribunales penales del fuero civil, no del militar, pero los responsables casi nunca son llevados ante la justicia. Recuerda que en el 2022, el Congreso modificó la ley para que los soldados estén sujetos al fuero militar en lugar del fuero civil, aun cuando realizan actividades de seguridad pública civil.
“Mensajes obtenidos por periodistas como parte de los Guacamaya Leaks indican que altos funcionarios militares obstruyeron la investigación de abusos posiblemente cometidos por soldados y que el secretario de la Defensa habría presionado a autoridades civiles a desistir de una investigación sobre un oficial del Ejército implicado en el caso Ayotzinapa”.
Hasta diciembre, indica Human Rights Watch había seis casos ante la Suprema Corte de Justicia, presentados por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición, en los que se impugnaba como inconstitucional la intervención de militares en tareas de seguridad pública civil.
La Tortura sigue presente en México
Las violaciones a los derechos humanos a que alude el informe 2023 de HRW incluyen tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes, lo que coloca a México como uno de los países en los que se debe trabajar más para disminuir este flagelo social, en el que se considera no es suficiente el trabajo realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo al prestigiado organismo observador de políticas sobre derechos humanos a nivel mundial, la impunidad en los casos de violación a las garantías universales de las personas sigue siendo la norma en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, del que se asegura “ha demorado en la implementación de controles legales para alcanzar un estado de derecho en las garantías constitucionales de la población civil”.
Pese al discurso oficial de la actual administración federal, sobre un estado de derecho pleno para los ciudadanos, desde que López Obrador asumió la presidencia (diciembre del 2018) no solo la tortura, las desapariciones forzadas y los abusos contra migrantes han sido constantes, también los ataques a periodistas, defensores de derechos humanos y las limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, han venido en aumento.
El grado de impunidad que se observó durante la pasada administración federal, en materia de investigación y reparación del daño en los delitos de violación a los derechos humanos, se sigue manifestando durante el actual gobierno, según lo reconoce el Informe Mundial 2023 de HRW, donde se refiere que “es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal mexicano”.
Alto grado de impunidad
La causa de esa impunidad, donde el 98 por ciento de los delitos cometidos en México quedan sin resolver, se atribuye principalmente a “corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”, que es un mal que no se ha podido erradicar en lo que va de la actual administración federal.
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ya había expresado su preocupación por la impunidad recurrente en relación a la violación grave de derechos humanos, situación que ahora se vuelve a señalar por parte de HRW, organización que considera que en la actual administración persiste la insuficiencia en las investigaciones y enjuiciamientos de estos delitos.
Al menos 105 mil personas están registradas como desaparecidas en México, según estadísticas oficiales. Las autoridades creen que el número real sería mayor. Casi 90 mil han desaparecido desde el comienzo de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006. Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 36 mil personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia.
Las autoridades creen que muchas de las personas desaparecidas han sido enterradas en fosas comunes por funcionarios estatales o locales después de que los servicios forenses las declararan como “no identificadas” o “no reclamadas”.
Entre 2006 y 2020, al menos 50 mil cuerpos pasaron por la custodia de servicios médicos forenses estatales y locales sin ser debidamente identificados, según surge de solicitudes de información realizadas por activistas. Es posible que otras personas hayan sido asesinadas y enterradas en fosas ocultas por policías, militares y grupos delictivos.
Entre 2006 y 2021, las autoridades habrían encontrado al menos 4 mil de esas fosas en el país. Cuando las familias denuncian desapariciones, las fiscalías y policías rara vez investigan lo ocurrido. Las familias de las personas desaparecidas han conformado más de 130 “colectivos de búsqueda” para investigar desapariciones, lo cual a menudo incluye excavar en fosas comunes.
En 2019, una respetada defensora de derechos humanos (Karla Quintana) fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), una entidad gubernamental. Desde entonces, la CNB ha dado pasos para actualizar el registro oficial de personas desaparecidas solicitando información a funcionarios locales y estatales y ha creado una plataforma en línea para informar desapariciones en forma anónima y mostrar estadísticas en tiempo real sobre personas desaparecidas, sin revelar datos personales. También ha empezado a crear una serie de Centros de Identificación Humana para exhumar cuerpos de las fosas comunes e intentar identificarlas usando los datos del registro.
En abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó el informe sobre su visita a México, que fue su primera visita a un país. El comité criticó a los funcionarios mexicanos por su “actitud pasiva” ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la “impunidad casi absoluta” por estos delitos. Al momento en que se publicó el informe, solamente había 36 sentencias por desaparición forzada.
El de AMLO, el periodo más violento para la prensa
Según el informe de la prestigiada organización mundial observadora de los Derechos Humanos, en México, son constantes los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos -especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y de grupos delictivos.
México –dice el informe- es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre de 2022, un total de 15 periodistas fueron asesinados. En la primera mitad de 2022, Artículo 19 registró 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. Muchos periodistas recurren a la autocensura.
Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas. Desde su creación en 2010 hasta septiembre de 2022, la fiscalía especial federal para la atención de delitos contra periodistas había iniciado mil 552 investigaciones y obtenido 32 sentencias condenatorias, incluyendo siete por homicidio. La gran mayoría de las sentencias se obtuvieron después del nombramiento, en 2017, del fiscal especial actual.
México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En los primeros seis meses de 2022, al menos 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según indica la organización de derechos humanos Comité Cerezo. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan adecuadamente ni se judicializan.
En 2012, el gobierno federal estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico, y ayuda a los beneficiarios a reubicarse temporalmente en respuesta a amenazas graves. El mecanismo carece de personal y de fondos suficientes, y tiene dificultades para coordinar con funcionarios estatales y locales, lo cual hace que, en algunas situaciones, no pueda cumplir con las necesidades de protección. Ocho periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados bajo la protección del programa, siete de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia.
La tortura, el principal flagelo
En México es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas que realizó el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38 por ciento manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado.
El uso de pruebas obtenidas mediante tortura en los procesos penales se encuentra prohibido. Sin embargo, muchos acusados enfrentan obstáculos y demoras para demostrar que fueron torturados, lo cual limita la eficacia de la prohibición. Una ley adoptada en 2017 exige que el fiscal general de la república establezca un registro para el seguimiento de las denuncias de tortura. En diciembre de 2022, la fiscalía puso el registro en línea y comenzó a publicar datos preliminares.
Bajo la presunción de que la práctica de la tortura continúa en todo el territorio mexicano, el informe más reciente de la CNDH sobre tortura, establece que hasta el 2018, en la Ciudad de México había 866 personas que fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos, en Sinaloa era 345, en Baja California eran 302, en Tabasco 255, en Hidalgo 210, en el Estado de México 159, Aguascalientes 158, en Puebla 123 y en Veracruz 83.
