La desmilitarización, el principal compromiso no cumplido de AMLO
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, considera que con la participación de las fuerzas federales en tareas de policía preventiva e investigadora, existe la posibilidad de que incremente el índice de asesinatos y desaparecidos, debido a la propia formación para la guerra de los integrantes de las fuerzas militares
De todos los compromisos con los que el presidente López Obrador decidió traicionar su oferta de campaña a la gente, el más importante es el que tiene que ver con la militarización del país. Pese a que López Obrador vociferó a los cuatro vientos que regresaría a los militares a sus cuarteles, esta promesa no solo no la cumplió, sino que ha hecho todo para que el próximo presidente o presidenta de México tampoco pueda sacar a los militares de las calles.
La presencia de los militares en las calles, haciendo labores de seguridad pública ―a lo que López se había opuesto― ahora queda garantizada por ley, al establecer constitucionalmente la creación de la Guardia Nacional, y la pertenencia de esta corporación como un brazo más de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Lo más difícil para que la Guardia Nacional contribuya a la militarización ya sucedió: la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar la Constitución y con ello permitir la creación de la Guardia Nacional, que será un órgano militar con funciones policiales. Así inicia formalmente la militarización del país.
Esta decisión, avalada por 348 diputados de Morena, PRI, PVEM, PES, PT y PANAL, y que fue votada en contra por 108 diputados del PAN, MC y PRD, garantiza la permanencia de las fuerzas militares del país, haciendo labores de seguridad publica en todo el territorio nacional.
La medida, que ha sido cuestionada no solo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sino por organizaciones civiles y por organismos internacionales del mismo renglón, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), rompe también con la promesa hecha por el propio Andrés Manuel López Obrador de devolver a los cuerpos militares a sus cuarteles.
Hay que recordar que a lo largo de su campaña presidencia, el hoy presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, fue insistente en proteger la imagen del Ejército y la Marina, quitándoles de su función de policías, para dejar esa labor a las policías locales a las que ofreció mejores sueldos y mayor capacitación, como método principal para combatir la violencia en el país.
El discurso de López Obrador para retirar a los cuerpos militares de la función policial que se les asigno desde el 6 de diciembre del 2006, fue constante a lo largo de su campaña política durante el 2018, pero su postura en torno al tema fue manifiesta públicamente en un video que difundió desde el 6 de febrero del 2012.
Pese a ello, y sin importar la promesa ―que sin duda fue una de las que más le ayudaron a incrementar sus simpatías entre el electorado― hoy el presidente López Obrador, ha optado no solo por mantener a los cuerpos militares en la calle, sino dares legalmente las facultades para realizar labores policiales, que implica una militarización formal a la vida pública de los mexicanos.
Rechazo Generalizado
Frente al inicio de la formal militarización del país, académicos, especialistas y organizaciones no gubernamentales ha hecho públicas sus posturas sobre el riesgo social que representa esta política del presidente López Obrador, la que se observa permanente y solo para el periodo que comprende el actual sexenio.
Una de las organizaciones que con mayor preocupación ha visto la aprobación de la Guardia Nacional por parte de la Cámara de Diputados, es Amnistía Internacional (AI) la que ya entregó al Congreso Federal una formal petición para que no se permita la intervención de los cuerpos militares en delitos del fuero común, pues ello implica ―dice la petición― la posibilidad de incremento de violación a los derechos humanos de la población.
La representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha visto también con preocupación el avance en la creación de la Guardia Nacional, al considerar que esa medida no responde a los parámetros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues considera que la seguridad pública del país debe estar reservada a los cueros de las policías civiles.
Por su parte, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, considera que con la participación de las fuerzas federales en tareas de policía preventiva e investigadora, existe la posibilidad de que incremente el índice de asesinatos y desaparecidos, debido a la propia formación para la guerra de los integrantes de las fuerzas militares.
Como representante de la sociedad civil, el colectivo #SeguridadSinGuerra también ha manifestado su preocupación tras la aprobación de los diputados para la creación de la Guardia Nacional, la que aseguran es una simulación, que traerá como consecuencia el incremento de violaciones a los derechos humanos, como ocurrió en el periodo del presidente Felipe Calderón.
En su momento, el entonces presidente de la CNDH, Raúl Gonzales Pérez también fue claro en torno al rechazo de esta iniciativa en avance, al considerar que la creación de la Guardia Nacional es solo una “respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad”, donde lo único que habrá de propiciar será “debilitar la institucionalidad civil y democrática de México”.
Recomendaciones a Fuerzas Armadas, por violación a DDHH
Entre los principales argumentos que las organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos han esgrimido para rechazar la creación de la Guardia Nacional, y la consecuente formalización de la militarización en el país, se encuentra la violación a los derechos humanos de quienes pudieran ser detenidos, en la investigación de la comisión de delitos del fuero común.
De acuerdo a la CNDH, de diciembre del 2006 a diciembre del 2018, el número de recomendaciones emitidas por esa instancia a las fuerzas armadas, por violación de derechos humanos de la población civil, han ido en aumento en este periodo que se conoce como la Guerra Contra el Narco.
En este periodo el número de recomendaciones por violación a los derechos humanos, ya llega a las 187, las que en su mayoría son para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), con 110, mientras que para la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) se han registrado 77; para los cuerpos de las policías municipales, ministeriales y de la FGR, en ese mismo periodo, fue de apenas 53 en su conjunto.
En el caso de las recomendaciones emitidas por la CNDH para la SEDENA, en la mayoría de ellas implican la ejecución de homicidios, secuestros, torturas, allanamiento de morada y desapariciones forzadas, mientras que las que se han hecho a la SEMAR, la mayoría de ellas tienen que ver con tortura, allanamiento de morada y ejecuciones extrajudiciales.
De las 53 recomendaciones que se han hecho a las policías locales, ministeriales y de la FGR, la constante en ellas es la comisión de delitos que tienen que ver con desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales, de las que en promedio se registraron cinco casos por año.
Pero en el caso de la SEDENA, el número de recomendaciones por violación a los derechos humanos de la población civil ocurrieron con una frecuencia de 18 por año, mientras que las de la SEMAR fueron de ocho cada 12 meses.
