¿Qué riesgos y desafíos se esperan durante la jornada electoral y en el periodo postelectoral 2024 en México?

Fue lo que identificaron organizaciones civiles en un contexto de profunda polarización política, debilitamiento de las instituciones electorales, violencia política e involucramiento del crimen organizado en las elecciones de nuestro país.

Treinta y dos organizaciones de la sociedad civil, académicos y sectores empresariales firmaron el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) junto con los órganos electorales y los partidos políticos para comprometerlos a regirse con los “más altos estándares de integridad” en el proceso electoral 2023-2024.

Entendiendo la integridad electoral como “cualquier conducta que amenace el sistema democrático y los derechos político-electorales de la ciudadanía, y se realiza un seguimiento para verificar si las autoridades competentes están tomando las medidas adecuadas establecidas en las leyes electorales y en la Constitución”.

En la entrega del IV Informe Sobre Integridad en el Proceso Electoral 2023-2024 identificaron cinco riesgos y desafíos a tomar en cuenta por las autoridades, árbitros electorales, partidos políticos, durante la jornada electoral y postelectoral.

I. Dificultades operativas por parte del INE para contar y computar los votos

No contar con el suficiente personal que haya capacitado a los funcionarios de casillas de todo el país para la recepción y conteo de los votos, y la falta de supervisores y asistentes electorales para la jornada electoral de este domingo dos de junio, dificultarán la operatividad del INE.

Hace apenas 11 días el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que faltaba por cubrir los puestos de mil supervisores electorales, asistentes y capacitadores para el día de la jornada electoral. La semana pasada renunciaron de manera masiva 800 capacitadores debido al sueldo percibido y las altas exigencias de trabajo.

“La falta de supervisores y CAEs, sin duda, dificultará la operación del INE el día de la jornada, pues estos desempeñan funciones clave para la instalación debida de las casillas y la integración de las mesas directivas”, advierte el ANIE.

Que se vaya la luz y se “caiga el sistema”

Los conteos rápidos de los votos para el candidato presidencial y diputados federales y senadores el domingo por la noche “podrían dificultar el desarrollo de esta tarea tan sensible(el cómputo)”.

Otro desafío importante para el INE es garantizar que no se interrumpa el registro de votos en el sistema de cómputo y se vayan dando resultados preliminares de los conteos rápidos, que no afecte la ola de calor y no se presenten deficiencias en el sistema energético del país, cuyo responsable a nivel federal es Manuel Bartlett Díaz y el autor de la “caída del sistema” en las elecciones de 1988.

Previendo eso, el INE buscó equipar a todas sus sedes con plantas de energía, erogando en ello 33.5 millones de pesos.

Crisis interna en el INE

Entre abril de 2023 y febrero de 2024, han renunciado y se han destituido a 706 empleados del INE. De los 352 puestos de directores de área y subdirectores, 99 personas han dejado el instituto y 64 personas de las 568 jefaturas de departamento.

De las Juntas Locales y Distritales han renunciado 280 personas, 76 de ellas a nivel vocalía o jefes de departamento. Es un caso inédito en la historia del INE la falta de tantos funcionarios.

Por otra parte, hace dos semanas el INE alertó sobre el insuficiente presupuesto para los Organismos Públicos de Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos y Yucatán. “La falta de recursos pone en entredicho su capacidad de desarrollar las tareas propias durante la jornada electoral y la etapa de escrutinio y cómputo“, advierten los autores de dicho acuerdo.

II. Hechos de violencia en el desarrollo de la jornada electoral

Al igual que en pasados comicios, en éste se esperan que se presenten “múltiples tipos de violencia” como el que se obstaculice el actuar de las autoridades, que no se instalen las casillas y que el desarrollo de la jornada electoral no sea pacífico, que haya robos de urnas, “secuestro de personas representantes de partidos políticos y asesinatos”.

Esperan las organizaciones civiles firmantes del ANIE “que semejantes hechos no ocurran este dos de junio, pero el antecedente de los comicios previos, así como los niveles de violencia que han marcado el proceso electoral en curso, nos obligan a identificar este tan preocupante riesgo“.

Hasta la fecha, han ocurrido 81 asesinatos relacionados con el proceso electoral, de los cuales 33 implicaron la muerte de una persona candidata. Se han registrado 238 casos de violencia adicionales que incluyen secuestros, atentados y extorsiones. De estos, 133 han involucrado directamente a un candidato. “Tiene sentido, entonces, que se hayan presentado 465 solicitudes de medidas de protección”.

Aunado a las más de mil renuncias a candidaturas, y cientos de solicitudes y declinaciones de candidaturas en Zacatecas, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero y Jalisco.

Posibilidad de impugnaciones y demandas al por mayor en estados y Distritos por la férrea competencia de fuerzas políticas

Posterior a la jornada electoral, iniciará la etapa de escrutinios, cómputos y declaratoria de validez de las elecciones (..) donde los actores políticos tendrán la oportunidad de presentar impugnaciones que cuestionen los resultados electorales (a nivel voto, casilla, distrito o resultado final) y la legalidad del desarrollo de los procesos electorales. Un escenario de alta competitividad en diversos estados y distritos incrementa la posibilidad de que se presente una cantidad considerable de demandas.

III. Tribunales electorales débiles para arbitrar impugnaciones; 49 magistraturas vacantes

Al cierre del IV Informe Sobre Integridad en el Proceso Electoral 2023-2024, se observó que ni uno solo de los tribunales electorales estatales en México está integrado conforme a lo señalado en la Constitución y las leyes correspondientes.

En todos los tribunales estatales y en todas las salas del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “hay vacantes que desde hace años no han sido cubiertas por el Senado de la República.

En particular, los tribunales electorales llegan a la jornada electoral debilitados al no estar completamente integrados: existen 49 vacantes de magistraturas y 7 tribunales estatales se encuentran operando con una sola magistratura (en tres de ellos habrá elecciones a las gubernaturas: Tabasco, Ciudad de México y Jalisco)”.

Faltan dos magistrados en el TEPJF para declarar la validez de la elección presidencial

Lo que implica “posibles cuestionamientos de la legitimidad de las decisiones tomadas por las autoridades que no están debidamente integradas“.

El pleno de la Sala Superior del TEPJF, encargada de llevar a cabo el cómputo final de la elección presidencial y declarar su validez o no, “está incompleto desde noviembre de 2023, opera con solo cinco de siete magistraturas”.

Probable impugnación de la elección presidencial por interferencia de AMLO

Es muy probable que México viva una complicada impugnación de la elección presidencial, ya que existen varios elementos para cuestionar su validez como la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo del proceso electoral. Acreditada en más de 35 casos que han resuelto tanto por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE como por el propio Tribunal Electoral.

La calificación de la elección presidencial requiere de al menos 6 magistraturas, lo que implica designar a por lo menos un magistrado de las salas regionales, aunque lo ideal es que se nombren a dos, para que esté debidamente integrado como establece el artículo 99 de la Constitución.

Las vacantes deben ser cubiertas por algunas de las magistraturas de las salas regionales, las de mayor antigüedad en el cargo.

Preocupa que “la designación esté sujeta al criterio de los propios integrantes de la Sala Superior, pues aceptar completar el pleno con solo 6 magistraturas implicaría darle un voto de calidad a la Presidencia en caso de empate”.

Lo ideal sería que se designarán, de manera provisional con tiempo suficiente, antes de la jornada electoral, para dar certeza y seguridad jurídica en la etapa postelectoral. Para llenar las vacantes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla que se nombre al magistrado o magistrada de una Sala Regional que tenga mayor antigüedad o edad.

“La selección del elemento que debe tener preponderancia supone el riesgo de que existan cuestionamientos sobre el criterio que se elija”, subrayan.

El Tribunal Electoral cuestionable

El informe advierte sobre decisiones cuestionables y omisiones por parte de las autoridades electorales administrativas (INE) y jurisdiccionales (TEPJF) en aspectos clave del proceso.

“Si bien en ciertos casos han actuado para defender la legalidad y sancionar infracciones, en otros han mostrado divisiones internas, laxitud y resoluciones contrarias a precedentes, lo que pone en duda su solidez y capacidad de arbitraje“.

Por ejemplo, “la inscripción extemporánea de algunas candidaturas, la minimización de faltas reiteradas del presidente o la actuación errática de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral reflejan un debilitamiento del sistema de contrapesos que es indispensable para generar certeza y equidad en la contienda política”.

IV. Fiscalización de recursos provenientes del crimen organizado o de fuentes gubernamentales en las campañas para los tres niveles de gobierno

La mayor movilización de recursos se identifica a nivel municipal, en donde la inequidad en la contienda aumenta con pocos recursos adicionales de grupos de interés.

En los casos en los que hay reelección, la dificultad de fiscalizar recursos invertidos desde los gobiernos locales en disputa y de corroborar la participación de funcionarios públicos en el proceso electoral aumenta, aún más, la inequidad en la contienda electoral.

Es muy probable que se presenten las demandas en contra de los resultados electorales que incorporen la argumentación relativa a la incidencia de los recursos ilícitos (por ejemplo, provenientes de las fuentes gubernamentales o del crimen organizado) en el desarrollo de la contienda, lo que significaría un desafío importante para las autoridades y para la legitimidad de sus decisiones.

V. Que el número de impugnaciones afecte la calificación de la elección

El proceso en curso ha sido marcado por un número particularmente alto de violaciones a los principios constitucionales y leyes electorales que han sido detectadas, determinadas y sancionadas por las autoridades electorales.

Todos estos antecedentes, sin duda, formarán parte de las demandas que presentarán los equipos jurídicos de las candidaturas, coaliciones y partidos participantes en este proceso.

Para enfrentar esta delicada situación, el informe plantea una serie de recomendaciones puntuales como garantizar la separación del cargo de funcionarios en activo, robustecer la fiscalización de recursos, combatir frontalmente la violencia política, profesionalizar la función de lo contencioso electoral y promover una cultura de apego a la legalidad entre la ciudadanía.