Casi un centenar de defensores de derechos humanos fueron asesinados durante la 4T
Del primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2023 fueron asesinados 92 defensores de derechos humanos como represalia por defender el territorio, el medio ambiente y la autodeterminación de pueblos indígenas. En los homicidios estuvieron involucrados agentes del Estado de los tres niveles de gobierno de manera directa o indirecta.
A pesar de que disminuyeron 50 por ciento las ejecuciones extrajudiciales en comparación con el sexenio anterior del presidente Enrique Peña Nieto, en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 92 defensores de derechos humanos, de los cuales, 72 eran hombres y siete mujeres, principalmente de los estados de Oaxaca y Chiapas.
En Chiapas, la presencia de organizaciones criminales ha aumentado la violencia, de acuerdo con el Balance del Sexenio sobre el cumplimiento de los derechos humanos en México, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), presentado el pasado 30 de mayo.
Un ejemplo de lo que pasa en todo el territorio mexicano es el estado de Chiapas con delitos “que incluyen privaciones de la libertad, homicidios, secuestros, encobijados, enfrentamientos, incendios de vehículos, masacres, desapariciones cometidas por particulares, retenes de militares, lo que ha generado temor entre las comunidades“, subraya en su análisis la ONG.
Último asesinato de un defensor de derechos humanos en Michoacán
Sin embargo, con el asesinato de Jean Cadet Odimba, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana y defensor de derechos humanos, sumarían 93 al cinco de junio de 2024.
Cadet Odimba fue cegado de la vida con múltiples disparos mientras hacía ejercicio al aire libre al Poniente de Morelia, Michoacán. Era docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana; trabajó como asesor en la secretaria de Igualdad Sustantiva y fue secretario técnico del Instituto de Defensoría Pública de Michoacán.
Desapariciones forzadas y asesinatos, tácticas para desmantelar movimientos sociales
En el caso de las desapariciones forzadas de los defensores de derechos humanos, el Gobierno federal incumplió la promesa de erradicar la corrupción y la impunidad, porque prioriza “la implementación de megaproyectos por encima de los derechos de las personas“, de acuerdo con el informe.
La Red TDT destacó que las desapariciones forzadas y homicidios de los defensores de los derechos humanos siguen siendo una problemática grave en el país y en este sexenio sobresalieron las restricciones, agresiones y denuncias a la libertad de expresión y el derecho a la protesta opuesta a las políticas gubernamentales.
El asesinato en la actualidad “sigue siendo una táctica para inhibir la lucha social y la defensa” de los derechos humanos, al igual que los ataques, desplazamiento forzados, agresiones, desapariciones, detenciones, estigmatización, difamaciones y violencia digital” como lo ha documentado también la Red TDT de septiembre del 2022 a septiembre del 2023.
No obstante, a cuatro meses de cerrar su administración federal desde su púlpito en la conferencia mañanera “el presidente ha acusado a organizaciones civiles de manipular investigaciones y deslegitimar la labor de defensa de los derechos humanos”, añade la Red TDT.
Militarización del país no está relacionada con la seguridad pública
Asimismo, la militarización del país ha tenido “consecuencias importantes” para la seguridad, los derechos humanos y la democracia, mientras ha aumentado la presencia de organizaciones criminales y la violencia en los estados de Guerrero, Chiapas y Veracruz.
A nivel federal, “el 83 por ciento de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales no están relacionados con la seguridad pública, sino que abarcan áreas como la protección del ambiente, la política social, la salud y las obras públicas”.
“La política migratoria, las políticas de seguridad, el despliegue de las fuerzas armadas en todo el territorio nacional, el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones y protestas públicas, así como la presencia del crimen organizado en diversas regiones del país afectan directamente a los procesos de paz y de defensa”.
Defensores de derechos humanos ponen en riesgo su integridad física, psicosocial y digital
De acuerdo con el informe el Reto de Defender los Derechos Humanos en México 2023, de la Red TDT, en un panorama de violencia como el que atraviesa nuestro país, es imperante defender las garantías individuales, sin embargo, las personas defensoras se encuentran con “obstáculos a su labor, que ponen en riesgo su vida e integridad física, psicosocial y digital”.
En febrero de 2022 documentaron “la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, y de Antonio Díaz Valencia, líder comunitario en el municipio nahua de Aquila, Michoacán, en los límites entre Colima y Michoacán. Este crimen de lesa humanidad está ligado a su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero”.
De enero de 2019 a enero de 2023 se registraron 82 agresiones letales a personas y comunidades que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con más agresiones
Los estados con más incidencias reportadas en estos años fueron Chiapas (2019), Guerrero (2020), Oaxaca (2021) y nuevamente Guerrero (2022).
De acuerdo con cifras de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2022, ACUDDEH registró 54 desapariciones forzadas, mil 99 detenciones arbitrarias y 354 violaciones de derechos humanos consistentes en agresiones, hostigamientos, amenazas, allanamientos, criminalización y otras afines.
De enero de 2019 a diciembre de 2022 se reportan, al menos, 79 ejecuciones extrajudiciales. En todos estos casos, las agresiones estuvieron asociadas al ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
Entidades como Chihuahua y Puebla, además de los mencionados, no dejaron de aparecer en los primeros lugares de los registros a lo largo de ese mismo periodo, siendo los territorios indígenas los más vulnerables por la imposición de proyectos extractivos.
