La Reforma no es nueva, desde Cárdenas se ha querido democratizar el Poder Judicial Federal
La reforma al Poder Judicial reclamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente urge antes de que se resquebraje la República, no es novedosa en términos del discurso presidencial con el que se pretende desaletargar a los mexicanos. Ese mismo reclamo ya se ventilaba allá, a principio de 1940, al final del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Rio. Desde entonces, según lo refiere la Hemeroteca Nacional y sus mudas páginas amarillas de los diarios de la época, desde el Poder Ejecutivo, ya se reclamaba una transformación a fondo en ese poder de la nación, sobre todo por considerar que el Poder Judicial no estaba puesto a las causas del pueblo
Ese reclamo, que no ha variado en los últimos 80 años, sigue tan vigente como antes. Cada vez son más las voces que se suman a la exigencia de una transformación a fondo dentro del Poder Judicial de la Federación, el que se estima más y más alejado de la población. Y cómo no va a estar el Poder Judicial alejado de la gente, si desde lo más básico incumple con las normas de la democracia, que es el terreno en el que siempre quiere ser considerado este poder como producto que es de la democracia.
Desde lo básico, el Poder Judicial es, de los tres poderes que conforman la República mexicana, el más antidemocrático y en consecuencia el menos transparente. Al menos el Ejecutivo y el Legislativo, pese a todos sus vicios, están impregnados de la solvencia moral y social que les otorga el uso del sufragio efectivo. Hoy, producto de la inmersión en la democracia participativa, es imposible concebir a un Poder Ejecutivo, representado en un Presidente de la república, un gobernador o un alcalde, sin el debido respaldo popular manifiesto en votos. De igual manera es imposible siquiera imaginar un conjunto legislativo, apersonado en diputados y senadores, sin el respaldo popular o sin haber sido avalado en el campo de la batalla electoral. No por nada se encuentra en vilo la permanencia de los diputados plurinominales, cuya principal carencia de autoridad natural la brinda la falta del respaldo popular encarnado en los votos.
Si no fuera porque existe, sería imposible pensar en un Poder Judicial, y los consecuentes 32 poderes judiciales de los estados, sin la participación de la sociedad a través del voto legitimador. Sin embargo, en México es una realidad la existencia de un Poder Judicial Federal y Local que no tienen un solo proceso interno –a partir de la selección de sus integrantes y dentro de los órganos administradores de justicia- en donde tenga que ver la población a través del voto. Ni siquiera en la designación de los más importantes cargos, como pudiera ser los ministros y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los ministros y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de cada una de las 32 entidades del país.
El Poder Judicial, en términos generales, parece inmune al reclamo democrático. Parece mentira, pero es cierto: no existe un solo funcionario dentro del Poder Judicial que sea electo popularmente. Hay procesos de elección, como el que se da para el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en ello no participa la gente. Allí, en esa ecléctica elección, solo interviene los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que se eligen entre sí, lejos de la población, como si se tratara de mantener a la chusma alejada de esa inmaculada clase que pareciera lo único que busca es continuar preservando sus privilegios.
Lo más parecido a la democracia, para designar funcionarios dentro del Poder Judicial, cuando no se trata de elecciones cerradas entre un grupo reducido de una misma elite que se eligen entre ellos, es lo que se conoce como concursos por oposición, una herramienta relativamente certera y medianamente eficiente para que las bases del Poder Judicial, aquellos sin palancas, puedan aspirar a ser parte de la elite de poder. Los concursos por oposición es un instrumento semidemocrático muy muy reciente. Su uso se institucionalizó como herramienta obligatoria a partir de la promulgación –por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 7 de junio del 2021- de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
En dicha ley se establece, en su artículo 20, que a través del concurso, cualquier persona puede aspirar a formar parte del Poder Judicial; en el artículo 21, que la forma de promocionarse para los cargos de Actuaria o Actuario, Secretaria o Secretario de Juzgado, Asistente de constancias y registro de Jueza o Juez de control o Juez o Jueza de enjuiciamiento, Secretaria o Secretario de Tribunal o Asistente de constancias y registro de tribunal de alzada, Secretaria o Secretario instructor, de constancias, de audiencias, de acuerdos, de diligencias y de instrucción de los juzgados laborales, y Magistrada o Magistrado, se tendrá que hacer por medio de los concursos internos de oposición.
Eso es lo que marca la ley, porque en la práctica la inercia antidemocrática se sigue dando dentro del Poder Judicial de la Federación. La mayor cantidad de cargos, aun cuando por ley deberían darse por selección a través de un concurso público y abierto de oposición, se siguen dando por designación directa. Aquí es donde surge otro de los vicios del Poder Judicial, el nepotismo, el que no solo ha sido tolerado sino alentado desde los más altos órganos directivos de ese poder de la república. De acuerdo a información oficial emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, dentro del Poder Judicial existen un total de 737 jueces de distrito y 874 magistrados de circuito,[1] que en forma práctica son los juzgadores federales que corren con la carga de trabajo de impartición de la justicia. En pocas palabras son ellos los responsables de materializar la principal labor del Poder Judicial: brindar acceso a la justicia a todos los mexicanos.
Con esa alta encomienda lo menos que se podría esperar es que la constitución de esos juzgadores fuera el resultado de un mínimo proceso democrático de selección, a través del voto, por parte de la población a la que están destinados a gobernar a través del juzgamiento social. Pero no es así. Resulta todo lo contrario; la mayoría de los juzgadores habilitados dentro del Poder Judicial para atender a la población, llegaron a su puesto por designación directa de “alguien” en la cúpula de la elite del poder. Solo un muy reducido porcentaje de jueces y un número aceptable de magistrados llegaron a su cargo a través de un concurso directo de oposición, que aunque esta figura también registra sus vicios, resulta un tanto alentadora si se toma al menos como un instrumento que intenta democratizar al Poder Judicial.
[1] Judicatura Federal, Consejo de la, Respuesta Oficial a Solicitud de Información, oficio SEA/DGRH/URL/38246/2022, Ciudad de México a 28 de octubre del 2022
