Continúa la violencia en Chiapas, colectivos exigen atención del gobierno
Aunque el Ejecutivo federal afirma que la inseguridad ha disminuido en el país, el estado de Chiapas ha sido la excepción, ya que el crimen organizado ha provocado una oleada de violencia y desplazamientos, arrebatando la tranquilidad a la población.
En las últimas semanas, la población civil de Chiapas se ha visto atemorizada por las agresiones y enfrentamientos del crimen organizado en la región. Es por ello que distintas organizaciones, colectivos y personas se han manifestado y exigido la atención del Estado para salvaguardar su integridad.
En el comunicado, las organizaciones denuncian el abandono y la criminalización por parte del gobierno federal, el cual también ha minimizado el problema y responsabilizado a las comunidades, acusándolas de ser el origen de los grupos delincuenciales que asedian el estado.
Algunos de los municipios y ejidos más afectados por el crimen organizado son Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras, los cuales se encuentran incomunicados por los bloqueos realizados por el crimen organizado.
En Chiapas, la violencia no es novedad
La violencia en el estado no es una novedad; aproximadamente desde 2021, Chiapas ha sido un territorio en disputa por dos organizaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, sería en 2023 cuando la violencia se incrementó.
En mayo, agosto y septiembre de 2023 se registraron hechos similares a los ocurridos desde principios de 2024; sin embargo, en aquella ocasión las fuerzas federales interfirieron, sosegando a los delincuentes, quienes volvieron una vez que el Ejército y la Guardia Nacional se retiraron. El comunicado denuncia que, aunque existió un actuar en el momento, las autoridades no realizaron ningún trabajo de inteligencia o investigación para desarticular a los grupos criminales.
Para octubre del año pasado el municipio de Chicomuselo fue epicentro de la guerra entre las organizaciones criminales por el control territorial, lo que conlleva el control de las rutas del tráfico de drogas, armas y migrantes. Esto provocó que pobladores de varias comunidades tuvieran que huir dejando atrás sus casas y pertenencias
Foto: La Jornada
Barita, un mineral que recrudeció la violencia en 2023
El Escritor por la Paz, periodista anónimo, denunció que en marzo de 2023 un grupo armado de uno de los cárteles se hizo del control de la extracción de barita —mineral utilizado en la fabricación de agua oxigenada, pigmentos, pintura y en la industria del caucho—, a pesar de que en 2009 la extracción minera en Chicomuselo había sido detenida debido al grave impacto ambiental que provocaba.
En la revista Debates Indígenas, el periodista, que se mantiene en el anonimato debido a la violencia, menciona que los pobladores que se opusieron a la explotación de la mina fueron amenazados de muerte. Además, señala que la extracción del mineral es realizada por hombres de origen guatemalteco, armados y capacitados en el uso de la violencia, quienes podrían ser soldados de élite del Ejército de Guatemala. Presuntamente, el material extraído de la minería clandestina sería trasladado al puerto de Coatzacoalcos, en Veracruz, para ser vendido.
El periodista señala que, a 26 kilómetros de la mina referida, se encuentra el cuartel del 101.º batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); sin embargo, las fuerzas federales no han impedido la explotación de la mina, mucho menos auxiliado a la población.
El terror de Tila
Para 2024, la violencia en Chiapas no disminuyó. A inicios de este año se ha concentrado en la sierra y los altos de Chiapas, de donde miles de familias han tenido que huir del terror del reclutamiento forzado de niños, jóvenes y adultos. Además, el enfrentamiento entre cárteles sigue dejando un saldo rojo en el territorio.
Uno de los eventos más violentos registrados fue la ejecución de 11 civiles en el ejido de Nueva Morelia, perteneciente al municipio de Chicomuselo, ocurrida el 13 de mayo, aparentemente por oponerse a las actividades mineras ilegales. Sin embargo, esto sería solo el anuncio de lo que ocurriría meses después en el municipio de Tila.
El municipio de Tila ha sido asediado por el crimen organizado y la violencia desde hace años; sin embargo, entre el 4 y 7 de junio, los habitantes de esta comunidad se encontraron en lo que podría denominarse una zona de guerra, pues un grupo armado tomó el pueblo, provocando asesinatos, incendios, saqueos, violaciones y personas heridas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recopiló el testimonio de pobladores que señalaron casos de violencia sexual contra mujeres y niñas. El grupo armado mantuvo el terror en la población, obligándola a resguardarse en sus hogares; además, el servicio de agua fue suspendido.
La violencia de esos días provocó que gran parte de la población huyera del municipio. Fue en la mañana del 7 de junio cuando las autoridades de seguridad estatales y federales ingresaron al pueblo, lo que permitió que cientos de personas de la cabecera de Tila abandonaran sus hogares con solo unas pocas pertenencias.
«Estuvimos escondidos en una casa donde había cuatro familias. Hoy llegaron el ejército y las autoridades. En una hora salimos; saqué una mochila con ropa. Hubo gente que, por temor a que su casa fuera incendiada, no quiso salir de Tila», cuenta don Gregorio, habitante desplazado que la periodista Mariana Morales logró entrevistar. La casa y el negocio de Gregorio fueron incendiados: «La salida fue muy rápida; en una hora tuvimos que irnos. Cuando llegó el Ejército, nos dijeron: “Váyanse porque no sabemos cómo se va a poner”.»
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunció que ya se había llamado la atención de las autoridades sobre la violencia, pero ninguno de los tres niveles de gobierno actuó para evitar su escalamiento.
La violencia sigue…
Desde el 18 de julio pasado, la región de Chicomuselo permanece bajo el asedio de grupos armados y está incomunicada en varios puntos. La orden de los criminales: «Nadie entra, nadie sale». El comunicado de las organizaciones y colectivos menciona que a estos bloqueos se suman cortes en la energía eléctrica y en las telecomunicaciones en algunos municipios, la escasez de víveres y la suspensión del transporte, así como de los servicios de salud y educación.
Algunas de las ONG firmantes ya habían denunciado que la situación se agravó el sábado 20 de julio «al cercarse varias comunidades y cabeceras municipales, incluida la de Chicomuselo, mediante por lo menos 13 bloqueos carreteros, retenes de civiles armados y obstáculos físicos».
Estas circunstancias han obligado a los pobladores de muchas comunidades en Chiapas a desplazarse a otros lugares, no solo dentro del país, sino también a Guatemala, donde se ha registrado una cantidad considerable de personas del estado buscando refugio.
El 25 de julio, en una conferencia de prensa, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó la entrada de cientos de familias mexicanas provenientes de Chiapas, quienes huyen del enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Exigimos al gobierno
En el comunicado se presentan una serie de exigencias, entre las cuales se pide al presidente de la República que evite realizar señalamientos a la población de estos municipios, ya que causan victimización secundaria «en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas».
Se exige la intervención inmediata del gobierno federal para prevenir las acciones violentas que han sufrido los pobladores y la violación de sus derechos humanos. Además, las autoridades federales y estatales deben garantizar que las personas afectadas puedan acceder a los mecanismos de asistencia y reparación integral.
Igualmente, se exige a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que investigue las violaciones a los derechos humanos, y a la Comisión Estatal y a las comisiones locales de Búsqueda de Personas que activen los mecanismos de búsqueda para las personas que pueden haber sido víctimas de desaparición forzada.
Algunas de las organizaciones y colectivos firmantes son: Conferencia Franciscana de México (COFRAMEX), Grupo de Acción por la No Detención de Personas Refugiadas, Red de Atención Integral a Migrantes (RAIM), Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas (CAFEMIN), Casa Frida-Refugio LGBTIQ+, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).
El comunicado completo y las 80 organizaciones firmantes se pueden consultar en el siguiente enlace: www.redjesuitaconmigranteslac.org
