Los autodefensas, el gran pendiente de AMLO y la 4T

En el corte de caja que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende realizar al término de su gestión, va a quedar un gran pendiente, uno que no solo no cumplió sino que ni siquiera fue considerado dentro de la agenda de pendientes a resolver, planteada como parte de la gobernanza de la llamada Cuarta Transformación: Los grupos de autodefensa.

La desmovilización, el desarme o al menos la atención a los grupos de autodefensa, será uno de los grandes pendientes que a lo largo de seis años de su gobierno no quiso o no pudo solucionar el presidente López Obrador, pese a que en los primeros dos años, mediante la gestión de la entonces secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, se sostuvo un diálogo directo.

Cuando el presidente López Obrador arribó al poder, el 1 de diciembre del 2018, en todo el territorio nacional estaban movilizadas al menos 15 mil personas, integradas en 50 grupos de civiles armados, denominados por sí mismos como autodefensas. Estos grupos de civiles armados estaban presentes y actuantes en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos y Nayarit.

A causa del desinterés oficial para atender las causas que llevaron a muchos ciudadanos a levantarse en armas, para asumir la función del Estado de brindar seguridad pública, ante la creciente presencia de los grupos del crimen organizado, al día de hoy se estima que son por lo menos 23 mil las personas que en todo el país están integradas dentro de los grupos de autodefensa.

Los más de 23 mil civiles armados que hoy conforman el grueso de las autodefensas, están integrados en por lo menos 72 grupos que hoy operan en diversos territorios de los estados de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, Colima, Nayarit, Morelos, Puebla, Sonora y Chihuahua.

Estos grupos de civiles armados, establecidos –con pleno control social- en las regiones en donde el crimen organizado se ha extendido, son los que darán constancia del compromiso no asumido por el presidente López Obrador, de atender las causas sociales que orillarlo a miles de mexicanos a tomar las armas para autodefenderse de los grupos delictivos.

El ejemplo de Michoacán

Hay que recordar que los primeros grupos de autodefensa surgieron en Michoacán. La alzada formal de civiles en armas se dio oficialmente en Tepalcatepec, Michoacán, el 24 de febrero del 2013. Pero desde hacía por lo menos cuatro años antes, en el municipio de Aquila, Michoacán, un grupo campesinos fueron armados por la minera Ternium para que se lanzaran contra el Cártel de la Familia Michoacana.

Al frente de los civiles armados en Tepalcatepec se alzó el doctor José Manuel Mireles, quien primero fue un interlocutor con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y después permitió que el Estado armara y financiara a las personas que quisieran alzarse contra los grupos del crimen organizado, sumándolos a los grupos de autodefensa.

Inicialmente los grupos de autodefensa comenzaron a operar, en Michoacán, todos bajo un solo liderazgo, el del doctor José Manuel Mireles Valverde e Hipólito Mora Chávez, quienes mantuvieron una lucha constante contra los grupos del crimen organizado, principalmente contra los cárteles de Los Caballeros Templarios y de La Familia Michoacana.

Tanto el doctor Mireles como el Hipólito Mora, no se limitaron a organizar a los grupos de autodefensas establecidos en Michoacán. También comenzaron a asesorar a diversas organizaciones civiles en todo el territorio nacional, para ayudarles a crear sus propios programas de defensa armada frente a la incursión de los cárteles de las drogas.

AMLO desmovilizó y rompió el dialogo

Cuando arribó el gobierno del presidente López Obrador, este –a través de la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero- estableció un diálogo en secreto con los líderes del movimiento de autodefensas en Michoacán, entre ellos Mireles e Hipólito Mora, con la finalidad de desmovilizar a los grupos de autodefensas en Michoacán.

La intención oficial del diálogo entre autodefensas y el gobierno de la 4T, no solo era desmovilizar y desarmar a los grupos de autodefensa de Michoacán, era evitar que el ejemplo de alzamiento social siguiera expandiéndose por el resto del territorio nacional. Ese fue el primer compromiso arrancado a los líderes de los civiles armados en Michoacán.

Apenas Hipólito Mora y el doctor Mireles aceptaron la propuesta de no promover más formaciones de grupos de autodefensas a nivel nacional, el gobierno federal rompió el dialogo con los líderes de las autodefensas en Michoacán. Después, el doctor Mirles murió de Covid-19, e Hipólito Mora fue asesinado en una emboscada en Michoacán.

Un defecto, la infiltración

Tras el surgimiento de los primeros grupos de autodefensa en Michoacán, una vez que ya estaban en pleno diálogo con el gobierno del presidente López Obrador para alcanzar la desmovilización y desarme, el gobierno federal de la 4T decidió romper el dialogo por la infiltración del crimen organizado a la mayoría de los grupos de autodefensa.

De acuerdo a lo reportado en su momento por el Centro Nacional de Inteligencia, de los 36 grupos de autodefensa que había en Michoacán, por lo menos 25 de ellos fueron infiltrados por los diversos grupos del narcotráfico y cárteles de las drogas que operan en la zona.

Los carteles que en Michoacán se adueñaron de los grupos de autodefensa y los convirtieron en extensiones de sus intereses delictivos, fueron el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagra, Los Blancos de Troya, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Cárteles Unidos, Los Correa, La Tercera Hermandad, entre otros.

La infiltración que se dio en Michoacán, de los grupos del narcotráfico quedándose con el control de los grupos de autodefensa, se replicó en el resto de los estados en donde se alzaron grupos de civiles armados, a grado tal que hoy la mayoría de los carteles de las drogas que estaban enfrentando a grupos de autodefensas ya los mantienen bajo su control como grupos armados aliados.

Cada cártel con sus autodefensas

De los más de 23 mil civiles armados que hoy se estima conforman el grueso de las autodefensas, se calcula –por fuentes extraoficiales de la Guardia Nacional- que por lo menos unos 12 mil a 14 mil civiles de 57 grupos de autodefensas fuertemente armados podrían estar al servicio de los cárteles de las drogas que inicialmente eran combatidos.

Entre las agrupaciones delictivas que –de acuerdo a fuentes del Centro Nacional de Inteligencia- podrían haber infiltrado a los grupos de autodefensa que los combatían, se encuentran, en Michoacán, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana y Los Viagra.

En Guerrero, entre los grupos delictivos que ya tienen de su lado al menos a un grupo de autodefensas destacan el cártel de Los Beltrán Leyva, La bandera, Los Tequileros, Los Granados, Los Arreola, Los Tlacos, Los Rojos, Los Ardillos y Los Rusos, en tanto que en Chiapas, El CJNG, El Cartel de Sinaloa y el Cártel Chamula ya cuentan con sus propios grupos de autodefensas.

En Jalisco, el principal corruptor de los grupos de autodefensa es el Jalisco Nueva Generación, aunque también un brazo armado de Los Valencia ha hecho lo propio en la zona del norte de estado, Igual que en Sinaloa han hecho los grupos aliados a El Mayo Zambada, del Cartel de Sinaloa, y los remanente del Cártel de Los Chapitos, que han pactado con comunidades de la sierra norte.

En Tamaulipas, los principales grupos de autodefensa que nacieron para defenderse del Cártel de Los Zetas, están asociados a la actividad delictiva de los grupos escindidos del Cártel del Golfo, entre los que se encuentran Los Metros, Los Escorpiones, Los Rojos, Los Ciclones y Los Panteras.

Igual Sucede en Oaxaca, donde el control de la mayoría de los grupos de autodefensas están asociados al Cártel de Los Zetas; en el Estado de México, el control de las agrupaciones civiles armadas corre por cuenta de la Nueva Familia Michoacana y Los Viagra; en el estado de Hidalgo, también son Los Zetas los que controlan a civiles en armas.

Por lo que hace a los grupos de civiles autodefensas en Colima y Nayarit, el control está cargo del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Morelos, los grupos de autodefensa los controla el Cártel Comando Tlahuica, un grupo escindido del Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva.

Por lo que hace a Puebla, el control total de la supuesta seguridad pública otorgada por grupos de policías comunales o ciudadanos armados, corre a cargo del control de Los Tequileros y del cartel de Santa Rosa de Lima, mientras que en Sonora el control es del Cártel de Caborca, y en Chihuahua esa acción corresponde al grupo criminal de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez.

Se niegan a desaparecer

En la vorágine de la violencia, alentada por el gobierno federal con su programa no oficializado “Abrazos y no Balazos”, la expansión de los grupos del crimen organizado se sigue dando por todo el territorio nacional. De acuerdo a fuentes del Centro Nacional de Inteligencia, en todo el país operan 75 cárteles de las drogas.

A la operación de esos carteles se debe sumar la actividad de por lo menos otros 72 grupos que se autoreconocen como autodefensas o civiles alzados en armas para confrontar a los carteles de las drogas, o para darse regionalmente los servicios de seguridad colectiva que el gobierno federal no puede dar.

Es decir, en total en México, operan por lo menos 147 grupos armados que se encuentran al margen de la ley, de los que por lo menos casi la mitad pudo haber sido desmovilizado o desarmado por el gobierno de la Cuarta Transformación, pero el presidente López optó por ni siquiera considerarlos como un problema de seguridad nacional.