Desplazados por hambre y violencia forman nueva carava de migrantes hacia México

Aun cuando la mayoría de los que conforman la nueva caravana que se dispone a ingresar a México tienen la intención de buscar asilo en Estados Unidos, una mínima parte pretende radicarse en México, lo que se observa más que difícil por el endurecimiento de medidas migratorias que ha establecido el gobierno federal, tras el acuerdo establecido entre los presidentes de México y Estados Unidos

Ciudad de Guatemala.- Como si la pandemia violencia que vive México fuera poco, la crisis migratoria que se vive en la zona fronteriza de Chiapas podría agudizarse aún más en los próximos días; suelo adentro de Guatemala se ha comenzado a organizar una nueva caravana migrante que pretende ingresar a tierras mexicanas, posiblemente entre el 30 y 31 de agosto.

Esta, que sería la octava caravana migrante que se organiza para ingresar en masa a suelo mexicano, se está concentrando en cuatro grupos, el de mayor número de personas se ubica ya en los límites de la zona de Chimaltenango, al este de la ciudad de Guatemala. Los otros tres grupos ya se organizan en las inmediaciones de los poblados de Villa Nueva, San Jose Pinula y Concepción Pinula.

De acuerdo a Emir Morales, activista de derechos humanos en Guatemala, la caravana migrante está conformada mayormente por desplazados de Guatemala, El Salvador y Honduras, pero a ella también se han sumado algunas personas que provienen de Costa Rica, Haití, Cuba, Venezuela y de otros países del continente africano, principalmente de Senegal, Costa de Marfil, Camerún y Ghana.

El principal destino de los migrantes que se organizan en Guatemala es Tijuana, en donde el gobierno federal no ofrece ningún tipo de ayuda, si no fuera por las organizaciones civiles y y religiosas, que son las que operan los centros de asistencia a migrantes, estos grupos estarían desamparados, Foto / J. Jesús Lemus

Una estimación extraoficial, sobre el número de integrantes de esta caravana, señala la posibilidad de que este éxodo este conformado por el menos entre 45 mil y 48 mil personas, donde más del 60 por ciento podrían ser de origen centroamericano, un 10 por ciento lo estaría conformando el grupo de desplazados de países sudamericanos, un 20 por ciento podrían ser personas de las Antillas y el Caribe, mientras que los desplazados africanos podrían llegar a conformar el otro 10 por ciento.

“Son personas en situación deplorable, que han tenido que huir de sus países de origen para escapar a la pobreza, en la mayoría de los casos, pero también los hay algunos que han salido huyendo de la violencia y la persecución política”, explicó el activista Emir Morales, quien agregó que la intención de la mayoría de estos desplazados es llegar a los Estados Unidos.

De acuerdo a este activista, solo una mínima proporción de los integrantes de esta caravana que se está organizando en Guatemala tienen la intención de radicarse en cualquier parte del territorio mexicano, teniendo la intención de, apenas crucen la frontera chiapaneca, entregarse a las autoridades de Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar el trámite de residencia legal en México.

Pocas posibilidades de lograr la residencia

Aun cuando la mayoría de los que conforman la nueva caravana que se dispone a ingresar a México tienen la intención de buscar asilo en Estados Unidos, una mínima parte pretende radicarse en México, lo que se observa más que difícil por el endurecimiento de medidas migratorias que ha establecido el gobierno federal, tras el acuerdo establecido entre los presidentes de México y Estados Unidos.

El endurecimiento de las medidas migratorias para los desplazados del sur se evidencia claramente en las estadísticas oficiales del INM, en donde se refiere que en promedio solo han sido beneficiadas con esa medida 13 de cada 100 personas que han solicitado asilo en México, en los últimos doce meses.

La mayoría de los migrantes que salen de Centroamérica con destino a México no tienen más alternativa que la sobrevivencia en las calles. Foto/J. Jesús Lemus

Según una respuesta publica de la Secretaría de Gobernación, emitida a través del portal de transparencia, solo del 1 de enero del 2023 al 30 de julio del 2024, fueron repatriados 382 mil 521 migrantes que entraron de forma ilegal a México, los que no cumplieron con los requisitos para recibir el beneficio del asilo político.

De todas esas personas deportadas por el INM, el 47 por ciento son originarias de algún país de Centroamérica, 18 por ciento son de la región del Caribe y las Antillas, el 15 por ciento corresponden a nacionalidades del sur del continente americano, 12 por ciento son originarios del países africanos, y el restante 8 por ciento correspondieron a países de Asia y Europa.

La misma respuesta oficial de la Secretaría de Gobernación refiere que la repatriación de ese grupo de personas tuvo un costo para el gobierno federal de 342 millones 980 mil 912 pesos con 70 centavos, por pago de transporte terrestre y/o aéreo, en el 2019, mientras que solo de enero a marzo del 2020, el gobierno federal tuvo que gastar en traslados aéreos y/o terrestres de los migrantes deportados la cantidad de 18 millones 526 mil 728 pesos con 22 centavos.

Con base en esas cifras se estima que la nueva caravana migrante que se alista para ingresar a México en los próximos días, podría tener un alto costo económico, más allá del social, al aplicar la política de repatriación para aquellos migrantes que no cumplan con los requisitos establecidos para alcanzar el estatus de asilado político en México, sin considerar a los que se queden varados en la frontera de México con Estados, al ser mayoritariamente rechazados para su ingreso a suelo norteamericano.  

¿Quién mueve a los migrantes?

Más allá de la crisis económica que representa al gobierno mexicano la llegada de un flujo de más de 45 mil migrantes, esta caravana vendrá a agravar la situación de los otros migrantes que apenas sobreviven en la zona fronteriza de Chiapas, donde los servicios de salud y alimentación que ofrecen las instancias oficiales y algunos grupos particulares han quedado rebasados.

Se estima que al día de hoy son más de 35 mil los migrantes asentados en la zona de Tapachula, de los que solamente menos de una 30 por ciento reciben asistencia por parte de las autoridades locales o de organismo de ayuda humanitaria, el resto tiene que sobrevivir con sus propios medios, a veces en condiciones de mendicidad.

Ya son cientos de miles de desplazados por la violencia y el hambre que han emigrado a México, solo para incrementar los índices de pobreza que no pueden ser atendidos por el gobierno. Foto / J. Jesús Lemus

Pero ¿cómo se está llevando a cabo la organización de esta caravana? ¿Hay un financiamiento oficial detrás de esta movilización social? Según Maria Luisa Ramos, activista guatemalteca para la defensa de los derechos de los inmigrantes, la organización de la caravana se ha dado de manera casi natural, “se ha comenzado a integrar corriendo la voz entre los inmigrantes que llegan desde el sur a suelo de Guatemala, no hay una cabeza visible dentro de este movimiento”.

Para esta activista es claro que no hay un financiamiento de grandes potentados, como lo refiere un rumor que habla de que esta movilización se financia con fondos del multimillonario George Soros. De contar con dichos fondos –asegura Maria Luisa Ramos- todos los migrantes tendrían la posibilidad de comer, pero ni eso ocurre. “Todos los que forman esta caravana están padeciendo hambre, a lo mucho comen solo una vez al día, y cada quien lo hace con sus propios recursos”.

De acuerdo a María Luisa Ramos, que acompaña esta caravana desde que se comenzó a formar desde hace diez días, las condiciones en las que movilizan los migrantes, son deplorables. “Muchos de ellos viajan enfermos, hay cientos de niños que están en el punto de la desnutrición, y por lo menos se tiene registro de medio centenar de mujeres embrazadas”.

A lo anterior se debe sumar el hecho de que dentro de la caravana se ubica a por lo menos una veintena de personas que viajan con síntomas de contagio por Covid-19, que de resultar positivas a la enfermedad, sin ninguna asistencia médica, podrían incrementar el riesgo de una mayor expansión de la pandemia entre este grupo poblacional.