La corrupta casta dorada de la SCJN
Allí, en la SCJN se concentran muchos de los vicios de corrupción que mantienen aletargada la impartición de justicia en algunos de los tribunales de circuito y muchos juzgados de distrito en todo el país.
Si nos fuera dado entender un todo revisando solo una de sus partes, sin duda al Poder Judicial de la Federación lo podríamos conocer a la perfección solo observando el comportamiento de su órgano cumbre: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Allí, en la SCJN se concentran muchos de los vicios de corrupción que mantienen aletargada la impartición de justicia en algunos de los tribunales de circuito y muchos juzgados de distrito en todo el país. Y es que la corrupción, si la entendemos como lo establece el Diccionario de la Lengua Española, como el “deterioro de valores, usos o costumbres” o también –en su segunda acepción- como la “práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones (de una instancia pública) en provecho de sus gestores”, si es seguro que se encuentra arraigada en el máximo tribunal de justicia de México.
El comportamiento público de algunos de los integrantes de la SCJN evidencia claramente que, por más que se insista en la nívea conducta social y moral de los ministros-juzgadores, algunos de estos a final de cuentas han quedado manchados. Han dejado claras evidencias públicas de sus amoralidades, muchas de las cuales rayan en conductas atípicas sancionadas por las propias leyes y códigos que ellos mismos aseguran y juraron cumplir y observar en su cumplimiento.
Si bien es cierto que la inmoralidad no se instaló recientemente dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que la presencia del fenómeno antisocial de la corrupción -que todo lo desequilibra- está arraigada allí desde hace muchas décadas, también es necesario precisar que al menos en el discurso oficial de los últimos cuatro Ministros Presidentes de la SCJN (Guillermo Ortiz Mayagoitia, Juan Silva Meza, Luis Maria Aguilar Morales y Arturo Saldívar Lelo de Larrea), previos a la actual Ministra Presidencia Norma Lucia Piña Hernández, siempre proclamaron la necesidad de erradicar la corrupción de la impartición de justicia, con lo que no solo se planteó la necesidad de hacer más clara la impartición de justicia, sino que se reconoció tácitamente la existencia de ese fenómeno-problema dentro del primer cuadro de juzgadores de la nación.
Los vicios donde quiera que se presenten, nunca son huérfanos, siempre tienen un origen. Si buscamos la génesis de la corrupción dentro del Poder Judicial, partiendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa la vamos a encontrar en la opacidad de la que se ha valido el Poder Judicial para negarse a la rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas, ni nada que obligue a la transparencia, el surgimiento de la corrupción solo es cuestión de tiempo, no como resultado inherente a la condición humana –porque el ser humano no es corrupto por naturaleza-, sino más bien como producto del poder por la conservación del poder mismo, porque el poder siembre busca formas de conservarse a sí mismo.
La falta de transparencia, que se puede considerar el origen de la corrupción en el Poder Judicial, viene desde siempre, pero no se puede entender que en el México moderno, en donde existe una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, aun siga persistiendo la opacidad gubernamental. El único entendimiento de esta sinrazón es considerar que justamente la Ley de Transparencia está torcida de tal forma que garantiza que el Poder Judicial pueda seguir siendo todo lo opaco que necesite ser.
El ejemplo de lo anterior lo establece una icónica respuesta del propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instancia que en el 2015, ante el cuestionamiento de un ciudadano que solicitaba conocer el salario neto del ministro Genaro Góngora Pimentel, en donde no se otorga respuesta a la solicitud de información, bajo el argumento de que “El INAI a la fecha, se constituye como autoridad sólo frente a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal y no así ante los demás Sujetos Obligados -como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- quienes en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información”.[1]
Pese a la evidente falta de transparencia, la que se garantiza puntualmente con la entrada en vigor de la citada ley, el 7 de febrero del 2014, a través de la cual las baterías de la rendición de cuentas se focalizan solo sobre las instancias del Poder Ejecutivo, y dejan en la opacidad a los Poderes Legislativo y Judicial, ni por equívoco en estos últimos poderes de la República se han querido hacer acciones de propuestas de modificación a la ley, a fin de que no solo sea el Poder Ejecutivo el obligado a la rendición de cuentas.
La magnitud de la opacidad del Poder Judicial claramente se puede establecer con el siguiente dato: en los últimos cuatro años, de cada 100 solicitudes de información que se han despachado a través del canal de información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia, 92 de esas respuestas han sido respondidas bajo la declaración de “inexistencia de la información”. Es decir, no se otorga ningún tipo de información. Solo el 8 por ciento de las respuestas son remitidas con la información solicitada, aunque la mayoría de estas (en el 90 por ciento de los casos afirmativos) contienen información a medias. Solamente dos de cada 100 solicitudes de información son respondidas con la información requerida al Poder Judicial, sea a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a través del Consejo de la Judicatura Federal. Así es como concibe en el Poder Judicial la responsabilidad de la transparencia a la gente.
El otro 92 por ciento de respuestas a solicitudes de información remitidas a solicitantes por parte del Poder Judicial contrasta claramente con las respuestas dadas por los otros poderes; en el Poder Ejecutivo, de cada 100 solicitudes de información presentadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un promedio de 68 de ellas no son respondidas cabalmente. En el Poder Legislativo de cada 100 solicitudes, solo 47 de ellas no son respondidas con la información solicitada. En el Ejecutivo, de cada 32 solicitudes de información que se responden positivamente, en por lo menos la mitad de esas respuestas la información no es la solicitada o es información incompleta. Mientras que en el Legislativo de cada 53 respuestas que se dan con información, solamente el 25 por ciento de ellas contienen la información solicitada, aunque en la mayoría de las veces las respuestas afirmativas del Legislativo solo contienen información a medias.
En términos generales, y así lo demuestra la experiencia, el poder público en México desdeña poderosamente la rendición de cuentas. Y en el caso del Poder Judicial, no es la excepción. Tal es la opacidad del órgano encargado de la impartición de justicia, que ni siquiera se conoce oficialmente los ingresos, por concepto de sueldos, de la clase cupular del Poder Judicial. El portal de Transparencia solo ofrece información sobre ingresos salariales de la base trabajadora, pero no de los funcionarios que se encuentran encima de la pirámide administrativa. Es decir, los suelos de los Ministros, y algunos Magistrados y Jueces, no se informa públicamente, pese a que se trata de una obligación.
Se sabe de los altos salarios de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de los que integran el Consejo de la Judicatura Federal solo por lo que al respecto ha informado recientemente el Poder Ejecutivo:[2] en un informe público emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se evidencian los altos sueldos de algunos funcionarios de las elites doradas de la administración pública, por cuyos fueros y sin fundamento más allá de los privilegios de clase, gozan e altos sueldos. En dicha información se evidencia como los Ministros y Magistrados del Poder Judicial tienen ingresos por encima de los que logra el Presidente de México:
El salario mensual del presidente de la República –en julio del 2022- era de 136 mil 700 pesos, un 109.65 por ciento menos los 286 mil 600 pesos que ganaba un Ministro del Consejo de la Judicatura Federal; también un 109.58 por ciento más debajo de los 286 mil 500 pesos que ganaba el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, y un 108.1 por ciento menor a los 284 mil 500 pesos que ganaban cualquiera de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El salario de los Ministros y Magistrados de los órganos cúpula del Poder Judicial es también mayor al salario que perciben los encargados de los órganos autónomos del gobierno mexicano.
Publicado en La Opinión de México
