El desplazamiento por sed, una realidad en México

Un fenómeno que en México ha cobrado importancia en los últimos años es el del Desplazamiento Forzado Interno. Desde el 2006, año en que el gobierno federal inició “La Guerra Contra el Narco”, el número de personas que han tenido que dejar sus lugares de origen ha ido en aumento. Desde ese año se llevan algunas estadísticas, principalmente en la CNDH y en algunos organismos civiles de defensa de derechos humanos, sobre el número de persona que se han tenido que desplazar de sus comunidades de origen.

Estas estadísticas, que no siempre son reconocidas por el gobierno federal, en su mayoría se limitan a señalar el desplazamiento como resultado de los índices de pobreza o de la violencia que han generado los carteles de las drogas. Pero no siempre el desplazamiento forzado es resultado de la inestabilidad social que generan las disputas entre las células criminales por el control de los territorios para el trasiego y comercialización de drogas o por los constantes enfrentamientos armados que sostienen con las fuerzas federales.

Entre las principales razones que motivan el llamado Desplazamiento Forzado Interno se encuentran los conflictos armados, la violencia generalizada, las violaciones a los derechos humanos, las catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y en último lugar se consideran las que generan los proyectos de desarrollo, en donde se ubican las que tienen que ver con la escasez del agua.

Entre las razones que nadie menciona en las estadísticas de los desplazamientos, existe una que lastima más que la propia violencia o la pobreza extrema: la falta de agua. Esta cifra el gobierno federal la maquilla mañosamente como si se tratara de un factor más de pobreza, a la par de otros benefactores sociales como educación, salud o vivienda, para no dejar al descubierto el despojo del agua del que son víctimas miles de mexicanos.

El desplazamiento poblacional por pobreza extrema, en donde se engloba la falta de agua, ha sido ya reconocido por la nueva administración federal que encabeza Andrés Manuel Lopez Obrador, la que en voz de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha hecho referencia a este fenómeno, pero no ha diseñado ninguna política de coyuntura para frenarlo. De acuerdo a las cifras más recientes de la CNDH, con fecha de corte al 2016, se estima que entre el 2006 al 2015 en todo el país se documentaron más de 57 mil 600 casos de personas que se vieron obligadas al desplazamiento; solo en el último año de ese informe se supo que 31 mil 898 desplazados manifestaron que fue la violencia la causa principal del abandono de sus hogares, 128 lo hicieron por conflictos religiosos, 920 persona abandonaron su localidad por conflictos en la posesión de la tierra, 130 por conflictos entre familias y 89 por desastres naturales.

Del total de desplazados internos que se registraron en el país hasta el 2015, se estima que al menos 23 mil 465 de estas personas tuvieron que dejar sus localidades como resultado de las extremas condiciones de pobreza que afrontaban, en donde la falta de agua, derivada del despojo por parte de megaproyectos productivos y económicos, fue una de las principales razones para dejar sus lugares de origen.

Si el desplazamiento por violencia y pobreza es inaceptable, es más lacerante la movilización poblacional a causa de la falta de agua. A la fecha no existe ninguna estadística oficial que hable de esa verdad existente en nuestro país, pero los datos obtenidos a lo largo de esta investigación, que incluyó el recorrido de 108 regiones de las 32 entidades del país, revelan que la cifra de desplazados por sed puede ser superior a los 20 mil habitantes, que podrían bien representar casi el 30 por ciento de todos los desplazados registrados en el sexenio pasado.

Hablamos de núcleos poblacionales a donde empresas de capital trasnacional han llegado con la intención de ofrecer un desarrollo económico que no se observa por ningún lado, y que, por el contrario, se ha dado una persecución contra los líderes de los movimientos locales que se oponen al despojo del agua. Esta persecución proviene de instancias oficiales de procuración de justicia, miembros del crimen organizado y de autoridades locales aliadas de las empresas.

Solo durante la administración federal de Enrique Peña Nieto, el desplazamiento por sed se ha registrado de manera fehaciente en al menos 56 localidades de la mitad de entidades del país: Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Puebla, Coahuila, Jalisco, Yucatán, Estado de México, Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Baja California, Oaxaca y Tamaulipas, son los estados que mayor número de víctimas de desplazamiento han generado a causa del arrebato del agua o de la disputa por esta.

Uno de esos casos es el que se registra en el municipio de San Miguel Totolapan, en el estado de Guerrero, de donde en julio del 2017 un centenar de habitantes fueron obligados al desplazamiento. Algunos organismos de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, dijeron de manera oficial que el desplazamiento tuvo su causa en los altos índices de violencia en la zona, atribuidos a la banda local conocida como Los Tequileros, una escisión del cartel de Los Guerreros Unidos, aliados en su momento del cartel de los Beltrán Leyva.

Lo que nadie dijo es que la violencia con la que fueron desplazados estos habitantes tuvo su origen en la disputa del agua, luego que algunos vecinos comenzaron a oponerse a la decisión del gobierno local de entregar en concesión un pozo propiedad del municipio al grupo Industrias Peñoles S.A. de C.V., el que pretende la operación de una mina de zinc y plata en esa localidad. El pretendido pozo suministrará a la minera más de un millón 101 mil metros cúbicos de agua al año, dejando sin posibilidad de abastecimiento a la población.

Más allá de la devastación del suelo que hará la minera con el “Proyecto Peñoles”, algunos vecinos de Totolapan comenzaron a protestar por la intención del arrebato de agua, pero fue una protesta que comenzó a ser sofocados mediante la intimidación y las amenazas, las que fueron vertidas a los organizadores de las quejas por parte de los integrantes del grupo de Los Tequileros, los que finalmente lograron que un total de 105 personas dejaran sus viviendas.

El desplazamiento de ese grupo de vecinos de San Miguel Totolapan se registró luego que un grupo armado realizó recorridos nocturnos, entre el 20 de junio y el 10 de julio del 2017, para advertir a sus víctimas de la obligación de dejar la localidad, lo que finalmente comenzó a ocurrir de manera escalonada entre el 25 de junio y el 12 de julio de ese año, en un hecho que fue reconocido por diversas organizaciones civiles de derechos humanos como efecto de los altos índices de violencia, sin establecer las razones de fondo.

Mineras Sedientas

El despojo del agua en San Miguel Totolapan provocado por Industrias Peñoles S.A. de C.V., se suma al que ya lograron en esa misma localidad las mineras japonesas Dowa Mining y Sumimoto Corporation, filiales de Sumimoto Metal Mining Co., Ltd., las que tienen la concesión de explotación de más de 2 millones de metros cúbicos de agua para sus operaciones industriales de extracción de plata y zinc.

Este desplazamiento por razones del agua no ha sido el único que se ha registrado en el estado de Guerrero; en el 2016, en la comunidad de Achotla, del municipio de Arcelia, se registró otro desalojo, luego que pobladores de esa localidad hicieron reclamos a la minera canadiense Telson Resources por la contaminación del agua que se estaba generando.

En esa ocasión fueron 12 personas las que tuvieron que dejar sus lugar de origen ante las amenazas de un grupo delincuencial asociado con La Familia Michoacana, dirigido en esa zona por quien fue identificado como Jonhy Hurtado Olascoaga, mejor conocido como “El Pescado”, el que cuenta con carpetas de investigación en la FGR por su probable responsabilidad en el trasiego de uranio que se vende a industrias chinas a través del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En Achotla no solo fue la contaminación de los escasos mantos freáticos a los que tienen acceso los pobladores, por lo que se dio el desplazamiento: las víctimas obligadas a dejar sus hogares también se habían quejado de la disminución de agua en sus viviendas a causa de la sustracción de más de 600 mil metros cúbicos que a la fecha sigue haciendo la minera Telson Resources Corp.

Esta minera explota un pozo que fue concesionado a la empresa belga Nyrstar Campo Morado S.A. de C.V., la que solo para atender las necesidades de su campamento minero, comedor, lavandería, cocina, sanitarios y oficinas, reclamó el uso de más de 22 mil 662 metros cúbicos de agua al año, casi diez veces el agua que en un año reciben los 350 pobladores de Achotla.

“Con el arrebato del agua, la minera Telson nos arrebató también la vida”, dijo Nabor Solorio, un campesino de Achotla que tuvo que salir de su localidad con sus cuatro hijos menores y su esposa, para refugiarse en algún punto del país, en donde se autoemplea en el comercio ambulante, luego de ser amenazado de muerte y haber sido secuestrado por miembros del crimen organizado, tras organizar una protesta contra la minera, para que cesara la sustracción de agua en los grandes volúmenes en que lo hace.

Al grupo criminal Los Tequileros, también se le atribuye el desplazamiento poblacional en la comunidad de El Coridón, donde la mayoría de los pobladores no cuentan con servicio de agua potable, por lo que tienen que suministrarse con agua de la cuenca del Río Balsas, cuyo uso comenzó a ser cobrado por la célula delincuencial, aplicando cobros a razón de 25 pesos tres cantaros de 10 litros, lo que hizo que en enero del 2017 un grupo de 10 personas decidieran dejar a localidad para ubicarse en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan.

Lo mismo sucedió con otras 25 personas de la localidad de El Ocotito, del municipio de Arcelia, Guerrero, la mayoría de ellas dedicadas a la siembra agrícola, quienes al tener que pagar al grupo de Los Tequileros el uso del agua del Río Balsas optaron por dejar sus localidades y sus tierras de cultivo. A ellos se les comenzó a cobrar 120 pesos por cada riego aplicado a los cultivos, pese a que el agua suministrada provenía del pozo del municipio que abastece a razón de 7 mil 081 metros cúbicos de agua al año.

También en la comunidad de El Paraje Nuevo, de Arcelia, el grupo criminal de Los Tequileros se apropió del agua del municipio, estableciendo cobros de entre 20 y 50 pesos por domicilio cada semana, el que suministra apenas 314 metros cúbicos de agua al año; los cobros de la célula criminal se aplican independientemente del pago que los usuarios hacen al sistema de agua potable del municipio. Esta situación hizo que a finales del 2017 al menos 16 pobladores de tres familias decidieran dejar sus hogares.

Otro desplazamiento atribuido al mencionado grupo criminal en esta zona de Arcelia es el que se registró en la localidad de El Ushe, donde los 7 mil metros cúbicos de agua al año que genera el pozo del municipio han causado regalías para las células criminales de Los Tequileros, los que cobran 10 pesos por persona al mes por el servicio de agua potable, más allá de las cuotas que aplica el municipio por la prestación de ese servicio. Esto hizo que en marzo del 2017 cinco familias integradas por 15 personas decidieran dejar su localidad.

También en la pequeña comunidad de La Laguna, del mismo municipio de Arcelia, Los Tequilero están aplicando cuotas por el cobro del servicio de agua potable; se cobra a razón de 20 pesos por semana a cada domicilio que se ve suministrado con el pozo de agua del ayuntamiento, el que atiende a la mitad de los 120 habitantes de esa localidad a razón de apenas 876 metros cúbicos de agua al año, lo que ha hecho que entre el 2016 y el 2018 sean ya 35 personas las que han abandonado sus casas.

Aunque en menor medida, con salidas de sus localidades de entre 5 a 10 personas por año, el desplazamiento forzado a causa de la falta de acceso al agua, también se registra en las rancherías de La Parota del Ocote, Guadalupe Victoria, El Vadillo, El Veladero, Las Piñas, Las Trincheras y Los Cajones, del municipio de Arcelia, donde el grupo criminal de Los Tequileros se ha valido de la ausencia del estado de derecho para aplicar cobros por el uso del agua a la población, con tarifas tasadas entre los 10 y los 25 pesos por casa por semana, sea agua proveniente de los pozos municipales o del Río Balsas.

Entre otros desplazamientos que se han registrado en el estado de Guerrero, pero no a causa de la presión que los grupos delincuenciales hacen, sino por efecto del desmedido uso del agua de las empresas, en este caso las mineras, se encuentra el de Petlacala, del municipio de San Miguel Totolapan, donde en los últimos dos años 35 pobladores han tenido que dejar sus viviendas luego que la Minera Petlacala S. A. de C.V. se apropió de los predios destinados a la perforación de un pozo para el suministro de la comunidad, dejando sin opción de suministro a esta población.

En los municipios de Apaxtla de Castrejón, Cocula y Cuetzala del Progreso, también dentro del estado de Guerrero, igualmente se han comenzado a dar desplazamientos por sed; en Apaxtla, el grupo minero Peñoles inicio trabajos de exploración de una mina de oro y plata, que se pretende poner en operación en el 2019, lo que ha anticipado entre los vecinos de la zona el abatimiento de los mantos de agua de que disponen, por lo que ya se ha registrado la salida de por lo menos 35 personas de esa localidad.

En Cuetzala del Progreso, ya inició el proyecto minero denominado “Ana Paula”, a cargo de la minera Alio Gold Inc., antes Timmins Gold Corp., donde los trabajos de exploración que han barrenado más de siete hectáreas, han afectado directamente los mantos acuíferos que ya observan una disminución en el volumen de agua que se suministra a la comunidad, lo que ha hecho que al menos 45 pobladores que ya no tienen acceso al agua hayan decidido abandonar la localidad, para reubicarse en la cabecera municipal.

A pesar de los efectos nocivos que sobre el suministro de agua han ocasionado no solo estas dos mineras que iniciarán nuevos proyectos extractivos en el 2019, a las que se suman otras 35 empresas trasnacionales ya con trabajos de explotación a cielo abierto, el gobierno estatal de Héctor Astudillo ha aplaudido la presencia de las firmas trasnacionales en la entidad, argumentando que estas han detonado la economía de la región, tenido utilidades cercanas a los mil 250 millones de pesos, solo entre el 2016 y 2017, pero la población no ha visto ningún beneficio de esas ganancias.

En Chihuahua, la realidad que se vive con el abasto del agua no es distinta de la que se observa en Guerrero. Aquí los principales acuíferos que suministran a la capital del estado, el Sauz-Encinillas, el Tabalaopa-Aldama y el Chihuahua-Sacramento, se han comenzado a agotar, por lo que la mayor parte de la población urbana solo tienen acceso al suministro por tandeo, al registrarse un déficit de más de 4 millones de metros cúbicos al año.