No hubo diagnóstico para hacer Reforma Judicial: reconoce Presidencia ante la CIDH
El representante de la Presidencia de la República, José Antonio Montero Solano, reconoció ante la CIDH que no hubo un diagnóstico para llevar a cabo la Reforma Judicial en México, aunque aseguró que no se han violentado los derechos humanos de los trabajadores judiciales; y no respondió a los cuestionamientos de los comisionados de no haber incluido en la Reforma Judicial a la FGR y las fiscalías estatales, ni tampoco a las acciones que tomará el Estado para garantizar que no intervengan en la elección de juzgadores el crimen organizado y los partidos políticos. El comisionado Carlos Bernal se refirió a la Reforma Judicial en México como un ejemplo de Constitucionalismo abusivo para que el Poder Ejecutivo no tenga contrapesos como ya se ha visto en regímenes autoritarios en el mundo entero en los años recientes.
Durante la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Reforma Judicial en México, José Antonio Montero Solano, director de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, reconoció que “no existe un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay encuestas claras, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial”.
Aunque dichos “diagnósticos” y “encuestas claras” y “artículos” por parte del Estado mexicano, Montero Solano nunca los expuso, solo argumentó con los mismas frases del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que la reforma era necesaria “para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados”.
Lo anterior al responder los cuestionamientos de la consejera Andrea Pochak de “¿Cuál es el diagnóstico que orientó la reforma, si ese diagnóstico es conocido, y qué estudios expertos tuvieron en cuenta?”.
Reforma Judicial que no incluye a la FGR ni a las fiscalías estatales
Por otra parte, Andrea Pochak cuestionó las razones de que en esta Reforma Judicial no se hayan incluido a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las fiscalías estatales, porque en los últimos años, el Sistema Interamericano de Justicia ha señalado en múltiples ocasiones al Estado mexicano los deficits de su sistema judicial:
“Que no incluyen sólo al Poder Judicial, incluyen a las Fiscalías, a las defensorías públicas (…) el sistema también ha conocido sobre las resistencias del propio sistema judicial a recibir reformas a su funcionamiento”.
Reforma Judicial, sin filtros para el crimen organizado y partidos políticos
Una de las preocupaciones expresadas por los comisionadas de la CIDH Andrea Pochak y la secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, María Claudia Pulido, es que en la elección de jueces por voto popular pueda intervenir el crimen organizado o haya intereses partidistas, por lo que pidieron al Estado mexicano precisar cómo serán los filtros hará para garantizar esa injerencia. Lo que no respondió el representante de la Presidencia de la República,
José Antonio Montero Solano.
Pero sí aseguró que “son especulaciones” los señalamientos por parte de los trabajadores del Poder Judicial de que se han violentado derechos humanos y los acusó de la parálisis de los juzgados y tribunales:
“En lugar de acatar el mandato popular y lo dispuesto por el Constituyente, con el paro judicial que tuvieron recientemente”.
La comisonada Andrea Pochak aclaró que por el momento, la CIDH no puede intervenir de otra manera en el caso México y la Reforma Judicial hasta que se resuelvan todos los litigios pendientes en territorio nacional, sin embargo, las posibilidades en el ámbito interamericano no se han agotado.
Constitucionalismo abusivo para que no haya contrapesos al Poder Ejecutivo
Después de escuchar los posicionamientos de organizaciones civiles y del representante de la Presidencia de la República, el comisionado Carlos Bernal Pulido aseguró que este tipo de reformas ya se han visto en regímenes autoritarismos actuales en el mundo entero:
“Esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y yo creo que el caso de México es de libro”.
“En un país donde hay un constitucionalismo robusto, la única esperanza es una Corte constitucional que declare que esa reforma es inconstitucional, aquí pues no se puede porque los magistrados (ministros) ya renunciaron así que ¿quién defiende a las personas que representaban al Poder Judicial?”, enfatizó.
En ese sentido, Bernal Pulido cuestionó las verdaderas intenciones del gobierno mexicano detrás de la elección de juzgadores mediante voto popular.
