A 27 años de la Masacre de Acteal, la justicia sigue ausente
El 22 de diciembre se cumplieron 27 años del asesinato de 45 tzotziles en la localidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, a manos de paramilitares. A día de hoy, la justicia no ha llegado, y algunos de los implicados en el caso siguen activos en la política nacional.
La mañana del 22 de diciembre de 1997, indígenas desplazados por la violencia ejercida en sus comunidades por grupos paramilitares se encontraban realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal, cuando alrededor de 90 personas vestidas de negro y con armas de grueso calibre dispararon contra 45 integrantes de la organización Las Abejas, hiriendo a otras 26.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la masacre comenzó a las 11 de la mañana y terminó hasta las 7 de la tarde, dejando un saldo de 45 personas asesinadas. De ellas, 18 eran mujeres, cinco de las cuales estaban embarazadas con hasta siete meses de gestación, según informó la organización Las Abejas. También murieron siete hombres, 16 mujeres menores de entre 8 meses y 17 años de edad, y cuatro menores de entre 4 y 15 años. Además, entre las 26 personas lesionadas, la mayoría eran menores, varios de los cuales resultaron con heridas permanentes.
Testigos afirman que un puesto de operaciones mixtas (integrado por fuerzas militares, judiciales y de seguridad pública) se encontraba a solo 200 metros del lugar del ataque, lo que refuerza las acusaciones de responsabilidad directa del Estado. Este hecho se enmarca en la “guerra de baja intensidad” llevada a cabo por el Ejército Mexicano en Chiapas durante esos años.
La “guerra de baja intensidad” del Ejército
La mañana del primero de enero de 1994, los mexicanos no solo despertaron con un nuevo año, sino también con la noticia del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los posteriores 10 días de enfrentamientos armados con el Ejército Mexicano. Gracias a la presión de la sociedad civil, tanto nacional como internacional, las hostilidades fueron breves y culminaron en la firma de un tratado de no agresión entre el EZLN y el Estado mexicano, lo que dio paso a una mesa de diálogo.
Según Pablo Romo, exdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, mientras los representantes del gobierno mexicano dialogaban en busca de la paz, el Ejército, por órdenes del Ejecutivo, implementó una estrategia contrainsurgente descrita como una “guerra de baja intensidad”. Esta estrategia consistía en el entrenamiento de grupos armados dentro de las comunidades para simular conflictos intra e intercomunitarios, desviando así la atención de las agresiones estatales.
Años después, el 24 de mayo de 1997, en Chenalhó se reportaron homicidios, desapariciones, daños y robos a casas por parte de grupos paramilitares en los ejidos de Los Chorros, Polhó y Majomut, lo que provocó el desplazamiento de 12 mil personas. Este reacomodo masivo de población trajo consigo numerosas amenazas, así como la instalación de cuarteles militares a la entrada de las comunidades, muchos de los cuales permanecen hasta hoy.
Durante los meses siguientes, el conflicto escaló hasta culminar en la masacre de Acteal, perpetrada la mañana del 22 de diciembre. Según la organización Las Abejas, el ataque fue llevado a cabo por grupos paramilitares vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Frente Cardenista.
Injusticia de Estado
La narrativa oficial del gobierno mexicano argumentó que la masacre fue resultado de un conflicto entre comunidades, buscando deslindarse de cualquier responsabilidad. Sin embargo, en el contexto de la “guerra de baja intensidad”, resulta evidente la implicación de las altas cúpulas del gobierno mexicano, entonces encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León.
Pocos meses después de la masacre, en 1998, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, fue destituido por Zedillo, al igual que Julio César Ruiz Ferro, quien renunció como gobernador de Chiapas, ambos señalados por su incompetencia en el manejo de la violencia en el estado. Por otro lado, Jacinto Arias, presidente municipal de Chenalhó en 1997, fue detenido poco después de la masacre, acusado de ser el autor intelectual del atentado y de armar al grupo paramilitar que lo perpetró.
En 2016, Jacinto Arias declaró para El Universal que había solicitado la ayuda de autoridades estatales y federales para contener los enfrentamientos entre priístas y cardenistas con el EZLN:
“Cuando le pedí (a Ruíz Ferro) que interviniera para la solución del conflicto […] me respondió que él mandaría a levantar los muertos.”
Jacinto Arias en entrevista para El Universal
El expresidente municipal cumplía una sentencia de 36 años y tres meses de prisión en el penal de El Amate, en Cintalapa, Chiapas; sin embargo, fue liberado en 2013.
A pesar de esta acusación y de que, durante los poco más de tres años de la administración de Julio César Ruiz Ferro, se registraron 350 asesinatos en el marco de la guerra sucia y paramilitar contra el EZLN, no hubo consecuencias más allá de su remoción del cargo.
Un caso similar es el de Emilio Chuayffet Chemor, quien incluso ocupó el cargo de Secretario de Educación Pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que, hasta el día de hoy, no ha enfrentado un proceso judicial por su responsabilidad en los hechos.
Otro de los autores intelectuales señalados por Las Abejas que ha evitado enfrentar a la justicia es el exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el general Enrique Cervantes Aguirre. Este general fue condecorado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, un acto que quedó opacado por la misma ceremonia en la que también fue condecorado el general Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico.
Cervantes Aguirre, la mano represora
El 22 de agosto de 2024, la jueza novena de distrito del estado de Guanajuato, Karla Macías, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, procesar a decenas de militares por el caso de desaparición forzada del activista Rosendo Radilla, entre ellos el general Enrique Cervantes Aguirre. La jueza concluyó que la represión del Estado mexicano en Guerrero durante la década de los 70 fue un acto de terrorismo de Estado.
Rosendo Radilla era un activista y cantante de corridos alusivos a luchadores sociales de su época, como Lucio Cabañas. También fue un firme defensor de la autonomía agraria y de los derechos de las comunidades más marginadas del estado de Guerrero. Fue secuestrado por militares el 25 de agosto de 1974, mientras cruzaba un retén en el municipio de Atoyac, y hasta el día de hoy se desconoce su paradero.
La última vez que se le vio, estaba en compañía de soldados de infantería en el Cuartel Militar de Atoyac, hoy convertido en un museo que recuerda los crímenes cometidos por el Estado mexicano durante la llamada “guerra sucia”.
Cervantes Aguirre ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor de la 27ª Zona Militar al menos entre 1975 y 1976. Por esta razón, se le relaciona con la desaparición forzada de Rosendo Radilla. La jueza Macías señala como responsables a los mandos del 2º Batallón de Policía Militar, con sede en Ciudad de México, y a los de la 27ª Zona Militar, junto con el 27º Batallón de Infantería, con sede en Guerrero.
¿Justicia?
El general Enrique Cervantes Aguirre no solo fue condecorado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la presea Bicentenario en el Colegio Militar, sino que también desempeñó el papel de asesor del entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, continuando así con su carrera de impunidad.
La demagogia del gobierno no se detuvo ahí. El 3 de septiembre de 2020, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano por los hechos de violencia ocurridos en Acteal.
“Hoy celebramos un acto de justicia en el que, a nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos contra la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio”
Alejandro Encinas en 2020
Posterior a la “disculpa” ofrecida por Alejandro Encinas, se firmó un acuerdo de “solución amistosa”. Sin embargo, solo un total de 30 víctimas aceptaron firmarlo. La realidad es que actores políticos que han entorpecido el caso seguían en la administración del presidente López Obrador, entre ellos no solo el general Enrique Cervantes Aguirre, sino también Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación y hoy diputada.
El 12 de agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 20 paramilitares acusados de participar en la masacre de Acteal. Olga Sánchez Cordero fue una de las ministras que votó a favor de esta decisión, junto con los entonces ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y José Ramón Cossío Díaz. Este último ha sido cuestionado por el propio López Obrador debido a su voto en el caso de la liberación de Florence Cassez, la ciudadana francesa detenida y acusada de secuestro en una de las simulaciones mediáticas encabezadas por Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Carlos Loret de Mola.
Hasta el día de hoy, Sánchez Cordero no ha retomado el tema ni ha sido cuestionada sobre las razones detrás de su voto para liberar a estos 20 paramilitares.
La eterna impunidad
A 27 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal a manos del Estado, ningún político de alto rango ha sido llevado ante la justicia ni enfrenta juicio alguno. A pesar de las declaraciones del presidente López Obrador sobre someter a los expresidentes a juicio, Ernesto Zedillo Ponce de León no enfrenta ningún proceso por este asesinato masivo.
Emilio Chuayffet Chemor es otro de los políticos que permanecen libres, sin que sus acciones hayan tenido consecuencias. Lo mismo ocurre con el exgobernador de Chiapas, Julio César Ruíz Ferro, y el general Enrique Cervantes Aguirre.
La justicia para las víctimas parece inalcanzable. Las disculpas públicas y la aceptación de los hechos resultan insuficientes si no se aprovecha el tiempo para llevar a juicio a los autores intelectuales, quienes aún están vivos y deben rendir cuentas por los terribles sucesos de diciembre de 1997.
