Incongruente, discurso de atender las causas contra deterioro de servicios por recortes al presupuesto

Ciudad de México.- Desde que inició el gobierno de la transformación, en todos lados escuchamos a los servidores públicos decir “quitaron el presupuesto, recortaron al personal, quitaron tal beneficio, tal acceso o tal servicio”, no hay una sola institución que funcione de manera óptima y eficiente. Si con mediano presupuesto, los servicios que brinda el gobierno siempre han sido deficientes, ahora sin presupuesto, el deterioro institucional empieza ya a causar estragos y molestias.

Cada vez que Claudia Sheinbaum anuncia el aumento al presupuesto de los programas sociales, sabemos que tendremos una vida cotidiana peor (quizá ahora sí parecida a la de Venezuela), que viene una oleada de desempleo, que habrá recortes en el mantenimiento y funcionamiento de los servicios que utilizamos a diario, que el dinero se va a distribuir de forma desigual “por el bien de Morena, que haya muchos pobres”.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la percepción de los habitantes del país sobre la calidad de los servicios proporcionados por el gobierno cayó considerablemente en 2023, respecto de 2021, que fue cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió la administración del gasto público y la procuración de los servicios a la ciudadanía y le llamó “El gobierno del bienestar”.

En cuanto a los servicios básicos como el agua potable, la satisfacción de los usuarios en 2023 fue de 50.7%, mientras que, en 2021, era del 53.7%; los servicios de drenaje y alcantarillado, cayó del 45.6% en 2021, al 45.4% en 2023.

La satisfacción de los usuarios por los servicios de salud pública brindados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), institución que ha sufrido recortes importantes en sus presupuestos, cayó drásticamente del 52% en 2021, al 48.7% en 2023.

Los usuarios del Instituto Mexicano del Seguro Social mostraron menor satisfacción en 2023 (48.7%) respecto a 2021 (52%) refiriéndose al trato respetuoso, limpieza en las instalaciones, médicos capacitados, requerimientos de materiales adicionales, instalaciones adecuadas y equipos necesario, médicos suficientes, atención inmediata, medicamentos, saturación de hospitales, entre otros factores.

En el rubro de educación, la percepción respecto de las instalaciones y el buen estado del mobiliario cayó del 71.3% en 2021, al 71% en 2023, en el nivel básico y educación media superior y en el nivel superior, la caída fue más estrepitosa, del 83.1% en 2021, al 81.6% en 2023.

Los universitarios consideran que el personal docente no está capacitado (88.1% en 2021, 87.3 en 2023); que no se cumplen los días de clase (86% en 2021, 84% en 2023); que las instalaciones no están limpias y ordenadas (85.9% en 2021, 82.8% en 2023); que no hay personal docente suficiente (83.8% en 2021, 81.1% en 2023)

Con respecto al transporte público la satisfacción de usuarios ha aumentado ligeramente del 38% en 2021, al 38.3% en 2023, las personas consideran que los operadores son poco amables y respetuosos con los usuarios, que las unidades no están limpias y funcionales, que los espacios son poco confortables para viajar, que los operadores no respetan los señalamientos, ni el ascenso y descenso de los pasajeros en paradas oficiales, ni hay horarios disponibles de corridas en ciertas paradas.

Durante el año 2023, la calificación promedio otorgada por la población habitante en las áreas urbanas de cien mil habitantes o más a los servicios públicos básicos y bajo demanda fue de 6.3, mientras que a los servicios públicos bajo demanda fue de 7.6, según la encuesta realizada por el INEGI.

Durante el gobierno del “Bienestar”, los servicios como la recolección de basura obtuvo una calificación de 7.9; la calidad del agua potable 6.6; los parques y jardines 6.5; el drenaje y alcantarillado 6.4; el alumbrado público 6.3; carreteras y caminos de cuota 6.1; la calidad de las calles y avenidas 5.4; la atención de la policía 5.4; el transporte público 6.2.

En la ENCIG, el 55% de las personas usuarias que acudieron a realizar algún trámite, pago o solicitud en alguna oficina gubernamental enfrentó el problema de hacer largas filas; el 32% se enfrentó a horarios restringidos; el 32.3% dijo no ver exhibidos los requisitos; el 20.2% tuvo que ir a un lugar muy lejano; el 16.1% se quejó de cobros excesivos; el 10.6% no obtuvo la información correcta y el 2.1% tuvo problemas con la página de internet.

En cuanto a la interacción de usuarios con el gobierno electrónico en 2023, la percepción de satisfacción disminuyó con respecto al ejercicio anterior, del 54.5% en 2021, al 47.9 en 2023, lo que significó una baja considerable considerando la simplificación y modernización administrativa que presume el gobierno de la transformación y el bienestar.

La percepción de corrupción de los ciudadanos que realizaron algún trámite en el gobierno aumentó también de forma preocupante (con todo y el combate que el gobierno abandera) por ejemplo; los ciudadanos que realizaron gestiones administrativas para abrir una empresa y se encontraron con actos de corrupción aumentó del 21.9% en 2021, al 27.5 en 2023; corrupción en la expedición de permisos relacionados con la propiedad 22.3% en 2021 y 23.5% en 2023. La percepción de corrupción para el pago de tenencia vehicular aumentó del 3.3% de los usuarios en 2021 que vieron actos de corrupción al 3.7% en 2023.

El costo de los actos de corrupción en México en 2019 se estimaban en 12 mil 290 millones de pesos (mdp), lo que significaba tres mil 679 pesos por persona al año; en 2021 descendió a ocho mil 358 mdp (dos mil 681 pesos por persona) y en 2023, a pesar de todo el esfuerzo y la reducción de presupuestos y la transformación, el costo solo descendió a 11 mil 911 mdp, lo que quiere decir tres mil 368 pesos por persona, es decir el gobierno de la transformación solo ha logrado disminuir la corrupción 311 pesos por persona.

El recorte tan severo a los presupuestos de los servicios básicos y bajo demanda, así como el sacrificio de pagar programas sociales a grupos vulnerables, definitivamente no está transformando al país, lo está deteriorando.