Asesinan a padre buscador en Veracruz//Congreso de Guerrero extravía dos iniciativas en materia de desaparición forzada
Al tiempo que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía de Jalisco negaron las evidencias de crematorios en el Rancho Izaguirre, campo de exterminio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones, la violencia institucional contra familiares de víctimas de desaparición forzada no para en México: en Veracruz, el padre buscador Magdaleno Pérez Santes murió luego de la golpiza y tortura propinada por policías municipales de Poza Rica; Socorro Gil Guzmán, líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, tomó la tribuna del Congreso de Guerrero para denunciar que los diputados de Morena desaparecieron dos iniciativas de ley que les presentaron desde 2019 para fortalecer la comisión estatal de búsqueda.
Mientras la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el pasado jueves lanzó un tuit de recomendaciones para protegerse de los rayos UV al tiempo que la dependencia a su cargo negaba, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de Jalisco, las evidencias de crematorios en el Rancho Izaguirre, utilizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de confinamiento, entrenamiento y exterminio de por lo menos 400 personas, por los pares de zapatos encontrados, aunque se calcula que podrían ser por lo menos mil 500, desacreditando a la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, que han hecho la labor que les correspondía a dichas entidades.
Los asesinatos de madres y padres buscadores no cesan y la violencia institucional al desaparecer por parte de los diputados de Guerrero dos iniciativas de ley para fortalecer la comisión estatal de búsqueda indigna a las familias de las víctimas.
Ese mensaje, de entre decenas de propaganda de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la titular de la Segob recuerda aquel 2 de octubre de 1968 cuando el periodista Jacobo Zabludovsky en su noticiero con frivolidad dijo “hoy fue un día soleado” luego de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.
Fiscalía de Veracruz detuvo a dos policías implicados en el asesinato del padre buscador
El pasado viernes, la Fiscalía General Veracruz informó de la detención de Edgar Jesús “N” y Yordanka Janeth “N”, policías municipales de Poza Rica, por su presunta responsabilidad en el homicidio doloso calificado de Magdaleno Pérez Santes, integrante del Colectivo de Búsqueda María Herrera.
Elementos de la Policía Ministerial en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a los policías y los presentaron ante un juez, quien definirá su situación legal.
El pasado 9 de marzo “Maleno” Pérez Santes fue detenido por la Policía Municipal de Poza Rica y trasladado a la comandancia. Allí fue brutalmente golpeado por los oficiales, de acuerdo con testimonios de sus familiares e integrantes del colectivo.
Estado, responsable de detención, tortura y asesinato de Maleno
Un día después, tras su liberación, fue a su casa, donde perdió la vida por las lesiones provocadas durante su detención. Maleno buscaba a su hija Diana Paloma Pérez, desaparecida en 2019.
Mediante un comunicado el Colectivo María Herrera repudió la actuación de la comandancia de la Policía de Poza Rica y de su titular por no evitar la golpiza a Maleno. Denunciaron la complicidad y negligencia del personal médico de la comandancia al no brindar atención médica urgente e inmediata a Pérez Santes.
“Agradecemos a nuestro hermano por prestarnos su fuerza, valentía y su gran cariño”, fue la frase con que el Colectivo María Herrera reconoció la labor de Maleno en la búsqueda incanzable de víctimas de desaparición forzada en Veracruz y en el país.
Activistas y familiares de personas desaparecidas señalan que la detención, tortura y asesinato de Maleno son responsabilidad del Estado. Magdaleno Pérez Santes murió sin encontrar a su hija como otras personas buscadoras que fueron asesinadas en el intento.
Entre 2019 y 2022 han sido documentados al menos 16 asesinatos de personas buscadoras en México, de acuerdo con la organización A dónde van los desaparecidos.
“Entre el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido el 16 de diciembre de 2010 en Chihuahua (quien hasta el último día de su vida exigió justicia por el feminicidio de su hija Ruby Marisol Frayre) y el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, el 4 de octubre de 2022 en Puebla (madre que luchaba por encontrar a su hija Betzabé Alvarado Gallardo).
Se han conocido los asesinatos de Leopoldo Valenzuela Escobar, ocurrido el 4 de febrero de 2011 en Durango; de Nepomuceno Moreno Núñez, el 28 de noviembre de 2011 en Sonora; de Sandra Luz Hernández, el 12 de mayo de 2014 en Sinaloa; de Bernardo Carreto, el 22 de diciembre de 2015 en Guerrero; de José de Jesús Jiménez Gaona, el 22 de junio de 2016 en Veracruz, de Miriam Rodríguez, en marzo de 2017 en Tamaulipas; de Pablo Iván Miramontes Vargas, en julio de 2018 en Jalisco; de Zenaida Pulido Lombera, el 19 de julio de 2019 en Michoacán; de Javier Barajas, el 29 de mayo de 2021 en Guanajuato; de Aranza Ramos, el 15 de julio de 2021 en Sonora; de José Nicanor Araiza Dávila, el 22 de julio de 2021 en Zacatecas [3]; de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022 en Morelos y de Rosario Rodríguez Barraza, asesinada dramáticamente el 31 de agosto de 2022 (Día Internacional de las Víctimas de Desaparición)”, registra Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez, del colectivo Hasta Encontralos.
Congreso de Guerrero pierde dos inicitivas de ley en materia de desaparición forzada
El pasado miércoles, Socorro Gil Guzmán, líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, tomó la tribuna del Congreso de Guerrero para exigir que aprobaran dos iniciativas de ley en materia de desaparición forzada que presentaron en 2019 y 2021 pero que los legisladores de Morena las congelaron, a lo que la diputada Araceli Ocampo Manzanares respondió que ni siquiera aparecían en las que se presentaron en la anterior legislatura, puesto que “las extraviaron”, por lo que era necesario volverlas a presentar.
La legisladora no dio las razones de la desaparición de la propuesta de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, que plantea:
Autonomía y mayor presupuesto a las comisiones estatales de búsqueda y atención a personas desaparecidas, así como la creación de un centro de identificación forense.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero, advirtió a los colectivos de búsqueda que deberían partir desde cero, por lo que la líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, tomó la tribuna antes de que iniciara la sesión legislativa.
Cabe destacar que un día antes, la diputada Ocampo Manzanares se enorgulleció de haber presentado una iniciativa para que los maestros reduzcan tareas a sus alumnos para que no se estresen. Esas ocurrencias, que no son iniciativas de ley, reflejan la mediocridad de los legisladores de Guerrero que ignoran las demandas urgente del “pueblo” que tanto dicen representar, pero cuando ruegan por su voto para llegar a puestos de poder.
Diputados de Guerrero indolentes ante la desaparición forzada
Los diputados del Congreso de Guerrero ni se inmutaron cuando la líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia explicó que lleva:
“Seis años y tres meses buscando a mi hijo (Jhonatan Guadalupe Gil). Y no solamente a mi hijo, buscando justicia que también la hemos perdido, que no tenemos seguridad en la calle, que se llevan a nuestros hijos con la mano en la cintura”.
Recordó que a su hijo lo desaparecieron policías municipales de Acapulco, Guerrero, el 5 de diciembre de 2018. Lo subieron a una patrulla y nunca más se volvió a saber de él.
“Terminó la carrera de Derecho, tenía tantos sueños, ilusiones, proyectos, de salir adelante, de cambiar el futuro tal vez de su madre que vivía en un cuarto de cuatro por cuatro pagando renta.
Un día por defender a su amigo que lo estaban obligando a vender droga se llevaron a los dos. Al amigo de mi hijo lo torturaron y lo asesinaron. De mi hijo es la hora que no sé nada, no lo he podido encontrar”.
Sin embargo, la Fiscalía de Guerrero desapareció todas las pruebas, denunció Socorro Gil, al tiempo de revelar que fue amenzada de que desaparecerían a otros integrantes de su familia, por lo que se tuvo que huir de Acapulco.
“He ido a los cerros a desenterrar a más víctimas. He visto el dolor y el terror de desenterrar cuerpos debajo de la tierra, esperando encontrar a mi hijo ahí en un puño de huesos”.
Denunció que tienen que mendigar que al Gobierno del estado de Guerrero “2 mil miserables pesos” mensuales por concepto de despensa a los familiares de víctimas de desaparición forzada, sobre todo a las mujeres que tienen que botear para que puedan cubrir los gastos que les genera la búsqueda.
“Dura más una mentada de madre que esos 2 mil pesos que les dan a las familias”.
Les preguntó a los diputados locales, en su mayoría de Morena:
“¿Qué han hecho ustedes por las familias de las víctimas? No han querido aprobar la Ley general de desplazamiento forzado, nos niegan los recursos y nos niegan las búsquedas. Qué pena da que se les hayan salido de las manos la seguridad de todo el estado”, lamentó.
“Tenemos que pedir varillas prestadas, palas, picos para ir a buscar porque no tenemos el dinero que nos hace falta. No estoy aquí por gusto, el Estado me obligó a buscar a mi hijo, a hacer el trabajo que les toca a las autoridades”.
Subrayó que “ni la gobernadora (Evelyn Salgado) ni la presidenta (Claudia Sheinbaum) cuando se presentó en diciembre en Acapulco habló del tema de la desaparición forzada”.
Así como que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las madres buscadoras como impostoras y negó que hubiera tantos desaparecidos en México: “Aun cuando hay un registro nacional con más de 100 mil personas desaparecidas, mi hijo fue uno de ellos, a quien el presidente lo volvió a desaparecer. La primera vez lo desapareció la policía, después la fiscalía y luego el presidente”, concluyó.
En 2023 en Guerrero se documentaron más de 4 mil 500 personas desaparecidas, sin embargo, una vez terminada la exposición de la madre buscadora en el Congreso de Guerrero, de acuerdo con medios locales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado de Morena, Jesús Urióstegui García y el presidente de la Mesa Directiva, el legislador del PRI, Jesús Parra García, abrieron la sesión legislativa de ese día como si nada.
David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, declaró a medios locales que desde el 2018, colectivos de la entidad y expertos en el tema elaboraron la ley de desaparición forzada para el estado de Guerrero y al siguiente año inició su gestión en el Congreso local.
Los diputados Alfredo Sánchez Esquivel y la hoy diputada federal Yoloczin Domínguez Serna, así como Jesús Uriostegui, estos dos últimos representantes del senador Félix Salgado y su hija, la gobernadora Evelyn Salgado, no de los guerrerenses, se reunieron en dos ocasiones con los colectivos de búsqueda para darles atole con el dedo, engañándolos y ahora ingorándolos.
