Sheinbaum responde con granaderos jornada de luto por víctimas de campo de exterminio en Jalisco

El 15 de marzo, miles de personas se dieron cita en diferentes estados de la República en respuesta a la convocatoria realizada por colectivos, madres y familiares de desaparecidos para una jornada de vigilia y luto nacional. Este evento de memoria, resistencia y dignidad honró a los fallecidos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, un campo de exterminio y crematorio clandestino que integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron dentro de un predio que, al menos desde septiembre de 2024, era conocido por autoridades federales, la Guardia Nacional y, muy probablemente, por autoridades estatales y municipales.

Hubo concentraciones en torno a la jornada al menos en Jalisco, Zacatecas, Nuevo León, Michoacán, Coahuila, Ciudad de México y, según medios internacionales, en Madrid.

Este hallazgo, que recuerda otros terriblemente similares, como los casos de Ayotzinapa, Acteal o San Fernando, ha avivado la indignación del verdadero pueblo de México, que responde con valentía ante la indolencia e indiferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y del fiscal Alejandro Gertz Manero. Ambos tendrían, al menos, que llamar a declarar a Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, y a Pablo Lemus, actual gobernador, pero también a todos aquellos elementos de la Guardia Nacional presentes en la intervención del predio en 2024, así como a las autoridades del municipio de Teuchitlán.

En Ciudad de México, hogar de la fortaleza de Palacio Nacional y de Claudia Sheinbaum, miles de personas se dieron cita, a pesar del sol, la tristeza y el dolor, en la explanada del Zócalo para honrar y recordar a aquellas víctimas de la delincuencia organizada que, muchas veces, son ignoradas en la gran urbe desde donde la presidenta pretende conocer el país.

El aire se sentía pesado este sábado; es una frase común en la literatura, pero sentirlo es muy diferente. Aun así, dudo que ese sentimiento pueda aproximarse al que experimentan diariamente miles de madres y familiares de las víctimas de desaparición, que hoy se cuentan por miles en todo el país. Aquellas a quienes el Estado morenista se niega a reconocer, en una actitud claramente heredada de sus antecesores del PRI y del PAN.

Sin embargo, en la jornada de vigilia y luto, los protagonistas no fueron ni serán nunca los políticos, sino los familiares de las víctimas de desaparición, quienes, con un dolor enorme, asistieron buscando la dignidad de ese hijo, esa hija, prima, hermana o madre que un día —muchas veces en busca de una vida mejor, un trabajo decente— no volvió a casa, dejando en sus seres queridos una incertidumbre desgarradora.

Ellos fueron quienes convocaron a la prensa y a la sociedad civil con la esperanza de que el país no se haya vuelto inmune al horror, de que la empatía aún exista en los corazones de una nación dividida. La pequeña carpa en la que se encontraban los organizadores poco ayudaba a mitigar el calor, que aún proyectaba ondas sobre el pavimento de la explanada frente a Palacio Nacional.

La cita fue a las 5 de la tarde; sin embargo, al llegar, ya había decenas de zapatos y veladoras. Como parte de la convocatoria, se solicitó la colaboración de los asistentes con la donación de un par de zapatos y una veladora para iluminar el camino y recordar a las víctimas del campo de exterminio de Teuchitlán. Los zapatos fueron acomodados dentro de rectángulos y círculos bien delimitados, pues no eran trazos al azar en el piso, sino un croquis de aquel rancho que fue el infierno y el último lugar en el que muchas personas vivieron.

Las cifras aún no son claras. Inicialmente, se habló de 400 víctimas, pero podrían ser más, pues otras versiones aseguran que se trataría de poco más de mil 500. Pero no son números, sino la causa “de nuestro martirio, tortura que no cesa, dolor sin fin y sin consuelo”. Así lo expresaron los colectivos de familiares, pues lo que para muchos es únicamente una página en la prensa significa, verdaderamente, la muerte en vida provocada por la incertidumbre.

“Hoy le quiero decir a la presidenta, con mucho respeto, que voltee a ver a las mamás que están sufriendo y a los papás que estamos sufriendo por la desaparición de nuestros hijos […] Todos los días y noches le pido a Dios que me ayude a saber de él, dónde está, para poder abrazarlo y, si está muerto, para poder darle sepultura. La pérdida de mi familiar me destrozó, a veces no quiero ni vivir…”

Fueron las palabras de Gustavo Hernández, padre de Abraham Silva Hernández, joven desaparecido el 14 de mayo de 2024 en Monterrey, Nuevo León. Don Gustavo recordó que, en septiembre del mismo año, él y un grupo de familiares de víctimas de desaparición tomaron el asta bandera de la explanada del Zócalo, pidiendo la atención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El resultado: no fueron recibidos, mucho menos escuchados.

En la voz de Raquel Camacho Lagunes se siente la rabia que desgarra su garganta, el dolor con el que recuerda cómo su primo, Ricardo Lagunes Gasca, siempre se solidarizaba con causas como ésta. Ricardo era abogado y defensor de derechos humanos; sus familiares no tienen noticias de él desde el 15 de enero de 2023. El último lugar donde se le vio fue el municipio de Tecomán, Colima.

“No venimos a pedir, venimos a exigir que las autoridades se pongan a trabajar. Que, si se decían la esperanza de México, lo demuestren y lo hagan con creces, pues estamos hartos de la negligencia, la ineficacia y la corrupción. Estamos hartos de simulaciones que solo les sirven a ellos (el gobierno), porque no engañan a nadie”.

Raquel hizo un llamado al pueblo de México y pidió a los concurrentes del Zócalo que no fueran indiferentes ante las atrocidades que continuamente se presentan en nuestro país. Dijo entender por qué la gente actúa de esa manera, pues es más fácil cerrar los ojos; sin embargo, esto no puede ocultar el grave problema de seguridad que vivimos:

“No seamos indiferentes. A los que están pasando y no quieren vernos: yo sé que duele, es más fácil taparse los ojos que venir y sumarse. Hay que sumarse, porque cuando la autoridad nos falla, solo nos tenemos a nosotros”.

Aurora Corona Rodríguez, madre de Francisco Javier Osiris, desaparecido el 30 de marzo en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, denunció la indiferencia con la que actúan las fiscalías, que, a casi un año de la desaparición de su hijo, ya no hacen nada. Entre lágrimas, pidió a Claudia Sheinbaum que las vea y que las escuche:

“Presidenta, quiero a mi hijo, lo quiero con vida. Escúchenos, escuche nuestros gritos, vea nuestras lágrimas. Escúchenos, por favor. Queremos a todos nuestros desaparecidos…”

No nos pida silencio en nombre de la patria

El comunicado fue claro: los colectivos no dejaron duda sobre los motivos de su actuar, no porque la sociedad no confiara en ellos, sino por los dichos de la presidenta Sheinbaum, quien los ha acusado de utilizar el tema para golpear a López Obrador y a su administración, además de delegar la culpa, como ya es costumbre, a los gobiernos del pasado.

Los familiares no lo niegan: la responsabilidad también recae en los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, así como en los gobiernos priístas, remontándose hasta la “Guerra Sucia”, de la que aún existen decenas de desaparecidos. Sin embargo, esto ya no funciona como pretexto para la falta de resultados del gobierno actual, pues ya es el segundo sexenio de la supuesta Cuarta Transformación. En este “segundo piso” de la 4T, es inadmisible seguir culpando a las administraciones anteriores.

El comunicado señala la indiferencia con la que Claudia Sheinbaum trata a los colectivos, muchas veces despreciándolos y desprestigiando su labor, al acusarlos de ser parte de campañas golpistas, cuando ellos solo tienen tiempo y mente para sus desaparecidos, no para la politiquería.

“Es importante que recuerde, presidenta Claudia, que no nos mueve un proyecto político, ni favorable ni contrario al suyo, porque usted entenderá que quienes padecemos esta angustia y vivimos pendientes de la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, nos es realmente muy difícil pensar en cualquier otra cosa que no sean nuestros familiares”.

Resultados, esas son las exigencias junto reconocimiento y respeto por la labor que hacen las madres y familiares buscadores, sustituyendo la incompetencia de las instituciones estatales. Piden protección, pues se enfrentan siempre vulnerables a los grupos del crimen organizado, así como el fortalecimiento de la estrategia de búsqueda y la identificación de cientos de personas que se encuentran en fosas comunes.

Además, recalcaron la urgencia de reactivar el Centro Nacional de Identificación Humana, así como dotarlo de los recursos necesarios para su funcionamiento y trabajar en conjunto con los familiares, quienes fungirían como consejeros de la institución.

Es así como también se exige al Estado mexicano la identificación y entrega de los restos de las personas localizadas en el rancho de Teuchitlán, así como en todos los campos de exterminio y fosas del país, pues es sabido que no se trata de un caso aislado.

Granaderos y provocadores

La manifestación fue siempre pacífica, rodeada de respeto y con el único afán de visibilizar ante la presidenta la magnitud de un problema que ya debería conocer, así como de realizar un acto ecuménico masivo: una oración en la que las madres pidieron ser abrazadas por toda la sociedad civil, sentir que no están solas en el dolor de desconocer el paradero de sus familiares, pues la sociedad también pierde a una persona importante cuando ellas pierden a sus hijos.

Aun así, la respuesta del gobierno fue clara, manifestándose a través del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México, aquel que “ya no existe”, según la afirmación falsa de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno. No es coincidencia que su aparición ocurriera minutos antes de la culminación del acto ecuménico, provocando el enojo de una parte de los asistentes a la manifestación.

La indignación de la gente ante esta respuesta se transformó rápidamente en consignas como “¡Narcopresidenta!”, “¡Sicario, militar, policía, la misma porquería!” y “¡Morena decía que todo cambiaría, mentira, la misma porquería!”, así como en la aglomeración de personas frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional.

La presencia de los granaderos fue breve en un principio, de aproximadamente 10 minutos, bajo el anochecer que marcaba alrededor de las 6:30. Posteriormente, se desplazaron a la calle de Moneda, a un costado de Palacio Nacional. Sin embargo, la aparición de personas sospechosas con equipos de radiocomunicación y de un grupo de encapuchados fue casi inmediata.

Entre los encapuchados, algunos intentaron retirar las vallas que rodeaban el Palacio, logrando quitar la primera sección, pero sin poder ingresar debido a la presencia de cadenas y candados en la segunda barricada. Ante esto, comenzaron a golpearla con un martillo, lo que llevó a distintos asistentes y familiares —quienes portaban en el pecho la cédula de búsqueda de sus seres queridos— a pedirles que se detuvieran, pues se trataba de una manifestación pacífica.

La presencia de este grupo también fue breve, pues, por razones que no se dieron a conocer, comenzaron a perseguir a una persona, desapareciendo entre la multitud y siendo seguidos por civiles que portaban aparatos de radio y actuaban de manera sospechosa. Mientras esto ocurría, un militar que resguardaba Palacio Nacional corrió en dirección a la mencionada calle de Moneda, de donde resurgieron los granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los granaderos no solo regresaron en formación, sino que al menos cinco de ellos grabaron a los asistentes a la manifestación con sus teléfonos celulares, un hecho, cuando menos, ilegal y del cual existen registros en video.

Después de media hora de consignas de indignación hacia el gobierno y los mal llamados “cuerpos de seguridad” del Estado, la furia volvió a desatarse, aunque no de la manera en que muchos medios lo reflejan. A pesar de lo que las dramáticas imágenes pretenden comunicar, el retiro de las primeras vallas se realizó de manera organizada, con el objetivo de colocarlas para resguardar el homenaje a las víctimas de desaparición, representado por un enorme croquis del rancho Izaguirre.

Unos minutos después, una persona encapuchada atravesó la aglomeración frente a la puerta Mariana y quitó las cadenas que aseguraban la segunda sección de barricadas, permitiendo el ingreso de los manifestantes. En ese momento, la movilización dejó de ser la jornada de luto y memoria organizada por los colectivos para convertirse en otra protesta, aunque muchos de los participantes originales se sumaron a ella.

Lo que los medios presentan es exagerado, pues inicialmente solo ingresaron un par de personas con una pancarta en la que se leía: “México no es un país, es una fosa”. Sin embargo, el avance del cuerpo de granaderos, junto con la repentina aparición de al menos cuatro militares en el techo de Palacio y un presunto civil, reavivó el enojo de los manifestantes. Esto provocó que algunos patearan y pintaran los escudos de los granaderos, además de que se lanzaron un par de botellas de agua, aunque la situación no escaló más allá de eso.

Claro que la furia de los asistentes no desapareció, por lo que las consignas aumentaron hasta exigir la renuncia de Claudia Sheinbaum, además de denunciar la complicidad del Estado con el crimen organizado, su omisión ante el incremento de feminicidios y el incumplimiento de las promesas que la Cuarta Transformación representaba para muchos ciudadanos.

“Busco a mi hermano desde 2014…”

Alrededor de las 8:40 p. m., Cenzontle400.MX entrevistó a la hermana de Aldo Oliver Guerra Medina, quien viajó desde Aldama, Tamaulipas, pues su hermano está desaparecido desde 2014. Señaló que las autoridades los han obligado a llegar a esta situación: realizar protestas, manifestaciones y marchas para ser escuchados.

Denunció que las autoridades solo les imponen trabas burocráticas para impedirles buscar a sus familiares, pues desde el sexenio de López Obrador nadie las ha apoyado ni escuchado. Además, aseguró que no se trata de casos aislados ni limitados a Jalisco o Tamaulipas, sino que todo el país se ha convertido en una enorme narcofosa.

Contó a Cenzontle que, a pesar de que la denuncia por la desaparición de su hermano Aldo data de 2014, al solicitar el expediente del caso a la Comisión Nacional de Búsqueda, le informaron que no existía ningún registro.

También externó que las reformas a la Ley General de Víctimas han eliminado los apoyos a las familias buscadoras, especialmente a aquellas desplazadas por la violencia en Tamaulipas y que se encuentran en riesgo, como es el caso de su familia.

La denuncia más alarmante se dio en enero de 2015, cuando policías federales fueron a Aldama, un municipio gobernado únicamente por el narco y en el que ninguna autoridad se había adentrado. En esa ocasión, llamaron a la madre de Aldo, diciéndole que estaban realizando labores de investigación en el caso de su hijo y que necesitaban que les facilitara algunos documentos. Luego, le preguntaron si podían acudir a donde ella se encontraba. La madre de Aldo respondió que no, pues era muy probable que los siguieran y mataran tanto a ellos como a los familiares de Aldo.

Al final, la señora Medina accedió, por lo que la reunión se llevó a cabo en un negocio perteneciente a una tía de Aldo. Los policías asistieron, pero fueron asesinados en el establecimiento. Además, tres civiles que se encontraban en el lugar fueron secuestrados y, posteriormente, el negocio fue baleado, provocando que la familia sobreviviera “de milagro”.

La hermana de Aldo aseguró que muchas personas se ponen en contacto con su madre para pedirle ayuda al realizar una denuncia anónima sobre un familiar desaparecido. Explicó que la gente de Tamaulipas no confía en el gobierno e incluso teme las consecuencias de denunciar, pues: “a quien denuncia, lo desaparecen en la noche”.

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