Rancho Izaguirre, donde el CJNG industrializó la desaparición forzada

TEUCHITLÁN, JALISCO.- La Fiscalía del Estado de Jalisco difundió unas imágenes de las prendas y zapatos que han sido localizados en el crematorio clandestino, ubicado dentro del rancho Izaguirre Ranch, hasta el momento no han dado una cifra de cuántas personas pudieron ser asesinadas en el lugar. Este campo de exterminio como lo ha calificado el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, es una preocupación para el gobierno federal, evidencia la corrupción del Estado mexicano.
La operación del Rancho Izaguirre, del Cártel Jalisco Nueva Generación, en donde se desapareció a miles de personas, en forma impune, es la respuesta a muchas carpetas de investigación sobre personas desaparecidas. Es la gran oportunidad que tiene con la Historia la Fiscalia General de la República para dar respuesta al dolor de miles de padres y madres que claman por sus desaparecidos y desaparecidas.
El Rancho Izaguirre, la finca que operó una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de múltiples delitos contra civiles, también podría considerarse como el primer centro clandestino del crimen organizado en donde el reclutamiento y el secuestro dieron paso a la industrialización de la desaparición forzada.
Testimonio vertidos por parte de algunos integrantes de células al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación revelaron que en dicho centro clandestino se “industrializó la desaparición forzada, al cobrar servicios de desaparición de cuerpos muertos y personas vivas a otros grupos criminales”.
De acuerdo al testimonio de tres personas que están activas en algunas células del Cártel Jalisco, “en el Rancho (Izaguirre) un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación hizo negocio con la desaparición de cuerpos y personas vivas, que eran entregadas por otros grupos criminales y en ocasiones por algunos particulares”.
Según el decir de estos sicarios que hablaron para Cenzontle400 a reserva de conservar el anonimato, los encargados del Rancho Izaguirre, del CJNG “cobraban entre 700 a mil dólares por la desaparición” de cuerpos inertes o personas con vida que les eran entregados casi siempre a medio morir.

Ninguno de los tres entrevistados por separado tiene una idea exacta sobre el número de personas que pudieron haber sido ejecutadas y/o desaparecidas en el citado rancho, pero los tres coinciden en que “bien pudieron ser arriba de mil personas”.
La modalidad de la desaparición forzada por negocio, hasta ahora no se había conocido. Se sabía que los grupos criminales recurrían por conveniencia a la desaparición de personas y cuerpos, para no dejar huellas de sus víctimas, y así –sin cuerpo del delito- no constituir el delito de homicidio calificado.
Ahora se sabe que al menos un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación encontró una veta de negocios ilícitos en la industrialización de la desaparición forzada, al vender ese servicio a aquellas células u organizaciones criminales menor organizadas, que no tenían o no tienen técnicas, insumos o instalaciones para la desaparición de rastros humanos.
La célula del Cártel Jalisco que operó desde el 2012 el Rancho Izaguirre, desde ese periodo hasta hace por lo menos seis meses, vendió servicios de desaparición de personas o cuerpos a células de otras organizaciones criminales, principalmente del Cártel de Sinaloa, del Cártel Nueva Plaza o del Cártel de los Cuinis.
Estas tres organizaciones criminales, aunque no son parte de la estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación, que lidera Nemesio Oseguera, sí comparten el territorio de Jalisco para su actividades criminales, además de en algunas ocasiones diversas de esas células trabajan en forma conjunta.
Primeros indicios
El Rancho Izaguirre surgió a la luz pública el 18 de septiembre del 2024, cuando un grupo de elementos de la Guardia Nacional, en un recorrido de rutina, se toparon con sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. En aquella ocasión se dio una escaramuza armada. El saldo del enfrentamiento fue de 10 sicarios detenidos.
La finca ubicada en la comunidad de La Estanzuela, del municipio de Teuchitlán, fue asegurado por los efectivos federales. Dentro se encontraron dos personas secuestradas, una persona sin vida y un arsenal: 4 fusiles de asalto, 2 armas cortas, 21 cargadores, una granada de mano, 10 placas balísticas, 5 chalecos tácticos y 4 vehículos.
Pese a que el comunicado de la Guardia Nacional, del 20 de septiembre del 2024, refiere que fueron diez los detenidos, hasta el día de hoy no existe evidencia pública de que esos detenidos hayan sido presentados ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal.

Una vez que el Rancho Izaguirre fue incautado y quedó bajo el dominio del gobierno federal, sin mayor revisión de su interior, la citada finca fue entregada a la custodia del gobierno estatal de Jalisco, quedando como responsable del inmueble la Fiscalía General de Justicia de Jalisco.
Cabe señalar que antes de que la finca del Rancho Izaguirre fuera entregada en su custodia a la Fiscalía de Jalisco, representantes del Agente del Ministerio Publico y elementos de la Guardia Nacional realizaron una inspección al interior de las instalaciones, reportando que dentro solo se encontraba “basura y algunas prendas de vestir”.
Muchas dudas
¿Cómo se hizo el Cártel Jalisco del Rancho Izaguirre? Al respecto hay muchas dudas. Una versión que ha corrido es la que establece el medio Eme Equis, el que en una nota informativa refiere que un grupo de sicarios del CJNG arrebató la propiedad del rancho a su verdadero dueño, un ejidatario de la Estanzuela, quien nunca entregó las escrituras que amparan la propiedad de los 11 mil metros cuadrados de terrenos agrícolas.
Solo baste decir que el despojo de propiedades inmobiliarias es una práctica muy común y uno de los principales negocios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando se lleva a cabo esa acción, siempre son reclamadas las escrituras de la propiedad para asignarle nuevo dueño.
Llama la atención que si se trataba de un despojo en este caso, no se haya reclamado la escrituración correspondiente. Al respecto, una fuente dentro del CJNG indicó que en ocasiones no se despojan las propiedades que requieren las células para operar, “solo se toman prestadas, y a cambio se paga una renta”.

El caso es que el citado rancho se encontraba bajo el resguardo de la Fiscalía de Justicia de Jalisco. Esa instancia abandonó la seguridad del lugar en diciembre del 2024, quedando a la espera de que se hicieran investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República, cuyos efectivos nunca se hicieron presentes en el lugar, para el desahogo de los peritajes por los ilícitos allí ocurridos.
Nunca hubo presencia de peritos de la FGR porque simplemente no existe evidencia de que las 10 personas que allí fueron detenidas, en septiembre del 2024, hayan sido sometidas a proceso penal por los delitos que a simple vista pudieran resultar, como es secuestro, homicidio, portación y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada, entre otros.
Buscadoras dieron con el lugar
Desde diciembre del 2024 hasta el día que se dio la noticia de que era un campo de exterminio, el Rancho Izaguirre estuvo abandonado. Algunas versiones indican que gracias a la colusión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la Fiscalía de Justicia de Jalisco (FGE), el predio fue ignorado en su aseguramiento y volvió a ser utilizado y ocupado en forma discrecional por los delincuentes.
Se cuentan por decenas los testimonios de personas que refieren casos de familiares o amigos que, tras ser enganchados o secuestrados en la central de autobuses de Guadalajara, terminaron reclutados a la fuerza en el citado rancho, en donde ya no se supo más de ellos.
También hay testimonios de personas que indican que el Rancho Izaguirre, bajo la instrucción de una célula del CJNG, fue el destino final de cientos de personas que fueron ejecutados dentro de estas instalaciones, y sus restos triturados y calcinados hasta el grado de convertirlos en polvo confundido con el polvo.
Los testimonios de familiares de personas desaparecidas fue lo que hizo que el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se apersonara en el citado rancho. Fueron madres buscadoras de este colectivo las que dieron con los primeros indicios, sobre el centro de exterminio del que se trataba.
Las madres buscadoras del citado colectivo fueron las que –con su agudeza de investigadoras- detectaron prendas de vestir, calzado, mochilas, insumos personales y algunos restos áridos, que dejaron ver la realidad: estaban dentro de un centro de extermino, en el que a simple vista se presumía la desaparición de por lo menos 400 personas.
Testimonio de terror
El discurso oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum indica que es una exageración. Que se trata –como siempre que la realidad es adversa- de una campaña de los adversarios de la 4T, para desprestigiar las acciones de gobierno. Dicen que se exagera por parte de la prensa. Que no es cierto que el centro de extermino del CJNG sea un centro de exterminio del CJNG.
Frente al discurso, la realidad. Se cuentan por decenas los testimonios que refieren la certeza de que el Rancho Izaguirre operó por muchos años como un centro de reclutamiento y de exterminio. Incluso, funcionó como un centro en donde la desaparición forzada mostró uno de los restos más descarnados que puede tener aún, el de la industrialización del exterminio.

De acuerdo a uno de los entrevistados para este trabajo, la célula del CJNG que operaba en el citado rancho habría “trabajado también para algunos cárteles de Michoacán”, entre ellos el Cárteles Unidos o Cártel de Tepalcatepec, al que le habría ayudado a desaparecer a cientos de michoacanos involucrados en los grupos de autodefensas.
La ayuda en exterminio que dio el CJNG en Teuchitlán al grupo de Los Cárteles Unidos sería a cambio de dinero, incluso –refiere uno de los entrevistados- a veces se intercambiaba droga como moneda de cambio para llevar a cabo la desaparición de personas o cuerpos que fueron llevados a ese lugar.
Los fusilados
En marzo del 2022 el estado de Michoacán cobró presencia en las noticias a nivel mundial. Medios locales dieron a conocer que un grupo armado, aparentemente ligado al CJNG, habría llegado a un velorio en la cabecera municipal de San José de Gracia, del municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán.
El comando, a trompicones, extrajo del interior de la casa en donde se celebraba un velorio a por lo menos 15 personas. Todos ellos hombres mayores de edad. Fueron colocados contra la pared y allí mismo fueron fusilados por un comando de en entre 15 a 20 sicarios.
El fusilamiento que fue filmado por una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio, nunca fue reconocido como tal. Se desestimó el hecho. Desde el púlpito presidencial se culpó a los medios de malinformar. El argumento de la autoridad ministerial de Michoacán fue que nunca se encontraron los cuerpos, y por ello no se pudo cuadrar el delito de homicidio, menos el acto del fusilamiento.
De acuerdo versiones al interior del CJNG, los cuerpos de los que fueron fusilados en esa ocasión fueron desaparecidos, triturados e incinerados en un crematorio dentro de las instalaciones del Rancho Izaguirre.
La central de autobuses de la muerte
A José Rubén lo llevan buscando desde hace 3 años. Sus padres en Pachuca no se resignan a no saber el paradero de su hijo. No pueden olvidar el día 3 de octubre del 2023, cuando José Rubén –entonces de 26 años- salió de su casa para una oferta de empleo.
El muchacho encontró en el Facebook una oferta de empleo. Ofrecían 25 mil pesos mensuales por hacer el trabajo de guardia de seguridad. La oferta estaba focalizada a personas de entre 20 a los 30 años de edad. Además ofrecían capacitación. El inconveniente era que el trabajo se ofrecía en la zona metropolitana de Guadalajara.
Luchando contra la oposición de sus padres José Rubén decidió hacer el viaje. Tomó el autobús a Guadalajara. El último mensaje que les mandó a sus viejos en Pachuca fue a las 7 de la mañana del 4 de octubre. Les escribió por WhatsApp. Les dijo que ya estaba en Guadalajara, en la central de autobuses, y que ya iban a recogerlo para llevar a las oficinas en donde le darían de alta como un nuevo elemento de seguridad privada. Nos se ha vuelto a saber más de él.
Un campo de adiestramiento
De acuerdo a la versión de un informante del CJNG, consultado para este trabajo, ese era el modus operandi de la célula del crimen organizado que tenía a su cargo la operación del Rancho Izaguirre. Reclutaban vía remota a personas desesperadas por el desempleo, les ofrecían un buen salario y trabajo como guardias de seguridad, pero al final terminaban formando parte de las filas del narco.
Todos los reclutados que llegaban a la Central de Autobuses de Guadalajara tenían como destino el Rancho Izaguirre. Allí se les adestraba para la guerra: combate cuerpo a cuerpo, uso de armas, manejo de explosivos, tácticas de guerra, técnicas de sobrevivencia, pero lo más importante, el desprendimiento de todo lo humano.
Los reclutados que finalmente aceptaban formar parte de las filas de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, viendo más por su sobrevivencia que por su convicción, operaban como máquinas de guerra, eran los verdugos de aquellos más débiles que no soportaban las pruebas, de aquellos que no pasaban los cursos de habilidades físicas.
Esos mismos reclutas, que eran calificados para estar dentro del CJNG también se desprendían de lo poco humano que les quedaba, convirtiéndose en los destazadores de cuerpos inertes, en trituradores de huesos descarnados, en demoledores de la masa negra y pastosa que vomitaban los hornos crematorios siempre atestados.
Los reclutados que pasaban los cursos -con duración de entre tres a cuatro meses de duración- para convertirse en despiadados sicarios, asumían como primera tarea el reclutamiento de más personas, siendo ellos ahora los que iban a la central de Autobuses a recoger a las víctimas que alimentarían o las filas del Cártel Jalisco o los hornos crematorios.
Un circo de terror
El 11 de agosto del 2023 sucedió uno de los hechos más vergonzosos en México. Cinco jóvenes fueron secuestrados en Lagos de Moreno, Jalisco, justo durante las festividades de Feria local. Los levantó un comando armado del CJNG que al parecer los confundió con miembros de un cártel enemigo.

Los secuestrados eran Dante Cedillo Hernández, un apasionado del ciclismo; Diego Alberto Lara Santoyo, un trabajador de la herrería; Jaime Adolfo Martínez Miranda, de oficio obrero de la construcción; Roberto Olmeda Cuéllar, estudiante de ingeniería, y Uriel Galván Gonzales, también apasionado del box.
Cuando los sicarios se dieron cuenta de su equivocación, que sus víctimas no tenían nada que ver con el mundo del crimen, alguien tomó la decisión de no devolverlos. Optaron por su desaparición, los llevaron de Lagos de Moreno hasta el Rancho Izaguirre.
Allí, como si fuera poco el destino dictado de su ejecución, a los muchachos lo pusieron a matarse entre ellos mismos. Los hicieron liarse. Hicieron rondas. Le dieron cuchillos, y los lanzaron al ruedo como en un circo romano. Los que no se mataron entre sí fueron finalmente ejecutados por sus captores. Sus restos fueron triturados y calcinados.
El Rancho Izaguirre con toda su carga de historias de terror y dolor –un dolor que ya no se puede soportar- estuvo operando impunemente durante los sexenios de los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, así como durante los sexenios de los gobernadores de Jalisco, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro.
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