Funcionarios que impiden la justicia, no deben seguir en cargos públicos: periodista Cinthya Alvarado

Como Víctima del Lunes Negro en Tapachula, Alvarado lucha porque haya justicia y eso también implica la inhabilitación política.

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En el Centro de Justicia Penal Federal de Tapachula por el caso lunes negro 27 enero 2020, la periodista Cinthya Alvarado Enríquez solicitó la revisión de firmas de los vinculados a proceso, como el exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Pedro Enock García Palazuelos Domínguez.

La lucha por que se aplique justicia en ese caso ha sido maratónica y desigual, Cinthya Alvarado ha permanecido en resistencia elevando la voz, compareciendo ante las diversas autoridades y sorteando los más de 9 amparos que solicitaron la defensa de los vinculados, pagados presuntamente por Rosa Irene Urbina Castañeda, quien quedó como sustituta del expresidente Gurría, quien murió de paro cardíaco al aplicársele juicio político por este caso.

¿Por qué Pedro Enock sigue cubriendo las espaldas de Rosa Urbina, exsíndico y expresidente; de Luis Miguel Del Pino Acotto, exsecretario general de Gobierno; Marco Viaña Arenas, exdirector General de Gobierno, ambos estuvieron presentes el día de los hechos vitimizantes y Viridiana Figueroa, e regidora y los demás regidores?

Quienes por su cargo político son quizá no culpables, pero sí responsables de lo que pasó y sobre todo que no cumplieron con su obligación de hacer y promover que se ejerciera justicia, todo lo contrario, fueron parte de campañas denostativas y persecución política contra la periodista Alvarado.

Son ya cinco años en que la periodista no ha soltado la lucha en distintos escenarios para lograr que ahora el juicio entre en etapa intermedia, donde ya no hay vuelta de hoja y será un juez quien dicte sentencia por cargos que no admiten fianza.

La golpiza brutal, la tortura e incriminación de 43 personas, entre ellos, una mujer, gente de la tercera edad, indígenas, ciudadanos a manos del Ayuntamiento, constituyen presuntamente delitos con todas las agravantes.

El lunes negro 27 de enero del 2020 fue el segundo caso relevante en Tapachula, donde un grupo de poder arremete con uso excesivo de la fuerza contra sus ciudadanos. El primero fue el 31 de diciembre de 1946 cuando fue asesinada María Herrán Ramos, luchadora social.

María abanderaba al partido cívico que reclamaban fraude electoral contra Ernesto A. Córdova orquestado desde el estado, imponiendo al candidato del PRI, Luis Guízar Oceguera.

El paralelo entre ambos eventos surge porque fue un grupo que apenas iniciaría su gobierno, el de Guízar y otro que tenía dos años de gobernar, el de Óscar Gurría+ y Rosa Urbina decidieron que en vez de atender era mejor gasear, golpear, torturar e incriminar a los ciudadanos de Pavencul, que reclamaban un kilómetro de los 64 en mal estado de su carretera.

Lo que resalta a todas luces, dijo Alvarado, es la impunidad con que ambos abusos fueron olvidados. Y los funcionarios públicos siguieron ejerciendo el poder como la diputada federal Rosa Urbina y la ahora oficial mayor, Viridiana Figueroa, quien era regidora encargada de la seguridad de Tapachula:

“Que nunca ha trabajado por el bien y la justicia, menos la seguridad, únicamente para sus alforjas. Y que según ahora muy agarrada del gobernador Eduardo Ramírez, sin mérito alguno, más que el agarre que tiene con él, ahora asoma la cabeza para pretender ser la siguiente presidente municipal”.

La periodista Alvarado saliendo del centro de justicia penal donde pronto se llevarán a cabo audiencias del caso exige que esos funcionarios públicos jamás ocupen otro cargo, simplemente porque los que han ocupado no han servido para nada y han obstruido la justicia, conforme a la ley de servidores públicos, esas personas no deben estar en otro encargo público, deben quedar inhabilitados porque lo dice la ley.

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