Sentencian a 40 años de prisión a 4 militares por asesinar a cinco jóvenes en Nuevo Laredo en 2023
Esta sentencia es la primera relacionada con abusos cometidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por elementos del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, sin embargo, el general al mando, Miguel Ángel Ramírez Canchola, solo fue removido a las oficinas centrales de la Sedena, cuyo extitular, Luis Cresencio Sandoval, lo protegió, de acuerdo con el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, quien solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum presentarlo a la FGR además por la ejecución extrajudicial de cinco civiles en septiembre de 2021 en la colonia Nueva Era. Asimismo, los familiares de los cinco jóvenes asesinados piden a los integrantes del Poder Judicial ratificar la sentencia definitiva contra los cuatro militares, ya que todavía la pueden apelar, y para que casos como éste no se vuelvan a repetir. Este caso es consecuencia de la militarización de la seguridad pública impuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado.
Familiares de los jóvenes Gustavo Suárez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez acribillados por militares el 27 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, este miércoles celebraron la sentencia de 40 años y nueve meses de prisión dictada por el juez Juan Gonzaga Sandoval contra los cabos de Caballería Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López.
Piden a integrantes del Poder Judicial que mantengan la sentencia firme contra los militares
En conferencia de prensa, los familiares de los jóvenes aclararon que todavía falta que dicha sentencia quede firme, pues los militares pueden apelarla, aunque hayan sido acusados de
homicidio y homicidio en grado de tentativa.
En ese sentido, piden a los integrantes del Poder Judicial mantener firme la condena de 40 años y nueve meses, para que actos de esta naturaleza contra la población civil no se vuelvan a repetir.
Por el momento dichos militares “se encuentran domiciliados en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, bajo la Custodia de la Guardia Nacional en tanto se resuelve su sentencia definitiva”.
Mando militar debe dar una disculpa pública por haber criminalizado a los jóvenes en redes sociales afines a la Sedena
Por haber sido “criminalizados (los jóvenes asesinados) en perfiles de redes sociales y medios de comunicación afines a las Fuerzas Armadas”, el oficial militar que esté a cargo del XVI Regimiento de Caballería Motorizada estará obligado a ofrecer una disculpa pública a familiares de las víctimas, “como medida de satisfacción y para honrar su memoria”.
La madrugada del 26 de febrero de 2023, entre 4:30 y 4:50 horas en la colonia Manuel Cavazos Lerma, de Nuevo Laredo, siete jóvenes, quienes salían de un antro, circulaban en una camioneta pick up rumbo a sus domicilios y “por sospecha”, fueron seguidos por 21 militares de la Secretaría de la Defensa Nacional a bordo de cuatro vehículos oficiales, mientras hacían labores de seguridad pública.
“Sin que mediara amenaza real en contra de la vida de las personas servidoras públicas o de terceros, mientras le daban seguimiento al vehículo particular, sin emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron tres elementos más para dar apoyo al primer tirador”, de acuerdo con la recomendación 95VG/2023 de la Comisión Nacional Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida el 21 de marzo de 2023, dirigida al entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González.
En las investigaciones se constató que no había armas en el auto particular de los jóvenes, que no hubo daños de disparos a las camionetas de los militares, que no escucharon detonaciones y que ninguno de ellos resultó lesionado por bala alguna.
Se solicitó al secretario de la Defensa Nacional su colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para inscribir a los siete afectados en el Registro Nacional de Víctimas, junto a los integrantes de sus núcleos familiares, para que se procediera a la reparación integral del daño.
Además de otorgar una compensación de acuerdo con la Ley, y que personal ajeno a la Sedena les proporcionara atención médica, psicológica y tanatológica a los sobrevivientes y familiares, hasta que alcancen la sanación.
A la Sedena se le pidió su colaboración para iniciar un proceso penal contra cuatro elementos castrenses señalados como responsables.
“La CNDH solicita y ofrece la propia participación, a fin de aplicar un plan amplio de capacitación y formación, que incluya el apoyo psicológico y de las condiciones en que desarrolla sus labores el personal militar, así como la impartición de cursos de capacitación en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza pública y el uso legítimo de las armas de fuego, dirigido al personal militar involucrado en los hechos”.
El semanario Proceso publicó un video el 27 de febrero del 2023 donde militares regresaron al sitio en que quedó la camioneta baleada de los jóvenes asesinados, y al ser increpados por vecinos y familiares, los integrantes de las fuerzas armadas dispararon balas disuasivas en las calles.
Militares regresaron a amedrentar a familiares de las víctimas
A ocho días de los acontecimientos, donde hubo dos sobrevivientes, militares se presentaron alrededor de las 00:30 horas en el domicilio de uno de ellos, Alejandro Pérez, quien vio morir a su hermano Gustavo, para amenazar con arrestar a su padre, Enrique Pérez, de acuerdo con la Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).
Arribaron cuatro vehículos militares, tres camionetas pick up y una blindada. Personal castrense revisó el automóvil de un familiar del señor Pérez “bajo sospecha de estar consumiendo mariguana”.
“Otro de los militares que iba al mando del operativo comenzó a interrogar al señor Enrique Pérez (…) asegurando que en su domicilio se vendían drogas y que si él quería podía llevárselo arrestado en ese momento, pues además de ser capitán del Ejército, también era ‘Abogado’ (sic)”.
A un año de los asesinatos, en febrero de 2024 vecinos testigos de los hechos señalaron al portal Lider, el foro de las ideas que los militares impidieron la llegada de servicios de emergencia y amenazaron a quienes intentaban auxiliar a las víctimas.
Esta sentencia contra los militares es la primera relacionada con abusos cometidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por miembros del Ejército mexicano, en particular contra miembros del XVI Regimiento de Caballería Motorizada.
Los abogados Edgar Netro y Roberto Puente, presentes en la conferencia de prensa de este miércoles, resaltaron que los militares Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López seguirán el proceso en libertad, bajo vigilancia de la Guardia Nacional, y estarán obligados a acudir a firmar cada semana a la prisión del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, mientras la sentencia no esté firme. Una vez definida, deberán pagar su condena en una prisión civil federal.
Hay más militares manchados de sangre, protegidos por Luis Cresencio Sandoval
Por su parte, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Tamaulipas, Raymundo Ramos Vázquez, quien también acompañó a los padres y madres de los jóvenes acribillados por militares, explicó que hubo más militares implicados en este crimen, sin embargo, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, los ha protegido, por lo que sólo se sentenciaron a cuatro cabos.
“Lamentablemente, la manipulación de evidencias, la protección a la cadena de mando por parte del secretario de la Defensa en turno (Luis Cresencio Sandoval), y la poca colaboración de la Sedena, la sentencia sólo se dio para cuatro soldados”.
Raymundo Ramos apeló a los militares para desobedecer órdenes de sus superiores que atenten contra los derechos humanos de la población civil:
“Cometer un delito o una violación de derechos humanos, y si obedecen, reporten de inmediato a quien haya dado la orden, y de esa manera sean los mandos y no la tropa los que enfrenten prisión”.
Pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum a destituir al comandante del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, Miguel Ángel Ramírez Canchola, por “tener las manos manchadas de sangre”. Además de que tendría que ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por otras violaciones a derechos humanos que se cometieron durante su gestión.
Como la ejecución extrajudicial de cinco civiles en septiembre de 2021 en la colonia Nueva Era, de Nuevo Laredo, por la cual Ramírez Canchola no fue sancionado, sino que “fue reubicado en las oficinas centrales de la Sedena, regresando a Nuevo Laredo en octubre de 2024, fecha en que una enfermera, una niña y un joven que se encontraba en calidad de secuestrado, fueron acribillados por soldados del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, respectivamente”.
“Otra víctima bajo el mando del general Ramírez Canchola es Esteban Durán Álvarez de 47 años, quien el pasado 20 de noviembre de 2024 fue detenido por un grupo de militares y después de ser torturado hasta causarle la muerte, fue abandonado en un predio en la colonia El Bayito”, por el que se integró una carpeta de investigación por parte de la FGR y una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
