Fiscalía minimiza amenazas a buscadora asesinada en Jalisco
Una fiscalía estatal ausente que se presenta únicamente para minimizar las amenazas de las que ya había sido víctima Teresa González, miembro del colectivo Luz de Esperanza, asesinada por un disparo.
Aunque su labor de búsqueda ha sido sumamente importante, la fiscalía de Jalisco desechó inmediatamente la posibilidad de que el móvil del delito estuviera relacionado con su actividad como buscadora, pretextando que se trató de un robo.
Las agresiones contra los colectivos de búsqueda son una constante, y la ola de impunidad ha servido como caldo de cultivo para que atentados como el que le quitó la vida a Teresa se vuelvan una constante en el país.
Foto/ Amnistía Internacional
El 2 de abril, el Colectivo Luz de Esperanza, Desaparecidos Jalisco, anunció a través de un comunicado que Teresa González Murillo, buscadora del colectivo, falleció tras haber permanecido entre la vida y la muerte desde el 27 de marzo, luego de que un delincuente le disparara en la cabeza al resistirse a un presunto intento de secuestro ocurrido en su propia vivienda.
Fue la noche del jueves 27 de marzo cuando tres sujetos ingresaron a la casa de “Teresita”, como cariñosamente le decían sus allegados, presuntamente con la intención de secuestrarla. Al mostrar resistencia, uno de los delincuentes accionó su arma, hiriendo de gravedad a la buscadora. Desde esa noche, se encontraba hospitalizada, debatiéndose entre la vida y la muerte.
Un comunicado publicado por el colectivo el sábado 29 de marzo denunció que Teresa sufrió un intento de secuestro. Ahí también informaron que la mujer, de 53 años, se encontraba delicada.
A pesar de que pasó casi una semana desde el atentado, la Fiscalía de Jalisco no emitió ni un solo comunicado en torno al delito, mucho menos sobre la posibilidad de que se hubiera iniciado una carpeta de investigación. El silencio de las autoridades se mantuvo hasta el 2 de abril, cuando Teresa ya había fallecido a consecuencia de las lesiones.
La indiferencia de las autoridades se convierte en impunidad y apatía cuando, en el comunicado tardíamente emitido seis días después, la Fiscalía asegura que no se trató de un intento de secuestro, con la única prueba y argumento de que los tres agresores viajaban en motocicleta: dos de ellos escaparon en ellas y un tercero abandonó el vehículo en el lugar y huyó corriendo.
Por si esto fuera poco, la misma Fiscalía de Jalisco asegura que existen testimonios que confirman que Teresa recibía amenazas constantemente: “Un testimonio señala que la víctima solía afirmar que estaba acostumbrada a recibir continuamente amenazas”. A pesar de ello, las autoridades aseguran que no se trató de un intento de secuestro ni de una agresión ligada con su actividad como buscadora.
Teresa González Murillo buscaba a su hermano Jaime desde mediados de 2024, cuando desapareció, siendo la última vez que lo vieron en pleno centro de Guadalajara. Además de ello, Teresa era líder de comerciantes del mercado ubicado también en el centro, pretexto que ha utilizado la Fiscalía jalisciense para desestimar que la agresión tenga que ver con su labor de búsqueda.
En el comunicado se evidencia que, para la Fiscalía, el trabajo de Teresa como buscadora no era lo más relevante, sino encontrar alguna actividad no relacionada con los incómodos hallazgos del Rancho Izaguirre para poder atribuirle la responsabilidad del atentado. Porque Teresa fue también una poderosa voz que exigió, durante la jornada nacional de Luto y Vigilia por Teuchitlán, justicia por los desaparecidos hallados en todas las narcofosas del país, e instó a sus compañeros buscadores a no rendirse.
“Seguiremos luchando. No descansen, compañeros, no cesen. Exijámosle [al gobierno], porque somos más pueblo que gobierno.”
A pesar de su importante labor como buscadora, la Fiscalía insiste: según otro testimonio, Teresa tenía en su poder una suma considerable de dinero, producto de su labor como comerciante y de una tanda o rifa en la que supuestamente participó, motivo por el cual habría ocurrido el atentado.
En su discurso, la Fiscalía asegura que, dentro de sus líneas de investigación, “no se ha encontrado a la fecha [2 de abril] ningún indicio que vincule el ataque con su reciente actividad como integrante de un colectivo de búsqueda de personas”.
Héctor Flores, secretario cofundador del Colectivo Luz de Esperanza, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que esto se trata de una estrategia para minimizar el atentado contra la buscadora. Aseguró que Teresa ya había recibido amenazas del crimen organizado. Tan solo unos días antes, su hija fue golpeada por sujetos que manifestaron pertenecer a “la plaza” del crimen organizado en Guadalajara.
Durante la entrevista, Héctor dejó constancia de que existieron varias amenazas, tanto por su labor como buscadora como por su posición de líder de comerciantes. Sin embargo, señaló que las amenazas son una constante en la labor de los colectivos de familiares buscadores. Manifestó que la misma presidenta de Luz de Esperanza ha sido golpeada por policías del estado, e incluso él mismo ha sido víctima de amenazas.
Ineficiencia en la Fiscalía y en el Mecanismo de Protección
Héctor Flores señaló que las conclusiones mencionadas en el comunicado de la Fiscalía son el resultado de la ineficiencia de las autoridades para realizar investigaciones. Denunció que, como buscadores, siempre que se entregan pruebas a la Fiscalía, esta halla el modo de “salir por la tangente”.
Existe preocupación dentro de Luz de Esperanza. Temen que la impunidad y la corrupción se conviertan de nuevo en el día a día de Jalisco y que ello provoque que Teresa González no reciba justicia. Héctor mencionó que, aunque se encuentran incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no existe un seguimiento de todos los integrantes del colectivo desde hace meses. Por ello, se encuentran en el abandono por parte de la Secretaría de Gobernación, quien debería garantizar las medidas de protección que “garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas en situación de riesgo”.
No resulta sorprendente el accionar del Mecanismo, que en constantes ocasiones ha omitido implementar medidas para decenas de periodistas que, al no contar con protección, han sido asesinados. A ellos se suman los casos de los colectivos de búsqueda, pues estos ni siquiera son considerados como defensores de derechos humanos en el país.
El problema es tan grave que, a inicios de 2024, en el 188° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscadoras de familiares desaparecidos en México plantearon ocho puntos para que la institución interceda ante el gobierno mexicano:
- Urja al Estado mexicano a que reconozca a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos y que sus riesgos están relacionados con sus labores de búsqueda de personas desaparecidas.
- Requiera al Estado mexicano que el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas haga llegar información de cuántas personas buscadoras han solicitado medidas de protección, cuántas fueron otorgadas y cuántas rechazadas, incluyendo las medidas específicas otorgadas.
- Exhorte al Estado para que este mecanismo defina esquemas de protección colectiva para la búsquedas independientes reconociendo su diversidad.
- Se lleve a cabo una visita urgente de la Comisión a México, poniendo especial atención al tema de desapariciones y la protección de personas buscadoras.
- Se incluya la información presentada en el informe temático sobre desaparición que prepara la CIDH.
- Que la Relatoría de Personas Defensoras y la unidad a cargo de medidas cautelares de la Comisión revisen las peticiones individuales y las medidas cautelares presentadas sobre el tema de la audiencia.
- Solicite información al Estado sobre la respuesta que han dado las comisiones locales y la Comisión Nacional de Búsqueda a las peticiones de familiares para realizar labores de búsqueda en puntos ubicados por los colectivos.
- Requiera al Estado información sobre los pasos tomados para investigar y en sus caso sancionar los asesinatos y desapariciones de las personas buscadoras.
A poco más de un año de este planteamiento, se demuestra la urgente necesidad de brindarle protección a las personas buscadoras. Algo difícil en el país, cuando incluso las autoridades agreden y atentan contra los colectivos, acusándolos de golpistas o de estar vendidos a una corriente política.
Tan solo hace dos semanas fuimos testigos de las agresiones realizadas por bots contra miembros de colectivos buscadores, por no mencionar el golpeo mediático llevado a cabo por comunicadores afines al régimen, quienes replican la verdad oficial con el fin de deslegitimar los hallazgos realizados por los colectivos, principalmente en torno al caso de Teuchitlán, Jalisco.
Exhorto al Estado mexicano
Bajo el contexto de los terribles hallazgos en el crematorio clandestino del Rancho Izaguirre y los posteriores descubrimientos de fosas en todo el país, diversas organizaciones e instituciones realizaron un llamado urgente al Estado mexicano para que brinde la atención adecuada y garantice la seguridad de las personas buscadoras.
El Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (GL-PRODEDH) exhortó al Estado mexicano a que:
- Realice una investigación exhaustiva, transparente y expedita sobre el asesinato de Teresa González Murillo, garantizando que no se descarte su labor como buscadora como móvil del crimen, y que los responsables sean llevados ante la justicia sin dilación.
- Implemente de manera inmediata mecanismos efectivos de protección para las familias y colectivos de buscadoras en Jalisco y todo el país, asegurando que puedan continuar su labor sin temor a represalias, estigmatización y criminalización.
- Asuma su responsabilidad en el esclarecimiento de Jaime González Murillo y de los miles de desaparecidos en México, incluyendo los hallazgos en Teuchitlán, para que las familias encuentren las respuestas que merecen.
- Reconozca y combata la impunidad que permite que estos actos de violencia persistan, fortaleciendo las instituciones y políticas públicas para prevenir y sancionar los ataques contra quienes defienden los derechos humanos.
Por su parte, el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara se solidarizó con la familia, amigos y compañeros de Teresa González y reiteró “la exigencia de que se haga una investigación ejemplar para aclarar lo sucedido y para evitar que quede impune ese artero crimen”.
La seguridad de los colectivos y familiares buscadores de personas víctimas de desaparición forzada está en riesgo. Ya no solo se trata de las agresiones cometidas por comunicadores, cuentas de redes sociales manejadas por el Estado o las mismas autoridades de la República, sino también de las balas sicarias que pretenden detener su búsqueda de respuestas, de la tranquilidad de saber dónde está su familiar y si este descansa en paz.
En México, la clase política corrupta recibe más protección que aquellas organizaciones civiles que hacen el trabajo que las deficientes fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, que para lo único que son eficientes es para desacreditar y ocultar evidencia.
El país surrealista que asesina a quienes solo quieren volver a ver a sus familiares.
