Datos en riesgo; Reforma en Materia de Desaparición oscurece el panorama para México
La propuesta de reforma en materia de desaparición enviada por Claudia Sheinbaum promete ser un avance en la resolución de miles de casos, sin embargo, la realidad es que representa un retroceso —por no decir un riesgo adicional— tanto para colectivos, familiares buscadores, activistas, periodistas y, en general, para toda la población. Existen múltiples razones para temer un mal uso de los datos recabados por la llamada Plataforma Única de Identidad.
Los peligros que rodean esta reforma son numerosos: desde el maquillaje de cifras hasta la fuga de datos y la posible persecución estatal. Entidades tan siniestras como el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) o la propia SEDENA tendrán acceso directo a la Plataforma sin necesidad de una orden judicial, y podrán solicitar información a empresas públicas o privadas sin justificación alguna. Esta reforma vulnera gravemente la privacidad y la seguridad de todos los mexicanos, especialmente de quienes integran el sector de defensa de los derechos humanos.
El pasado lunes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) realizó una sesión informativa sobre las iniciativas legislativas en materia de desaparición forzada, en compañía de madres, familiares y colectivos de buscadores, donde especialistas del área de defensa y de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) expusieron las inquietudes que prevalecen respecto a las iniciativas de reforma presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el primero de abril y que podrían vulnerar la privacidad y seguridad de todos los mexicanos, además de fungir como instrumento de recorte de cifras, olvido e impunidad en el caso de las, por lo menos, 122 mil 80 personas desaparecidas en México.
Representantes del área de defensa legal del Centro Prodh denunciaron el posible uso de este proyecto de reforma para minimizar la responsabilidad del Estado en el caso de las desapariciones forzadas en el territorio nacional, utilizando una peligrosa narrativa que asegura que las desapariciones no se tratan de crímenes de Estado, pues, según la exposición de motivos plasmada en el decreto, antes el Estado formaba parte de las desapariciones, pero ahora, aseguran, por lo menos desde 2006, el gobierno ya no estaría involucrado.
“En México, en el pasado, durante la Guerra Sucia , la desaparición forzada de personas era perpetrada por agentes del Estado, en la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares”
Exposición de Motivos de la iniciativa propuesta por Sheinbaum
Aunque la narrativa oficial pretenda hacernos olvidar la colusión del Estado en la desaparición forzada de miles de personas, la lectura atenta de sus palabras lo autoincrimina, pues, si bien es cierto que miles de desapariciones se dan por parte del crimen organizado, éste no podría trabajar bajo la sombra de la impunidad como lo ha hecho hasta hoy, si tan solo el gobierno no hiciera “ojos ciegos” al problema, o peor aún, se encontrara ligado con estos grupos que, desafortunadamente, el gobierno de Estados Unidos nombra adecuadamente como terroristas.
Basta observar el lamentable hecho ocurrido en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, para denotar que las entrañas del crimen organizado se encuentran coludidas con las autoridades en todos los niveles de gobierno, pues, por lo menos, tres de los detenidos en relación con este campo de exterminio se tratarían de policías municipales del municipio de Tala. Si escalamos en la jerarquía gubernamental, el estado de Jalisco no se queda atrás, pues, en los últimos años, se ha posicionado como el primer lugar en desapariciones del país. Mientras tanto, a escala federal, la Guardia Nacional, responsable de la incautación del rancho en septiembre de 2024, ignoró —o quiso ignorar— la existencia de los crematorios, las prendas y los restos humanos hallados por los Guerreros Buscadores de Jalisco. ¿No hay colusión de Estado, entonces?
Reducción a carpetas, una cifra más
En las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Sheinbaum anuncia la creación de una “Base Nacional de Carpetas de Investigación”, donde supuestamente se integrarán todas las carpetas relacionadas con la desaparición de cualquier persona; en palabras de Sheinbaum, esto con el fin de acelerar el proceso de búsqueda.
Según el especialista del área de defensa del Centro Prodh, esto podría tratarse de un pretexto para contabilizar a las personas como carpetas de investigación y ya no tratarlas como casos de desaparición, convirtiendo a las víctimas en una cifra más. Sumado a ello, puntualizó que existen carpetas que incluyen a más de una persona desaparecida, por lo que el gobierno podría beneficiarse de esta medida y realizar un recorte de datos.
Y es justificado el temor de los especialistas del Prodh, pues no se trataría de una novedad en cuanto al maquillaje de cifras por parte del Estado, sin importar el color con el que sus gobernantes se disfracen, pues desde el PRI y el PAN hasta Morena se han dedicado a “desaparecer desaparecidos” con diversas tácticas.
La 4T se dice diferente y, sin embargo, también ha recurrido a esta táctica que atenta contra la memoria, la justicia y la verdad; como ejemplo, el actuar de la exsecretaria de Gobernación y actual presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, quien, hace poco más de un año, el 18 de marzo de 2024, frente a Andrés Manuel López Obrador y con todos los medios como testigos, afirmó que el 86 por ciento de los localizados hasta ese día —poco más de 20 mil según Alcalde— se trataba de “ausencias voluntarias”, el pretexto perfecto para asegurar que, en el sexenio de Obrador, se pasó de 114 mil 815 a 99 mil 729 personas desaparecidas.
Si esto no fuera suficiente para evidenciar el uso sistemático de recortes por parte del Estado para negar el horror de las desapariciones, resulta necesario señalar que no todos los casos de desaparición son denunciados por diferentes motivos, que van desde las amenazas por parte del crimen organizado, la negligencia, la corrupción y la colusión de los Ministerios Públicos, hasta la indiferencia de las fiscalías y de la misma jefa del Ejecutivo, quien, en reiteradas ocasiones, ha sido indiferente al dolor de las madres y los colectivos de buscadores.
Al concluir su participación, los miembros del área de defensa del Centro Prodh señalaron la ausencia de acciones necesarias, como la búsqueda inmediata y de campo, la coordinación policial, reformas a las fiscalías, atención a víctimas, fortalecimiento de los mecanismos extraordinarios de identificación forense, presupuestos y participación efectiva de las familias.
Plataforma Única de Identidad al servicio de la delincuencia
El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, mencionó en la sesión que la propuesta plasmada en las reformas enviadas por Claudia Sheinbaum sobre la creación de la Plataforma Única de Identidad representa un riesgo tanto para las personas buscadoras como para la población en general, pues concentrará centenares de datos delicados de los ciudadanos en un solo lugar, que será un objetivo codiciado para ciberdelincuentes.
La masiva concentración que plantea la Plataforma Única de Identidad no solo será útil para los hackers, pues estos podrían venderla a organizaciones criminales de distintos rubros, ya que la Plataforma contendrá información suficiente para que, a partir de ella, se puedan conocer otros datos, como el estado civil, los movimientos financieros, los créditos, las hipotecas y demás datos sensibles asociados a las personas, incluyendo datos médicos y biométricos, como los que también contendrá la “nueva” CURP.
La propuesta es que la Clave Única de Registro de Población (CURP) incluya, a partir de ahora, datos biométricos asociados a aspectos físicos como el rostro y las huellas dactilares. Sin embargo, en palabras de Luis Fernando García, esta propuesta no es nueva, pues se trata de un proyecto que proviene del sexenio pasado y que “trata de utilizar la coyuntura de Teuchitlán para avanzar y aprobar la iniciativa”.
El director de la R3D mencionó que la propuesta es contradictoria, pues se enuncia como una medida que será voluntaria para la población, pero la propia ley, al inicio, marca que será obligatoria. Además, señaló que la nueva CURP será necesaria para solicitar cualquier servicio o trámite, sin importar si este es público o privado.
Entre los riesgos que señala Luis Fernando se encuentra que la identificación biométrica, en la actualidad, no es infalible y que la identidad se puede suplantar con mucha facilidad, especialmente a través del uso de herramientas de inteligencia artificial:
“Esta información puede servir perfectamente para desaparecer personas, vulnerar derechos, etcétera.”
A esto se suma que el acceso a esta información será inmediato para instituciones como el Ejército, la Marina, las fiscalías, y podría serlo para las policías locales y federales, sin importar si se trata de datos recabados por una empresa privada, pues todas las bases de datos relacionadas con una CURP pueden ser solicitadas por estos entes del Estado mexicano sin tener que deslindar responsabilidades ni justificar su solicitud:
“…en esta iniciativa, se establece la obligación por parte de todas las autoridades y particulares de cualquier naturaleza que, por sus funciones o actividades que desempeña, tenga a su cargo datos biométricos o cualquier otro dato identificativo de personas, para que permitan la consulta de la información a la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Locales, las instituciones de seguridad pública que integran el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal, así como al Centro Nacional de Inteligencia”.
Gobierno trafica biométricos de migrantes con Estados Unidos
Pero los posibles riesgos de estas medidas tan invasivas podrían ir más allá, sobre todo en el contexto actual de México, con el gobierno de Donald Trump presionando para que Claudia Sheinbaum resuelva el problema del narcotráfico en el país, y más aún con las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien afirmó que el gobierno de Sheinbaum se comprometió a colaborar con la administración Trump. En palabras de Noem: “Yo fui específica para que comparta información biométrica con nosotros”.
Aunque Sheinbaum aseguró que esta petición fue parte de un segundo acuerdo que no se firmó porque, supuestamente, el gobierno mexicano no posee “una identidad de datos biométricos” y que, en todo caso de poseerla, “eso tendría que ser parte de una mesa de trabajo”, la realidad es que esta entrega de datos ya es un hecho por lo menos desde 2018. Así lo evidencia una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que desenmascaró la entrega de datos biométricos de migrantes al gobierno de Estados Unidos.
A través de una solicitud de información que fue resuelta por el Instituto Nacional de Migración (INM) en enero pasado, la R3D preguntó si existía recopilación de datos biométricos por parte del gobierno mexicano, a lo que respondieron afirmativamente, asegurando que en por lo menos 11 estaciones migratorias se utiliza equipo biométrico. Las estaciones involucradas serían las de Tapachula, Chiapas; Iztapalapa, en Ciudad de México; Guadalupe, Nuevo León; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Reynosa y Tampico, ambas en Tamaulipas; Acayucan, Veracruz; y Zacatecas, Zacatecas. A esto se suma que, durante 2024, se recopilaron datos biométricos de por lo menos 35 mil 236 migrantes.
Por medio de otra solicitud de información, la R3D pidió detalles sobre la Declaración de Cooperación suscrita entre la Secretaría de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América en enero de 2017, así como si dicha declaración sigue vigente. Al menos para el periodo correspondiente al año 2024, la respuesta fue afirmativa: el gobierno de México aceptó que este acuerdo continuaría vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.
A pesar de las pruebas, Claudia Sheinbaum se atreve a afirmar que no existen bases, registros ni datos biométricos en poder del gobierno mexicano. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La pregunta es: si esto hacen ahora, ¿qué harán cuando absolutamente toda la información privada de los mexicanos se concentre en una sola base de datos, accesible de manera inmediata para entes tan oscuros como la SEDENA o el antiguo CISEN —o DFS, para fines prácticos— hoy rebautizado como Centro Nacional de Inteligencia?
