La vez que Gertz Manero se quiso quedar con el Teatro mexicano
Por. J. Jesús Lemus
Alejandro Gertz Manero llevó a la práctica la pasión del “Teatro de Ahora” como escritor de obras teatrales y como productor de algunas de ellas. Esa vena artística fue la que lo hizo, a la postre, escenificara uno de sus más notorios escándalos:
valiéndose de su posición de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el 2000, cuando utilizó todos los recursos del sistema para perseguir judicialmente a la reconocida artista y empresaria teatral Silvia Verónica Pasquel Hidalgo, mejor conocida por su nombre artístico de Silvia Pinal.
Le reclamó un supuesto desvío de fondos (fraude genérico) por 9 millones 500 mil pesos en agravio de la Asociación Nacional de Productores de Teatro (Protea), de la que Alejandro Gertz Manero también era miembro.
De acuerdo con los archivos del Registro Público de la Ciudad de México, conforme al acta constitutiva número 34368, la Asociación Nacional de Productores de Teatro fue fundada legalmente, el 14 de noviembre de 1970, por los empresarios teatrales Alejandro Gertz Manero, Luis G. Basurto, Lewis Adams Riley, Jorge Bueno Landeta, Rafael Gómez, Salvador Varela Manzano, Rafael López Miarnau, Giacomo Barabino Chione, Luis de Llano Palmer, Manuel SánchezNavarro Schiller o Manolo Fábregas, Armando Cuspinera Ocampo y Roberto Lerner Anderson.
Su objeto social, según se establece en el acta, es el de proteger los intereses de los productores de teatro, informar a sus agremiados sobre la situación en la producción teatral mexicana y extranjera, además de brindar servicios que faciliten la producción del teatro en México.
Bajo ese argumento, en 1994 Alejandro Gertz Manero y Armando Cuspinera Ocampo presentaron una querella legal no sólo en contra de Silvia Pinal, entonces presidenta de la Asociación; también fueron contra el administrador, Emilio Rivera Ampudia, y el gerente, Jorge Medellín.
A los tres se les acusó de haber desviado mil millones de los llamados “pesos viejos”. Aunque Armando Cuspinera Ocampo desistió del reclamo, el que nunca quitó el dedo del renglón fue Alejandro Gertz Manero, quien de manera pública, en una entrevista con el periodista Emilio Morales Valentín publicada en El Universal el 15 de mayo de 2000, aludió a su derecho, como socio fundador y miembro de Protea, de reclamar total transparencia en el manejo de los recursos que se le entregaron a la Asociación, parte de los cuales —dijo— salieron de su bolsa y afectaron su patrimonio personal.
No obstante, más allá del reclamo por esos supuestos malos manejos del dinero, al parecer la molestia de Alejandro Gertz Manero contra Silvia Pinal se debió a que en la asamblea de Protea del 13 de enero de 1992, cuando a ella la reeligieron como presidenta, se dejó fuera de todo cargo a Alejandro Gertz Manero, quien hasta esa fecha había sido el secretario de la Asociación y mantenía pleno control de los fondos económicos aportados por algunos de los fundadores para sostenerla.
Si bien los hechos de los que se derivó ese litigio ocurrieron entre 1992 —cuando se dio la cuestionada reelección de Silvia Pinal— y 1994 —cuando se descubrió el supuesto desfalco millonario—, cuando Alejandro Gertz Manero no pudo aplicar su “justicia” a sus contrarios de forma inmediata.
Lo hizo hasta que tuvo el poder del Estado para ello. No fue sino hasta el año 2000, una vez que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a donde llegó por designio directo del presidente Vicente Fox, cuando arremetió contra Silvia Pinal y los administradores de Protea, Emilio Rivera Ampudia y Jorge Medellín.
Con todo el poder del Estado, como es evidente que acostumbra Alejandro Gertz Manero hacer sus venganzas personales, y como quedaría evidenciado con los casos —entre otros— del Conahcyt, de la Universidad de las Américas y sobre todo de su familia política (Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas Morán), en aquella ocasión también lanzó una persecución incansable contra sus enemigos de Protea.
Desde la SSP, Gertz Manero hizo que el caso se judicializara con una rapidez inexplicable, y logró —por el poder subyugado a sus caprichos— que un juez girara las respectivas órdenes de aprehensión, de las cuales era él, y no el proceso del caso, el que las requería.
Pese a que Alejandro Gertz Manero negó públicamente su intervención como titular de la SSP para que la Interpol fuera tras la captura de Silvia Pinal,[1] ella —en el año 2000— tuvo que salir de la Ciudad de México escondida en la cajuela de un automóvil, para refugiarse en una casa de Acapulco, de donde posteriormente volaría a Miami, Florida.
Alla, en una casa de su hija Alejandra Guzmán, la actriz mantuvo un exilio de 11 meses para escapar de la venganza de Gertz Manero o al menos esperar a que se apaciguara su ira.
La persecución de Alejandro Gertz Manero sobre la actriz Silvia Pinal cesó una década después. Fue a principios del 2010 cuando Alejandra Guzmán tuvo que gestionar el perdón a su madre ante Alejandro Gertz. Para lograr el perdón, Alejandra Guzmán tuvo que pagar a Gertz Manero una suma compensatoria al desfalco reclamado.
Gertz accedió a la reparación extrajudicial del daño, porque en el 2010 se encontraba fuera un cargo relevante de poder, solo era diputado de la LXI Legislatura federal, como parte de la bancada del partido Convergencia, que luego transitaría para convertirse en el partido Movimiento Ciudadano, siempre bajo la directriz del priista Dante Delgado.
¿De dónde proviene lo que parece ser un ímpetu rencoroso de Alejandro Gertz Manero? Es un tema escabroso. Como en toda ciencia social, cualquier respuesta a esa interrogante podría ser falible. Sin embargo, a fin de arrojar luz sobre el tema vale la pena explorar los campos de su psicología personal, de los que no existe ningún registro público, porque simplemente así es nuestro sistema mexicano: no plantea la obligación legal, ni siquiera moral, para que los que detentan el poder público demuestren que gozan de una adecuada salud mental.
[1] Emilio Morales Valentín, El Universal, “¿Soy secretario de Protea? Dice Alejandro Gertz”, Ciudad de México, 15 de mayo de 2000.
