CNDH responsabiliza a SEDENA por asesinato de seis migrantes en Chiapas
El atentado cometido tan solo unas horas después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, el primero de octubre de 2024, ha sido ignorado por los medios de comunicación. El 31 de marzo, a casi seis meses del homicidio de seis migrantes a manos de elementos de la Sedena en Chiapas, la CNDH emitió la recomendación 175VG/2025, donde acredita la responsabilidad de, por lo menos, dos miembros de las Fuerzas Armadas en este delito, que representa una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 175VG/2025 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezada por el general Ricardo Trevilla Trejo, el pasado 31 de marzo, por el asesinato de seis migrantes en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas, a manos de militares adscritos al 61 Batallón de Infantería. Este multihomicidio ocurrió el 1 de octubre de 2024, tan solo a unas horas de que Claudia Sheinbaum Pardo asumiera la presidencia de la República y, de esta manera, también se convirtiera en Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas.
En el atentado cometido por elementos de la Sedena fueron asesinados cinco adultos y una menor de edad. A ello se suman diez migrantes lesionados, quienes fueron trasladados al Hospital General de Huixtla, y diecisiete más que resultaron ilesos y fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM). Los migrantes agredidos son de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, india, pakistaní y peruana.
Una extraña versión
El 2 de octubre, horas después del atentado, la Sedena emitió un comunicado en el que brindó su versión de los hechos. Según el documento, el primero de octubre, aproximadamente a las 8:50 de la noche, elementos del Ejército Mexicano detectaron una camioneta pick-up acompañada de dos camionetas de redilas, “como las que usan grupos delincuenciales de la región”. De acuerdo con los militares, se escuchó el ruido de detonaciones, por lo que dos de ellos dispararon, haciendo que una de las camionetas detuviera su marcha.
El comunicado también señala que los dos elementos responsables de accionar sus armas contra los migrantes fueron separados de sus funciones y que, al tratarse de hechos que afectaron a civiles, se dio conocimiento de ellos a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a la Fiscalía General de Justicia Militar.
A pesar de que la FGR atrajo el caso, lo único que realizó la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero fue respaldar la versión de los elementos del Ejército Mexicano con una investigación casi inmediata, pues para el día 3 de octubre la resolución de la Fiscalía ya había sido hecha pública.
La primera inconsistencia que se expresa en el comunicado de la Sedena corresponde a la afirmación de que las camionetas con caja de carga, comúnmente conocidas como “de redilas” o “de ganado”, son utilizadas casi que únicamente por integrantes del crimen organizado, cuando precisamente este tipo de vehículos se usa para transportar ganado, fruta, verdura, forraje, entre muchos otros productos. La misma situación se presenta con los vehículos tipo camioneta pick-up, que no son de uso exclusivo del crimen organizado, sino un medio de transporte y trabajo para cientos de campesinos, ganaderos, albañiles y otros trabajadores.
La CNDH afirma que, a partir de la consulta a la carpeta de investigación realizada por la FGR, le consta que las declaraciones de los integrantes del Ejército Mexicano, en calidad de testigos, coinciden en varios puntos, entre los cuales se encuentra que, aproximadamente a las 8:25 de la noche, recibieron por radio la orden de tomar el camino con dirección a Saltillo.
Según estos testimonios, antes de llegar a la carretera se encontraron con un hombre que hacía señas con una lámpara; este se negó a proporcionar su nombre; sin embargo, refirió que en el entronque hacia el poblado de Saltillo había dos camionetas de redilas con gente armada, una de color blanco y otra verde, correspondiendo esta última al vehículo donde fueron agredidos los migrantes. Ante el anonimato del informante, la duda queda.
Al llegar al lugar, localizaron una camioneta pick-up de color blanco, por lo que el conductor del convoy militar se acercó para inspeccionarla. Según esta versión, al percatarse de la presencia de los elementos de la Sedena, los conductores de la pick-up se alarmaron, y los soldados vieron que uno de ellos portaba un arma de fuego larga. En ese momento, un grupo de militares dio seguimiento a la camioneta blanca, mientras que otro grupo persiguió a la camioneta verde. De esta última, el copiloto habría sacado un arma corta con la que trató de intimidar a los elementos.
Los miembros del Ejército Mexicano declararon que fue en ese momento cuando dos de sus compañeros abrieron fuego contra la camioneta verde; sin embargo, el mando asomó la cabeza por la ventana para detener los disparos, aunque aseguraron que, debido al ruido de las detonaciones, no escucharon la orden.
Grietas en la credibilidad
En la recomendación enviada por la CNDH se afirma que personal de este organismo intentó entrevistar a una de las víctimas lesionadas de nacionalidad egipcia; sin embargo, esta se negó a proporcionar algún tipo de información. Quizá lo que levanta dudas sobre su silencio se relaciona con que dos de las víctimas mortales de esta agresión eran su esposa y su hija, así como con el delicado estado de salud en el que se encuentra su hijo menor, quien fue lesionado de gravedad por las balas del Ejército y aún se encontraba en el hospital al 31 de marzo, fecha en que se publicó este documento.
A esto se suma que catorce de los migrantes puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración tomaron “un rumbo incierto” después de las 72 horas que estuvieron retenidos por esta institución, por lo que se desconoce su paradero actual. Resulta intrigante que el INM, caracterizado por la retención de migrantes y tratos inhumanos, en esta ocasión actuara conforme a la ley, sobre todo tratándose de testigos de un crimen de lesa humanidad cometido por las Fuerzas Armadas.
Otra irregularidad sería el caso de la tercera víctima mortal, quien supuestamente no pudo ser identificada ya que no contaba con pertenencias ni ningún documento, a lo que se suma la declaración de una de las víctimas ilesas, quien aseguró que los elementos de la Sedena no le permitieron tomar sus pertenencias, por lo que tampoco posee una identificación, la cual quedó en el lugar del atentado.
La resolución de la CNDH
La resolución de la CNDH es clara:
“Se acredita que las personas servidoras públicas que accionaron sus armas de fuego no privilegiaron la adopción de medidas para garantizar o salvaguardar la vida [de las seis víctimas] y la integridad personal de [las 27 víctimas sobrevivientes].”
A ello se suma que los elementos que efectuaron el ataque argumentaron que lo hicieron debido a que una de las personas ocupantes del vehículo portaba un arma de fuego, sin embargo, la CNDH señala que:
“No se acredito que alguno de los ocupantes diera positivo en los dictámenes realizados sobre plomo y bario”
Así mismo, la Comisión acusa que existió negligencia por parte de los dos militares que asesinaron a los migrantes, pues no les importó la integridad de las personas al interior del vehículo, o en su caso, cerciorarse de cuantas personas había a bordo.
La Comisión menciona que tampoco se advierte que el personal de la Defensa presente en el lugar haya intentado realizar maniobras menos letales de primera instancia en contra de los ocupantes del vehículo que perseguían y que el uso de armas de fuego en su contra haya sido estrictamente inevitable.
En esta recomendación también quedo acreditado que los dos militares no realizaron disparos a las llantas del vehículo que perseguían con la intención de disminuir su velocidad, por el contrario, dispararon directamente contra los tripulantes, ignorando el Principio de Proporcionalidad.
