Mineras sin rostro, de más riesgo social que el narco

Por. J. Jesús Lemus

Sumado a la corrupción del sistema político mexicano, la actuación de las mineras sin rostro es lo que favorece al despojo de los pueblos.

En todos los casos en donde se hace presente esta industria, ninguna de las firmas a las que se les otorgan las concesiones de explotación del subsuelo revelan los nombres de las personas responsables de las actividades.

Siempre la lucha de los pobladores es contra una fría razón social, de la que, en el mejor de los casos, se puede encontrar un domicilio o un teléfono en alguna página de internet, pero nunca el nombre de alguien a quien hacerle el reclamo directo.

No hay ni un caso documentado en México, dentro de los conflictos que por la tierra y el agua encaran los pueblos frente a las mineras, en el que los verdaderos dueños de las empresas se hayan sentado a dialogar con los vecinos afectados:

Siempre son algunos abogados o represen- tantes los que hablan con los defensores de la tierra; en la mayoría de los casos, esos representantes de los intereses de las mineras no tienen facultades para hacer acuerdos que se puedan sostener.

Por esa razón los diálogos siempre quedan rotos; las decisiones finales sobre los reclamos de los pueblos afectados no se resuelven en coparticipación. Siempre son decisiones unilaterales e inflexibles, dictadas desde la cúpula de las trasnacionales, a las que lo último que les interesa es el beneficio de la población.

El engaño, por medio

Las mineras sin rostro engañan a la población; su llegada siempre se anuncia como parte de una serie de acciones de desarrollo y progreso para la zona. Pero a la fecha no hay una sola localidad en el país en la que las trasnacionales exploten el subsuelo en armonía con la población local y el cuidado al medio ambiente.

Los llamados “proyectos de muerte”, como han calificado los pueblos indígenas a los planes de explotación minera irracional, se han triplicado en diez años -desde 2015 al 2025-, esto como una consecuencia de la entrada en vigor de la Reforma Energética, que posibilita la explotación del subsuelo nacional dando preponderancia a los proyectos extractivos frente a la vocación agrícola de las zonas rurales del país.

El artículo 6 de la Ley Minera, decretada por el presidente Carlos Salinas de Gortari el 26 de junio de 1992 —su última reforma se hizo el 11 de agosto de 2014— establece claramente la preponderancia de la minera frente a otras actividades en el uso del suelo, al declarar que:

 “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”.

Ese párrafo es el que ha dado sustento a la expansión de las mineras en el país, pese a que la mayoría de los proyectos denunciados afectan el medio ambiente con daños severos e irreversibles, principalmente a los mantos acuíferos.

La gente, abandonada

El gobierno federal ha sido omiso frente al impacto ambiental de la minería. En 2016 la Profepa emitió sólo cinco sanciones de daño ambiental, pese a que los vecinos de las minas levantaron al menos 322 denuncias por afectación al entorno ecológico.

La radiografía de la minería sin rostro en México aporta otro dato revelador: la mayor parte de los miles de permisos otorgadas durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña nieto, fueron a parar a manos de los grupos empresariales Peñoles, de la familia Bailléres; Grupo México, de Germán Larrea; y Frisco, de Carlos Slim, cuyos grupos abanderan los proyectos de muerte, sin dar la cara a la población afectada.

Son las mineras de estos empresarios las que tienen la concesión de por lo menos 70% de la superficie explotable del país entregada a trasnacionales; y en sus proyectos no participan agrupaciones gremiales o sindicales que procuren la seguridad laboral de quienes son empleados para la excavación del subsuelo.

Como ejemplo, baste recordar casos como el de la comunidad colimense de Zacualpan, en Comala; en esa localidad se incrementaron los índices de cáncer entre la población y, según estudios de la universidad local, hay lluvia ácida.

De esto, los pobladores ya han intentado hablar con Gabfer, pero como la empresa no tiene rostro, no se ha podido concretar ningún acuerdo para que la trasnacional pague los servicios médicos de los afectados por su proyecto extractivo.

Colima, Puebla y Michoacán, ejemplos… de daño social

Michoacán es otro ejemplo de la presencia de mineras sin rostro; en el entorno de la mina de Aquila, de Ternium, los índices de enfermedades en la piel y vías respiratorias en menores han ido al alza en los último cinco años, según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y a pesar de que los habitantes del lugar han intentado hablar con los representantes de la firma, para reclamar un programa de asistencia médica para la población, sólo se han encontrado con empleados que no tienen poder de decisión.

Como única respuesta, los vecinos de Aquila han encontrado, cada vez que pretenden un acercamiento con Ternium, una infranqueable barrera de guardias privados que les impiden el acceso a las instalaciones administrativas de la mina, y que además los amenazan de muerte; esos guardias privados que amedrentan a la población inconforme son el mismo grupo de autodefensas que la trasnacional integró, con respaldo del gobierno federal, para poner a salvo sus intereses económicos.

Pero Puebla es la entidad donde mayor sordera muestran las mineras. Sólo en ese estado se han denunciado públicamente 174 proyectos mineros, de los cuales al menos 12 tienen obras simultáneas de construcción de hidroeléctricas y termoeléctricas que atentan contra la salud de la comunidad, pero sobre todo contra los recursos naturales que ancestralmente han pertenecido a los pueblos originarios.

Por esa razón los vecinos afectados no les dan a las actividades mineras el cariz que quiso resaltar el gobierno estatal y que fue una de las banderas del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, quien las presentaba como proyectos de desarrollo.

El desenfreno económico

La voracidad de las mineras internacionales se refleja en el número de concesiones que han logrado para la explotación del subsuelo mexicano en los últimos años; Miguel Reyes Hernández, investigador de la Universidad Iberoamericana, estima que la superficie entregada en concesión para su explotación irracional ya llega a la cuarta parte del territorio nacional.

La cifra cobra mayor relevancia si se hace una comparación con otros países mineros de América Latina: Bolivia o Chile, con una superficie menor a la mexicana, han entregado a las mineras internacionales apenas la octava parte de su suelo.

En la mayoría de los casos las mineras no respetan los límites establecidos en las concesiones otorgadas, y extienden su explotación a radios mayores que llegan a triplicar la superficie entregada inicialmente, con la finalidad de abarcar yacimientos cercanos a los entregados legalmente.

En el caso de México, la extensión arbitraria de los radios de explotación minera, estima Miguel Reyes Hernández, obedece al plus que otorga la Reforma Energética impulsada por Enrique Peña nieto, que autoriza a las mineras a explotar los yacimientos minerales en el radio original, y también los hidrocarburos y agua que se pudieran encontrar en el sub- suelo de la superficie entregada en la concesión.

Como ejemplo de la voracidad minera está el caso de la canadiense Almaden Minerals, que este año realizaba trabajos de exploración en una superficie de más de 2 mil hectáreas de terreno comunal de Ixtacamaxtitlán, Puebla:

Inicialmente la concesión otorgada sólo comprendía una superficie de 16 hectáreas de un suelo utilizado por los pobladores locales para el pastoreo, la siembra y la explotación forestal, pero que, de la noche a la mañana, con el beneplácito del gobierno federal y el aval del estatal, el de Rafael Moreno Valle, se vio invadido de trabajadores colocando barrenos sobre la superficie para detectar vetas de oro, sin ningún tipo de consideración sobre el impacto ambiental.

Pero Almaden Minerals no se ha conformado con la extensión de su dominio a 2 mil hectáreas. Amparada por la Reforma Energética la minera canadiense ha puesto los ojos en una superficie de más de 20 mil hectáreas, sin importar que ese suelo sea propiedad legitima de los comuneros.

Almaden Minerals tiene presencia en la industria minera de Canadá, Estados Unidos y México, pero es aquí donde ha logrado sus mayo- res utilidades: creció considerablemente en los últimos seis años gracias a concesiones para explotación de suelo con yacimientos minerales para los próximos 50 años.

En 2008 se dieron las concesiones más importantes a la empresa canadiense, cuando obtuvo permisos para la exploración y explotación de 16 hectáreas, con la posibilidad de extender su dominio, si así le convenía, a 55 mil 990 hectáreas en la zona de Ixtacamaxtitlán, principalmente en la comunidad Tulgtic, en la Sierra norte de Puebla, donde ya se establece el llamado proyecto Ixtaca, el más ambicioso del país para la extracción de oro, que fue protegido y alentado por el gobierno de López Obrador.