Se los Tragó la Tierra; en 20 años, 24 periodistas desaparecidos en México, y no pasa nada…

Por. J. Jesús Lemus

En todo el territorio nacional, como si se los hubiera tragado la tierra, han desaparecido 24 periodistas y reporteros. De estos comunicadores no se sabía nada hasta el cierre de este trabajo, porque simplemente la Fiscalía General de la República dejó o nunca comenzó a buscarlos.

El factor común, igual que en el caso de los comunicadores asesinados, es que la totalidad de estos periodistas y reporteros inubicados trabajaban en zonas de altos índices de violencia, pero justamente la mitad de ellos prestaron también sus servicios de apoyo en diversas ocasiones para otros periodistas foráneos de grandes medios nacionales y/o extranjeros.

Las y los periodistas desaparecidos que integran la lista negra oficial, ni siquiera cuentan con un protocolo especial para su búsqueda y ubicación, están incluidos dentro del grupo poblacional general que compila el gobierno federal dentro del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que tampoco es buscado bajo un protocolo determinado.

Hasta abril del 2018, el número oficial de desaparecidos en México era de 34 mil 435 personas, de las que 36 mil 265 contaban con carpetas de investigación para su localización en el fuero común (procuradurías y fiscalías de los estados), mientras que otras mil 170 tenían carpetas de investigación en el fuero federal (FGR),[1] por lo que los 24 periodistas desaparecidos, 21 hombres y tres mujeres, cuyas investigación se encuentran radicadas en la FGR, apenas representan el 0.06 por ciento de la cifra oficial.

Así, en medio de un mar de personas desaparecidas a causa de la violencia, se puede entender la razón por la que la búsqueda y localización de los comunicadores sin paradero no significan una prioridad para el gobierno federal, pero también se puede entender como el desprecio más claro que manifiesta el Estado mexicano hacia el gremio periodístico.

Un desprecio que -se observa en la práctica- se manifiesta con la menor de las preocupaciones oficiales por la búsqueda de sus periodistas, con lo que se permite un índice de impunidad del cien por ciento en los casos de los comunicadores desparecidos en los últimos 20 años.

Para ser puntuales hay que señalar que el número de desapariciones de periodistas se concentra en solo 11 estados del país, los que por coincidencia son los que registran los más altos índices de violencia, y que por lo mismo han sido foco de sendos y asilados trabajos periodísticos por parte de los medios de mayor presencia nacional e internacional, donde invariablemente se buscó el apoyo de periodistas locales -incluidos algunos de los y las que fueron víctimas de desaparición- para ser utilizados como guías y/o informantes en la realización de esos trabajos informativos.

El estado que mayor cantidad de periodistas desaparecidos registra es Tamaulipas, donde –hasta el cierre del 2019- ya eran seis los comunicadores de los que no se sabía nada. Sigue luego Michoacán y Veracruz con cuatro reporteros desaparecidos en cada estado.

En los estados de Guerrero y Nuevo León se lleva el registro de dos periodistas desaparecidos en cada entidad, mientras que en Sonora, Coahuila, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa y Oaxaca, se registra la desaparición de un periodista, respectivamente.

De tal magnitud ha sido la omisión del Estado mexicano sobre el problema de las desapariciones, no solo de periodistas sino de población en general, que hasta apenas hace dos años, en noviembre del 2017, se expidió una ley para establecer como delito grave la desaparición forzada cometida por particulares.

Hasta antes de la ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, este delito ni siquiera se contemplaba como sancionatorio dentro de los códigos penales de la mayoría de los estados, y en el de la federación apenas se consideraba como delito no grave.

Por esa razón para los grupos criminales, valiéndose de esa laguna jurídica, fue más fácil la desaparición que el asesinato, aunque casi todas las desapariciones implican el homicidio. Por el delito de desaparición, cuando así se contemplaba, se alcanzaban penas máximas de entre cuatro a 10 años de prisión, con la posibilidad de que el inculpado pudiera obtener su libertad anticipada, mientras que para el homicidio calificado se establecen penas que van desde 10 a 45 años de prisión, sin la posibilidad de la libertad bajo caución.

Con la entrada en vigor de la Ley de Desaparición Forzada y las consecuentes reformas a los códigos penales de los estados y la federación, ahora se prevé una sanción de 40 a 60 años de prisión, la que puede aumentar hasta en un 50 por ciento, si la víctima es asesinada y recae dentro de la clasificación de migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista, defensor de derechos humanos, indígena, servidor del sistema de seguridad pública o si la orientación sexual de la víctima fue el motivo del delito.[2] También se contempla una sanción de entre 25 a 50 años de prisión para los particulares incurran en este delito.

En lo que hace a la desaparición de periodistas, la entrada en vigor de esta ley tuvo efectos positivos; a partir del 2017 disminuyó considerablemente el número de periodistas desaparecidos, registrándose solamente un caso hasta diciembre del 2019.

Antes se registraron 23 casos de desaparición de comunicadores, donde, no sobra decir, la ley no es retroactiva, por lo que en caso de que se detenga a los responsables de las desapariciones de periodistas ocurridas antes del 17 de noviembre del 2017, estos solo alcanzarán sanciones mínimas si no se llega a demostrar el homicidio en cualquiera de sus modalidades.

El único delito de desaparición forzada de un periodista, de los 24 que han ocurrido en los últimos 20 años, que hasta hoy podría ser sancionado con severidad –porque ocurrió ya con la vigencia de la Ley de Desaparición Forzada de Personas- es el de Agustín Silva Vázquez, un joven comunicador que desapareció de la noche a la mañana el 21 de enero del 2018 en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, pero su auto fue encontrado a 40 kilómetros de distancia, en la localidad de Asunción Ixtaltepec.

Agustín Silva, que trabajaba para el Sol del Istmo, fue visto por última vez en un bar del municipio de Matías Romero, a donde –según la versión de su padre- había acudido en busca de una fuente que le proporcionaría información para un reportaje que estaba haciendo, del que hoy se sabe tenía que ver con la problemática de la tenencia de la tierra y la expansión de los parques eólicos en la zona del Istmo de Tehuantepec, que había sido encomendado por la jefatura de su medio para ser publicado en algunos de los principales periódicos de la cadena de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Aun cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca ha querido deslindar la desaparición de Agustín Silva de su actividad periodística, por el solo hecho de que la víctima fue visto por última vez dentro de un bar, la evidencia no deja duda de que se trata de un crimen en función de su trabajo, pues al hecho de la investigación de un reportaje al momento de su desaparición, también se suma que el periodista se confrontó con miembros del crimen organizado apenas cinco días antes de su desaparición, cuando acudió a cubrir un operativo del ejército donde se detuvo en posesión de armas reglamentarias a cuatro presuntos delincuentes, cuya defensa legal pidió al periodista que acudiera en calidad de testigo a favor de sus representados, a lo que se negó el comunicador.

Hasta el cierre de esta investigación se desconocía el paradero de Agustín Silva Vázquez. La carpeta de su investigación se encuentra archivada en la fiscalía de Oaxaca, y no ha habido poder humano que mueva la pasividad de la autoridad ministerial.

Parece como si a nadie, más allá de su familia, le interesara dar con la ubicación de comunicador. Las dependencias oficiales de nivel federal, como la CNDH, la FEADLE o el Mecanismo de Protección de Periodistas, tampoco han hecho nada para buscarlo, más allá de registrar su desaparición con fines estadísticos.

Las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos de los periodistas, como RSF y Artículo 19, tampoco han reclamado con vehemencia el derecho a la justicia y el avance en las investigaciones para este y otros periodistas desaparecidos, como se ha hecho en los casos de unos cuantos periodistas asesinados.

Es curioso el comportamiento de las organizaciones RSF y Artículo 19 frente a los casos de periodistas desaparecidos. Desde que estas dos organizaciones de la sociedad civil operan en nuestro país, concretamente entre el 2000 y el 2019, ninguna ha organizado una protesta masiva de reclamo a la autoridad para esclarecer los casos de los periodistas desaparecidos, lo que sí ha sido frecuente con solo algunos casos de periodistas asesinados.

La razón de ese proceder no tiene lógica; tal vez, en su concepción, un periodista desaparecido valga menos que un periodista asesinado, o tal vez el reclamo de localización de un periodista inubicado sea menos rentable en la búsqueda de presupuestos ante instancias de gobiernos extranjeros o de los corporativos empresariales que financian a estas organizaciones.

Lo que es un hecho es que los periodistas desaparecidos son una especie de subclase para las organizaciones como RSF y Artículo 19, donde estos casos no son seguidos con la misma diligencia con la que se llevan los asesinatos de periodistas.

En cada una de las 24 desapariciones que se han registrado en los últimos años, a lo sumo RSF y Artículo 19 emitieron sendos boletines informativos dando cuenta de cada uno de los sucesos. Los nombres de estos y estas periodistas aparecen solo en las estadísticas de las páginas oficiales de las dos organizaciones, pero no existe por parte de ellas una exigencia permanente ante la autoridad, ni mucho menos una labor de investigación que coadyuve en el esclarecimiento de cada uno de esos casos.

Por lo pronto, allí está la estadística que habla por sí sola, en donde todas las investigaciones se encuentran estacadas en el mejor de los casos, o archivadas en la mayoría de ellos, porque simplemente nadie habla ni clama justicia por estos comunicadores que fueron víctimas de desaparición forzada a causa de su labor periodística, porque realizaban un trabajo incómodo para los poderes económicos y políticos amalgamados con el crimen organizado, y porque al menos en 12 de los 24 casos referidos los periodistas fueron clave en el desarrollo de investigaciones informativas de grades medios de presencia nacional o internacional.

De los seis comunicadores que se encuentran sin paradero en los últimos 20 años en Tamaulipas, cinco son considerados como periodistas formales, en tanto que otra más se ubica solo como “influencer” de redes sociales. Los cinco periodistas desaparecieron el mismo día, el que se considera el días más negro para el periodismo mexicano: el 1 de marzo del 2010. Ese día, como si se tratara de una operación coordinada, fueron secuestrados por grupos del crimen organizado, Pedro Argüello Reyna, Miguel Ángel Domínguez Zamora y Guillermo Martínez Alvarado, todos trabajadores del periódico El Mañana de Reynosa, así como Amancio Cantú y su hermano José Guadalupe Cantú, del periódico La Prensa; el 15 de octubre del 2014 desapareció María del Rosario Fuentes Rubio, de oficio médico pero de pasión comunicadora.

Ella no era periodista ni reportera, solo publicaba alertas de violencia a través de su cuenta personal de Twitter y era colaboradora de las páginas de Facebook Valor Por Tamaulipas y Responsabilidad por Tamaulipas, desde donde también denunciaba anónimamente la colusión entre miembros del crimen organizado y mandos de las fuerzas de seguridad del gobierno federal desplegadas en Reynosa.

Los cuatro periodistas desaparecidos en Michoacán, son José Antonio García Apac, propietario del semanario Ecos de la Cuenca, de Tepalcatepec, quien desapreció el 20 de noviembre de 2006; Mauricio Estrada Zamora, del periódico La Opinión de Apatzingán, de quien se dejó de saber desde el 12 de febrero de 2008; María Esther Aguilar Cansimbe, del periódico Cambio de Michoacán, la desapareció sin dejar rastro la noche del 11 de noviembre de 2009, y Ramón Ángeles Zalpa, trabajador de los periódicos Cambio de Michoacán y La Voz de Michoacán, quien desapareció en la zona de Paracho la tarde del 6 de abril de 2010.

Los cuatro comunicadores de Veracruz, cuyas búsquedas oficiales también ha cesado por parte de la autoridad ministerial y solo son reclamados por sus familias, son Jesús Sandalio Mejía Lechuga, del programa de radio MS noticias del municipio de Martínez de la Torre, quien oficialmente está desaparecido desde el 10 julio de 2003; Manuel Gabriel Fonseca Hernández, de el periódico El Mañanero del municipio de Acayucan, desaparecido el 19 de septiembre del 2011; Miguel Morales Estrada, trabajador de los periódicos El Diario de Poza Rica y Tribuna Papanteca, del que se perdió su rastro el 24 de julio del 2012, y Sergio Landa Rosado reportero del Diario de Cardel del que no se sabe nada desde el 22 de enero del 2013.  

Los dos periodistas desaparecidos en Guerrero, de los que a la fecha no se sabe nada, son Leodegario Aguilera Lucas, colaborador formal del periódico Mundo Político, quien fue visto por última vez el 22 de mayo de 2004, y Marco Antonio López Ortiz, reportero de Novedades, de Acapulco, de quien se declaró formalmente su desaparición el 7 de junio de 2011. Los dos periodistas desaparecidos en Nuevo León, son Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, ambos reporteros de TV Azteca Noreste en Monterrey, quienes desaparecieron juntos el 10 de mayo de 2007, en un cruce versiones donde miembros del propio gremio los ha criminalizado a priori, sin tomar en cuenta el riesgo que asumieron al ser encomendados a trabajos de investigación por parte de directivos de la televisora en la Ciudad de México.

En Sonora aún no se sabe nada de Alfredo Jiménez Mota, reportero del periódico El Imparcial, quien desapareció el 2 de abril de 2005; en Coahuila siguen sin dar con el paradero de Rafael Ortiz Martínez, periodista del periódico El Zócalo, el que presuntamente fue secuestrado por un grupo delincuencial el 8 de julio de 2006; en Tabasco tampoco nadie sabe nada de Rodolfo Rincón Taracena, periodista del periódico Tabasco Hoy, quien fue declarado formalmente desaparecido el 20 de enero de 2007; en San Luis Potosí solo sus familiares continúan en la búsqueda de Adela Alcaraz López, la presentadora de noticias y reportera de la televisión local Canal 12 CNL Noticias del municipio de Río Verde, la que desapareció el 26 de octubre del 2012; en Sinaloa sigue sin aparecer Mario Alberto Crespo Ayón, periodista de la cadena de televisión Uno TV, quien fue visto por última vez en Mazatlán el 3 de diciembre del 2014. Finalmente en Oaxaca, sigue sin dar visos de existencia el periodista Agustín Silva, periodista de El Sol del Istmo, de quien no se sabe nada desde el 22 de enero del 2018.

El problema de la impunidad en los casos de los periodistas desaparecidos, más allá de que no hay una voz de reclamo que exija por justicia por ellos, ni la voluntad del gobierno federal para dar con su paradero, estén vivos o muertos, es que en la mayoría de las investigaciones se han dejado intocadas dos líneas de investigación que si se observaran podrían aportar mucho para el esclarecimiento. Las dos líneas olvidadas, por incompetencia o por omisión voluntaria de la autoridad, son las que tienen que ver con los trabajos de denuncia que los y las desaparecidas hicieron no solo sobre el clima de violencia, sino del saqueo de recursos naturales que afecta a grandes comparativos empresariales, y la labor que hicieron al mes 12 de estas y estos comunicadores como guías o informantes de otros periodistas foráneos.

Un caso ejemplar es el de Jesús Sandalio Mejía Lechuga, quien desapareció en el municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, en el 2003, cuya actividad periodística estuvo muy ligada a la denuncia de la devastación ambiental que ya comenzaba a propiciar la actividad minera en el centro del territorio de esa entidad, la que fue apoyada irrestrictamente por el entonces gobernador Miguel Alemán Velasco, el que impulsó los proyectos mineros en las comunidades de Ojital, San Juan Villa Rica, El Limón y Mesa de 24, en la zona de Actopan y Alto Lucero.[3] Aunado a su trabajo de denuncia sobre el avance de la industria minera y su consecuente destrucción del territorio, también pasó por alto para las autoridades que investigaron en su momento esta desaparición, cuyo expediente se encuentra archivado, la relación que Jesús Sandalio Mejía Lechuga mantuvo con periodistas foráneos.

Este periodista fue guía e informante de trabajos que sobre corrupción y expansión del cartel de los Zetas, realizaron en su momento algunos periodistas de los periódicos El Universal y Reforma, además de haber participado en investigaciones periodísticas de las agencias AP y EFE, que abordaron el tema del llamado “Maxiproceso”, una investigación judicial escenificada principalmente en Veracruz y Quintana Roo, que fue iniciada en 1997 por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jorge Madrazo Cuéllar a través del que fuera llamado “El Zar Antidrogas” mexicano Mariano Herrán Salvatti, que terminó con la emisión de ordenes de aprehensión contra importantes jefes del narcotráfico como Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”; Ismael “El Mayo”  Zambada y Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”.

Leodegario Aguilera Lucas es otro caso de los periodistas desaparecidos del que nadie, a excepción de su familia, reclama al menos celeridad en la investigación para dar con su paradero. Su caso se encuentra cerrado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, luego que, a menos de 16 meses de su desaparición, para esa instancia los restos del periodista fueron localizados, cuando en realidad se trata de una osamenta calcinada de un animal, la que fue encontrada el 8 de septiembre de 2004 en una playa de Acapulco, pero que fue avalada -sin ningún tipo de análisis de ADN- por el entonces procurador de justicia en la entidad, Jesús Ramírez Guerrero.

Este periodista, que dirigía la revista mensual Mundo Político, no solo fue tras temas de corrupción entre las esferas de gobierno y las empresas mineras asentadas en Guerrero, tratando de evidenciar la forma en que muchas de las mineras, principalmente canadienses, se habían hecho de permisos ambientales ilegales durante la administración del gobernador René Juárez Cisneros, al que le habrían generado grandes beneficios económicos a nivel personal,[4] sino que también colaboró como guía e informante para algunos periodistas de  El Universal, Televisa, Reforma, Excelsior, La Prensa, Notimex, EFE, France Press, AP y BBC que lo buscaron para adentrarse en temas relacionados al surgimiento del Cartel Independiente de Acapulco y la fractura interna sufrida por el Cartel de los Hermanos Beltrán Leyva, que controlaban en ese tiempo la actividad del tráfico de drogas en la zona de Acapulco.

El periodista Alfredo Jiménez Mota del periódico El Imparcial desapareció en Hermosillo, Sonora el 2 de abril del 2005. Desde entonces no se sabe nada de él. Su caso ha sido olvidado por las principales organizaciones defensoras de derechos de los periodistas. Solo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es la única organización que a la fecha clama por justicia y el esclarecimiento de esta desaparición. La SIP es la única que actualmente gestiona ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una recomendación al Estado mexicano para que desempolve la investigación que se encuentra archivada desde el 2015, pero no se ha logrado nada. Para las administraciones estatales de Eduardo Bours Castelo y de Guillermo Padrés Elías, el caso de Jiménez Mota estuvo estrechamente ligado a una venganza entre grupos criminales, donde se criminalizó al periodista señalando de ser parte de ese entramado criminal. Para la actual administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, el caso simplemente no existe.

En las investigaciones iniciales, que se abandonaron luego de diez años de infructuosas pesquisas, nunca se tomó en cuenta el trabajo de Alfredo Jiménez Mota con relación a una serie de investigaciones que realizó sobre la mina El Crestón, en el municipio de Opodepe, a solo 90 kilómetros de Hermosillo, donde las mineras Amax, de capital chileno, y Peñoles, de capital mexicano,[5] comenzaron a devastar el medio ambiente apenas unos meses antes de la desaparición del periodista y de lo que este comunicador fue incisivo en la denuncia. Tampoco se tomó en cuenta la labor que hacía Jiménez Mota filtrando información a medios como La Jornada, El Universal, Proceso y Reforma, para exponer el deterior ecológico al que se estaba llegando con la actividad de la mina. La autoridad ministerial ha preferido manejar la hipótesis de que la desaparición de este periodista fue un acto de venganza del grupo criminal Los Salazar como resultado de la relación del periodista con grupos criminales antagónicos, pero ni por equívoco se ha señalad que el crimen pudo haber sido efectivamente ejecutado por la célula criminal de Los Salazar, pero atendiendo intereses del grupo minero que se vio amenazado por la denuncia del comunicador.

Otro periodista desaparecido que perfectamente su caso cabe en las circunstancias de los anteriores, es José Antonio García Apac, desaparecido la noche del 20 de noviembre de 2006. El reclamo de justicia y fin a la impunidad para este periodista ha sido olvidado por todas las organizaciones defensoras de periodistas. Solo su esposa e hijos, son los que continúan en la fatiga de la búsqueda. En los anales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, su expediente aparece como archivado. Para la instancia procuradora de justicia se han agotado todas las líneas de investigación y no hay más nada que hacer, según se le ha dicho a la familia de este periodista que detonó el trabajo de investigación en una de las más peligrosas zonas del país para ejercer el periodismo.

En las investigaciones de este caso también se dejaron de lado otras líneas que apuntan a otra posibilidad más allá de la genérica hipótesis de que García Apac fue desaparecido por una célula del crimen organizado. Eso podría no estar en duda. Lo que realmente se podría develar son las razones de ese crimen, las que podrían estar ligadas a los intereses que tocó el periodista con su trabajo de investigación y denuncia, donde no se puede soslayar la línea periodística que mantuvo para evidenciar las precarias condiciones laborales y de salario de los obreros de las mineras Arcelor Mittal Steel, en Lázaro Cárdenas; la Compañía Minera El Baztán S. A. de C. V. en Huetamo; la Compañía Minera Los Encinos S. A. de C. V., en La Huacana; la Compañía Minera La Huacana, en el municipio de ese mismo nombre, y la Compañía Minera e Industrial de Michoacán, S. A. de C. V., en Huetamo,[6] Además de que García Apac fue una constante fuente de consulta para conocer el clima de violencia y las estructuras de los carteles de La Familia Michoacana, Los Valencia y el naciente en ese tiempo Cartel Jalisco Nueva Generación, de lo que dieron cuenta en su momento los periódicos Reforma, El Universal, Excelsior, la revista Proceso y las agencias internacionales de noticias AP, France Press, EFE, Notimex, Reuters y Tass.

También el caso de la desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del periódico Tabasco Hoy, de quién se dejó de saber de él desde el 21 de enero del 2007, cumple con el factor común de olvido, impunidad, criminalización y desatención de las principales líneas de investigación para el esclarecimiento del crimen; Rincón Taracena fue criminalizado de facto por la autoridad investigadora de Tabasco que asumió las pesquisas desde el inicio. Se dijo que estaba relacionado con una célula criminal del cartel de Los Zetas, y se dejó intocada la posibilidad de investigar sobre el trabajo de denuncia que hizo el periodista sobre la contaminante actividad de las empresas cementeras que generan un alto grado de contaminación en los cauces de los ríos Usumacinta, Grijalva, Samaria, Carrizal y San Pedro.[7] Tampoco se investigó sobre la labor que hacía este periodista como guía e informante de misiones reporteriles para los periódicos El Universal y la Jornada.

Otros periodistas desaparecidos, en cuyas investigaciones de sus casos no fueron tomados en cuenta el trabajo informativo que hacían más allá de la narración del clima de violencia, y que tenían que ver con trabajos de información que evidenciaban la colusión entre autoridades locales y que fueron guías e informantes para trabajos que fueron publicados en medios de importancia nacional e internacional, son Gamaliel López y Gerardo Perez, de TV Azteca, desaparecido en Monterrey, Nuevo León; Maria Esther Aguilar Casimbe y Ramón Ángeles Zalpa, ella del periódico Cambio de Michoacán, desaparecida en Zamora, Michoacán, de los periódicos Cambio de Michoacán y La Voz de Michoacán, desaparecido en Paracho, Michoacán; Adela Alcaraz López, la televisora Canal 12 de Noticias de Río Verde, desaparecida en el municipio de ese mismo nombre en San Luis Potosí; Sergio Landa Rosado del periódico El Diario de Cardel, desaparecido en la localidad de José Cardel, Veracruz, y Mario Alberto Crespo Ayón, de la televisora Uno TV, desaparecido en Mazatlán Sinaloa.

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[1] Gobierno de México, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped

[2] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,

[3] Lemus, J. Jesús, México a Cielo Abierto, Editorial Grijalbo, México 2018, PP. 184-186

[4] Lemus, J. Jesús, México a Cielo Abierto, Editorial Grijalbo, México 2018, PP. 186-189

[5] Op. Cit. PP. 189-192

[6] Lemus, J. Jesús, México a Cielo Abierto, Editorial Grijalbo, México 2018, PP. 243-245

[7]Lemus, J. Jesús, México a Cielo Abierto, Editorial Grijalbo, México 2018, PP. 181-183