Por. J. Jesús Lemus
El asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, quien fue ejecutado en Apatzingán, Michoacán, al inicio de esta semana, solo revela un grave y añejo problema que el gobierno mexicano no ha querido resolver desde hace décadas: el dominio del crimen organizado sobre el sistema producto limón, que sostiene la economía de delincuentes y miles de hogares michoacanos.
Y es que, sumado a posibles razones climáticas y de sanidad vegetal, también los problemas de inseguridad en las principales zonas productoras del cítrico en el país son las que influyen para el establecimiento del precio del limón.
El cobro de piso por parte de los grupos criminales que operan en la zona de Apatzingán, la principal región citrícola del país, es lo que hace que el precio del limón se vaya a las nubes. Porque de cada peso que deja la producción del limón por lo menos 70 centavos se los llevan como utilidades los delincuentes.
La denuncia de lo anterior fue lo que lo costó la vida al empresario Bernardo Bravo, los delincuentes no aceptaron esa denuncia social y por eso actuaron. Este asesinato se dio pese a que Bernardo Bravo ya había pedido la intervención de la Fiscalía del Estado, donde -como siempre- no se hizo nada por atender las amenazas de muerte.
Desde la secretaría de agricultura, ante los altibajos de precio del limón, se reconoció que no hay razones climatológicas ni de abasto que explicaran el incremento del precio del limón, por lo que la razón del incremento de los precios siempre apunto a la presencia del crimen organizado, que mantiene el control en algunas zonas limoneras del país.
Productores de la zona norte de Veracruz y del centro del estado de Michoacán, han reconocido que a la fecha existe control de algunos grupos armados sobre la actividad agrícola, principalmente en las zonas del municipio de Martínez de la Torre, en Veracruz, así como en los municipios de Apatzingán y Buenavista, en Tierra Caliente, Michoacán.
Esta no sería la primera ocasión en que el accionar del crimen organizado infla los precios de un sistema producto limón. Y en el año 2014, el Cártel de los Caballeros Templarios, que mantenían bajo su control la zona aguacatera de Michoacán, hizo que el precio de ese producto alcanzara hasta un 180 por ciento de incremento en el precio directo al consumidor.
En el mes de abril del año 2024, también el cartel de las drogas de Michoacán, al reprimir la producción limonera, mediante actos de intimidación a limoneros, hizo que el precio de ese producto de consumo básico sufriera un incremento de casi el 140 por ciento, a causa de la escasez.
Para la presidencia del Consejo del Sistema Producto Limón Mexicano A.C., la presencia del crimen organizado en las zonas productoras de limón, si es un hecho; “aplican cobros de piso por producción, corte, empaque y traslado”, pero no al grado de que esa situación pueda incidir tan claramente en los precios finales de comercialización del cítrico.
La mayor presencia que el Consejo del Sistema Producto Limón ha detectado del crimen organizado sobre la producción de limón, se ha detectado en las regiones productoras de los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, de lo que -se sabe- se ha dado parte a la autoridad en forma oportuna, si que haya la debida respuesta.
Productores del norte de Veracruz han denunciado, desde hace tres años, que la presencia del cártel de los Zetas ha llevado a cientos de productores a disminuir la producción y comercialización del limón persa, a causa de las altas cuotas por cobro de piso que se vienen aplicando.
El cobro de piso por parte de algunas células criminales para permitir la producción de limón, es una realidad: todos, menos la autoridad, saben que se cobran determinadas cantidades, principalmente a los empacadores, lo que termina por incrementar los precios de producción, que finalmente inciden en el precio para el consumidor final.
Michoacán, epicentro en cobro de piso
El estado de Michoacán es una de las entidades que mayor producto limón aporta al mercado nacional. Las más de 30 mil hectáreas de cultivos que se extienden en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Nueva Italia, Parácuaro, Tepalcatepec, Aguililla, La Huacana, Coahuayana y Huetamo, aportan casi el 12 por ciento de la producción nacional.
Es en esos municipios donde la presencia del crimen organizado, principalmente del Cártel de los Caballeros Templarios, mantiene un amplio control sobre los productores y huertas de limón, a los que se les aplican cobros de piso para permitir desde el corte hasta el traslado a las principales centrales de abasto del centro del país.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Justicia del Estado, solo entre el 2020 al 2024 en esa dependencia diversos productores de limón presentaron al menos 211 denuncias por extorsión. Reclamaron la intervención de la justicia estatal para frenar las intenciones de los grupos criminales que les aplicaron cobros por permitir el corte, empaquetado y traslado de limón a las centrales de abasto.
Los cobros aplicados por el crimen organizado a los productores de limón oscilaron entre 6 y 10 pesos por cada kilogramo de limón que se pretendía colocar en el mercado. Con esos cobros de piso, es obligado el incremento en el precio del limón que finalmente llega a los consumidores en todos los mercados del país.
Entre los meses de enero del 2024 y agosto del 2025, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Justicia del Estado de Michoacán, se estimó que casi el 70 por ciento de las 450 mil toneladas de limón que se produjeron cada año, tuvieron que pagar algún tipo de cuota a los miembros del crimen organizado.
¿Cuestión de mercados?
Para algunos empresarios productores miembros del Consejo Estatal en Michoacán del Sistema Producto Limón, el aumento en los precios de ese producto no siempre es una cuestión de mercados. Se reconoce que en gran medida los precios al alza del limón se deben a las extorsiones y cobros de piso de los grupos criminales que operan en las regiones limoneras.
No solo con los Caballeros Templarios, también cobran piso algunas células identificadas como parte de las organizaciones criminales de Los Viagra, Cartel Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos de Michoacán, La Familia Michoacana y La Nueva Familia Michoacana, eso sin contar a algunos de los llamados Autodefensas.
En Michoacana se sabe que las células del crimen organizado vienen ejecutando cobros de piso y extorsiones sobre algunos productores agrícolas, no solo del producto limón, sino de otros sistemas agrícolas que incluyen la producción de granos básicos como maíz, frijol, sorgo y trigo, además hortalizas como jitomate y chile en sus diversas variedades.
Precios irresponsables
Para Consejo del Sistema Producto Limón Mexicano A.C., resulta “irresponsable normativamente” que el consumidor final este pagando hoy hasta 45 pesos por un kilogramo de limón. Nadie sabe en dónde están quedando las utilidades de esa alza, pero es seguro que no está entre los productores.
Oficialmente se reconoce desde la Secretaria de Agricultura que la crisis de precios por la que atraviesa el limón mexicano, obedece a tres causas: baja producción de la temporada, problemas de sanidad vegetal que han disminuido en un 40 por ciento la producción, y afectaciones por lluvias del ciclo pasado que arrasaron la flor de los limoneros.
Pero la realidad a nivel campo es otra. No existe un solo productor de limón, tanto en el norte de Veracruz como en la zona de Tierra Caliente de Michoacán que no sea víctima del cobro del piso que aplican los grupos criminales, los que se estima que en promedio obtienen mas de 140 millones de pesos anuales bajo ese esquema criminal.
El cobro de piso sobre el limón no solo afecta con el alza de precios con afectación al consumidor final, también pega en los niveles de productividad. Con el cobro de piso a lo limoneros se ha reducido la producción promedio del sistema limón, la que hoy alcanza un volumen de apenas mil 230 toneladas por día, cuando el consumo de promedio nacional es de 3 mil toneladas.
Al día de hoy, los productores de limón están colocando en el mercado cada kilogramo de ese producto a razón de entre 16 y 18 pesos, mismo que se coloca al consumidor final a razón de entre 42 y 50 pesos.
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