Por. J. Jesús Lemus
Aun cuando para la presidenta Claudia Sheinbaum, el retiro de visas a políticos mexicanos “es información que Estados Unidos no comparte con México”, nadie pone en duda que esa ha resultado la más la silenciosa y eficiente estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para exhibir a la corrupta clase política mexicana.
México, a través de ninguno de los últimos siete presidentes -incluyendo a la Sheinbaum- ha querido reconocer que la cúpula de gobierno se encuentra infestada de políticos con nexos, acuerdos, entendimientos o por lo menos permisiones con los grupos criminales, tanto del crimen organizado como de los cárteles de las drogas.
El contubernio que mantiene la clase política con los grupos delictivos del país, que se evidencia con casos como el de Manuel Bartlett Díaz y el Cártel de Guadalajara, Javier García Paniagua y el Cártel de “Nacho” Coronel, Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa o el caso de Salvador Cienfuegos y el Cártel de Francisco Patrón Chávez, se encuentra más que evidenciado.
Pero, a pesar de ello, la frágil memoria de los mexicanos no incide en mejores decisiones políticas. A través de la mentira electoral, la misma clase gobernante que desde hace 40 años se mantiene al mando del Estado mexicano, es la misma clase gobernante que sigue protegiendo al narco y al crimen organizado a cambio de millonarios sobornos.
La clasificación hecha por el presidente Donald Trump, sobre la irrefutable certeza de que los mexicanos vivimos bajo un régimen de narcogobierno, es una realidad. Y esa verdad solo no lo aceptan los políticos aludidos, ni la rechazan los seguidores de estos, el pueblo bueno y sabio.
Como si los narcos fueran patrimonio nacional o como si sobre ellos se fincara la soberanía de la nación, desde la base simpatizante -a cambio de una dádiva económica, clasificada como ayuda social-, hoy se defiende a los narcos y no hay poder humano que interiorice la realidad, entre la militancia de la 4T, para impedir ese amasiato amorfo y antinatura en que se ha convertido la alianza Narcoestado.
Por eso el gobierno de Estados Unidos ideó una estrategia silenciosa, aplicable desde su propio territorio, para establecer públicamente quienes son los socios del narco, a los que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, les teme -por ser parte del mismo grupo- y no quiere ir contra ellos.
Esa estrategia del gobierno de Trump, la de revocar las visas -los pases de acceso- a Estados Unidos a aquellos políticos cuestionados, ha resultado más que eficiente. En menos de un año la cancelación de visas ha evidenciado a los actores políticos que mantienen relación de tratos con grupos criminales.
Nunca como ahora, en México el pase hacia Estados Unidos se había convertido en una criba, un tamiz, que evidencia la realidad jurídica, la moral y la ética, de los políticos. Si es honesto, no le retienen su visa, si está coludido, la revocación.
Citando fuentes del gobierno de Estados Unidos, la prestigiosa agencia internacional de noticias Reuters dio a conocer que en solo lo que va de este año el gobierno de Estados Unidos ha cancelado por lo menos cincuenta visas a igual número de políticos.
La razón de esas cancelaciones solo obedece al hecho innegable de que Estados Unidos se reserva el derecho de admisión, suelo dentro de su territorio, sobre aquellos políticos de los que se tiene duda sobre su honestidad relacionada con grupos delictivos.
No se han dado a conocer los nombres de los políticos, hombres o mujeres, a los que -solo en lo que va de este año- se les ha requisado su visa. Hasta el cierre de este trabajo se sabe de algunos casos icónicos, por su cercanía al Palacio Nacional y a otras dependencias de primer nivel.
Hasta hoy los que han perdido su visa y que ello les coloca en calidad de políticos ligados al narco y al crimen organizado, son el presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, al que le quitaron la visa el 7 de agosto del 2025.
El caso más icónico de revocación de visas, por el nivel de escándalo, fue el de la gobernadora de Baja California y su esposo, Marina del Pilar Ávila Olmeda y su esposo Carlos Torres. A ellos les quitaron el documento migratorio el 11 de agosto del 2025
Otro caso de resonancia informativa fue, en su momento, el de la subsecretaria de Gobierno de Coahuila y su esposo, Sonia Villarreal Pérez y José Miguel Barajas Hernández. A ellos se les detuvo por varias horas en la garita de Piedras Negras, Coahuila, el 24 de agosto del 2025.
También han perdido su visa, bajo el signo de la duda sobre su honestidad, el diputado federal del PVEM por Tamaulipas, Mario López Hernández, “La Borrega”; la alcaldesa de Mexicali y su esposo, Norma Bustamante y Samuel Guerrero Delgado, además del alcalde de Matamoros, José Alberto Granados.
La cancelación de la visa, de acuerdo con las reglas migratorias del gobierno de Estados Unidos, es un proceso particular en el que el gobierno norteamericano no está obligado a explicar nada a nadie que no sea el interesado.
De acuerdo con fuentes del departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, aun cuando no se puede informar sobre la cancelación de visas, sí existe la certeza de que el gobierno de norteamericano mantiene investigaciones sobre los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Campeche, Layda Sansores, y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Otros gobernadores investigados por el gobierno de Estados Unidos y que eso podría poner en vilo la permanencia de sus visas, son el de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y el de Nuevo León, Samuel García. Otro que ya también podría no tener visa norteamericana, es el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
A la lista se suman el secretario de Educación del gobierno federal, Mario Delgado, los nuevoleoneses Abel Guerra y su esposa Clara Luz Flores, actual Directora de Asuntos Religiosos de la SeGob.
También, por estar bajo investigación en Estado Unidos, se menciona a Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado de la República, así como al exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, involucrado en el caso Caro Quintero y Kiki Camarena.
Otros investigados por EUA, que podrían ya no contar con visa, son los alcaldes tamaulipecos de Río Bravo, Miguel Ángel Álvarez; de Ciudad Victoria, Eduardo Gatas; de Ciudad Madero, Erasmo González y de Altamira, Armando Martínez.
Igual se menciona a los alcaldes de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar y de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval.
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