CARTA PÚBLICA A LA 76 LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025
A los diputados y diputadas de la 76 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo
A los medios de comunicación
A la opinión pública
Quienes suscribimos, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en estado de Michoacán, nos dirigimos con respeto hacia los diputados y diputadas que conforman la 76 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. El motivo de la presente misiva es para exponerles una situación que es de suma importancia para el pueblo de Michoacán.
Como ya es de su conocimiento, desde el 1ro de octubre del presente nos encontramos en plantón en la Plaza Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia para realizar nuestra JORNADA DE LUCHA A 533 AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA Y POPULAR POR: JUSTICIA, VERDAD, LIBERTAD, PRESENTACIÓN Y EL DERECHO A LA PROTESTA, dentro de la cual, con apego al derecho humano y constitucional, a la protesta y libre manifestación, el 11 de octubre nos hicimos presentes en la autopista Morelia-Guadalajara a la altura de la caseta de cobro de Panindícuaro para realizar un volanteo informativo.
Cerca de las 2:00 pm llegó un operativo de la Guardia Civil, a pesar de que intentamos establecer el diálogo respetuoso y constructivo, este cuerpo policíaco, llevó a cabo el violento desalojo, desatando la represión contra compañeros, compañeras, jóvenes y niños, donde varios compañeros fueron heridos de gravedad, entre ellos, un bebé que tuvo consecuencias respiratorias por los gases lacrimógenos lanzados y el compañero José de Jesús Camargo Ornelas, a quien una bomba lacrimógena le impactó en la muñeca izquierda provocándole una herida que representaba un grave riesgo de provocar un desangramiento o lesión en los tendones.
El día 12 de octubre, realizamos nuestra marcha del Día de Resistencia Indígena y Popular, misma que llevamos décadas realizando de manera pacífica, y culmina con un mitin frente a Palacio de Gobierno, no obstante, momentos antes de arribar a Palacio de Gobierno, la Guardia Civil nuevamente desató la represión contra nuestros compañeros de diferentes edades, transeúntes y turistas que asistían al Festival de Cine de Morelia. Psicológicamente se nos agredió con adjetivos de “pinches indios…” “mugrosos”, “revoltosos”, entre otros calificativos racistas y xenófobos, físicamente se nos agredió con el uso indiscriminado de gas lacrimógeno, ráfagas de proyectiles de impacto cinético, artefactos explosivos, golpes con macanas y objetos punzo cortantes.
Acto represivo que nos obligó a tomar algunas medidas necesarias para proteger la integridad de nuestros compañeros y asistentes a la marcha, pues fue evidente que los cuerpos policiacos trataron de ensañarse con salvajismo contra mujeres, niños y gente de la tercera edad que nos acompañaban en la marcha, infringir dolor hacia otros seres humanos mediante el uso indiscriminado de la fuerza policíaca. Consecuencia de este acto represivo fueron 17 compañeros heridos entre ellos, niños jóvenes y mujeres.
El origen de estos hechos represivos es la política de oídos sordos y discriminatoria del gobernador del estado de Michoacán, el Lic. Alfredo Ramírez Bedolla, quien desde su llegada a la gubernatura nos niega el derecho de audiencia, el derecho de petición y ha tratado de coartar nuestro derecho a la libre organización y manifestación. Aunque en el discurso se dice que atiende y resuelve las demandas del pueblo, en los hechos impone mecanismos burocráticos, de dilación y negación a resolver nuestras demandas más elementales como el cese a la persecución política contra el Prof. Leobardo Reyes Meza, las contenidas en nuestro pliego petitorio y las de carácter nacional.
Los proyectiles de impacto cinético son armas que pueden producir desde hematomas leves hasta lesiones graves como desgarres en la piel, fracturas de huesos, heridas en la cabeza, daños en órganos internos, lesiones oculares y pérdida de visión hasta hemorragias internas y traumatismos que pueden provocar la muerte. Por tal motivo, Amnistía Internacional y otros organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos, han declarado su prohibición ante las protestas, dado el alto riesgo que conlleva su uso en multitudes, porque se infringe castigo indiscriminado, de tal manera que su empleo puede considerarse como actos de tortura que ponen en grave riesgo la vida.
Así mismo, las bombas lacrimógenas representan un grave riesgo para la vida, pues al ser disparadas desde lanza granadas, el impacto de su casquillo en el cuerpo de una persona puede generar graves lesiones, como fue el caso del activista Juan Francisco Kuykendall Leal, a quien, en las protestas del primero de diciembre de 2012 contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, una bomba lacrimógena le provocó una fractura craneoencefálica que más tarde devino en su muerte.
Para la sociedad michoacana estos hechos son indignantes, pues mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presume de apoyar a los pueblos originarios, a quienes nos mantenemos organizados de manera independiente se nos reprime y niega el derecho fundamental de petición.
La situación se agrava cuando desde medios de comunicación y las plataformas digitales se nos pretende criminalizar, como lo hace el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, quien nos coloca el mote de “salvajes”, con el claro propósito de justificar la represión y los crímenes de Estado. Con el debido respeto a esta legislatura ¿Qué autoridad moral tiene este legislador? Ninguna, no olvidemos que es un personaje que lucra con la seguridad, es propietario de un grupo parapoliciaco de seguridad privada que utiliza como grupo de choque para agredir a manifestantes, fue expulsado en 2014 de Tepalcatepec por sus vínculos con el narcotráfico, y se dedica a lucrar con la seguridad pública. Su figura es la representación del priísmo autoritario y represor que el pueblo tanto repudia.
Nuestra organización siempre pondera el diálogo, de tal manera que hemos sido tan pacientes ante las reuniones con diversos funcionarios que al último terminan concluyendo que nuestras demandas sólo pueden ser resueltas si hay la orden del gobernador del estado o el secretario de gobierno. Por lo que no es entendible el porqué, se nos da un trato diferenciado y se nos reprime, de tal manera que los hechos del pasado 12 de octubre son resultado de la política autoritaria del Lic. Alfredo Ramírez Bedolla y su obcecación de no dar una audiencia de carácter resolutiva.
Por tal motivo hoy acudimos a este Honorable recinto, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en el desempeño de sus buenos oficios, emitan un EXHORTO al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, donde se le solicite que nos otorgue una audiencia de carácter resolutivo para nuestras demandas. Confiamos en el diálogo y la voluntad como herramientas de justicia social, de otra manera, hechos como el del 12 de octubre seguirán ocurriendo.
De igual manera solicitamos de manera atenta y respetuosa a este Congreso, prohíba de manera tajante el uso de proyectiles de impacto cinético contra las manifestaciones, se llam a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública por sus prácticas violatorias de los derechos humanos, y se tomen las medidas legislativas pertinentes a fin de evitar futuros actos represivos que conlleven tragedias para el pueblo, como sucedieron en tiempos de la dictadura priista.
Sin otro motivo por el momento, les enviamos un atento y cordial saludo.
ATENTAMENTE:
¡ALTO A LA REPRESIÓN!
¡ALTO A LA PERSECUSIÓN POLÍTICA!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡SOLUCIÓN A NUESTRAS DEMANDAS!
¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS
