Crisis de desaparición forzada en México será expuesta en Asamblea de la ONU

Olivier De Frouville, presidente del CED, anunció el viernes la activación del procedimiento que abre la posibilidad de que intervenga la Asamblea General de Naciones Unidas tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, y “tras haber solicitado del Estado Parte toda la información pertinente sobre esa situación, podría llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”

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El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas (ONU) emitió medidas cautelares para el Estado mexicano tras los recientes hallazgos de ropa, mochilas, artículos personales, 400 pares de zapatos, restos óseos de víctimas, fosas clandestinas y crematorios bajo tierra encontrados por los Guerreros Buscadores de Jalisco, que apuntaban a que el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, era un campo de reclutamiento, confinamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La decisión del organismo internacional fue el resultado de una solicitud presentada por la organización Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes presentaron 18 casos de desaparición forzada en el territorio mexicano.

Las medidas cautelares tienen el objetivo de asegurar la protección de restos humanos encontrados, garantizar el acceso a la información y protección de los familiares de las personas desaparecidas, reforzar la plena participación de los familiares y representantes en los procesos de búsqueda e investigación cada vez que lo deseen, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Jalisco todavía no han realizado una investigación exhaustiva que identifique los restos y objetos con sus respectivos dueños.

“Argumentamos que dichas medidas son de interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños. Mientras no sea así, cualquier persona desaparecida y cualquier colectivo de familiares tiene interés de confirmar o descartar los hallazgos”, señalaron las organizaciones que presentaron la solicitud ante la ONU-Derechos Humanos.

México, el primer país de la ONU sometido a escrutinio por desapariciones forzadas

A un día del asesinato de Teresa González, del colectivo Luz de Esperanza, quien formó parte de las buscadoras que alertaron sobre los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en un hecho inédito para los países que integran la ONU, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas por primera vez sometería a un país -México- “a escrutinio por una crisis humanitaria debido a las desapariciones forzadas”, de acuerdo con José Antonio Guevara Bermúdez, experto en derechos humanos internacionales, quien declaró lo anterior al periodista Rubén Marín.

Olivier De Frouville, presidente del CED, anunció el viernes la activación del procedimiento que abre la posibilidad de que intervenga la Asamblea General de Naciones Unidas tras recibir “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, y “tras haber solicitado del Estado Parte toda la información pertinente sobre esa situación, podría llevar la cuestión, con carácter de urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

La ONU podría designar una comisión de búsqueda en territorio mexicano


Así, una vez recibida por el CED de la ONU la información solicitada al Gobierno mexicano que confirme la crisis humanitaria por desapariciones forzadas, se podría designar una comisión internacional para atender las desapariciones en México, “como ya lo hizo para indagar las desapariciones forzadas en Siria”, de acuerdo con el periodista Rubén Marín.

Bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el CED solicitará al Gobierno mexicano la información sobre la crisis de desaparición forzada en el país las próximas semanas:

“El CED solicitará al Estado parte toda información pertinente en relación a esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte”.

Mientras, el CED solicitó al Estado mexicano la aplicación de las siguientes medidas:

I. Medidas inmediatas para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de sus alegadas desapariciones.  

En este contexto, el Comité resalta la importancia que las autoridades competentes tomen sin demora las siguientes acciones:

(I) Resguardar el predio del “Rancho Izaguirre” y realizar actuaciones de búsqueda e investigación coordinadas y exhaustivas, asegurando la participación de los familiares y representantes en dichos procesos;  

(II) Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el referido predio, en pleno respeto de la cadena de custodia;  

(III) Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas sobre las que se refiere esta nota verbal;  

(IV) Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados, y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas en referencia.

(V) Realizar un análisis de contexto para determinar patrones, esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores, determinar los perfiles de las personas desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican la desaparición, a la luz del Principio 8 de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas (CED/C/7). 

II. Otorgamiento de medidas cautelares  

1. Proteger inmediatamente a los elementos probatorios siguientes, con pleno respeto de la cadena de custodia. Estos incluyen: 

(I) Fragmentos óseos y piezas dentales; 

(II) Objetos personales: prendas de vestir, calzado, maletas, biblias, libros, fotografías, cartas, llaveros, carteras, relojes y anillos; 

(III) Armas de fuego, casquillos de municiones y herramientas. 

2. Informar al Comité acerca de las acciones tomadas para implementar las medidas cautelares requeridas. 

III. acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas.

3.  Informar al Comité sobre las medidas implementadas para garantizar la transmisión de información periódica a los allegados y representantes de las personas desaparecidas sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación en curso, incluyendo los relativos a los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco. 

4. Reforzar la plena participación de los familiares y representantes en los procesos de búsqueda e investigación cada vez que lo deseen. En caso de que dicha participación sea imposible por motivos fuera de control del Estado parte, explicar con antelación dicha situación y sus causas a los allegados. 

5. Reforzar los mecanismos de protección otorgados por el Estado parte a las personas que forman parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco. 

6. Proporcionar información al Comité sobre las medidas adoptadas para implementar cada una de estas recomendaciones.

Gobierno mexicano asegura que no hay desaparición forzada por parte del Estado


El sábado por la noche, en un comunicado conjunto, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Secretaría de Gobernación rechazaron “las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado” y recuerda que “mantiene una cooperación sostenida” con el comité “en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.


“El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, ya que asegura “el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”.

Los señalamientos de la ONU están descontextualizados: CNDH

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuya titular, Rosario Piedra Ibarra, responde a los intereses de la Cuarta Transformación, no a los de las víctimas, también rechazó la acción urgente dirigida por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para el Gobierno mexicano, porque está “descontextualizada”.

La CNDH negó “que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado. Consideramos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país”.

Los señalamientos del CED de que la “información fundamentada que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”, la CNDH los consideró que “se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México”.

Asimismo, la CNDH reconoció que es innegable las desapariciones, y previendo que una comisión de la ONU podría atenderlas en México, descalificó su presencia, como se hizo en el sexenio de AMLO con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) cuando las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa apuntaban hacia mando militares en funciones.

“La presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior, han probado su poca eficacia y en ocasiones, incluso, la complicación de lo que se pretende remediar” frente a la problemática “innegable” de las desapariciones.

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