Tres casos que detonaron el problema del Nepotismo en el Poder Judicial Federal
El antecedente inmediato que hizo reaccionar al Poder Judicial de la Federación sobre este problema surgió en Durango, en donde el Magistrado Héctor Flores Guerrero, quien estuvo adscrito durante 30 años como Juzgador, generó la construcción de red familiar que incluyó a 17 de sus parientes, con lo que de alguna forma antinatura hizo que un solo núcleo familiar conociera de un mismo asunto judicial en distintas etapas de su desarrollo procesal
Por. J. Jesús Lemus
Estos dos vicios, el del Nepotismo y la Trampa, han prendido alertas dentro del Poder Judicial de la Federación. Allí, para tratar de evitar estos fenómenos, que no son reconocidos como problema, se ha establecido si no un mecanismo como tal, al menos sí un protocolo mediante el cual se puedan identificar aquellos casos que podrían hacer daño a la imagen corporativa del Poder Judicial, que como rostro institucional de todos los juzgadores se tiene que cuidar sin escatimar ningún tipo de postura política, mucho menos algún tipo de discurso demagógico, tan dado dentro de las estructuras del poder.
Oficialmente, para el Poder Judicial de la Federación no existe el problema del Nepotismo, pero el Consejo de la Judicatura Federal –de manera extraña, entonces- estableció un programa denominado Plan Integral para el Combate al Nepotismo.[1] Este plan fue creado el 4 de diciembre del 2019, apenas a un año de iniciada la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicho plan fue firmado por el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y consecuentemente presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar Leo de Larrea, esto en un acto de plena complacencia con el Poder Ejecutivo, desde donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ya manifestaba sus inconformidades con la funcionalidad del Poder Judicial.
El plan contra el nepotismo fue también avalado por los Ministros Consejeros Bernardo Bátiz Vásquez, Jorge Antonio Cruz Ramos, Eva Verónica de Gyvés Zarate, Alejandro Sergio Gonzalez Bernabé, Sergio Javier Molina Ramírez y Loretta Ortiz Ahlf.
En ese documento se establece una realidad sorprendente: el programa de combate al Nepotismo, que surge de la necesidad de evitar la colocación laboral en cargos de administración de la justicia a familiares de los que ya son funcionarios del Poder Judicial de la Federación, es en respuesta la detección de redes de familias completas trabajando dentro de un mismo juzgado o tribunal de justicia.
El antecedente inmediato que hizo reaccionar al Poder Judicial de la Federación sobre este problema surgió en Durango, en donde el Magistrado Héctor Flores Guerrero, quien estuvo adscrito durante 30 años como Juzgador, generó la construcción de red familiar que incluyó a 17 de sus parientes, con lo que de alguna forma antinatura hizo que un solo núcleo familiar conociera de un mismo asunto judicial en distintas etapas de su desarrollo procesal.
Pero, lo más importante, este Magistrado favoreció ilegalmente a 17 de sus parientes a ingresar al Poder Judicial, en medio de un sistema de alta competencia en el que muchos llegan a hacer trampa de otras formas para tratar de ingresar.
Porque a por él fue creado, de alguna forma al Magistrado Héctor Flores Guerrero se le considera el padre del Plan de Combate al Nepotismo.
Si Flores Guerrero nunca hubiera insertado corruptamente a una gran parte de su familia sanguínea y política dentro de la estructura del Poder Judicial, nunca se habría establecido este programa que hoy intenta ser un signo de honestidad dentro del Poder Judicial de la Federación.
Fue la decisión del Magistrado Héctor Flores Guerrero, de colocar a su hermana María del Carmen Flores Guerrero, como Secretaria del Primer Tribunal Colegiado, en Durango; a sus medios hermanos Álvaro y Oscar Macías Guerrero, el primero como Secretario de Tribunal en Durango, y el segundo ya ascendido a Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar en Zacatecas, y a sus hijos Christian Iván y Luis Héctor Flores Tovar, ambos como secretarios del Primer Tribunal Unitario con residencia en Durango, lo que hizo que en el Consejo de la Judicatura Federal se tomaran acciones para garantizar que este tipo de eventos no se repitan.
Sin vergüenza, el Magistrado Héctor Flores Guerrero, porque pudo y quiso, no solo colocó dentro del Poder Judicial de la Federación a sus familiares más directos arriba mencionados. También insertó en diversas posiciones laborales a otros de su linaje, entre ellos su media hermana, Rocío Macías Guerrero; a su cuñado, Pablo Alejo Santillán Amparán; a los hermanos de su esposa, Juan Gerardo, María Concepción y José Rolando Tovar Flores; a su concuña, Fátima Luz Torres; a su sobrina política Blanca Esthela de la Hoya Tovar, y a sus sobrinas sanguínea Martha Patricia y Myriam Rosalina Guerrero Durán, a quienes benefició con plazas laborales que no por ser de menores noveles son despreciables, sobre todo por los buenos salarios.
Cualquiera podría pensar que el acto de corrupción y nepotismo del que fue actor central el Magistrado Héctor Flores Guerrero, fue objeto de un castigo ejemplar por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Y es que si el Consejo de la Judicatura se tomó la pertinencia para diseñar un plan anti nepotismo ante los actos del Magistrado Héctor Flores Guerrero, se podría imaginar que por lo menos también se aplicó todo el peso de la justicia para sancionar el acto inmoral.
Pero, no. No es así. No pasó nada. Nadie en el Consejo de la Judicatura recriminó al Magistrado Flores su inmoral proceder.[2] No solo no hubo ningún tipo de sanción en contra del Magistrado, parece que lo premiaron: ninguno de los que fueron parte de su red de nepotismo tampoco fueron sancionados.
Todos continúan con sus cargos. El mismo Magistrado solo fue reubicado de Durango a Coahuila, en donde –al cierre de este trabajo- era miembro del Tribunal Colegiado de Apelación, con Residencia en Torreón, desempeñando plenamente el cargo de juzgador.
La existencia del Nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación es un cuestión que surge en forma casi natural, no solo por lo rentable que económicamente resulta el contar con una plaza dentro del Poder Judicial, sino porque las plazas laborales son pocas, seguras, a perpetuidad y la designación en las mismas resulta de una función delegada desde la cúpula hacia abajo. Lo explico:
dentro del Poder Judicial de la Federación hay tres tipos de plazas; las de carrera, las de base y las de confianza. Las plazas laborales de carrera (Magistrado de Circuito, Juez de Distrito, Secretario de Tribunal, Secretario de Juzgado y Actuario) solo se logran por concurso de oposición o por designación del Consejo de la Judicatura Federal. Es muy difícil perder el cargo, a menos que no sea por causas graves. Aquí el nepotismo solo se puede dar con la anuencia de algún integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
Las plazas laborales de base (Oficial de Servicios y Mantenimiento, Auxiliar de Servicios Generales, Analista Administrativo, Secretaria A, Educadora, Enfermera Especializada, Oficial Administrativo, Auxiliar de Actuario y Analista Jurídico del SISE [Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes]), que son también muy seguras y difíciles de perder, se otorgan por designación directa de los titulares de cada Juzgado o Tribunal. Es aquí en donde mayor mella causa el nepotismo, debido a que los altos mandos del Consejo de la Judicatura casi siempre delegan en los Juzgadores la función de nombrar titulares de esas plazas en sus Juzgados de Distrito o Tribunales de Circuito.
Las plazas de confianza (Visitador Judicial A y B, Asesor Jurídico, Supervisor, Defensor Público, Delegado, Secretario Técnico A, Director General, Secretaria Particular de Juez, Secretaria Particular de Magistrado, Oficial de partes, Jefe de Oficina, Correspondencia A y B, Técnico de Enlace, Administrativo, Delegado Administrativo, Subdirector de Área, Jefe de Departamento, Administrador Regional, Coordinador Técnico A y B, Secretaria Ejecutiva A, Secretaria Ejecutiva, Analista, Técnico Administrativo, Analista Especializado, Asesor y Técnico de Enlace), son las plazas más inestables, es donde se da mayor rotación de personal, son las que tienen los salarios más bajos y su ascenso escalafonario es lento. Por eso estas plazas no son tan demandadas. En estas plazas también se registran índices de nepotismos, pero son menores.
Aun cuando el Consejo de la Judicatura reconoce al Nepotismo no como un problema, sino como un conflicto de intereses, al menos ha expuesto públicamente su intención para erradicarlo de la práctica diaria del Poder Judicial de la Federación, pero –de manera por demás extraña o hipócrita- al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura Federal, pese a la cantidad de Magistrados y Jueces que han sido sorprendidos en la comisión de esta práctica inmoral, ha reservado el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares que se lleva dentro del órgano de gobierno del Poder Judicial de la Federación.
Es decir, para los Ministros que controlan el CJF sí es grave la distribución de cargos laborales entre familiares dentro del Poder Judicial, pero es normal, y hasta sano, que los nombres de los que incurren en nepotismo se mantengan bajo reserva, sin la posibilidad de que nadie, fuera del Poder Judicial, pueda conocerlos.
Lo anterior queda establecido en una respuesta oficial a una solicitud de información, en donde se le pide al Consejo de la Judicatura que dé a conocer el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares con el que supuestamente se está ayudando a combatir la corrupción que representa el nepotismo.
Sobre este particular, el Consejo de la Judicatura Federal refiere que “el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares no está disponible mediante consulta abierta, y solo puede ser revisado por las autoridades competentes del Consejo de la Judicatura federal, por lo que todos los datos personales son resguardados conforme lo determina la normatividad conducente”.[3]
Y la normatividad conducente –impuesta por el mismo Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal-, establece que esos datos deber ser confidenciales. Los funcionarios del Poder Judicial que avalaron esta disposición, fueron Arturo Guerrero Zazueta, Arely Gómez Gonzalez, Adrián Valdés Quirós y Cecilia Georgiana Arenas Cabrera, quienes de esa forma volvieron a confirmar el despótico desprecio por la transparencia reclamada desde la sociedad. En esta falta de transparencia también ha sido participe el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
El hermetismo con el que el Consejo de la Judicatura ha tratado el tema de las redes de nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación, solo habla de la magnitud del problema: en promedio uno de cada tres Jueces o Magistrados de la federación han recurrido a sus relaciones de poder para colocar en cargos dentro del Poder Judicial de la Federación a familiares en línea directa.
Un ejemplo es el de Jesús Antonio Sepúlveda Castro, actual Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Guadalajara, Jalisco, quien por sus solas relaciones con el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, de quien fue secretario en la SCJN, en donde se hicieron compadres, pudo establecer una red de familiares acomodados dentro de cargos de importancia en el Poder Judicial.
El Magistrado Jesús Antonio Sepúlveda Castro, colocó a su hermana Laura Margarita Sepúlveda Castro, inicialmente como secretaria de Juzgado en Guadalajara, pero hasta el cierre de este trabajo ya la había llevado a la posición de Jueza de Distrito.
Ella dirige el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal en Tepic. También, el Magistrado Sepúlveda pudo colocar a una hermana y a un hermano de su esposa, Iris Violeta y Juan Gil Rodríguez Hernández, como secretarios de Juzgado.
Al cierre de este trabajo, en el registro de la página oficial del Consejo de la Judicatura, solamente aparecía Juan Gil Rodríguez Hernández como Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur. Iris Violeta Rodríguez ya no aparece como funcionaria dentro de los Registro del CJF, pero su esposo Rodrigo Torres Padilla, sí. Él se encuentra adscrito como Juez de Distrito en el Juzgado Noveno en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
La esposa del Magistrado Jesús Antonio Sepúlveda Castro, la señora María de Lourdes Rodríguez Hernández es sobrina del Magistrado Enrique Rodríguez Olmedo, quien –también como parte de la red de nepotismo de Sepúlveda Castro- colocó en cargos del Poder Judicial a dos de sus hijos: Sara Elina y Enrique Rodríguez Vásquez, fueron asignados como Actuaria y el otro como secretario de Juzgado.
Sara Elina Rodríguez Vázquez se desempeña como Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Zapopan, Jalisco. Por su parte, Enrique Rodríguez Vásquez ya no aparece registrado como funcionado en la página oficial del Poder Judicial de la Federación.
Otro que ya no aparece en el registro oficial de funcionarios del Poder Judicial es Luis Roberto Ramos González, quien es esposo de Sara Elina Rodríguez Vásquez y había ingresado al servicio judicial como parte de la red de nepotismo de Jesús Antonio Sepúlveda Castro, cuando fue asignado como Secretario de Juzgado.
Pero quien si aparece es el Juez Luis Armando Perez Topete, actual titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en Zapopan, quien es esposo de Guadalupe Giselle Rodríguez Olmedo, sobrina del Magistrado Enrique Rodríguez Olmedo, la que ingresó al Poder Judicial en calidad de Secretaria, como parte de la red de nepotismo tejida por el Magistrado Jesús Antonio Sepúlveda Castro.
Este caso, del que fue informado en forma puntual al entonces Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, igual que todos los de nepotismo, también es celosamente guardado por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Ese órgano de gobierno respondió con banalidades y en forma muy ambigua a una solicitud de información[4] sobre la reacción oficial para sancionar el caso; el CJF respondió que el Magistrado Jesús Antonio Sepúlveda Castro había cumplido en tiempo y forma aportando información al Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, como si ello sirviera de algo. También refirió los derechos que le asisten al Magistrado, por lo que en el renglón informativo el asunto fue sellado.
Este caso de nepotismo, no en si el acto cometido por el Magistrado Jesús Antonio Sepúlveda Castro, sino el de la negativa del Consejo de la Judicatura Federal para darle continuidad y exponer públicamente los hallazgos encontrados entorno a la investigación necesaria de esta conducta atípica, fue lo que hizo que el Senado de la República tomara cartas en el asunto.
En julio del 2017, un grupo de legisladores mandaron llamar a Felipe Borrego Estrada, entonces consejero de la Judicatura Federal para que explicara las relaciones de nepotismo que se estaban dando dentro del Poder Judicial.
El llamamiento fue en ocasión de la elaboración de un informe intitulado “Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal” de la autoría del mismo Felipe Borrego Estrada. Ese documento, es uno de los más importes que se han elaborado al respecto del nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación.
En ese estudio se señala cómo las acciones que fomentan el nepotismo acarrean otros vicios cuando: “minan la legitimidad de las decisiones administrativas y jurisdiccionales. Fomentan el tráfico de influencias. Incentivan la opacidad y repercuten negativamente en la rendición de cuentas.
Propician conductas corruptas. Generan el empoderamiento de determinados sectores al interior de los órganos jurisdiccionales. Crean redes de intereses clientelares entre servidores públicos de diversos juzgados y circuitos. Generan discrecionalidad en la toma de decisiones y afectan negativamente la percepción pública del Poder Judicial”.[5]
[1] Consejo de la Judicatura Federal, Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal por el que se Establece el Plan Integral de Combate al Nepotismo, Ciudad de México, 4 de diciembre de 2019.
[2] Consejo de la Judicatura Federal, Respuesta a la Solicitud de Información No. 0320000265319, Ciudad de México, 24 de mayo de 2019.
[3] Consejo de la Judicatura Federal Procedimiento de Clasificación de la Información 20/2021, en Respuesta a la Solicitud de Información No. 030000044621, Ciudad de México, 25 de febrero del 2021.
[4] Consejo de la Judicatura Federal, Respuesta a la Solicitud de Información No. 0320000043221, Ciudad de México, 10 de marzo de 2021.
[5] Borrego Estrada, Felipe, “Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal”, Biblioteca Jurídica Virtual, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2018.
