González Calderoni, el viejo maestro de García Luna

Por. J. Jesús Lemus

Cuando inició la reestructuración de la vieja PJF para conformar la nueva AFI, el Licenciado se encontró con que muchos de los elementos que pasarían a estar bajo su mando mantenían claros nexos con grupos del narcotráfico. Todo indica que no hizo nada por depurar la institución. Finalmente los dejó pasar.

Quizá esa fue la primera ocasión en que García Luna se relacionó de manera consciente con miembros del crimen organizado. Sólo él lo sabe.

Uno de los elementos a quien recibió como subalterno, pese a las evidencias de vínculos con el narcotráfico, fue el comandante Guillermo González Calderoni, quien ingresó a la corporación como agente investigador durante la gestión del procurador Sergio García Ramírez, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982­1988).

Más tarde fue ascendido como comandante regional con Enrique Álvarez del Castillo, procurador general de la República, ya en la administración de Salinas de Gortari.

No hay que olvidar que, antes de ser el titular de la PGR, Álvarez del Castillo, en su calidad de gobernador de Jalisco, estuvo estrechamente vinculado a Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, los fundadores del narcotráfico moderno, a través del Cártel de Guadalajara. Incluso, la DEA lo acusó de encubrir los asesinatos del agente infiltrado de esa corporación, Enrique Camarena Salazar, y del piloto Alfredo Zavala Avelar, cargos por los que fueron procesados los tres narcotraficantes.

Hasta el cierre de esta edición, Rafael Caro Quintero quien ya no permanecía preso peleando no ser llevado en extradición a Estados Unidos para ser juzgado allá por dichos asesinatos. Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo ya cumplieron su condena de 40 años de prisión.

En la cárcel de Puente Grande, Jalisco, donde coincidí con Caro Quintero, entre 2008 y 2010, él mismo reconoció en sus esporádicas pláticas —dichas a manera de cátedra, a veces para escapar de la monotonía de la cárcel, entre algunos de los presos que nos arremolinábamos cuando algún guardia se mostraba flexible— que el ex gobernador Álvarez del Castillo facilitó la operación del Cártel de Guadalajara.

Por ejemplo, gestionó ante el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, la entrega de credenciales y placas de la PJF a Caro Quintero, Félix Gallardo y Fonseca Carrillo, con lo que prácticamente se les hizo intocables, cosa que reconoció el capo en su momento.

González Calderoni era el hombre de las confianzas de Álvarez del Castillo. No fue distinto con Macedo de la Concha, ni con los procuradores anteriores Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo Mc­Gregor, Diego Valadez Ríos, Humberto  Benítez Treviño, Fernando Antonio Lozano Gracia y Jorge Madrazo Cuéllar. Por eso García Luna lo acogió con los brazos abiertos al momento de integrar la AFI. 

No pesó demasiado el hecho de que González Calderoni tuviera una estrecha relación con Óscar Malherbe de León y Arturo Guzmán Decena, cuyo nombre en clave era el Z­1, los principales operadores del Cártel del Golfo, fundado por Juan García Ábrego.

Resulta imposible creer que las operaciones de González Calderoni, ya entronizado como comandante de la AFI, fueran desconocidas para la coordinación general de esta corporación, sobre todo porque eran públicas y notorias, como las reuniones que mantenía en Morelia, a principios del 2001, con los representantes del narco en Michoacán, aliados entonces con Los Zetas, y que luego formarían el Cártel de La Familia Michoacana.

González Calderoni negoció con Los Valencia y el grupo encabezado por Jesús Méndez Vargas, alias el Chango, a fin de otorgarles una porción de territorio michoacano para el trasiego de drogas; esto, a cambio de permitir la presencia de un grupo de sicarios enviados por García Ábrego, que seguía operando desde prisión para controlar el puerto de Lázaro Cárdenas.

Dicho grupo atendía directamente las instrucciones de Osiel Cárdenas Guillén —líder del Cártel del Golfo— y estaba comandado por Carlos Rosales Mendoza, alias el Carlitos o el Michoacano, uno de los funda­dores del Cártel de La Familia Michoacana.

El Carlitos, a quien conocí y fuimos compañeros de celda en la prisión de Puente Grande, en no pocas ocasiones habló de la relación que mantuvo, a través del comandante González Calderoni, con el entonces coordinador de la AFI: el Licenciado —alias con el que se refería a García Luna—, quien siempre le dispensó su apoyo.

Gracias a esa conexión que el Licenciado mantuvo —vía González Calderoni— con Cárdenas Guillén, compadre de Rosales Mendoza, este pudo contar con el apoyo de un grupo de la AFI para controlar el trasiego de drogas en territorio michoacano que, en aquel entonces, se disputaba el Cártel del Golfo con Armando Cornelio Valencia —jefe del Cártel de Los Valencia— y Méndez Vargas —cabeza del Cártel de La Familia Michoacana—.

En efecto, la evidencia apunta a que la relación entre Rosales Mendoza y García Luna fue a través del comandante González Calderoni, quien entonces cobraba un millón de dólares cada tres meses por la prestación de “los servicios” de los agentes de la AFI, los cuales, a su vez, se ponían a las órdenes de Rosales Mendoza, como sicarios. 

En esa relación —contó en su momento el Carlitos en prisión en 2009—, el Cártel del Golfo, del que él era uno de sus principales operadores, llegó a controlar el corredor de droga Puerto Lázaro Cárdenas ­ Morelia ­ Querétaro ­ San Luis Potosí ­ Nuevo Laredo.

Es decir, se trataba de la principal vía de suministro de cocaína proveniente de Cali, Colombia, para el Cártel del Golfo, ya plenamente establecido en Tamaulipas, de donde era originario y mantenía un amplio control el comandante González Calderoni.

Esa relación de “trabajo” entre García Luna y Carlos Rosales Mendoza, a través de los agentes de la AFI a cargo de González Calderoni, finalizó el 5 de febrero de 2003, cuando este fue ejecutado en la ciudad de McAllen, Texas.

A partir de ese momento, Rosales Mendoza no volvió a comunicarse con García Luna. De hecho, la relación no terminó de tajo.

Ya se había enfriado por la muerte de Arturo Guzmán Decena, el Z­1, ocurrida en un enfrentamiento con el Ejército el 2 de noviembre de 2002. El Carlitos siempre estuvo convencido de que la muerte de su compadre Guzmán Decena se derivó de una traición de García Luna.

El día de su ejecución, Guzmán Decena tenía pactado un encuentro con González Calderoni y el mismo García Luna en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

Tras la ruptura definitiva con García Luna, el Carlitos se convirtió en un objetivo de captura de importancia nacional.

Hasta entonces había logrado llevar a cabo subrepticiamente su labor como narco­traficante. Las fuerzas del orden nunca lo habían buscado.

Ni siquiera había tenido una orden de investigación. No fue sino hasta que se rompió aquella relación cuando la AFI emitió una orden de captura en contra del Carlitos. No sólo eso: también fue clasificado por la DEA como uno de los diez fugitivos más peligrosos del mundo, por el que se ofrecía una recompensa de dos millones de dólares.

Rosales Mendoza tuvo, después de la fractura, la audacia de desafiar a García Luna.  Le advirtió a través de un emisario que liberaría de la prisión federal de Almoloya, Estado de México, a su compadre Osiel Cárdenas Guillén, recluido allí desde el 14 de marzo de 2003.

El Carlitos organizó un grupo de 300 hombres para efectuar el asalto al penal federal. Como contó, el plan fue organizado por cuatro ex militares que eran elementos de la AFI y habían estado bajo las órdenes de González Calderoni: Óscar Guerrero Silva, alias el Winnie Pooh; Daniel Pérez Rojas, el Cachetes; Manuel Alquisires Hernández, el Meme, y Enrique Ruiz Tlapanco, el Tlapa. Se habían pasado al Cártel de La Familia Michoacana tras el asesinato de su comandante.

El asalto al Penal de Almoloya nunca se logró. En cuanto García Luna se enteró del plan, recomendó extremar las medidas de seguridad en la periferia del penal federal de Almoloya, al tiempo que comenzó la férrea cacería de Rosales Mendoza, al que finalmente detuvieron el 28 de octubre de 2004.

Paradójicamente, la PGR, a través del Ministerio Público adscrito, sugirió que el narcotraficante michoacano fuera recluido en la prisión que pretendía asaltar, para días después trasladarlo a la cárcel federal de Puente Grande.

La fricción entre ambos no terminó con el encarcelamiento de uno de los principales jefes de La Familia Michoacana.  En la prisión de Puente Grande —donde permaneció desde octubre de 2004 hasta que salió libre en mayo de 2014, luego de cumplir una sentencia de nueve años y cuatro meses por lavado de dinero—, Carlos Rosales Mendoza fue sometido a constantes torturas, privación de alimentos, incomunicación y segregación.

Según lo refirió dentro de la prisión, aquello fue por orden directa del Licenciado, quien oficialmente señalaba que era una forma de sometimiento para evitar una posible fuga del reo. La realidad es que nunca perdonó al capo por amenazarlo con el asalto al penal de Almoloya.

Otra de las razones que en su momento Rosales Mendoza atribuyó a la fijación que García Luna tenía para con su persona fue la alianza que —aseguraba— se había establecido entre este y el Cártel de Sinaloa, desde enero de 2001. En palabras de Rosales Mendoza, García Luna se habría comprometido con Ismael Zambada García, el Mayo, a respetar las operaciones del cártel a cambio del pago mensual de un millón de dólares.

El contacto entre García Luna y el Cártel de Sinaloa se habría dado a través de Eduardo Santos Acosta Michel, un funcionario de la PGR que después sería el subdelegado de Asuntos Penales de la dependencia en Sonora.

El Carlitos aseguraba que Acosta Michel —detenido en Nogales, Arizona, el 17 de abril de 2003, portando más de 30 mil dólares en efectivo, cuya procedencia no demostró y por lo cual lo procesó el gobierno de Estados Unidos— también se encontraba en la nómina de Rafael Caro Quintero, en ese entonces recluido en la cárcel federal de Matamoros, antes de ser trasladado a la cárcel federal de Puente Grande.