Asesinan al ambientalista Marco Antonio Suástegui; luchó contra privatizaciones de CFE y playas

Este domingo por la mañana, en honor a Marco Antonio Suástegui Muñoz, figura emblemática en la defensa del agua, del territorio y los derechos de las comunidades rurales en Guerrero, campesinos sonaron sus machetes al encabezar una caminata junto a familiares, vecinos, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para sepultarlo en Cacahuatepec.

El líder ambientalista de 49 años falleció el pasado viernes 25 de abril en un hospital privado de Acapulco luego de debatirse ocho días entre la vida y la muerte tras haber sido víctima de un ataque armado el pasado 18 de abril en el fraccionamiento Costa Azul.

De acuerdo con medios locales, fuerzas de seguridad lo resguardaban, ya herido de muerte. Fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones por las lesiones provocadas en abdomen, tórax y cuello. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó su fallecimiento la tarde del pasado viernes.

Durante dos décadas, Suástegui Muñoz lideró la resistencia de comunidades campesinas e indígenas en contra de proyectos privatizadores de su territorio como la hidroeléctrica La Parota de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En los últimos años se había involucrado en la defensa de la playa de Acapulco frente a proyectos de privatización y denuncias de delitos ambientales.

Desde 2024 recibió amenazas de muerte que el Mecanismo de Protección no atendió

Dicho centro defensor de derechos humanos publicó en un comunicado que Suástegui Muñoz desde mediados de agosto del 2024 les había hecho saber su preocupación por las amenazas recibidas:

“El domingo 11 de agosto recibí una amenaza de muerte. Estaba en El Fraile en una asamblea cuando se acercó un tipo para decirme: ¡Cuídate cabrón! Los jefes están muy enojados por lo que dijiste en la asta bandera.

Ese día organizamos una protesta por el tercer aniversario de la desaparición de mi hermano Vicente. Ahí señalé a los autores materiales que está investigando la Fiscalía del estado. Era como la una de la tarde y aún no terminaba la reunión. Me advirtió que si seguía no me la iba acabar porque para la otra vendrían a rafaguearnos. Comprendí que el mensajero pertenecía al mismo grupo”.

No cesaron las amenazas en contra Marco Antonio Suástegui, quien era arquitecto, pero había abandonado desde el 2001 su profesión para abrazar la lucha contra los despojos de las tierras de los campesinos, la extracción de agua para trasladarla al puerto de Acapulco, la sobreexplotación del río por parte de los empresarios gravilleros.

Trabajaba rentando motos en la playa Icacos en Acapulco. Una tarde a mediados de agosto del año pasado invadieron su área de trabajo: “Pregunté quién la estaba ocupando. Nadie dijo nada. De repente llegó otro tipo para decirme que su jefe le había dado la orden de ocupar el lugar. Le aclaré que yo cuento con permiso para rentar motos y que ahí trabajo desde hace muchos años. Le advertí que no me quitaría. No me respondió. Sólo agarró su teléfono y le habló a su jefe. Le dijo que ya estaba ahí y que fueran por mí. En ese momento me retiré y me fui a la casa”.

El líder ambientalista informó de estas amenazas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, de la Secretaría de Gobernación, manifestando “que los riesgos que enfrentaba eran mayores y que temía por su seguridad y la de sus familiares. Pidió formalizar su petición sobre la inminencia de las amenazas. Demandaba el acompañamiento de la Guardia Nacional. No veía otra forma más segura para continuar su lucha como defensor y para conservar su fuente de trabajo”, de acuerdo con Tlachinollan.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2021 otorgó medidas cautelares a la familia de Suástegui Muñoz, tras la desaparición de su hermano Vicente. A pesar de ello, “las autoridades federales no dimensionaron el grave peligro que corría Marco Antonio. Sólo se redujeron a proporcionarle un teléfono satelital y un botón para emergencias. En medio de múltiples peligros Marco nunca suspendió las reuniones dominicales en Cacahuatepec y tampoco abandonó su trabajo en la playa”, según la ONG.

Autoridades de Guerrero y federales lamentan la muerte del líder, pero no paran la violencia

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), condenó el ataque y pidió a la Fiscalía de Guerrero no descartar ninguna línea de investigación. Aseguró que, tras el atentado, se activaron los protocolos correspondientes para brindar atención a la familia de Suástegui Muñoz, en coordinación con las autoridades estatales. ¿Y por qué no lo hicieron antes?

Amnistía Internacional condenó el asesinato de Marco Antonio y exigió a la Fiscalía de Guerrero considerar su labor como defensor de derechos humanos como móvil de su asesinato. Asimismo, pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brindar protección urgente a su familia.

“Mi solidaridad con la familia de Marco Antonio Suástegui, líder social y compañero de nuestro movimiento en Guerrero, quien, a pesar de los esfuerzos médicos y la atención brindada, esta tarde falleció en Acapulco. Expreso mi más sentido pésame y mi acompañamiento en estos momentos”, escribió la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que no ha podido frenar la violencia en todo el estado.

La declaración de la mandataria confirma que en tiempos de campaña electoral a Marco Antonio Suástegui lo buscaban los candidatos que supuestamente coincidían en la lucha de los comuneros como el exgobernador Ángel Aguirre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador; la actual alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el senador de Morena Félix Salgado Macedonio.

Fue preso político

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), señaló que Suástegui Muñoz fue víctima de hostigamiento judicial.

En el año 2001, junto con su hermano Vicente y otros luchadores sociales de la región iniciaron movilizaciones para impedir que se destruyera su territorio, ya que se pretendía instalar la que sería una de las hidroeléctricas más grandes de América Latina y ocuparía el agua del río Papagayo: La Parota.

“El proyecto contemplaba inundar decenas de pueblos y comunidades a los que se proponían pagos miserables por la tierra”, de acuerdo con Tlachinollan.

“Marco Antonio empuñó el machete para defender el agua y la tierra en las comunidades de Acapulco donde se pretendía instalar la que sería La Parota”, según El Sol de Acapulco.

Desde el 2003 cuando se conformó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz al enterarse de que la CFE entró a las tierras comunales de su núcleo agrario sin pedir permiso, las comunidades vecinas empezaron a reunirse los domingos para platicar lo que estaba pasando.

Metieron maquinaria y empezaron a hacer socavones para iniciar la construcción de la cortina. Las comunidades decidieron detener a los ingenieros para impedir que continuaran los trabajos.

En 2005 fue detenido por primera vez por órdenes del entonces gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros. Logró salir al pagar una fianza.

El 17 de junio del 2014 fue detenido y encarcelado en el penal de La Unión acusado de robo, lesiones, despojo y daños. De acuerdo con la ONG Tlachinollan, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero gestionó ante las autoridades federales el traslado de Marco Antonio al Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit.

La intención era dejarlo incomunicado e impedir que tuviera una defensa que lo acompañara en su proceso. Marco no se doblegó, se logró a través de un amparo que lo regresaran al penal de La Unión el 31 de marzo del 2015. Nuevamente salió libre el 24 de agosto de 2016 por resolución de la sala penal.