No es slogan, es la dolorosa realidad: México es el país más peligroso para ejercer el periodismo
De enero del 2000 a octubre del 2023 han sido asesinados en México un total de 264 periodistas o reporteros, y otros 21 se encuentran en calidad de desaparecidos. Las cifras oficiales no hablan de tal cantidad, como siempre tienden a ocultar la realidad.
Por. J. Jesús Lemus
Ejercer el periodismo libre, comprometido solo con la verdad y alejado de todos los poderes oficiales y fácticos, en México se ha convertido en un oficio de muerte. No es una exageración. Tampoco es retórica, ni es recurrir al discurso trillado que con frecuencia muchos dicen a la ligera solo para victimizarse.
El riesgo de ser periodista en México, es una realidad ineludible: hacer periodismo de verdad y denunciar desde la independencia los cánceres que laceran a la sociedad, es pisar los linderos de la muerte, de la desaparición forzada, del destierro o del encarcelamiento.
Si bien es cierto que en México las mayor parte de las agresiones a los activos de la prensa libre provienen de los miembros del crimen organizado, sobretodo de los Carteles de las Drogas -que actúan siempre en venganza por la exhibición de sus actos de corrupción o de violencia-, no se puede ignorar el papel transgresor que también ejerce el Estado mexicano.
Nunca como ahora, desde la Primera Magistratura del país, desde la cabeza del Estado, se había agredido tanto a periodistas y reporteros que no aplauden las políticas de gobierno. Para la presidencia de la República se es periodista cuando se aplaude a la misma presidencia, cuando se le critica entonces la prensa se convierte en “chayotera”, “conservadora”, “manipuladora”, y un largo etc… etc… que por ofensivo se vuelve delicado.
La cobarde agresión contra periodistas y reporteros independientes, generalizados como “la prensa”, solo obedece a una razón: al desconocimiento que se tienen sobre la verdadera naturaleza y función del periodismo.
Sigue la Asociación del crimen con el Estado
Desde esa ignorancia, el Estado mexicano, a través de algunos que lo conducen o sus asociados criminales, se ha convertido en un vulgar ente delictivo que desde la oscuridad –porque no existe ninguna legitimidad para ello- busca silenciar aquellas voces que les resultan incomodas.
En su estado más puro, el periodismo se finca en un principio básico: no servir ni aplaudir al poder en cualquiera de sus manifestaciones. Eso es para no darle más poder al poder y no hacerlo más aplastante, como lo reclama la misma naturaleza del poder.
En consecuencia la función básica del periodismo, a través de sus agentes, los periodistas y reporteros, es informar -aquello que alguien no quiere se informe- para con ello contribuir a que el grueso social forme su propio criterio, su opinión pública, sobre las cosas que suceden. Esa es la razón del periodismo.
La anterior es también la razón por la que los periodistas y reporteros libres, cuando no aplauden al poder y tienden a cuestionar los actos y las políticas del Estado, son vistos como enemigos del sistema. Es allí cuando la prensa libre se convierte, por apegarse a la sola naturaleza del periodismo, en blanco de las agresiones institucionales totalizadoras o parciales.
Ambos tipos de agresiones pueden ser en dos vías: mediante la participación del Crimen Organizado, aliados frecuente de funcionarios públicos, o por acción directa del propio Estado, que por lo general se manifiesta mediante campañas directas de desprestigio público, lanzadas directamente desde el discurso oficial.
Hay de amenazas a amenazas
Las agresiones totalizadoras contra los miembros activos de la prensa verdadera son aquellas como el asesinato o la desaparición forzada, que terminan en definitiva por alejar a los periodistas de su trabajo. El encarcelamiento y el desplazamiento forzado también son acciones totalizadoras, porque llevan a los periodistas y reporteros a separarse de sus actividades informativas al menos por un periodo muy largo de tiempo.
Las agresiones parciales, como las amenazas de muerte, campañas de violencia o desprestigio que se vierten mayormente en las redes sociales, contribuyen en forma importante para que los periodistas o reporteros, aun sin alejarse de su labor informativa, a causa del miedo, se autocensuren y se alejen de la investigación.
Como efecto de la autocensura resulta el surgimiento cada vez mayor de las llamadas Zonas de Silencio Informativo, en donde no hay trabajo de investigación y por lo tanto no hay periodismo, además de que el supuesto “periodismo” que pervive solo se limita a la publicación de actos de gobierno o boletines institucionales.
Eso, en el mejor de los casos es ser voceros del poder o publirrelacionistas de los entes gobernantes. Y esa es unas de las principales razones por las que ahora el periodismo mexicano se encuentra en grave crisis.
Las agresiones a periodistas y reporteros que conducen a la autocensura son las que mayormente ejerce el Estado mexicano, desde la institucionalidad o desde los grupos afines al crimen organizado. Esa es la técnica de la que se valen para anular la denuncia, la crítica y en general el trabajo informativo del periodismo libre.
Nadie ve ni oye nada
Además, a final de cuentas la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o las Fiscalías y Comisiones de Derechos Humanos en los estados nunca investigan, mucho menos llegan a judicializar aquellos casos de periodistas afectados por amenazas de muerte, campañas de desprestigio o agresiones a través de las redes sociales.
Es un hecho real que las muchas de las agresiones totalizadoras y parciales, que buscan anular el periodismo libre, se diseñan y se ejecutan en México desde el propio Estado. Es difícil hacer periodismo si no se está vivo o si se ha perdido la credibilidad.
El Estado y el crimen organizado lo saben, por eso la recurrencia de esas dos formas de silenciar a los activos de la prensa independiente; para evitar que la prensa cumpla con su cometido social, de informar para generar opinión pública.
En ningún país del mundo democrático los periodistas y reporteros enfrentan las condiciones de violencia que se viven en México, solo por actuar en el ejercicio del periodismo con libertad de conciencia.
El menor de los riesgos que se corren en México cuando se ejerce el periodismo vertical, con ética y sin entreguismos al poder, son las amenazas a la integridad física, el descredito social y las campañas de odio a través de las redes sociales.
Seguimos en retroceso
Duele decirlo, pero en México, en términos de libertad para informar no hemos avanzado. Más bien parece que vamos en retroceso. Cada vez son más frecuentes los ataques que desde el poder se lanzan contra la prensa libre.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha resultado tan violenta para los periodistas independientes como en su momento fueron los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox. Las cifras de periodistas asesinados o desaparecidos no dan pauta a la mentira.
De enero del 2000 a octubre del 2023 han sido asesinados en México un total de 264 periodistas o reporteros, y otros 21 se encuentran en calidad de desaparecidos. Las cifras oficiales no hablan de tal cantidad. Como siempre tienden a ocultar la realidad:
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la propia Fiscalía Especial para la atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR, reconocen que solo el 75 por ciento de esos asesinatos y desapariciones son atentados a la libertad de expresión y agresiones al libre periodismo.
A pesar de ello, es innegable que en México, en los últimos 23 años, desde enero del 2000 a octubre del 2023, la violencia contra los periodistas y reporteros no ha cesado. Se ha incrementado. Las agresiones parecen sistemáticas. Se ha institucionalizado la violencia contra la prensa.
Hasta se podría considerar que los ataques a la prensa libre son parte de una agenda de políticas públicas ejercida por el gobierno federal y muchos de los gobiernos estatales y municipales de todo el país, sin importar la procedencia de partidos políticos. Todo sea con el fin de reducir los cuestionamientos al poder desde el plano de la información.
Agresiones en aumento
Producto del mismo gobierno oligárquico que padece México, desde el 2000 al menos hasta el 2023, vienen en aumento las agresiones contra los miembros activos de la prensa independiente, los periodistas y reporteros que no trabaja para los Mass Media corporativos.
Ese incremento en agresiones no solo obedece a la cada vez mayor relación que existe el crimen organizado y funcionarios de gobierno en cualquiera de sus tres niveles, también obedece a la intolerancia institucional de la clase gobernante que cada vez se muestra con una piel más sensible hacia los señalamientos de la prensa libre.
El desprecio del Estado hacia el trabajo periodístico nunca había quedado tan claro como con la postura pública manifiesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su postura supuesta de izquierda se ha convertido en el Jefe del Ejecutivo mexicano con mayor cantidad de agresiones cometidas no solo a periodistas y reporteros, sino también a presentadores de noticias, comunicadores, opinadores y usuarios de las redes sociales.
La llamada Conferencia Mañanera, un modelo híbrido de comunicación institucional, utilizada por el régimen de la Cuarta Transformación como aparato propagandístico bajo el disfraz de fuente informativa, se ha convertido en el principal instrumento de agresión para diversos actores de la prensa, tanto del sector libre –sin compromiso con los medios corporativos- como de la prensa militante, que tienen compromiso con sectores sociales y partidos políticos opuestos a los que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde allí, todos los días se fustiga a los periodistas y comunicadores que cuestionan la honestidad pública del gobierno en funciones.
Si bien es cierto que las agresiones que emanan de la Conferencia Mañanera contra los actores de la prensa libre y la prensa militante opuesta a la 4T, podrían considerarse agresiones blandas, por tratarse de falacias verbales que incitan al descredito público y a las campañas de odio contra algunos periodistas, reporteros, presentadores de noticias, comunicadores, opinadores y usuarios de las redes sociales, también resulta que esas agresiones –que en cualquier Estado democrático habrían causado sanciones al titular del Poder Ejecutivo- se tornan peligrosas, por el peso de la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador entre sus seguidores.
Esa podría ser una de las razones por las que los ataques como amenazas de muerte, campañas de desprestigio y agresiones en las redes sociales han aumentado en forma considerable en los últimos años, en contra de los agentes de la prensa libre y la prensa militante de centro derecha.
A ello se puede atribuir el incremento en el número de solicitudes de inscripción dentro del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el órgano que creó el Estado para proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos de las agresiones que muchas veces salen desde el mismo Estado.
Un Mecanismo corrupto
El que vayan en aumento los ataques a los agentes de la prensa, y que eso mismo empuje al alza el número de solicitudes de incorporación al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no quiere decir que el llamado Mecanismo de Protección de Periodistas acepté todas las solicitudes de incorporación. Ese es otro gran tema que revela no solo la corrupción dentro del Mecanismo y sus directivos, sino la falsa política de protección a los periodistas que lleva el gobierno federal.
La estrategia es clara: el Estado mexicano convertido en uno de los principales agresores de la libertad de expresión y el libre periodismo, pero intenta negar esa posición ganada a pulso con el solo hecho de querer demostrar que no van en aumento las incorporaciones de agentes de la prensa en el Mecanismo de Protección. Por esa razón los directivos del Mecanismo de Protección niegan sistemáticamente la incorporación de más agentes de la prensa libre agredidos, bajo el argumento de la sinrazón para solicitar la protección oficial, aunque después muchos de esos que solicitaron la protección hayan sido ejecutados.
Solo por lo anterior, queda más que demostrado que hoy en México, hacer periodismo de verdad es un ejercicio de muerte. Es ponerse una diana en el pecho, y solo esperar a que llegue la bala. Después de todo, como en una ocasión lo dijo el periodista Javier Valdez Cárdenas, “siempre hay una bala que tiene tu nombre”, la cuestión –según me dijo el periodista aquella tarde de diciembre, en Guadalajara-, es saber cuándo y quien disparará esa bala.
