Con Sheinbaum, regresa el peligroso Fracking; en proyectos extractivos no son primero los pobres

Por. J. Jesús Lemus

La presidenta Claudia Sheinbaum, en aras de alcanzar una mayor Inversión Extranjera Directa (IED), el índice económico que pudiera hablar al mundo de que en México se mantiene una economía estable, ha optado por la entrega de los recursos del subsuelo.

Como instrumento de entrega de los recursos naturales del subsuelo mexicano a la inversión extranjera directa, se ha instrumentado el Plan México, un programa mediante el cual se busca disfrazar de desarrollo social la entrega del subsuelo nacional.

Como parte del llamado Plan México, la búsqueda de Inversión Extranjera Directa y la entrega de las riquezas del subsuelo, el gobierno federal -que es la sustancia de la nueva política económica- se ha decidido apertura al país a dos actividades peligrosas sociales y ecológicamente: la minería a cielo abierto y la extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica (Fracking).

El Fracking, ha quedado establecido mundialmente, es una de las actividades extractivas más peligrosas para el ecosistema por el hecho de romper la corteza terrestre y utilizar desmedidos volúmenes de agua, para extraer el gas natural atrapado en bolsas de roca. Además, esa técnica es un factor generador de terremotos.

Pero lo anterior parece no importar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella ha tomado la decisión de permitir tanto el Fracking como la minería cielo abierto para que empresas mineras y gaseras de Canadá y Estados Unidos, se establezcan en suelo mexicano y se queden con la riqueza de los mexicanos.

Ya se había dicho el riesgo

A mediados del 2018 el propio director de Energía de la Secretaría de Innovación y Desarrollo del gobierno de Chihuahua, Jorge López Uranga, dijo que esta entidad se perfilaba en un plazo no mayor de 15 a 20 años como una potencia en cuanto a la generación de gas natural; anunció la puesta en oferta de yacimientos de ese hidrocarburo que se habían detectado en los municipios de Ascensión, Casas Grandes y Villa Ahumada.

La noticia que fue aplaudida por el gobierno estatal, causó un ánimo adverso entre grupos de defensores del territorio y el agua de los referidos municipios, donde se integró la organización Chihuahua Vs. Fracking, que es la principal organización social que ha lanzado una lucha contra la posibilidad de que esa técnica de extracción de gas y petróleo sea aplicada en esta entidad, por los efectos ambientales sobradamente demostrados en algunas regiones de Veracruz, Tamaulipas y Puebla.

Otros municipios de Chihuahua que también se encuentran dentro de la cartografía que el gobierno federal ha expuesto a los grandes capitales del mundo, en aras de un desarrollo económico mal entendido, son Coyame, Ojinaga, Camargo, Jiménez y Julimes, donde precisamente ahora el agua es escasa y su suministro a la población se podría agravar ante el arrebato que hagan las empresas petroleras.

Solo en el municipio de Ascensión, en donde empresas como Bhp Billiton, Capricorn Energy Limited, Canamex Dutch, Casa Exploration, Carso Energy, Gat Oil & Gas, Diavaz Offshore y Fieldwood Energy, están compitiendo por hacerse de alguno de los campos de hidrocarburos puestos en oferta, el agua es posiblemente más escasa que el petróleo, pues el 9.4 ciento de los 23 mil 953 habitantes que registra esa localidad, no cuentan con servicio de abasto en su propio domicilio.

En esta localidad la mayor parte del agua ha sido arrebatada a la población por parte de la comunidad menonita, la que para la operación de su planta agroalimentaria se ha hecho de concesiones que le garantizan más de 2 millones 300 mil metros cúbicos de agua al año, mientras que la población del municipio solo cuenta con un abasto de 267 mil metros cúbicos de agua por anualidad.

De darse la anunciada perforación de pozos de gas natural, que contempla al menos la instalación de 36 campos petroleros solo en esta localidad, las industrias tendrán que utilizar al menos 120 mil metros cúbicos de agua por año, la que se tendrá que obtener del sistema municipal de agua potable ante la veda de perforación que la CNA ha decretado para esta región.

Los más pobres, invandidos

En el municipio de Casas Grandes, en donde Grupo R Exploración y Producción, American Oil Tools, Caabsa Infraestructura, Desarrolladora Oleum, Armour Energy y Chevron Energía de México, entre otras compañías están buscando hacer negocios mediante la extracción de gas natural y petróleo por fractura hidráulica, también existe una evidente crisis de agua, la que en gran medida es consumida no solo por la comunidad menonita sino por grupos usuarios del sistema de riego agrupados en sociedades de producción rural.

Aquí, la comunidad menonita, que es poca frente a la proporción de otros municipios del estado de Chihuahua, es dueña absoluta de más de 450 mil metros cúbicos de agua cada año, mientras que los grupos ganaderos locales se apropian de poco más de 780 mil metros cúbicos de agua por anualidad, lo que deja a la población en general para su abasto un volumen de apenas 270 mil metros cúbicos de agua por año.

De acuerdo al Informe Anual de Pobreza y Rezago Social del gobierno federal, el 7.9 por ciento de los más de 11 mil habitantes que registra este municipio, no cuentan con suministro de agua potable en sus domicilios, lo que coloca a esta localidad en una de las más marginadas del estado de Chihuahua, cuyo índice de rezago se podría incrementar con la llegada de la industria petrolera, pues este sector habrá de requerir al menos 160 mil metros cúbicos de agua al año para cumplir con sus expectativas económicas.

El municipio de Villa Ahumada, es ambicionado por compañías como Bp Exploration México, China National Offshore Oil Corporation Cnooc, Desarrollo de Tecnología y Servicios Integrales Dtsi México, Gran Tierra Energy, Inpex Corporation, Petrobal Upstream Delta 1, Jaguar Exploración y Producción de Hidrocarburos y Lukoil Overseas Netherlands, las que están interesadas en establecer aquí sus centros de producción de gas natural y petróleo extraído mediante fractura hidráulica.

Aquí no es necesario correr a las cifras oficiales que avalen el índice de pobreza. En esta parte de Chihuahua ya no la pobreza, sino la miseria salta a la vista. De los más de 12 mil 500 pobladores con que cuenta esta localidad por lo menos el 15 por ciento vive en casas que no tienen ningún tipo de servicio, pero es la falta de agua, antes que la electricidad, el drenaje o el piso de tierra, la que habla de la marginación.

De darse aquí la apertura a la extracción de gas y petróleo por medio del Fracking con la operación de 22 pozos de hidrocarburos sin duda alguna el problema de la falta de agua habrá de aumentar, pues la planta petrolera estima utilizar, para sus actividades económico-productivas, el mismo volumen con el que apenas se abastece la población, el que se tendrá que obtener de los pozos que intentan satisfacer las necesidades comunales.

En el caso del municipio de Villa Ahumada, igual que en el de Ascensión y Casas Grandes, la planta extractiva de petróleo y gas Shell no contempla perforaciones de pozos para el suministro del agua a emplear, debido a la veda que existe en esta zona, por lo que presume la posibilidad de que esa industria se tenga que alimentar de agua de la propia red del sistema municipal, con la consecuente afectación al resto de los usuarios.

Se acaban el agua

El uso de agua de los sistemas municipales para la industria extractiva de hidrocarburos no será particular en el estado de Chihuahua, pues esta es una práctica común y generalizada que desde el 2010 se viene realizando en todo el territorio, donde las petroleras toman agua del sistema municipal para utilizarla industrialmente.

Los datos oficiales de Pemex revelan que solo entre el 2010 y el 2024, ninguna de las compañías petroleras que tuvieron a su cargo la perforación y explotación de 341 pozos mediante la técnica del fracking en los estados de Tamaulipas y Nuevo León contaron con permisos para perforar pozos de agua, que les garantizara el suministro del líquido para sus actividad. Todas las compañías utilizaron agua de los sistemas municipales, la que evidentemente fue agua que faltó en algunas viviendas.

Según Pemex Exploración y Producción, en el 2010, cuando se inició con el uso de la técnica de fracking en el país, fueron 64 pozos de gas y petróleo los que estuvieron activos en todo el territorio de Tamaulipas y Nuevo León, 48 de ellos en el municipio de San Fernando, tres en Camargo, dos en Gustavo Díaz Ordaz, uno en Reynosa y dos más en General Bravo.

Hacia el 2011 el número de pozos mediante fractura hidráulica, con el consabido arrebato de agua a la población aumentó a 75, de los que 52 se ubicaron en San Fernando, siete en Gustavo Díaz Ordaz, uno en Reynosa, tres en Camargo, del estado de Tamaulipas, y 12 en General Bravo, Nuevo León. La misma cifra que fue rebasada en el 2012, cuando fueron 107 pozos con la técnica de fracking, de los que la mayoría operaron en el estado de Tamaulipas: 77 en San Fernando, cinco en Camargo, cinco en Gustavo Díaz Ordaz y uno en Valadeces, mientras que en Nuevo León operaron 19 pozos en el municipio de General Bravo.

Para el 2013 el número de pozos activos con fracking disminuyó a 80, debido al agotamiento de los recursos en 27 de ellos; los pozos de hidrocarburos que consumieron grandes volúmenes de agua en ese periodo fueron 77 en el municipio de San Fernando, uno en Camargo y dos más en Reynosa, Tamaulipas, mientras que en el 2014 fueron solo 15 pozos con fracking, 13 de ellos en San Fernando y otros dos en Reynosa, de ese mismo estado.

Del 2015 al 2024, el número de pozos de gas y petróleo mediante la fractura hidráulica creció de forma acelerada, hasta llegar –con corte a noviembre del 2024- a 2 mil 762, de los que casi el 65 por ciento ya se encuentran en operación, el 13 por ciento aún se hallan en etapa de exploración y el 22 por ciento se mantienen en la etapa licitación para su entrega al mejor postor.

De todos los pozos con fracking, sean en operación, exploración o a la espera de la licitación correspondiente, Mil 114 de ellos se ubican en el estado de Puebla, otros 733 están en el subsuelo de Veracruz, 250 se ubican en Tamaulipas, 138 están en el estado de Tabasco, 93 más se hallan en suelo de Nuevo León, 64 esperan en Campeche, 36 en Chihuahua, 35 en Coahuila, y 19 más en el territorio del estado de San Luis Potosí.

Pero si el número de pozos puestos a disposición de las empresas trasnacionales para su usufructo parece escandaloso, es más alarmarte la cantidad de suelo que se le está entregando a las empresas petroleras, las que pueden disponer de ese territorio de la manera que les plazca, incluyendo el desmedido uso del agua que se le arrebata a las comunidades originarias de las zonas enajenadas.

Solo para darnos una idea del territorio que se está enajenando con el aval del gobierno federal, hay que decir que la superficie destinada a la explotación de hidrocarburos -donde ya hay asignaciones, contratos, están las licitaciones en proceso o estas se harán antes de que concluya el 2019- es de 444 mil 900 kilómetros cuadrados,  que si bien es cierto apenas representa el 0.02 por ciento de todo el territorio mexicano, pero en realidad es una superficie que equivale a 66 veces la extensión territorial de la Ciudad de México.

Una Entrega Peor que la de Santa Anna

Las cifras de territorio nacional que el gobierno federal está entregando a las empresas petroleras trasnacionales cobran mayor dimensión, si se compara con las 22 millones 313 mil 941 hectáreas (223 mil 139 kilómetros cuadrados) que se han entregado a la industria minera en los últimos 12 años; es decir, la industria petrolera con el auge de la Reforma Energética de la 4T, ha duplicado ya la superficie de suelo que se le ha arrebatado a las comunidades originarias con fines extractivos por parte de la industria minera.

Lo cierto es que entre las industrias mineras y petroleras se está diluyendo la soberanía nacional, pues ambas ya son dueñas absolutas de más de 668 mil 039 kilómetros cuadrados de suelo y todo lo que haya debajo de él, lo que representa casi dos veces y media la superficie del estado de Chihuahua, la entidad con mayor extensión territorial en el país.

Los estados que habrán de ver más enajenado su suelo gracias a la Reforma Energética y a la desgracia de tener grandes yacimientos de petróleo y gas natural, son Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, donde en conjunto 102 mil 046 kilómetros cuadrados de suelo ya están entregados por asignación a proyectos petroleros, y otros 78 mil 429 kilómetros cuadrados fueron entregados por contratos directos   del gobierno federal a empresas nacionales o internacionales de capital privado.

De acuerdo con información de Fundar -Centro de Análisis e Investigación A.C.- Veracruz es el estado que más territorio entregará en concesión a las empresas petroleras, al cuantificar más de 47 mil 345 kilómetros cuadrados que se encuentran o están en proceso de ser ocupados por la industria petrolera, que es a la vez una extensión 34 veces mayor a la superficie que ocupa toda la ciudad de Xalapa.

Del territorio de Tamaulipas son 32 mil 300 kilómetros cuadrados los que el gobierno federal ha determinado entregar a la planta petrolera, que –siguiendo el ejercicio anterior- representan 75 veces la superficie territorial de la Ciudad de Victoria, capital de esa entidad; en el estado de Coahuila se tienen contemplad que sean 18 mil 529 kilómetros cuadrados los que antes de que concluya el 2019 se habrán de entregar al usufructo de las petroleras, que es una superficie 68 veces mayor a la que ocupa la ciudad de Saltillo.

Otro estado que literalmente perderá gran parte de su superficie territorial al ser entregada a la explotación de las petroleras, es Nuevo León, en donde poco más de 17 mil 591 kilómetros cuadrados ya comenzaron a privatizarse con fines extractivos, superficie que equivale a 19 veces la extensión territorial de la ciudad de Monterrey.

En Tabasco son 16 mil 441 kilómetros cuadrados de suelo los que el gobierno federal ha determinado que se entreguen a las petroleras, lo que es una superficie 269 veces el territorio que ocupa la ciudad de Villahermosa y a la vez representa el 65 por ciento de todo el territorio estatal; en Chiapas se enajenarán 4 mil 764 kilómetros cuadrados, que equivalen a 49 veces la superficie de suelo que ocupa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Y así podríamos seguir haciendo la comparación, pero a final de cuentas nada cambia el hecho de que en San Luis Potosí se perderá la soberanía sobre 3 mil 749 kilómetros cuadrados de suelo, en Puebla sobre 2 mil 549 kilómetros cuadrados, en Oaxaca la superficie a entregar es de Mil 528 kilómetros cuadrados, y en Hidalgo la perdida será de Mil 447 cuadrados, que en la suma del territorio perdido de estos cuatro estados se obtiene una superficie de 8 mil 973 kilómetros cuadrados que es casi la superficie que ocupan los estados de Tlaxcala y Aguascalientes.

Para que duela más la indignación hay que señalar que el territorio que la historia señala fue entregado por el general Antonio López de Santa Anna a los Estados Unidos en 1853, bajo el llamado Tratado de la Mesilla, fue de una extensión de 76 mil 845 kilómetros cuadrados que hoy son parte del sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México, y que esa superficie es apenas casi una sexta parte del suelo que la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto y de la Cuarta Transformación ya comenzó a entregar a las empresas petroleras trasnacionales.