En aras de un desarrollo mal entendido, se ha regalado una tercera parte del suelo nacional

Por. J. Jesús Lemus

Las cifras de territorio nacional que el gobierno federal -sin importar quien gobierna- está entregando a las empresas petroleras trasnacionales se entienden mejor, si se compara con las 22 millones 313 mil 941 hectáreas (223 mil 139 kilómetros cuadrados) que se han entregado a la industria minera en los últimos años.

Es decir, la industria petrolera con el auge de la Reforma Energética, ha duplicado ya la superficie de suelo que se le ha arrebatado a las comunidades originarias con fines extractivos por parte de la industria minera.

Entre las industrias mineras y petroleras se está diluyendo la soberanía nacional, pues ambas ya son dueñas absolutas de más de 668 mil 039 kilómetros cuadrados de suelo y todo lo que haya debajo de él, lo que representa casi dos veces y media la superficie del estado de Chihuahua, la entidad con mayor extensión territorial en el país.

Los estados que habrán de ver más enajenado su suelo gracias a la Reforma Energética y a la desgracia de tener grandes yacimientos de petróleo y gas natural, son Campeche, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, donde en conjunto 102 mil 046 kilómetros cuadrados de suelo ya están entregados por asignación a proyectos petroleros, y otros 78 mil 429 kilómetros cuadrados fueron entregados por contratos directos ^[1] del gobierno federal a empresas nacionales o internacionales de capital privado.

De acuerdo con información de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., Veracruz es el estado que más territorio entregará en concesión a las empresas petroleras, al cuantificar más de 47 mil 345 kilómetros cuadrados que se encuentran o están en proceso de ser ocupados por la industria petrolera, que es a la vez una extensión 34 veces mayor a la superficie que ocupa toda la ciudad de Xalapa.

Del territorio de Tamaulipas son 32 mil 300 kilómetros cuadrados los que el gobierno federal ha determinado entregar a la planta petrolera, que –siguiendo el ejercicio anterior- representan 75 veces la superficie territorial de la Ciudad de Victoria, capital de esa entidad; en el estado de Coahuila se tienen contemplad que sean 18 mil 529 kilómetros cuadrados los que antes de que concluya el 2019 se habrán de entregar al usufructo de las petroleras, que es una superficie 68 veces mayor a la que ocupa la ciudad de Saltillo.

Otro estado que literalmente perderá gran parte de su superficie territorial al ser entregada a la explotación de las petroleras, es Nuevo León, en donde poco más de 17 mil 591 kilómetros cuadrados ya comenzaron a privatizarse con fines extractivos, superficie que equivale a 19 veces la extensión territorial de la ciudad de Monterrey.

En Tabasco son 16 mil 441 kilómetros cuadrados de suelo los que el gobierno federal ha determinado que se entreguen a las petroleras, lo que es una superficie 269 veces el territorio que ocupa la ciudad de Villahermosa y a la vez representa el 65 por ciento de todo el territorio estatal; en Chiapas se enajenarán 4 mil 764 kilómetros cuadrados, que equivalen a 49 veces la superficie de suelo que ocupa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Y así podríamos seguir haciendo la comparación, pero a final de cuentas nada cambia el hecho de que en San Luis Potosí se perderá la soberanía sobre 3 mil 749 kilómetros cuadrados de suelo, en Puebla sobre 2 mil 549 kilómetros cuadrados, en Oaxaca la superficie a entregar es de Mil 528 kilómetros cuadrados, y en Hidalgo la perdida será de Mil 447 cuadrados, que en la suma del territorio perdido de estos cuatro estados se obtiene una superficie de 8 mil 973 kilómetros cuadrados que es casi la superficie que ocupan los estados de Tlaxcala y Aguascalientes.

Para que duela más la indignación hay que señalar que el territorio que la historia señala fue entregado por el general Antonio López de Santa Anna a los Estados Unidos en 1853, bajo el llamado Tratado de la Mesilla, fue de una extensión de 76 mil 845 kilómetros cuadrados que hoy son parte del sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México, y que esa superficie es apenas casi una sexta parte del suelo que la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto ya comenzó a entregar a las empresas petroleras trasnacionales.

Tierras Ricas, Gente Pobre como en Tamaulipas

La entrega del suelo y todos sus recursos contenidos bajo él, ha sido argumentada por el gobierno federal como parte de una estrategia tendiente a “la modernización de la industria, la creación de empleos de alta calidad, mayores ingresos para el Estado y el crecimiento económico de nuestra Nación”,^[2] pero en realidad ninguna de las comunidades que han sido despojadas, ya no digamos del petróleo, sino del suelo y el agua, han recibido al cierre de esta investigación un beneficio económico directo.

El más claro de los cientos de ejemplos que existen en el país, se ubica en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en donde dio inicio la extracción de hidrocarburos mediante la técnica del fracking, y donde sólo entre el 2010 al 2024 con la operación de 190 pozos se obtuvo una producción de gas natural por encima de los 300 mil metros cúbicos, que generaron una utilidad a las empresas extractivas por el orden de los 750 millones de dólares.

Pero a pesar de esos ingresos las plantas petroleras beneficiadas con la riqueza natural del suelo mexicano, no aportaron un solo peso para el beneficio social de la comunidad, la que desde el 2010 hasta el 2024 sigue manteniendo la misma línea de pobreza, según lo revean los informes estadísticos que de manera pública expone el gobierno local.

En San Fernando, Tamaulipas, no es necesario tampoco recurrir a las cifras oficiales para observar el grado de marginación social, pero aun así los datos estadísticos indican que de casi 60 mil habitantes que viven aquí, el 19.4 por ciento registran carencias en rezago educativo, el 17.5 por ciento no cuenta con acceso a los servicios de salud, el 78.4 por ciento de la población no tiene acceso a servicios de seguridad social, el 9.3 por ciento vive en casas que no cumplen con los requisitos de un espacio digno, y el 68.2 por ciento no cuenta con servicios básicos en su vivienda.

Pero tal vez lo más lamentable para una zona tan rica de hidrocarburos, como es San Fernando que está llenando de dólares los bolsillos de los dueños de las empresas extractivas, es la pobreza que se manifiesta en forma de hambre; aquí el 22.5 por ciento de los habitantes no tiene la posibilidad de acceder a una alimentación plena y el 60.4 por ciento de esta población se encuentra clasificada en la línea de pobreza de moderada a extrema, donde el desempleo es una de las principales razones de esa condición social que lastima solo de verla.

Con la presencia de empresas petroleras chupando el gas y el petróleo del subsuelo no solo la pobreza no ha podido ser resuelta en San Fernando, sino que aquí las empresas trasnacionales y la propia paraestatal Pemex han venido a generar una crisis de agua entre los habitantes de esta región, a la que prácticamente le han arrebatado el 70 por ciento del agua que dispone para sus actividades cotidianas.

Por citar solo unos ejemplos, mientras la población de San Fernando se abastece con apenas 300 mil metros cúbicos de agua al año, en donde unas Mil 742 familias no cuentan con servicio de agua en sus viviendas, en la operación del pozo “Nejo 113” se requiere un abasto de agua anual de casi 6 mil 600 metros cúbicos de agua al año. El pozo “Nejo 63” ocupa de casi Mil 200 metros cúbicos de agua, y el pozo “Nejo 37” ocupa de más de 3 mil 200 metros cúbicos de agua al año.

En otras palabras, los 190 pozos de extracción de petróleo y gas natural que operan en San Fernando, requieren de más de 210 mil metros cúbicos de agua al año para cumplir con sus actividades productivas, pero esa agua se obtiene directamente del sistema municipal que intenta suministrar cabalmente a la población, lo que hace que cada vez sea menos el agua que se bombea a los domicilios.

Despojo desde Peña Nieto

Camargo es otro municipio de Tamaulipas en donde la pobreza no ha sido resuelta con la presencia de la industria petrolera, aun cuando para el entonces presidente de la república, Enrique Peña Nieto este “es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la enorme oportunidad que se presenta para que juntos escribamos una nueva y mejor etapa en la historia energética de nuestro país”.^[3]

En este municipio, en donde desde el 2010 a la fecha se han puesto en operación 11 pozos con fractura hidráulica, y de los cuales las empresas propietarias se han beneficiado con la obtención de utilidades cercanas a los 12 millones de dólares por año, la pobreza tampoco se ha podido erradicar, según lo revelan los datos estadísticos oficiales, que ubican a este municipio con uno de los índices de rezago social más elevados del estado de Tamaulipas,

Aquí, donde la mayor parte de la localidad no cuenta con calles pavimentadas y donde el índice de desempleo es la constante para algún miembro de la mayoría de las más de 4 mil 360 familias, el trabajo pareciera estar vedado para los lugareños en los campos petroleros que ya operan. La totalidad de las empresas trasnacionales aquí establecidas prefieren la contratación de personal desde otros puntos del país, antes que ofertar el empleo entre los habitantes locales. La razón: las empresas se niegan a invertir en capacitación de nuevos trabajadores.

En el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, la explotación de los hidrocarburos tampoco ha significado algún tipo de ayuda para que la población pueda superar el estado de rezago que le lacera. Por el contrario, aquí la planta petrolera parece que absorbe cualquier posibilidad de mejoras a la sociedad, al arrebatar el primero de los recursos necesario para el bienestar social: el agua.

Con 18 pozos en explotación, y otros 15 a la espera de ser asignados, la plata petrolera de Gustavo Díaz Ordaz, podría cerrar en los próximos cinco años cualquier posibilidad de mejoras en su forma de vida a la población, pues los 18 pozos de extracción de petróleo y gas natural que ya operan han hecho que los habitantes de la zona hayan perdido más de tres cuartas partes del suministro de agua, en tanto que los 15 nuevos pozos de fractura hidráulica harán que el despojo del agua llegue a casi el 90 por ciento del suministro que actualmente recibe el grueso poblacional.

De acuerdo con los datos del REPDA de la CNA, los más de 16 mil habitantes que viven en esta localidad, a la fecha son atendidos con el suministro de tres pozos de agua potable lo que en suma les garantizan un abasto de 2 millones 858 mil 476 metros cúbicos de agua, que a simple vista –si ese volumen llegara totalmente a la población- la de Gustavo Díaz Ordaz sería una de las pocas comunidades de todo el país que prácticamente nadaría en agua.

Pero no es así, pues tres cuartas partes de esa agua que se extrae de los pozos de suministro, que opera el sistema municipal de agua potable, se destinan a las empresas petroleras para realizar sus labores industriales, porque ellas no cuentan con pozos de abasto propio, y ahora se pretende que con la puesta en operación de otros 15 pozos se incremente el despojo del agua, para ubicarlo en casi el 90 por ciento del que se destina a las labores domésticas de la comunidad en general.

Hablando en números, oficialmente la población de este municipio tiene acceso a más de 2 millones 858 mil 476 metros cúbicos de agua al año, pero en realidad la planta petrolera le despoja actualmente un volumen estimado de casi 2 millones 143 mil 857 millones de metros cúbicos de agua al año, los que podrían aumentar a 2 millones 572 mil 628 metros cúbicos de agua cada año, lo que dejaría a la población con solo un suministro de apenas 285 mil 848 metros cúbicos de agua por año.

Solo así se entienden las estadísticas oficiales de rezago social que se registran en esta localidad, las que indican que el 2.4 por ciento de la población no cuentan con servicios de agua potable en sus domicilios, y que el 11.5 por ciento de las viviendas no cuentan con servicio de drenaje, a lo que se suma el 2.5 por ciento de la población vive en condiciones de hacinamiento y que el 0.7 por ciento ni siquiera tienen sanitario dentro de sus viviendas.

Para redondear la tesis sobre el problema que representa a las comunidades el arrebato del agua para la actividad extractiva mediante el fracking, más allá de los efectos irreversibles ocasionados al medio ambiente, hay que observar también lo que sucede en el municipio de General Bravo, en el estado de Nuevo León, en donde a la fecha se tienen en operación 20 pozos de extracción de gas natural y petróleo mediante la cuestionada técnica de fractura hidráulica, y se estima que antes de que concluya el 2019 se dará inicio a la perforación de otros 29 pozos.

En esta localidad, donde de acuerdo con los datos del REPDA de la Comisión Nacional del Agua, no existe un solo pozo oficial para el suministro de la población, la totalidad de los pozos de agua autorizados están entregados a particulares para atender labores pecuarias y agrícolas, donde algunos de estos particulares venden el agua, obtenida supuestamente para el riego de cultivos, a las empresas petroleras.

El uso de agua que en este municipio hace la planta petrolera para inyectarla al subsuelo con más de 80 sustancias químicas a fin de obtener gas natural y petróleo, se estimas en más de 700 mil metros cúbicos por año, lo que es tolerado por el gobierno federal, a pesar de que la mayoría de los habitantes de esta localidad no cuentan con la mínima posibilidad de acceder al suministro en sus domicilios.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el municipio de General Bravo de los casi 6 mil habitantes con los que cuenta esta localidad, el 31.1 por ciento vive en condiciones de pobreza que van de moderada a extrema, pero el 65.7 por ciento no tiene ningún tipo de acceso al sistema de seguridad social, mientras que el 12.7 padece mala calidad en espacios de su vivienda, y 13.1 por ciento no cuenta con servicios básicos en su domicilio, incluido el suministro de agua potable.

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[1] Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Anuario 2017, Las Actividades Extractivas en México: Minería e Hidrocarburos Hacia el Fin del Sexenio. México, 2018.

[2] Peña Nieto Enrique, Discurso oficial en la Ceremonia del 79° Aniversario de la Expropiación Petrolera, Tabasco, 2017.

[3] Peña Nieto Enrique, Discurso oficial en la Ceremonia del 79° Aniversario de la Expropiación Petrolera, Tabasco, 2017.