El Estado mexicano esconde el litio, será negocio de unos cuantos
En esa negación de la información pública sobre la ubicación de las principales tierras en donde se encuentran los yacimientos de litio, se tienen implícita una sola razón: que sea la nueva clase política y empresarial que controla el Estado mexicano, la que lleve mano -o prioridad para hacer negocios- en la adquisición de aquellos terrenos en donde se sabe que existen abundantes reservas de litio
Por. J, Jesús Lemus
Para la clase política que controla el gobierno mexicano, alguna importancia especial deben revestir las reservas de litio que se encuentran en el territorio nacional. La forma en que se está tratando, por parte de la elite gobernante, la cuantificación, ubicación, explotación y comercialización del litio mexicano, apunta hacia un tramposo manejo de este recurso.
El litio, como en su momento fueron los hidrocarburos, está destinado a ser el objeto de deseo de la nueva clase gobernante. El litio, sin duda será la fuente de nuevas grandes riquezas que superaran por mucho aquellas fortunas hechas a partir del latrocinio y la explotación de otros recursos naturales nacionales.
La tesis de que el litio es el nuevo becerro de oro que hace que salive la nueva clase política y empresarial mexicana, tiene un sustento. Igual que a la vieja usanza –cuando el Estado mexicano nació como un comité facilitador de negocios- hoy se siguen dando facilidades para amasar nuevas fortunas a partir de la entrega de la riqueza nacional.
Eso se puede apreciar en el tema del litio, solo al ver la forma en que hoy se niega el acceso a la información oficial para que cualquiera conozca sobre la ubicación de los principales yacimientos de litio.
El Estado mexicano -bajo el consabido pretexto del buen resguardo de la seguridad nacional- se niega a informar públicamente sobre los proyectos de desarrollo que en el ámbito de lo nacional se tienen contemplados para la explotación de las reservas de ese semimetal.
No todo es porque sí. Todo tiene una razón. En esa negación de la información pública sobre la ubicación de las principales tierras en donde se encuentran los yacimientos de litio, se tienen implícita una sola razón: que sea la nueva clase política y empresarial que controla el Estado mexicano, la que lleve mano -o prioridad para hacer negocios- en la adquisición de aquellos terrenos en donde se sabe que existen abundantes reservas de litio.
Por eso el gobierno federal no solo no quiere dar a concomer en donde se ubican los principales puntos de concentración de litio. El Gobierno Federal ni siquiera quiere reconocer que exista más litio allende la zona declarada como Reserva Nacional de Litio, que se ubica en el estado de Sonora.
La prueba más evidente de lo anterior es un respuesta de información entregada por la Secretaría de Economía (SE)[1], dependencia a la que corresponde la administración minera del país a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM), en dicha respuesta de información oficial, a pregunta expresa sobre “cuáles son los tres principales yacimientos de litio” en México, oficialmente se terminó reconociendo que “no se encontró expresión documental alguna que refiera a sus cuestionamientos”.
Es decir, la información más elemental sobre litio el gobierno federal reconoce que no está en su poder. No cuenta con esos datos.
La versión oficial de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía no cuenta con la información más elemental sobre las reservas y minería de litio a nivel nacional, resulta absurda.
Es una mentira del gobierno federal, dado que en el archivo histórico del Servicio Geológico Mexicano, al menos desde 1981, se cuenta con registros oficiales[2] sobre la existencia de reservas de litio en Telixtlahuaca, Zimatlán y Huajuapan de León, en Oaxaca; Arriaga y Motozintla en Chiapas; Tehuitzingo, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Caldera de los Humeros, Alchichica y Quecholac, en Puebla; así como en puntos indeterminados de San Luis Potosí, Zacatecas.
Solo para demostrar como miente el Estado mexicano, a través del gobierno federal y su actual clase gobernante, que aun cuando aseguran rechazar la corrupción se siguen fermentando en ella, baste señalar que el informe del Servicio Geológico Mexicano que desde 1981 ya habla de la ubicación de importantes estudios geológicos para determinar los principales yacimientos de litio en el país, es secundado por otro documento, uno que desde el 2011 también reconoce la existencia de litio en por lo menos 11 sitios de importancia.
Estos sitios están ubicados dentro del distrito minero Bismark, en el municipio de Ascención en el estado de Chihuahua. La sola relación de por lo menos 11 puntos geográficos[3] con concentraciones de litio que se consideran rentables en su explotación, echa por tierra la versión oficial emitida apenas en el 2023, por parte de la Secretaría de Economía, que dice no tener conocimiento de la existencia de yacimientos de litio en el país.
En ese inventario, elaborado en el 2011, se establece que en el sitio conocido como la Laguna de Guzmán, en el municipio de Ascención, Chihuahua, el depósito de rocas con alto contenido de litio que menos potencial tiene, llega a contar con 24 mil metros cúbicos de materiales pétreos.
Pero, el depósito que más potencial tiene, para la explotación de litio, cuenta hasta con un millón 600 mil metros cúbicos de materiales de donde se puede extraer el litio.
Antes de continuar con la exposición de cómo y cuál es la razón por la que la clase gobernante mexicana se ha dado a la tarea de mentir sobre el litio, ocultando su ubicación y su prospección económica, es necesario hacer una pausa, para poder entender desde cuándo el litio se convirtió en el semimetal más codiciado en Mexico.
Y tratar de entender de qué tamaño puede ser la codicia que bulle entorno al litio, que no solo es la causa y el motivo del engaño oficial, sino que también es la razón y objeto de la violencia permitida y alentada por el Estrado mexicano, para generar el desplazamiento poblacional de aquellas zonas áridas con proyección hacia la riqueza minera.
De tal proporción es el deseo económico que hoy se mueve sobre el litio, concretamente en el caso mexicano, que –al cierre de este trabajo- se sabía de empresas mineras trasnacionales, principalmente chinas y canadienses, que ante la Secretaría de Economía del gobierno de México cabildeaban la posibilidad de cambiar permisos mineros que ya tenían en su poder para la explotación de oro, plata, cobre o hierro, a cambio de obtener una concesión dentro de ese pastel llamado Reserva Nacional de Litio, o al menos otra concesión en cualquier parte del territorio nacional, que les permita entrar en el mercado del litio.
Por otra parte, no puede pasar por alto un fenómeno que a causa de la violencia generalizada se ha vuelto traslucidos en la revisión del diario acontecer: el repunte de la violencia en las zonas mineras, pero especialmente en aquellas con prospección económica a largo y mediano plazo, como son las regiones que cuentan con reservas probadas de litio.
La violencia en estas regiones, que casi siempre pasa inadvertida o se diluye en la ola generalizada de violencia que envuelve al país, es propiciada por grupos delictivos plenamente identificados, siempre asociados con una reducida elite gubernamental convertida en comité facilitador de negocios para un grupo de empresarios-políticos selectos, a quienes les informan privilegiadamente los datos relativos a la geolocalización, propietarios del suelo o reservas estimadas de litio.
[1] Secretaría de Economía, Servicio Geológico Mexicano, Respuesta a Solicitud de Información, con folio 330028123000088, Pachuca de Soto, Hidalgo, a 17 de abril de 2023.
[2] Ochoa Camarillo, Héctor; Gasca Durán, Abel; Herrera Maguey, José Antonio, Gerencia de Estudios Especiales, Departamento de Investigación Aplicada, “Prospección de Litio en México: Fase de Reconocimiento”, México, D.F., 1981.
[3] Valverde Ramírez, Jaime, Servicio Geológico Mexicano, “Inventario Físico de los Recursos Minerales de la Carta Guzmán H13-A42”, Ascensión, Chihuahua, Noviembre del 2011.
