Por. Gildo Graza
Tres exfuncionarios de alto nivel fueron vinculados a proceso penal por uso ilícito de atribuciones, desempeño irregular de funciones públicas y corrupción en contrataciones directas durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Entre ellos destacan:
Rómulo “G”, exsecretario de Bienestar Social, acusado de adjudicar sin licitación contratos por más de 900 millones de pesos a la empresa Lácteos de Tamaulipas S.A. de C.V. para la compra de millones de despensas que fueron distribuidas en plena pandemia, con presuntas irregularidades en su facturación y entrega.
Carlos Alberto “G”, exsecretario de Desarrollo Económico, señalado por contratar de manera directa los servicios del despacho Santos-Elizondo por 3 millones 438 mil pesos, evadiendo los procedimientos de licitación establecidos por la Ley de Adquisiciones estatal.
Enrique Jorge “N”, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, quien autorizó un contrato con la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Finanzas por 5 millones 867 mil pesos para asegurar al personal médico; sin embargo, la compañía incumplió con el pago de pólizas tras el fallecimiento de trabajadores por Covid-19.
Los tres casos fueron judicializados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado, y las audiencias se llevaron a cabo en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria, donde jueces distintos determinaron su vinculación a proceso y establecieron plazos de tres meses para la investigación complementaria.
Las carpetas 87/2024, 385/2023 y 503/2024 dan cuenta de una red de decisiones tomadas al margen de la ley y justificadas bajo el discurso de la “emergencia sanitaria”.
Hoy, los mismos que enarbolaban la bandera del “orden y desarrollo” enfrentan los efectos de una administración marcada por el uso político y discrecional del gasto público.
Lo advertimos desde 2017: los contratos del Bienestar y los seguros de Salud eran el nuevo rostro de la corrupción en Tamaulipas.
Hoy, las pruebas hablan por sí solas.
