Por. J. Jesús Lemus
México sigue manteniendo el liderazgo mundial en cuanto a agresiones a periodistas; un informe –el más reciente, elaborado por la organización Reporteros Sin Frontera- revela que el origen de esas agresiones proviene, principalmente, de la perversa relación que existe entre grupos del crimen organizado y miembros del gobierno en sus tres esferas de poder.
“Los poderosos grupos de la mafia no conocen fronteras y poco les importan los límites que impone el Estado de derecho en las democracias”, dice el informe “Los Periodistas, la Pesadilla de la Mafia”, difundido en nuestro país por parte de la representante de Reporteros Sin Frontera, Balbina Flores.
En el texto de este informe se establece que en México, donde hay regiones enteras que están en las manos de los narcotraficantes, los periodistas se encuentran en un letal callejón sin salida. No tienen muchas opciones: callar o arriesgar la vida suelen ser sus únicas alternativas, cuando enfrentan al crimen organizado.
En esa disyuntiva, lo periodistas mexicanos “muy vulnerables y con escasos recursos”, simple y llanamente, tienen la opción de “renunciar a ejercer su oficio o romper el silencio a sabiendas de que deberán enfrentar las represalias de organizaciones que no se detienen ante nada para defender sus intereses”.
Esa situación es la que considera Reporteros Sin Frontera ha llevado a estado de violencia actual, del que de manera oficial ya se ha expuesto un panorama amplio al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, a fin de que haga eficiente el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodista, el que a la fecha se reconoce por su ineficiencia.
Ineficiente Política de Defensa de Periodistas
Una clara muestra de lo ineficaz que ha resultado el Mecanismo de Protección a periodistas se refleja en el caso del comunicador Rubén Pat, asesinado el 24 de octubre de este año en Playa del Carmen, Quintana Roo, quien no pudo salvar la vida pese a que estaba supuestamente protegido por el mecanismo.
Pero la protección de ese organismo, que se ha convertido en un elefante blanco, solo se limitó a otorgarle un “Botón de Pánico” con GPS, el que la propia víctima consideró como ineficiente para garantizar su seguridad, pues antes de su asesinato el periodista fue amenazado de muerte en repetidas ocasiones y secuestrado por elementos de la policía municipal de Playa del Carmen.
En el informe de Reporteros Sin Frontera, cuando apenas habían ocurrido 12 de los 18 asesinatos de periodistas registrados en nuestro país hasta lo que va de este diciembre, se reconoce que esos homicidios habían sido cometidos por diferentes grupos mafiosos como represalia por los trabajos de investigación que realizaron los comunicadores caídos.
En el mismo texto también se vaticina que el número de periodistas asesinados en México, no solo es preocupante, sino que “podría incrementarse debido a que en este país los mafiosos y los políticos se mezclan o se alían para hacer callar a los periodistas”.
Como si los asesinatos en si fueran poco, la situación de agravio a los periodistas en México se agrava porque “la justicia avanza poco y arresta a falsos culpables” y también puede suceder que simplemente no se abran las debidas investigaciones en cada uno de los agravios cometidos contra los comunicadores, dice Reporteros Sin Frontera.
Los Carteles, el Mayor Riesgo para los Periodistas
Para esta organización de defensa de los derechos de periodistas, el mayor riesgo de muerte que enfrentan los comunicadores en México se atribuye a los grupos de narcotráfico, “que se han convertido en los más ricos y poderosos, pues controlan el acceso al mercado estadounidense”.
Por esa razón, dice el informe “la droga ha arrasado con todo lo que ha encontrado a su paso, incluida la libertad de prensa: quien investiga las peligrosas relaciones de los señores de la droga con los representantes del Estado –policías, agentes de aduanas, militares, personal penitenciario, gobernadores– sabe casi con certeza que puede morir, pese a las precauciones que tome”.
En las estadísticas de Reporteros Sin Frontera se establece que desde 2012 hasta noviembre de del 2024, “al menos 67 periodistas mexicanos han sido asesinados por los cárteles”, en donde el Estado mexicano ha manifestado su completa incapacidad para atender el problema, pese a contar con el marco jurídico y los recursos necesarios para la protección del gremio.
Entre los casos emblemáticos de periodistas asesinados que se destacan en este informe, se menciona el de Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan y fundador del periódico La Voz de Hueyapan, del municipio de Hueyapan de Ocampo (al sur del estado de Veracruz), quien previo a su asesinato ocurrido el 22 de agosto del 2017 fue detenido por la policía municipal en 2001.
A este periodista lo encarcelaron y torturaron cuando investigaba el narcotráfico local, por lo que presentó una denuncia contra el exalcalde de Hueyapan de Ocampo. En 2012 la Procuraduría del Estado de Veracruz abrió una investigación por otra agresión que sufrió el periodista, según información de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz (CEAPP).
Sin embargo, Cándido Ríos Vásquez fue asesinado a balazos el 22 de agosto de 2017 cuando se encontraba afuera de una tienda, junto con otras dos personas; una de ellas era Víctor Antonio Alegría, ex inspector de la policía municipal de Acayucan. El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, afirmó que el ataque no estaba dirigido contra el periodista sino contra las personas que lo acompañaban.
Cándido Ríos Vázquez también estaba supuestamente protegido, desde marzo de 2017, con las medidas de protección del Mecanismo de Atención y Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, del gobierno federal, las que no fueron suficientes, pues solo contaba con el mentado “Botón de Pánico” que de nada le sirvió.
