Retoma la 4T la práctica del descrédito a periodistas

Ciudad de México 21 de mayo de 2024.- Frente a la ola de violencia que vive el gremio informativo de México, una cosa queda cierta: a parte de las agresiones de las que son víctimas los periodistas, se suma la revictimización que ocasiona la autoridad ministerial con el guion preestablecido, que siempre termina por desacreditar o culpa a los propios periodistas de sus agresiones, producto de sus “malas prácticas”.

Esto viene a colación porque, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal, que al día de hoy lleva a cabo las investigaciones de solo el 30 por ciento de los 57 asesinatos de periodistas que han ocurrido en este sexenio, se estima que en la mayoría de los asesinatos de periodistas “mucho ha tenido que ver la mala práctica de los periodistas ejecutados”.

La “mala práctica” a la que se refiere un informe interno de la Secretaría de Seguridad Pública federal, aludida para justificar el asesinato de algunos comunicadores, en realidad se trata del famoso “chayote”, que no es otra cosa que la mala costumbre de algunos comunicadores que piden dinero a cambio de publicar o dejar de publicar alguna información.

Esa “mala práctica” atribuida a muchos periodistas asesinados, es la que ahora el gobierno federal del humanista Andrés Manuel López Obrador intenta utilizar como argumento deslindante sobre la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar la práctica del periodismo en un entorno sin violencia.

Gregorio, al primero que le aplicaron el descrédito

No es nueva la práctica de descrédito que el gobierno federal intenta aplicar a muchos de los periodistas asesinados para desvirtuar que sus ejecuciones fueron a causa de su trabajo informativo y de denuncia. Ese es un modelo que se viene aplicando desde el gobierno del presidente Vicente Fox.

El primer caso de descrédito de un periodista asesinado es el de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de los periódicos Notisur y Liberal del Sur, quien fue encontrado en una fosa clandestina, en el municipio de Las Choapas, Veracruz, seis días después de que fue sustraído de su casa por un comando.

Su caso llama la atención, no solo por ser el primer periodista asesinado en esa entidad en ese año, y el décimo cuarto que ya era del 2000 al 2014, sino por las versiones que lo hacían doblemente víctima, según las versiones señaladas por algunos de sus compañeros de profesión y autoridades investigadoras que supuestamente intentaban esclarecer el homicidio.

Las causas de la muerte de “Goyo”, como le decían sus más cercanos amigos, están claramente definidas en su ejercicio profesional. No hay duda de que detrás de su cobarde asesinato están las manos de los poderes fácticos que imperan en Veracruz, donde la industria minera se asoma como la principal sospechosa de haber ordenado su muerte, dado el trabajo de denuncia que Gregorio Jiménez hizo sobre ese sector, pero que en la actuaciones oficiales de la investigación, las registradas en los expedientes COAT4/58/2014, CHOA/167/2014 y CHOA/168/2014 ni siquiera se ha tocado tangencialmente esa posibilidad, y todo se ha limitado a un conflicto personal y a un choque frontal con una célula del cartel de Los Zetas que operaba en la zona.

Se lo llevó el narco

Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado en el interior de su domicilio, en la comunidad de Villa Allende, del municipio de Coatzacoalcos. Eran las siete de la mañana del 5 de febrero del 2014 cuando un grupo armado, integrado por cinco hombres, llegó por él.

A trompicones lo subieron a la camioneta Honda, tipo CRV, color gris, de vidrios polarizados, en la que llegaron sus captores. Lo habían estado vigilado, para llevárselo luego que llegara de dejar a dos de sus hijas en la escuela. Por eso, apenas estacionó su auto Chevy, tipo Monza, sus asesinos fueron por él.

Su esposa y sus otras dos hijas que estaban en la casa, nada pudieron hacer, solo mirar la terrorífica escena, después de la cual solicitaron la ayuda a la Policía local, la que tardó en reaccionar por lo menos dos horas, dando tiempo a que se desvaneciera cualquier posibilidad de pista para encontrar con vida al periodista.

El cuerpo de Gregorio Jiménez fue localizado seis días después, el 11 de febrero, en una fosa clandestina, ubicadas en la colonia J. Mario Rosado del municipio de Las Choapas, a 58 kilómetros de distancia de su domicilio. Su cuerpo estaba sepultado junto con el de otras dos personas, el del líder local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ernesto Ruiz Guillén, alias “El Cometierra”; y el del taxista José Huerta Lara, apodado “El Bembas”.

Las desapariciones de “El Cometierra” y “El Bembas” fueron atribuidas a una célula del cártel de Los Zetas y fueron informadas públicamente —días antes de su secuestro— por el propio Gregorio Jiménez.

La duda sembrada desde el gobierno

Pese a la evidencia pública que no deja lugar a dudas para deducir que el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz fue a causa de su trabajo periodístico, en donde se agregan las amenazas de muerte que días previos al secuestro recibió el periodista, y que fueron claramente señaladas por la señora Carmela Hernández, la esposa de Gregorio.

Durante las indagatorias iniciadas por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz, fueron algunos periodistas los que denostaron al compañero caído, poniendo en tela de juicio su verticalidad, pero sobre todo, haciendo eco a la versión oficial emitida desde el propio gobierno estatal de Veracruz, entonces dirigido por Javier Duarte de Ochoa, quien no tuvo empacho en referir que Gregorio Jiménez “en algo andaría”.

La duda sembrada en la opinión pública por parte del entonces gobernador de Veracruz, tuvo eco entre algunos periodistas de esta entidad; siete de los 11 comunicadores veracruzanos que conocieron a Gregorio –quienes accedieron en su momento a verter sus opiniones “off de record” para este trabajo– señalaron malas referencias de él, las menos fueron relacionadas con una mala práctica profesional que tenía que ver con el cobro por el manejo de la información.

El efecto entre el gremio

De los siete que hablaron bajo la condición del anonimato, quienes culparon a Gregorio de su propia desgracia por sus presuntas malas prácticas, seis de ellos son periodistas jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 27 y los 32 años de edad. Solo uno de estos siete tenía más 55 años.

Los otros periodistas, los cuatro que consideraron con argumento de sobra que Gregorio había sido asesinado a causa de su trabajo, reconociendo el profesionalismo y su verticalidad en el ejercicio periodístico, sin dejar a dudas su convicción de que “Goyo” fue siempre un periodista honesto y comprometido, tienen edades entre los 53 y los 62 años, y coincidentemente ninguno de estos periodistas estaba beneficiado con convenios de publicidad oficial fuera del gobierno estatal o del municipal de Coatzacoalcos.

Los entrevistados no tuvieron empacho en referir la posibilidad de que funcionarios del propio gobierno estatal de Veracruz estuvieran coludidos, si no en la ejecución del asesinato, sí en lo que hace a una investigación lenta, con trabas y sin la posibilidad de dar con los autores materiales o intelectuales del crimen.

En contraparte, los periodistas que culparon al compañero de su propio asesinato, tenían o trabajaban en ese momento para medios de comunicación que estaban siendo beneficiados con convenios de publicidad oficial, principalmente del gobierno estatal, lo que les hizo encauzar sus dudas en el sentido que el propio entonces gobernador de Veracruz lo había señalado, descartando que durante las investigaciones del homicidio éstas no se llevaran a cabo con pulcritud, y estableciendo la certeza de que al final la autoridad habría de dar con la detención de los responsables y que el asesinato —atribuido al crimen organizado— no quedaría impune.

Hasta hoy, el asesinado de Gregorio no ha sido esclarecido del todo, pero la mancha a su reputación profesional ha quedado como un sello, que afecta a los avances de las investigaciones y que hace suponer sobre la responsabilidad del periodista en torno a su propio asesinato. Ha surtido efecto la duda sembrada desde las autoridades investigadoras del caso.