Esto ya es una guerra: en México hay 906 conflictos por la disputa del agua
La lucha por el agua ha costado sangre y libertad a los defensores de derechos ambientales, pues solo “en los últimos cinco años han sido asesinadas 165 personas que estaban al frente de movimientos de defensa del agua, otras 139 han sido encarceladas, 163 cuentan con orden de aprehensión por delitos fabricados, 77 se encuentran desaparecidas y por lo menos 290 líderes comunales han tenido que desplazarse ante las amenazas de muerte”
De manera desmedida el gobierno federal, durante las últimas cuatro administraciones, ha arrebatado el agua a la población para entregarla a la planta industrial; Mayormente durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López, se privilegiaron sobremanera los grandes proyectos económicos trasnacionales a costa de la sed de cientos de poblaciones en todo el territorio nacional.
Esto no solo ha causado hechos tan lamentables como el desplazamiento poblacional por sed o el asesinato de líderes comunales defensores del medio ambiente, también ha empujado a un nuevo fenómeno en nuestro de por sí convulsionado país, donde ahora se enfrentan poblaciones enteras contra grandes empresas trasnacionales por la posesión del agua.
Lo anterior se expone de manera precisa en el libro El Agua o la Vida, publicado bajo el sello de Grijalbo de la editorial Penguin Random House, que ya está en todas las librerías, donde se da cuenta a detalle de este nuevo conflicto del que ya se ha comenzado a hablar, y que ya ha costado sangre y persecución a cientos de comunidades originarias de todo el país.
La Causa de las Agresiones contra Activistas
Resulta significativo, tal como también se refiere en el libro México a Cielo Abierto (Grijalbo 2018) que las agresiones contra los activistas tengan mayor incidencia en poblaciones aledañas a las cuencas hidrológicas de mayor explotación industrial, entre ellas las de los ríos Balsas, Bravo, Yaqui, San Lorenzo, Colorado, Sonora, Pánuco, Asunción, Coatzacoalcos, Marabasco, Jamapa, Lerma-Chapala, Papaloapan y Coahuayana, ocupadas por la planta industrial trasnacional.
En el libro El Agua o la Vida se refiere como la ola de violencia que vive México no es fortuita, y no toda se puede atribuir al tráfico de drogas, como pretende hacerlo creer el Estado mexicano, pues una gran parte tiene su origen en la disputa por los recursos naturales, en una guerra que se ha generalizado por todo el territorio nacional.
Según se expone en este texto de investigación, “tampoco resulta casualidad que los mayores focos de violencia se registren en aquellas regiones en donde se han asentado grandes proyectos de inversión”, donde -como señala dentro del libro Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll-, los poderosos grupos empresariales se aprovechan de la debilidad del Estado para ejercer una función de autoridad por medio de la violencia, haciendo de todo el territorio nacional es un ensayo de esta práctica.
Son 906 Puntos Geográficos de Guerra por el Agua
Actualmente en nuestro país –refiere el libro El Agua o la Vida– existen 906 puntos geográficos donde se han desencadenado graves conflictos entre pobladores e industrias. La disputa central es por la propiedad del agua, a veces de la mano con la propiedad del territorio. El Estado casi siempre está del lado de las empresas, al sostener una legislación que privilegia el uso industrial del líquido, antes que el abasto humano.
“Esta situación no es fortuita, es el resultado de la corrupción acentuada de la clase gobernante que en los últimos 12 años, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, gestó y puso en marcha un marco jurídico encaminado a favorecer a las grandes trasnacionales que han puesto sus ojos en el territorio mexicano”.
El despojo del agua es también alentado por la corrupción empresarial, que en los últimos años ha ido al alza y ha permitido que muchas compañías consoliden su expansión. Solo en 2016 la práctica de la corrupción y el soborno empresarial creció en nuestro país 18 por ciento en relación con el año anterior, según lo refiere el Reporte global de fraude y riesgo, Kroll-Forrester Consulting, 2017, consignado en el texto.
Corrupción, la Madre del Despojo del Agua
Solo en ese contexto se puede entender cómo durante los últimos años el agua de uso común ha pasado a manos de las empresas privadas para favorecer su actividad. “En un sondeo propio con 110 posesionarios de agua en 18 estados del país, descubrí que la corrupción está presente en trámites como la perforación de pozos y la obtención de concesiones de uso de agua”.
El 47 por ciento de los entrevistados aseguró haber realizado pagos extraoficiales para agilizar los trámites o para obtener el permiso de uso de agua para fines industriales, agrícolas y ganaderos. El 24 por ciento hizo pagos directos a funcionarios federales, 18 por ciento pagó cuotas a funcionarios municipales, 4 por ciento pagó a miembros del crimen organizado, en tanto que 14 por ciento pagó “asesores particulares” para llevar el trámite.
Aun cuando la Ley Federal de Derechos Aplicable en Materia de Aguas Nacionales establece que por cada título de asignación o concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales se hace un pago de 2 mil 535 pesos, los concesionarios del agua entrevistados para este trabajo que pagaron para agilizar sus trámites, gastaron de siete a 12 veces más que lo establecido, contribuyendo así a la corrupción del sistema.
El Crimen Organizado, Negocios con el Agua
La presencia criminal en los conflictos por el agua se ha detectado en todo el territorio nacional, pero con mayor frecuencia se ubican en Sonora, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México y Zacatecas, que son los estados donde se extrae la mitad del agua que utilizan las empresas asentadas en el país.
De la mano de los proyectos de desarrollo -principalmente extractivos o industriales que requieren de un desmedido uso del agua- aparecen los grupos criminales, que encuentran grandes utilidades económicas en los conflictos con la población. Por citar solo un ejemplo, miembros del llamado Cártel de Totonacapan se han asociado con algunas empresas que intentan implementar la técnica de extracción conocida como fracking en la Sierra Norte de Puebla, y reciben un pago de entre 500 y 700 dólares mensuales por causar temor entre los activistas defensores del agua.
La cantidad de agresiones contra los defensores del suelo y del agua en México es casi igual de sangrienta a la que se registra en el gremio periodístico: en 2017, frente a las 17 víctimas mortales que registró el periodismo, se presentaron 15 ejecuciones de defensores de derechos ambientales, mientras que en 2018 se registraron ocho asesinatos de ambientalistas frente a 18 de periodistas.
A causa del agua, son perseguidos
Según se expone en El Agua o la Vida, en la lista de periodistas asesinados, se ubican al menos seis que además de dar cobertura a temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción política, también fueron voceros de grupos poblacionales que denunciaron el arrebato de los recursos naturales en comunidades rurales, cruzando la tenue línea que a veces se traza entre periodismo y activismo social.
En ningún caso las autoridades ministeriales locales o federales quisieron reconocer como posible móvil del crimen las denuncias públicas hechas por medio del trabajo periodístico contra los proyectos corporativos. En la mejor de las situaciones, como ocurrió con los asesinatos de José Guadalupe Chan, Leobardo Vásquez Atzin y Rubén Pat, se establecieron líneas de investigación que apuntan a la participación de grupos relacionados con el tráfico de drogas ilegales.
“Ni por equívoco se menciona la posibilidad de que estas células criminales hayan servido a funcionarios locales o mandos corporativos de las firmas afectadas por las revelaciones periodísticas”, explicó el libro.
En las investigaciones de los asesinatos de Juan Carlos Huerta Gutiérrez, Carlos Domínguez y Héctor González Antonio, las principales hipótesis oficiales refieren “venganzas personales”, lo cual podría tener sentido si se considera la posibilidad de que esas venganzas se hayan producido por las denuncias de despojo de los recursos naturales.
Gobierno, cómplice del despojo
“Los gobiernos y las empresas -señala un informe de Global Witness, citado en este texto- han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o al menos de acuerdo con la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas”. El gobierno mexicano, al igual que el de otros 21 países de América Latina, Asia y África, ha contribuido con su inacción “a que aumenten los homicidios de personas que se manifestaban contra la agricultura a gran escala, a medida que crece la fiebre mundial por acaparar la tierra y el agua”.
El Estado “ha permitido la impunidad sistémica, que posibilita que los perpetradores estén casi seguros de que nunca serán llevados ante la justicia”. De hecho, “los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques” o, lo que es más temible, una gran cantidad de homicidios los han cometido las propias “fuerzas de seguridad del gobierno a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria”.
Estas y otras realidades se exponen en este revelador libro, resultado de un minucioso recorrido por todo el territorio nacional, donde se desenmascara la inmoral actuación de empresas de la industria cervecera, embotelladora de refrescos y agua, textil, automotriz, procesadora de carnes, huevos y lácteos, que están haciendo crecer su capital a expensas del despojo del agua de cientos de poblaciones.
