Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se ignoraron 22 asesinatos de periodistas
Más allá de la impunidad que en sí representan las laxas investigaciones de las fiscalías y procuradurías de los estados y de la misma Fiscalía Especializada de la FGR, sobre lo casos de agresiones a los periodistas, que –como ya hemos visto- pocas veces terminan en sentencias judiciales condenatorias ejemplares y disuasivas, existe un problema de fondo: en nuestro país se carece de un criterio institucional para definir, con base en un marco jurídico, cuándo un periodista es asesinado a causa de su trabajo
Como si fuera una instrucción dictada desde algún punto de la estructura del poder, durante el gobierno del presidente Peña Nieto se ignoraron y descalificaron muchos de los asesinatos de periodistas, reconociéndose solo aquellos en donde las evidencias eran abrumadoras y no se podían ocultar ante el reclamo del gremio encolerizado y adolorido.
De los 10 asesinatos que hubo en el año 2013, la CNDH solo reconoció cinco como ataques al libre ejercicio periodístico, mientras que Artículo 19 continuó con su política de discriminación. Los criterios de estas dos instancias fueron en el mismo sentido solo en cuatro casos: los de Jaime Guadalupe González Domínguez, asesinado en Ojinaga, Chihuahua, el 4 de marzo de ese año; el de Daniel Alejandro Martínez Basaldúa, ejecutado el 24 de abril, en Saltillo, Coahuila; el de Mario Ricardo Chávez, muerto en Reynosa, Tamaulipas, el 24 de junio, y el de Alberto López Bello, ocurrido el17 de julio en la ciudad de Oaxaca. A estos la CNDH agregó su reconocimiento como víctima del periodismo al de Alberto Angulo Gerardo, registrado el 5 de noviembre en el municipio de Angostura, Sinaloa.
Los homicidios de periodistas que en ese año quedaron prácticamente sin aval formal, para ser reclamados en su investigación y esclarecimiento, son los de Víctor Javier Campos, ocurrido el 11 de marzo de 2013 en el municipio de Agua Prieta, Sonora; Juan José García, asesinado en Jiménez, Chihuahua, el 15 de marzo; Alonso de la Colina Sordo, ejecutado en la ciudad de Puebla, el 15 de abril; Gerardo José Padilla Blanquet, abatido en Saltillo, Coahuila, el 30 de abril, y el de Rosa María Ríos Campos, registrado en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 2 de mayo de 2013.
2014, año crítico
En el 2014 la impunidad, surgida del desentendimiento oficial, siguió avanzando. De los 12 asesinatos de comunicadores que se registraron en ese año solo nueve fueron reconocidos por la CNDH, mientras que Artículo 19 solo abanderó cinco. Los asesinatos que no se reconocieron como agravios al gremio periodístico, porque los calificadores se dejaron llevar por rumores, sin existir de por medio una investigación seria, dando peso a las versiones de algunos detractores de la victimas que las señalaron, a veces como solo colaboradores del periodos en el mejor de los casos, pero en otras ocasiones como dedicados a otras actividades menos la de periodista, aunque si existe constancia de su trabajo periodístico, son Omar Reyes Fabián, asesinado el 16 de febrero de 2014 en el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y Benjamín Galván Gómez, ejecutado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 28 de febrero de ese año. Artículo 19 tampoco reconoció, aunque la CNDH sí, los asesinatos de Miguel Ángel Guzmán Garduño, cuya muerte ocurrió en Chilpancingo, Guerrero, el 23 de enero; Jorge Torres Palacios, ejecutado el 2 de junio, en Acapulco, Guerrero, Marlén Valdez García, asesinada en Benito Juárez, Nuevo León, el 21 de agosto; Adrián Gaona Belmonte, ejecutado en Reynosa, Tamaulipas, el 27 de agosto, y Víctor Pérez, asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 3 de septiembre de ese mismo año.
Por su parte, en ese mismo tiempo, aun cuando Artículo 19 no lo hizo, la CNDH también reconoció como agravio el asesinato del periodista Jesús Antonio Gamboa Urías, ejecutado el 22 de octubre del 2014, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa. Los únicos asesinatos en donde sí hubo coincidencia en la clasificación de homicidios por parte de las dos instancias referidas, fue en los de Gregorio Jiménez de la Cruz, asesinado en Coatzacoalcos, Veracruz, el 5 de febrero de ese mismo año; Nolberto Herrera Rodríguez, ejecutado en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, el 30 de julio, Octavio Rojas Hernández, muerto en Cosolapa, Oaxaca, el 12 de agosto, y Octavio Atilano Román Tirado, ejecutado en Mazatlán, Sinaloa, la mañana del 11 de octubre de 2014.
2015, igual de malo
El 2015 fue uno de los años más violentos para la prensa mexicana. Solo en ese año se registraron 19 asesinatos de comunicadores, de los que no hubo uno solo que fuera atribuido a razones personales. Según las versiones de algunos de los propios compañeros de estas víctimas, en todos los casos hubo amenazas de por medio, las que se vertieron en razón del trabajo informativo que las y los asesinados realizaban. Aun así de todas esas ejecuciones, la CNDH solo reconoció 12 asesinatos como agravios al periodismo, mientras que Artículo 19 solo se indignó en siete de esas ejecuciones. Los casos que fueron oficialmente reconocidos por la organización no gubernamental, en donde también la CNDH se sumó a la indignación oficial, son los de Moisés Sánchez Cerezo, ejecutado en el municipio de Medellín, Veracruz, el 2 de enero; Abel Manuel Bautista Raymundo, asesinado el 14 de abril, en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca; Armando Saldaña Morales, muerto en Cosolapa, Oaxaca, 4 de mayo; Gerardo Nieto Álvarez, ultimado en Comonfort, Guanajuato, el 26 de junio; Filadelfo Sánchez Sarmiento, asesinado en Miahuatlán, Oaxaca, el 2 de julio; Juan Mendoza Delgado, asesinado el mismo 2 de julio del 2015 en el municipio de Medellín, Veracruz, y Rubén Espinosa Becerril, ejecutado en el interior de su casa en la Ciudad de México, el 31 de julio de 2015.
Pero ese mismo año Artículo 19 fue omisa ante otros asesinatos cometidos contra periodistas, los que sí fueron reconocidos por la CNDH como atentados al libre periodismo. Estos casos son los de Jazmín Martínez Sánchez, asesinada en Ixtlán del Río, Nayarit, el 4 de enero de 2015, Jesús Tapia Rodríguez, asesinado el 5 de enero, en Parras de la Fuente, Coahuila; Ismael Díaz López, ejecutado en Teapa, Tabasco, el 18 de junio; Édgar Hernández García, muerto en Santa María Huatulco, Oaxaca, el 9 de julio, y el de Juan Heriberto Santos Cabrera, asesinado el 13 de agosto de ese año, en Orizaba, Veracruz.
Los siete asesinatos de comunicadores que quedaron no solo en la impunidad, sino en el descredito social y la revictimización por no haber sido reconocido su trabajo como causa de su muerte, son los de Adrián Martínez López, asesinado en Jalpa de Méndez, Tabasco, el 4 de agosto de 2015; Juan Manuel Calderón García, ejecutado en San Blas, Nayarit, el 6 de agosto; Eduardo Herrera Sáenz, asesinado en Piedras Negras, Coahuila, el 22 de agosto; David Alonso Correa Rangel, ejecutado en Ciudad Hidalgo, Michoacán, el 22 de septiembre; José Joaquín Pérez Morales y Aurelio Hernández Herrera, encontrados muertos en un hotel de Villahermosa, Tabasco, el 23 de septiembre, y América Maribel Alva Larrazol, asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 28 de diciembre de 2015.
Tras la disparidad que desde el 2000 hasta el 2015 se registraba en la clasificación de los asesinatos periodistas, en enero del 2016 la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, a cargo entonces de Miguel Ángel Osorio Chong, convocó a los directivos de las principales organizaciones defensoras de derechos de periodistas en el país, tanto nacionales como extranjeras, al titular de la FEADLE y a los encargados de atención de agravios a periodistas de la CNDH, para estandarizar los criterios y lograr mayor certeza en la clasificación de los asesinatos de periodistas cometidos en función de su ejercicio. En las sucesivas reuniones, que se duraron hasta abril de ese mismo año, se acordó que fuera a FEDLE, en concordancia con la CNDH la que determinara finalmente cuales serían los asesinatos a considerar como agravios.
2016, no cambio nada
Ese acuerdo solo se mantuvo vigente en el 2016, pues la tardanza de la FEADLE en las investigaciones -y en la consecuente emisión de un criterio-, fue considerada como una estrategia oficial para inhibir si no el trabajo al menos sí el reclamo de esclarecimiento de los asesinatos, que es a lo que se circunscribe toda la labor defensa que hacen a favor de los periodistas organizaciones como RSF y Articulo 19, y cuyos fondos económicos, tanto del gobierno federal como de gobiernos extranjeros, dependen de las campañas de reclamo que se hacen para el esclarecimiento de los asesinatos de periodistas que embonan en sus criterios.
Esa es la razón, por la que únicamente en el 2016, cuando estuvo vigente el acuerdo con la Secretaría de Gobernación, estas dos organizaciones no gubernamentales “defensoras de los derechos de periodistas” que operan en México, coincidieron con la FEADLE y la CNDH en el reconocimiento de los mismos casos de periodistas asesinados en función de su trabajo. Así, de los 13 asesinaos que periodistas que se registraron en el 2016, unánimemente, RSF, Artículo 19, la FEADLE y la CNDH, reconocieron 11 de ellos como agravios al periodismo mexicano. Los asesinatos no reconocidos como agravios, de Reinel Martínez Cerqueda, ocurrido el 21 de enero de ese año, en la localidad de Santiago Laollaga, Oaxaca, y Zamira Esther Bautista, registrado el 20 de junio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no son reconocidos como ataque a la prensa, porque la Secretaría de Gobernación así se los señaló a los directivos de esas dos organizaciones, pues para el gobierno federal, Reinel Martínez era un activista social, mientras que Zamira Esther Bautista fue considerada solo en su labor de profesora.
En el 2016, la clasificación consensuada entre RSF, Artículo 19, CNDH y la FEADLE, establece que los únicos asesinatos cometidos contra periodistas en función de su trabajo, son los de Marcos Hernández Bautista, asesinado en San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca, el 21 de enero; Anabel Flores Salazar, de Orizaba, quien fue encontrada asesinada en Tehuacán, Puebla, el 9 de febrero; Moisés Dagdug Lützow, ejecutado en Villahermosa, Tabasco, el 20 de febrero; Francisco Pacheco Beltrán, ejecutado en Taxco de Alarcón, Guerrero, el 25 de abril; Manuel Santiago Torres González, asesinado en Poza Rica, Veracruz, el 14 de mayo; Elidio Ramos Zárate, muerto en Juchitán, Oaxaca, el 19 de junio; Salvador García Olmos, asesinado el 26 de junio, en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca; Pedro Tamayo Rosas, ejecutado el 20 de julio, en Tierra Blanca, Veracruz; Agustín Pavia, asesinado Huajuapan de León, Oaxaca, el 12 de septiembre, Aurelio Cabrera Campos, acribillado en Huauchinango, Puebla, el 14 de septiembre, y Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, ejecutado en la ciudad de Chihuahua, el 10 de diciembre de 2016.
2017, la misma situación
En el 2017 nuevamente cada organización y dependencia oficial hizo sus cuentas a su propio criterio. De los 17 asesinatos que informaron la mayoría de los medios de comunicación en ese año, la CNDH solo reconoció 10 de ellos,[1] pero Artículo 19 refiere en su lista oficial que fueron 12 los homicidas cometidos contra periodistas, donde el móvil fue su trabajo informativo. Los asesinatos que quedaron fuera del reconocimiento formal, al menos por parte de Artículo 19, son Juan José Roldan, asesinado en la ciudad de Tlaxcala, el 17 de abril; Erik Bolio López, ejecutado en el trasporte público de Puebla, el 1 de mayo; Filiberto Álvarez, ejecutado en Jojutla, Morelos, el 2 de mayo; Juan Carlos Hernández Ríos, asesinado en Yuriria, Guanajuato, el 5 de septiembre, y Luis Abraham Gonzalez Contreras, ejecutado en el municipio de Progreso, Yucatán, el 27 de diciembre de ese año.
Aun cuando fueron reconocidos por Artículo 19, la CNDH no consideró como atentado a la prensa las ejecuciones de Edwin Rivera Paz y Edgar Daniel Esqueda Castro. Edwin Rivera era un periodista de Honduras que fue asesinado el 10 de julio en el municipio de Acayucan, Veracruz, donde se refugió luego de ser perseguido en su país, mientras que Edgar Daniel Esqueda Castro, fue asesinado en la ciudad de San Luis Potosí, el 6 de octubre del 2017. La desestimación de la CNDH sobre estos dos casos fue porque en el primero, el periodista hondureño no contaba con residencia oficial, y su ingreso al territorio mexicano había sido ilegal, mientras que en el caso de Edgar Daniel la desestimación fue porque en las redes sociales se difundió un video donde el propio periodista, bajo evidente tortura, confesó que fue detenido por “trabajar para el CDN, Cartel del Noreste”.[2]
Por lo que hace a los casos que sí fueron reconocidos por la CNDH y Artículo 19 como atetados a la libertad de prensa, se encuentran los de Cecilio Pineda Birto, ejecutado en Ciudad Altamirano, Guerrero, el 2 de marzo del 2017; Ricardo Monlui Cabrera, asesinado en el municipio de Yanga Veracruz, el 19 de Marzo; Miroslava Breach ejecutada a las puertas de su casa en la ciudad de Chihuahua, el 23 de marzo; Maximino Rodríguez Palacios, ejecutado en La Paz, Baja California Sur, el 14 de abril; Jonathan Rodríguez Córdova, ejecutado en el municipio de Autlán, Jalisco, el medio día del 15 de mayo; Javier Valdez Cárdenas, asesinado en Los Mochis, Sinaloa, el 15 de mayo; Salvador Adame Pardo, cuyo cuerpo apareció calcinado en Nueva Italia, Michoacán, el 26 de Junio; Luciano Rivera, que fue ejecutado en el municipio de Rosarito, Baja California, el 31 de julio; Cándido Ríos Vásquez que fue asesinado en la localidad de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, el 22 de agosto, y Gumaro Pérez Aguilando, asesinado 19 de diciembre, en Acayucan, Veracruz.
2018, por fin se acabó la pesadilla
Para el 2018, en su informe anual de actividades, la CNDH –posiblemente alentada por la falta de concordancia de sus cifras anteriores con las de las organizaciones no gubernamentales- ya no emitió ningún número oficial de periodistas asesinados en ese año. Se limitó a hacer el recuento de los periodistas ejecutados en el periodo de 2000 al 20 de diciembre de 2018, donde asegura que se “ha registrado un total de 141 homicidios de periodistas, de los cuales 15 casos corresponden a mujeres”,[3] tomando a veces referencias de las cifras de RSF y Artículo 19, pero no explica cuántos periodistas y no quiénes son, los que murieron ejecutados ese año.
Las únicas cifras públicas existentes, que se podrían considerar como las formales sobre los periodistas asesinados en el 2018, son las de RSF y Artículo 19, las que son coincidentes, pero que no empatan con los datos que emiten los medios de comunicación. Para RSF y Artículo 19, en el 2018 fueron solo nueve los periodistas asesinados en función de su trabajo informativo. Pero para diversos medios de comunicación, principalmente de los llamados independientes, la lista la integran 19 periodistas asesinados en ese año.
Los datos que emiten RSF y Artículo 19 distan mucho de los dados a conocer por diversos medios de comunicación, no solo porque se discrimina y se deja de reconocer el asesinato en función de su trabajo de más de la mitad de periodistas muertos en ese año, sino porque en la lista de los periodistas agraviados se incluye a Pamela Montenegro, “Nana Pelucas”, una bloguera y youtuber que fue asesinada en un restaurante de Acapulco, Guerrero, el 5 de febrero del 2017, con lo que se acentuó el debate sobre si las redes sociales son medios de comunicación y si es lo mismo la libertad de expresión y la libertad de prensa o el libre ejercicio periodístico.
Sumados al caso de “Nana Pelucas”, los otros ocho asesinatos que RSF y Artículo 19 reconocen en el 2018 como atentados a la prensa, son los de Gabriel Soriano Kuri, quien fue ejecutado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, el 24 de octubre; Carlos Domínguez, que fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 13 de enero; Leobardo Vásquez Atzin, asesinado en la localidad de Gutiérrez Zamora, Veracruz, el 21 de marzo; Juan Carlos Huerta Gutiérrez, ejecutado el 15 de Mayo, en el municipio de Centro, Tabasco; Jose Guadalupe Chan, asesinado el 1 de Julio, en Playa del Carmen, Quintana Roo, misma localidad donde también fue ejecutado Rubén Pat, el 24 de julio; Mario Leonel Gómez Sánchez, muerto en Yajalón, Chiapas, el 21 de agosto, y Jesús Alejandro Márquez Jiménez, encontrado muerto en las inmediaciones de la ciudad de Tepic, el 2 de diciembre del 2018.
Por razones que solo saben los representantes de Artículo 19 y RSF en México, se les ha negado la calidad de víctimas del periodismo a Jose Gerardo Martínez, ejecutado en la Ciudad de México la noche del 5 de enero del 2018; Pedro Damián Gómez Bonifaz, encontrado muerto en su domicilio de Tijuana, el 14 de Febrero de ese año; Alicia Díaz Gonzalez, asesinada el 24 de mayo en su casa en la ciudad de Monterrey; Héctor González Antonio, encontrado muerto a golpes en una calle cerca de su domicilio en Ciudad Victoria Tamaulipas, el 29 de mayo; Maria del Sol Cruz Jarquín, acribillada en la localidad de Juchitán, Oaxaca, el 2 de junio; Luis Pérez García, asesinado en la Ciudad de México, el 23 de julio; Rodolfo García Gonzalez, victimado a las afueras de su domicilio en Valle de Santiago, Guanajuato, el 4 de agosto; Javier Enrique Rodríguez Valladares, ejecutado en Cancún, Quintana Roo, el 29 de agosto; Arturo Porcallo Aguiluz, asesinado en Taxco, Guerrero, el 28 de septiembre; Sergio Martínez Gonzalez, ejecutado en Cacahoatán, Chiapas, el 3 de octubre, y Diego García Corona, acribillado en Ecatepec, Estado de México, el 5 de diciembre del 2018.
[1] CNDH, Informe de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, P. 128, Ciudad de México, enero de 2018
[2] Gómez Leyva, Ciro, Imagen Televisión, 13 d octubre de 2017, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=gMIympcq8hs
[3] CNDH, Informe Anual de Actividades 2018, disponible en http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40063
