Crisis en Jalisco, gobierno criminaliza desaparecidos y reprime a familiares que exigen resultados
En Jalisco, las desapariciones son un fenómeno sumamente grave que no está siendo atendido por el gobierno del estado. Al contrario, prefieren enviar elementos de seguridad pública a agredir a los familiares y colectivos que exigen respuestas.
A través de un comunicado, el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UDG) se pronunció en contra de las agresiones y la represión de las manifestaciones de familiares de víctimas de desaparición en Jalisco. Esto ocurrió luego de que, la mañana del 7 de agosto, policías estatales impidieron la toma de una avenida y detuvieron a dos personas que exigían la aparición con vida de sus familiares.
El Comité recalcó que no es la primera vez que se registran actos de agresión y hostigamiento policiaco contra familiares y colectivos que buscan a sus desaparecidos o protestan por la falta de resultados del gobierno. Al menos cuatro episodios similares han sido documentados en Jalisco por el Comité desde 2021.
En los últimos años, Jalisco se ha posicionado como uno de los estados con más casos de desaparición forzada en México. Según el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), al 30 de julio de 2024, se contabilizan 15 mil 021 personas desaparecidas, una cifra similar a la del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que registra 15 mil 053 personas desaparecidas.
Represión policial, la respuesta de las autoridades ante la emergencia
La mañana del miércoles 7 de agosto, dos manifestantes fueron detenidos al intentar cerrar la avenida López Mateos en Guadalajara. El motivo de la manifestación era exigir al gobierno que diera respuesta sobre la desaparición de Gustavo Rojo, ocurrida el pasado 9 de julio.
En la manifestación realizada a la altura de Manuel Acuña, incluso antes de las detenciones, ya se habían observado conductas hostiles por parte de los policías, quienes empujaron repetidamente a los familiares de Filiberto Torres González, desaparecido el 10 de julio. A pesar de los empujones, los familiares evitaron responder la agresión, demostrando la intención pacífica de la manifestación.
Los familiares detenidos, Oswaldo Rojo y Jairo Jáuregui, fueron sometidos por oficiales estatales, mientras los manifestantes, entre gritos de “¿por qué nos hacen esto?” y “¡suéltenlos!”, demandaban la liberación de sus compañeros, quienes solo buscan ser escuchados por el gobierno y volver a ver a sus familiares con vida.
¡Son gente inocente que quiere justicia solamente! ¡Solo queremos justicia por nuestros desaparecidos, solo eso! ¡Hagan su trabajo!
Manifestante presente al momento de la detención de Oswaldo Rojo y Jairo Jáuregui.
En una entrevista posterior con los medios, el hermano de Gustavo Rojo declaró que no estaban haciendo nada cuando los oficiales los agredieron. Mencionó que los policías, con una actitud prepotente, intentaron desalojarlos de la avenida y comenzaron a golpearlos sin hacer distinción entre hombres, mujeres y niños. Aseguró que los dos detenidos son Oswaldo Rojo y Jairo Jáuregui, su hermano y sobrino, respectivamente.
“Tú también eres padre, entiéndeme”
El martes 6 de agosto por la tarde, la madre de Kevin Ulises Sánchez, un joven desaparecido, denunció el excesivo operativo en torno a la manifestación pacífica en la que exigían la atención de las autoridades en el caso de su hijo.
Minutos después de las 3 de la tarde, cuando los manifestantes intentaron bloquear la carretera Chapala-Guadalajara, fueron empujados y jaloneados por los policías municipales que custodiaban la zona. La madre de Kevin Ulises intentó dialogar con uno de los elementos y apelar a su empatía: “Entiéndeme, tú también eres padre, entiéndeme, por el amor de Dios”. Además de manifestarse por la desaparición de su hijo, aprovechó para recalcar: “Necesito que la gente sepa que se están llevando a las juventudes”.
Kevin desapareció el 29 de julio junto con su prima Elena Janetzy, afortunadamente ella fue localizada en Boca de Tomatlán, Jalisco, el 5 de agosto.
El caso de Kevin Ulises llegó a buen puerto cuando, el 7 de agosto, en medio de una entrevista, el padre del joven fue notificado mediante una llamada de que su hijo había regresado a casa. También comentó que había vuelto por su propio pie y que desconocía más detalles.
Revictimización, la táctica de Jalisco ante las desapariciones
En entrevista con Azucena Uresti, Susana Rodríguez, madre de Kevin Ulises, denunció que el fiscal, Luis Joaquín Méndez, afirmó que su hijo se había ido por su propio pie, a pesar de la existencia de una videograbación en la que se observa cómo es intimidado por un sujeto presuntamente armado momentos después de salir de su hogar.
Al ser interrogada sobre la versión del fiscal acerca de un posible reclutamiento mediante engaños por parte de algún cártel de la región, Susana afirmó que esto era falso, pues su hijo ya tenía un trabajo como conductor de la aplicación Uber.
Janetzy y Kevin volvieron a sus hogares el 5 y 7 de agosto, respectivamente; sin embargo, en redes sociales ya existe un serio cuestionamiento y revictimización hacia los jóvenes, un discurso que nace desde el momento en que el fiscal minimiza la desaparición y la importancia del caso.
Que el fiscal minimice las desapariciones y asuma que son voluntarias es solo seguir el ejemplo del gobernador Enrique Alfaro, quien, según el reporte Crisis humanitaria y silencio gubernamental, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la UDG, llegó a afirmar que el 90 por ciento de las personas desaparecidas lo hacen por voluntad propia.
El reporte también menciona dos razones por las cuales no se puede considerar la desaparición voluntaria como la causa de la partida: 1) En una parte importante de los casos, se desconocen las circunstancias que rodearon el hecho, la identidad de los perpetradores, si los hubo, y las motivaciones. 2) El registro que administra el gobierno federal indica que la incidencia de desapariciones voluntarias es baja.
“Es necesario analizar este sesgo que parece dominar, tácita o explícitamente, el discurso y acciones de las autoridades locales y que explicaría, en parte, la falta de sentido de urgencia con la que enfrentan el problema.”
Crisis humanitaria y silencio gubernamental, reporte del CEED de la Universidad de Guadalajara
Un problema en la ley de Jalisco
La legislación vigente desde 2017 en todo el país establece que una persona se considera desaparecida cuando su ausencia se presume relacionada con la comisión de algún delito, mientras que el término “persona no localizada” se reserva para aquellas ausencias que no están relacionadas con algún delito.
Sin embargo, en la Ley Estatal de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco de 2021 no se encuentra tal distinción, pues en su artículo 4º se especifica que se considerará desaparecida a la persona cuya ubicación y paradero se desconocen, independientemente de que su ausencia esté o no relacionada con la comisión de un delito.
A pesar de que la ley estatal no contempla la figura de la “persona no localizada”, las autoridades suelen asumir que la mayoría de los casos no tienen relación con algún delito, lo que afecta la importancia que se le da a la resolución y prevención de estos casos, permitiendo así que la situación se agrave.
El estado más letal
A pesar de que el gobierno estatal y la fiscalía afirman que una buena parte de las desapariciones son voluntarias, las estadísticas de letalidad indican un número alarmante en comparación con los demás estados de la República.
El reporte del CEED señala algunas cifras de letalidad correspondientes hasta 2022. Si actualizamos la información con las cifras de 2024, no existe una gran diferencia. Actualmente, en toda la República, el 7.72 por ciento de las personas desaparecidas son víctimas fatales, mientras que en Jalisco es el 14.84 por ciento, según el RNPDNO. El SISOVID informa de una cifra un poco más alta, correspondiente al 15.63 por ciento.
Por otro lado, entre enero de 2018 y diciembre de 2022 se localizaron 149 fosas con 1 mil 576 víctimas, lo que representó un tercio de todas las personas exhumadas en el país. Cabe destacar la cantidad de víctimas por fosa, ya que en la mayoría del país era de 2, mientras que en Jalisco la cifra ascendía a 11.
“Esta desproporción puede deberse a criterios diferentes de clasificación de los sitios de localización, pero es un indicio de la operación de grupos organizados con capacidad de realizar acciones de exterminio masivo.”
Reporte del CEED
Apenas el 7 de agosto las madres buscadoras Ceci Flores y Vicky localizaron un cuerpo en Guadalajara.
Jalisco en crisis
Según la Red Lupa, dedicada a evaluar el desempeño del Estado en la localización de personas desaparecidas, los estados con más desapariciones en el país son Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
Para la organización, el estado de Jalisco se clasifica con un nivel superior de gravedad, contabilizando hasta mayo de 2024 un total de 14 mil 986 personas desaparecidas, de las cuales 12 mil 712 son hombres y dos mil 254 mujeres. Señala que, para 2024, mil 203 personas desaparecidas tenían menos de 18 años, siendo la mayoría niños.
La Red también señala que el año a partir del cual se dispararon las desapariciones fue 2006, cuando se registraron 43 casos. Para 2007, la cifra aumentó a 70; en 2008, a 102; y en 2009, a 127. En los años siguientes, la cifra continuó aumentando, presentando dos picos en diferentes épocas: un primer aumento considerable en 2013, con 768 casos. Posteriormente, los casos disminuyeron ligeramente, pero nunca alcanzaron cifras como las anteriores a 2006. El segundo gran pico hasta la fecha fue en 2021, con dos mil 112 casos.
En cuanto al rango de edad de las personas desaparecidas, los picos más altos se encuentran entre los 15 y los 49 años. Sin embargo, es importante mencionar que, en el caso de las mujeres, el pico más elevado se presenta entre los 15 y los 19 años.
Hasta 2024, los municipios con más desapariciones registradas son Guadalajara con dos mil 996, Zapopan con dos mil 400, Tlajomulco de Zúñiga con mil 360, Tlaquepaque con mil 150 y Tonalá con 685 casos.
Detenidos, ¿por buscar a sus familiares?
La crisis de desaparecidos en Jalisco y la falta de respuestas de las autoridades han orillado a cientos de familias a salir a las calles para ser escuchadas. “Son indicios muy evidentes de que su confianza en las instituciones está rota y su paciencia ha llegado a un límite”, se puede leer en el comunicado del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas.
La detención de Oswaldo Rojo y Jairo Jáuregui, familiares de Gustavo Rojo, desaparecido desde el 9 de julio, es una de las muchas maneras en que el Estado ha criminalizado a las personas buscadoras o colectivos que únicamente pretenden hallar a sus desaparecidos, especialmente en un estado que registra los mayores índices de personas desaparecidas.
Al igual que el Comité, algunas personas e instituciones se han pronunciado a favor de la liberación de Oswaldo y Jairo, como es el caso de la madre buscadora Ceci Flores, quien a través de su cuenta de X hizo hincapié en que el único delito que cometieron fue el de querer volver a abrazar a Gustavo, quien desapareció hace un mes. “Quienes deberían dormir en una celda son quienes los desaparecen, no las víctimas”, concluyó la madre buscadora.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) condenó los actos realizados por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco bajo el pretexto de liberar una avenida, que concluyeron en la detención de los dos familiares de Gustavo Rojo. Además, recalcó la importancia de verificar las condiciones en las que se encuentran los detenidos.
El CEPAD lamentó que se continúe con los actos represivos llevados a cabo en los últimos años por elementos encargados de la seguridad pública, principalmente contra familiares de personas desaparecidas.
La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH México) exigió que las agresiones cometidas contra familiares de personas desaparecidas no se repitan. La organización señaló que debe ser prioridad el diálogo, el respeto y el compromiso de las autoridades para buscar la verdad y la justicia.
Una de las demandas destacadas en el comunicado del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas es la siguiente:
“Ojalá que las autoridades reconozcan ya el fracaso de una política que solo sirvió para disimular y agudizar el problema. Ojalá que la sociedad entienda el horror que ha venidos sucediendo y se muestre más solidaria con las víctimas y sus familias”
Porque, como se señala en el comunicado del CEPAD:
“Lamentamos que en Jalisco, se privilegie el libre tránsito, antes que las demandas y exigencias de familiares de personas desaparecidas.”
