Opera en Puebla una red de tráfico de personas, con la participación del gobierno estatal
Mediante registros ilegales de nacimiento que se expiden a extranjeros de cualquier nacionalidad para hacerlos pasar como mexicanos o en su caso fungir como oficinas facilitadores de trámites migratorios para extranjeros, radicados en nuestro territorio, que son ayudados a celebrar matrimonios mexicanos simulados para poder ofrecer estas actas como prueba de vínculo y arraigo, para poder avanzar en la gestión de sus status migratorios
La migración es un fenómeno mundial que comenzó con el surgimiento de la humanidad. El desplazamiento -a veces masivo o a veces de manera intermitente- de grupos poblacionales no se puede detener y, con el transcurso del tiempo al delimitarse fronteras y ciertos requisitos para el cruce de un país a otro, surgió otro fenómeno de naturaleza económica derivado de la ley de oferta y demanda: los trámites migratorios.
Los trámites migratorios legales son regulados por el Estado de cada país para contener y regular los flujos poblaciones que ingresan a su territorio.
Los trámites migratorios ilegales son promovidos por mafias internacionales que pasan por encima de las reglamentaciones locales y se mueven simplemente en función de las necesidades del mercado internacional de migración ilegal y del tráfico de personas.
Para el Estado mexicano resulta de fundamental importancia a la brevedad poner el máximo de atención en el funcionamiento de los Registros Civiles del país, pues estas oficinas se han convertido en el nuevo conducto, utilizado por estos grupos delincuenciales internacionales para burlar las rígidas disposiciones migratorias mediante la utilización de naturalizaciones “fast track”.
Mediante registros ilegales de nacimiento que se expiden a extranjeros de cualquier nacionalidad para hacerlos pasar como mexicanos o en su caso fungir como oficinas facilitadores de trámites migratorios para extranjeros, radicados en nuestro territorio, que son ayudados a celebrar matrimonios mexicanos simulados para poder ofrecer estas actas como prueba de vínculo y arraigo, para poder avanzar en la gestión de sus status migratorios.
Un caso particular
En el caso del estado de Puebla, este tipo de prácticas no han pasado de largo. Para inicios del 2020 ya era un secreto a voces la vinculación del entonces Juez Quinto del Registro Civil de la capital del estado, adscrito al CIS de Angelópolis, abogado José de la Fuente Flores, con estos grupos dedicados a la gestión internacional de trámites migratorios ilegales.
Sin embargo ha sido inmune al contar con una amplia red de relaciones políticas en los diferentes niveles de la administración pública, que le daba una especie de blindaje para eludir las supervisiones de donde podrían desprenderse observaciones a sus actividades irregulares.
José de la Fuente Flores ingresó a trabajar como Juez del Registro Civil del Estado de Puebla en el 2011 durante la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle. Nueve años después ya tenía un conocimiento más que exhaustivo de todos los recovecos en los diferentes procedimientos administrativos de la dependencia.
Tras la inesperada muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y la necesidad de convocar a nuevas elecciones, por parte del Gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, en ese periodo fue designado como encargado de despacho de la Dirección General de la dependencia, en el cual permaneció durante seis meses, lapso en el cual se dispararon los índices de corrupción.
El 15 de agosto del 2019, que terminó su comisión como encargado de despacho debido al inicio del periodo como gobernador constitucional de Luis Miguel Barbosa Huerta, no fue dado de baja de la dependencia, por instrucciones expresas del Sub Secretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación Ing. David Méndez Márquez, con quien tuvo un trato muy cercano, siendo asignado como Juez Quinto del Registro Civil en la capital con sede en el CIS de Angelópolis, en donde permaneció durante dos años y medio.
Nadie lo toca
Pese a señalamientos que le fueron hechos a lo largo de este tiempo en notas periodísticas sobre sus actividades irregulares, no se le pudo suspender, restringir o separar del cargo debido a sus amplia red de relaciones gracias a los buenos oficios de su padre, el abogado Francisco Javier de la Fuente Linares, conocido catedrático, litigante, masón de alto grado y ex Sub Secretario del Transporte en la SCT durante la administración del Gobernador Melquiades Morales Flores.
Fue hasta el segundo semestre del 2023 cuando el Instituto Nacional de Migración en la ciudad de México pudo identificar movimientos irregulares en registros de nacimiento de personas de ascendencia china, a la par de una prevención en el mismo sentido que hizo también el Registro Nacional de Población (RENAPO) a la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas.
Las dependencias federales que proporcionaron indicios específicos para iniciar una investigación interna, que dio como resultado la confirmación de esta información, llevó hasta el Módulo Estatal del Registro Civil que funciona en el Hospital Integral del Municipio de San José Chiapa, en el cual para ese entonces ya se encontraba adscrito como titular el Juez José de la Fuente Flores, donde -en un primer momento- se pudo documentar la expedición de 4 actas de nacimiento falsas que fueron expedidas en favor de personas de origen chino.
Por lo anterior, el paso siguiente fue hacer una inspección física para auditar la totalidad de movimientos y determinar el número total de registros de nacimiento irregulares en los que estuvieran involucrados extranjeros, que se presume podría ser alrededor de 200 casos.
Se elaboró un informe amplio y detallado que se remitió de manera confidencial al Secretario de Gobernación Javier Aquino Limón y al Sub Secretario de Desarrollo Político de la SEGOB Carlos Reyes Espinosa, quienes por separado instruyeron que se le hiciera un llamado de atención al juez pero que se detuviera de tajo la investigación interna, para no generar situaciones que en el futuro pudiera empañar la imagen pública del titular del Ejecutivo local Sergio Salomón Céspedes.
No obstante, dado la circunstancia de estar en presencia de irregularidades que se ubican en el ámbito de infracciones a leyes de carácter federal y para no incurrir en responsabilidad la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas con fecha 30 de septiembre del 2023 procedió a separar de sus funciones y dar de baja como Juez al multicitado abogado José de la Fuente Flores.
Lo inconcebible de esta historia es que el 15 de abril del año en curso, fue cesada la encargada de despacho de la Dirección General, la que estuvo a cargo de esta investigación interna, que puso al descubierto las sucias maniobras del Juez José de la Fuente Flores, que fue recontratado nuevamente por el gobierno del Estado.
José de la Fuente Flores esta vez fue promovido de juez del Registro Civil a Director General de la dependencia en la que salió señalado por irregularidades, lo que acredita plenamente su amplia red de relaciones políticas al más alto nivel, lo cual le ha permitido su regreso a la destrucción total de sellos, documentos, libros y registros informáticos que lo pudieran incriminar en al menos 200 registros de nacimiento a personas de origen chino, que se estima pudo haber realizado.
Por tal motivo es obligado tener una atención especial a los registros civiles del país por razones de seguridad nacional, pues estas oficinas se han convertido en el hoyo negro por el cual se están colando y naturalizando de manera ilegal e indiscriminada, las remesas de indocumentados provenientes ya no solo de centro y Sudamérica, sino de manera reciente también de la República Popular China.