En Chihuahua, la violencia de 12 cárteles deja medio centenar de pueblos fantasma

La mezcla de desgobierno, la abundancia de recursos naturales y la fragmentación de los grupos del crimen organizado, es el coctel perfecto que hace que al día de hoy la población del estado de Chihuahua se mantenga sumidad en la violencia, como rehén de los grupos criminales.

De acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad Publica, solo en cuanto al índice de homicidios dolosos relacionados con los grupos del crimen organizado, Chihuahua es el cuarto estado más violento del país, superado solo por Colima, Baja California y Zacatecas.

Los datos que refiere el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publicidad (SESNSP) indican que en promedio mensual en Chihuahua se están registrando un total de 60 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Esa constante se viene sosteniendo desde hace 5 años.

A diferencia de lo que sucede en los otros estados más violentos, en Chihuahua la mayor parte de estos asesinatos ocurren en las zonas rurales, principalmente en las regiones de alta producción ganadera, de producción de madera o de extracción minera, donde se han asentado los grupos delictivos.

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Pueblos fantasmas

El gobierno estatal de Chihuahua no lo reconoce, pero la realidad lo confirma, solo en la región montañosa que conforman los municipios de Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Nuevo Casas Grandes, Janos, Uruachi y Chinipas, son por lo menos 67 pueblos los que registran un crecimiento poblacional inverso.

“La mayoría de la gente se está saliendo de la zona. Todos tratan de salvar sus vidas. Están dejando sus tierras, sus casas, sus ganados… los tractores los dejan trabajando para salir huyendo por el miedo a los grupos del crimen organizado”, explica Adrián LeBarón, activista de derechos humanos.

De acuerdo a Adrián LeBarón, el que ha sido víctima colateral de la violencia imparable en Chihuahua (el 4 de noviembre del 2019 grupos de sicarios le asesinaron a su hija Rhonita y a cuatro de sus nietos), la violencia está solapada por el gobierno estatal.

Y tal parece que sí. Durante un recorrido de varios días por la zona de los municipios descritos, se puede asegurar una cosa: una sola patrulla de policía del gobierno estatal o municipal no se ha podido observar a lo largo de los trayectos. A veces se observan patrullajes por parte del Ejército.

En cambio, los halcones, los punteros, los que hacen rondines por los caminos para vigilar a quienes cruzan por las desoladas carreteras estatales, eso si están presentes. En un recorrido de cinco días por la zona nos hemos encontrado con por lo menos ocho patrullas del crimen organizado, de diversos grupos.

El crimen organizado tiene el control

Según los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, en la zona de Chihuahua interactúan por lo menos 15 cárteles de las drogas, la mayoría de ellos escindidos de otros cárteles mayores, como el de Sinaloa, de Juárez y los hermanos Arellano Félix.

La interacción de por lo menos 15 grupos delictivos en la zona de Chihuahua solo se entiende cuando se observa que la mayoría de esos grupos del crimen organizado, ya no viven del trasiego de drogas, sino del secuestro de la población, a la que le aplican cobros por todo.

Los cárteles que oficialmente se sabe están activos dentro del estado de Chihuahua son Los Chapitos, Los Salazar, Cartel de Caborca, Gente Nueva, Gente del Jaguar, Cártel del Poniente, Los Artistas Asesinos, Los Mexicles, Nuevo Cártel de Juárez, Cártel de Juárez, La Güera, La Línea, Los Cabrera, Los Salgueiro y Los Mayos.

Según datos de una fuente consultada al respecto, dentro de la Fiscalía General de la República, se puede asegurar que la mayoría de los cárteles que tienen operaciones en el estado de Chihuahua, solo logran entre el 20 al 30 por ciento de sus fondos de sostenimiento mediante el trasiego de drogas. El otro 70 u 80 por ciento proviene de actividades delicitiva alternas al tráfico de drogas.

Consecuentemente, entre el 70 al 80 por ciento de los dineros ingresados, que permiten la subsistencia cotidiana de los Cárteles de las Drogas, provienen de actividades alejadas del narcotráfico, pero igual de letales, como secuestro, extorsión, sicariato, cobro de piso y cobro por permitirle trabajar al grueso de la población.

La nueva esclavitud del narco

Roberto López tiene 38 años de edad, está casado tienen cuatro hijos entre los 2 a los 10 años. Tiene una esposa que mantener. No le gustaría que sus hijos crecieran en un lugar ajeno a esta tierra que les vio nacer igual que a sus padres, abuelos y bisabuelos.

Dice Roberto que aunque violenta y hoy bajo el dominio del crimen organizado, esta, la de la comunidad de El Alamillo, en el municipio de Madera, es su tierra, cuya posesión les permite a los pocos vecinos que aún quedan en el lugar a sentirse con algo de dignidad y pertenencia.

Por eso, para no someter a su familia al demonio de la migración, Roberto prefirió pagar a los miembros de La Línea la cuota mínima -120 pesos por semana- que aplican a todos los vecinos. Con el pago de 120 pesos semanales, los campesinos de la zona compran su derecho a trabajar.

Dos de los hermanos de Roberto, tres cuñados, una cuñada y por lo menos una docena de sobrinos han optado por la migración. Para salvaguardar sus vidas, de la noche a la mañana los familiares de Roberto dejaron sus cosas, sus animales, sus siembras y decidieron emigrar hacia la zona de Sonora, en Nogales y Piedras Negras.

Arrasan con todo

La vorágine violenta que se vive en Chihuahua, especialmente en la zona limítrofe con Sonora, no es gratuita. Se trata de un descuido gubernamental de las tres esferas de gobierno que no han sido capaces de fortalecer la seguridad pública en esta región del país, en donde la mayoría de las corporaciones policiales están coludidas con el crimen organizado.

No solo son las corporaciones de policía las que están infiltradas, también hay organismos empresariales locales, sindicatos, alianzas de trabajadores, que ya han sido amenazados por grupos de facinerosos, que les obligan a pedir cuota a sus compañeros agremiados, solo para dar al crimen organizado el sostenimiento necesario .

En los municipios de Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Nuevo Casas Grandes, Janos, Uruachi y Chinipas, no hay un solo trabajador que tras haber sido visitado por miembros de diversos cárteles no pague su cuota correspondiente, para que se le respete la vida.

Tortillerías, carnicerías, tiendas de abarrotes, carpinterías, madererías, mueblerías, farmacias, todo tipo de negocio pagan una cuota al crimen organizado. Aquí no hay distingos: Los Salazar, Cartel de Caborca, Gente Nueva, Gente del Jaguar, Cártel del Poniente, Los Artistas Asesinos, Los Mexicles, Nuevo Cártel de Juárez, Cártel de Juárez, La Güera, La Línea, Los Cabrera, Los Salgueiro y Los Mayos, todos cobran piso.

La tala clandestina

Una de las actividades que mayor rendimiento económico les deja a los grupos delictivos que operan en la sierra de Chihuahua, es la tala ilegal de madera. Empresarios del ramo que prefieren el anonimato dijeron para este trabajo que el 50 por ciento de toda la madera que se extrae en la entidad es en pago para los diversos grupos del crimen organizado.

Es decir que si los empresarios formales hasta el día de hoy mantienen una explotación constante de 2.8 millones de hectáreas de bosque, los miembros del crimen organizado se están beneficiando económicamente con la explotación promedio de por lo menos 1.4 hectáreas de bosques por mes.

Para lograr esa explotación de madera, los empresarios de ese sector en Chihuahua cuentan con 112 aserraderos de alta productividad, pero los miembros del crimen organizado puede que estén al frente por lo menos unos 35 aserraderos, en donde obligadamente se llevan a trabajar a personas que están dentro de la organización en contra de su voluntad.

El caso más claro es Alamillo, en donde uno de los más grandes aserraderos que se conocen, se encuentra operando bajo las instrucciones de algunos miembros del crimen organizado. En ese lugar se estima una fuerza laboral de por lo menos 650 personas, pero solo menos de un 10 por ciento están registradas entre el IMSN

Alamillo, pueblo olvidado

Si se buscara un ejemplo de pueblo olvidado por la violencia en Chihuahua, no puede haber mejor caso que el de Alamillo, en el municipio de Madera, el que a pesar de su bonanza agrícola de los años 2000 al 2015, hoy se encuentra totalmente desierto.

Alamillo fue el campo de confrontación de todos contra todos, en donde participaron cuatro carteles de las drogas en una guerra directa. Los cárteles que participaron en esa guerra fueron La Línea, Los Cabrera, Cartel de Caborca y Gente Nueva.

En esa confrontación que ya lleva más de 3 años y amenaza con continuar, porque los cuatro carteles buscan el control del negocio de la madera, la población se tuvo que desplazar: más de 11 mil personas salieron del lugar para dejar sus casas y todas sus propiedades en total abandono.

Eso ha empujado a la baja el valor comercial de las casas. Casas que en su momento se cotizaron por encima de los 400 mil pesos, hoy se encuentran en remate por los dueños, los que piden entre 15 mil y 20 mil pesos por sus casas, la mayoría de esas casas se encuentran quemadas o semiderruidas por los grupos del narco.