Los Secretarios de Juzgados, otra figura corrupta dentro del PJF
Esa, la de Secretario o Secretaria de Juzgados y Secretaria o Secretario de Tribunal, es sin duda la figura más importante –en términos prácticos- dentro de la operación del engranaje judicial mexicano. Sin el secretario de juzgado o tribunal no tiene campo de acción ni operatividad el juez de distrito de primera instancia ni el magistrado de circuito, porque al Secretario de Juzgado y al Secretario de Tribunal les corresponden funciones de información que le infunden vitalidad al propio Juez y al Magistrado. El Secretario de Juzgado y el de Tribunal son los que siempre tienen que ver con la pormenorizada asistencia para la decisión final de cada proceso penal. El Secretario de Juzgado y Tribunal es la persona que más conoce de cada caso que se ventila en el aparato judicial. Él lleva la cuenta de las pruebas, de las actuaciones, de las declaraciones de partes, y con base en ello realiza recomendaciones finales al Juez o al Magistrado, para que la justicia de la balanza se incline a un lado u otro. Esto, claro, también dependiendo de los propios intereses del Secretario o Secretaria, los que pueden o no empatar con los del juzgador formal
Más allá de la corrupción que en si representa la institución de los concursos abiertos de oposición para la ocupación de los cargos de jueces y magistrados, también -a fin de poder establecer responsabilidades- es necesario revisar a fondo la operatividad corrupta de otra figuras dentro del andamiaje administrativo de la impartición de justicia.
Y es que no toda la responsabilidad de la corrupción en la que se encuentra inmerso el Poder Judicial debe atribuirse a la actuación de los Jueces, Magistrados y Ministros. Existe otra figura que se resguarda, agazapada entre las montañas de expedientes acumulados dentro de los juzgados, que medra silenciosamente con la impartición de la justicia. Esa figura es la de las y los Secretarios de Juzgado y la de las y los Secretarios de Tribunal.
Esa, la de Secretario o Secretaria de Juzgados y Secretaria o Secretario de Tribunal, es sin duda la figura más importante –en términos prácticos- dentro de la operación del engranaje judicial mexicano. Sin el secretario de juzgado o tribunal no tiene campo de acción ni operatividad el juez de distrito de primera instancia ni el magistrado de circuito, porque al Secretario de Juzgado y al Secretario de Tribunal les corresponden funciones de información que le infunden vitalidad al propio Juez y al Magistrado.
El Secretario de Juzgado y el de Tribunal son los que siempre tienen que ver con la pormenorizada asistencia para la decisión final de cada proceso penal. El Secretario de Juzgado y Tribunal es la persona que más conoce de cada caso que se ventila en el aparato judicial. Él lleva la cuenta de las pruebas, de las actuaciones, de las declaraciones de partes, y con base en ello realiza recomendaciones finales al Juez o al Magistrado, para que la justicia de la balanza se incline a un lado u otro. Esto, claro, también dependiendo de los propios intereses del Secretario o Secretaria, los que pueden o no empatar con los del juzgador formal.
Antes de entrar en revisión del grado de corrupción que permea dentro del Poder Judicial, es necesario precisar que no necesariamente todos los que trabajan dentro de ese poder están imbuidos dentro de esa descomposición que parece acelerada en las últimas dos décadas. Claro que hay bueno, dignos, excelentes trabajadores de la impartición de justicia, pero lamentablemente son los menos frente a todos los juzgadores que han optado por el camino de la corrupción.
De acuerdo a datos oficiales, proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal a través de una respuesta oficial a una solicitud de información,[1] hasta enero del 2020 eran un total de 28 mil 869 los funcionarios adscritos al Poder Judicial, los que por contar con decisión de mando tienen a su cargo -y son los verdaderos responsables- de la verdadera impartición de justicia de la que tanto se habla.
Los verdaderos Juzgadores
Así, se puede decir que la aplicación de la justicia recae en 19 mil 459 Oficiales Administrativos, de los que 12 mil 086 son mujeres y 7 mil 373 son hombres; 4 mil 372 Secretarios de Tribunal, de los que mil 981 son mujeres y 2 mil 391 son hombres; 3 mil 583 Secretarios de Juzgado, de los que mil 478 son mujeres y 2 mil 105 son hombres; 841 Magistrados de Circuito, de los que 157 son mujeres y 684 son hombres, además de 614 Jueces, de los que son mujeres 157, y 457 de ellos son hombres. Ellos son los verdaderos impartidores de justicia.
Si a ellos les sumamos los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los seis ministros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en total son 9 mil 434 funcionarios los que verdaderamente tienen poder de impartición de justicia. Esta cifra es importante considerarla, a fin de establecer que no todos los que laboran dentro del Poder Judicial de la Federación se dedican a administrar la justicia.
Con esto, lo único que se quiere señalar es que es injusto cuando se generaliza de corrupto a todo el Poder Judicial. Allí también trabajan, en tareas ajenas a la supuesta impartición de justicia, haciendo operativo todo el aparato de gobierno judicial, un total de 36 mil 856 personas.
Es decir que aun cuando el Poder Judicial se identifica popularmente por ser el área de gobierno en donde se imparte justicia, solamente uno por cada cinco (20 por ciento) de los que allí trabajan están relacionado con la tarea real de aplicar justicia.
La justicia a su entender, y que son los que han contribuido a llevar al estado actual –al menos de crisis de credibilidad- en el que se encuentra el Poder Judicial de la Federación. Y, hay que resaltar, que justamente esa crisis de credibilidad, por no decir la vorágine de corrupción en la que se encuentra el Poder Judicial, es producto de la cuestionable actuación de la mayoría de los Jueces de primera instancia y muchos de los Magistrados.
Ese personal, responsable de la impartición de la justicia en México, se encuentra distribuido en un total de 415 Juzgados de Distrito y en 419 Tribunales de Circuito, extendidos a lo largo de todo el territorio nacional, en donde –por razones obvias- se registra mayor cantidad de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en función de la densidad demográfica de cada región, de donde resulta que las entidades con menor población, como Baja California Sur (tres juzgados y tres tribunales), Campeche (tres juzgados y cuatro tribunales) y Colima (tres juzgados y tres tribunales, son las que cuentan con menor número de centros de impartición de justicia.
En contraparte, las entidades con mayor población, como la Ciudad de México (68 juzgados y 94 tribunales), el Estado de México (32 juzgados y 23 tribunales) y Jalisco (33 juzgados y 36 tribunales), son los que más instancias de impartición judicial registra en todo el territorio nacional.
Con alta carga de trabajo
Otra cifra a destacar antes de entrar de lleno a la revisión de los procesos de corrupción dentro del Poder Judicial, procesos que se han convertido en el principal razón para que la justicia brille por su inoperancia en nuestro país, es la que se refiere a la designación directa de los Jueces de primera instancia, que a final de cuentas son los primeros juzgadores del Poder Judicial que tienen mayor proximidad social.
En ninguno de los circuitos judiciales (entidades federativas) del país el número de Jueces que llegan al cargo por concurso de oposición es mayor al número de Jueces que son asignados directamente por amistad o compadrazgo desde el poder.
Mire: de 706 Jueces de distrito que están asignados en las 32 entidades del país, solamente 84 de esos Jueces, es decir un 11.8 por ciento de ellos, han llegado al cargo por méritos propios, a través de concursos de oposición. Eso considerando que los concursos abiertos de oposición fueran honestos.
De esos 706 Jueces de distrito que operan en todo el territorio nacional, un total de 612, es decir un aproximado al 88.2 por ciento de esos Jueces fueron habilitados en el cargo por designación directa, sin tener –en muchos casos- la suficiente capacidad para comenzar a emitir sentencias ningún tipo.
Eso es lo que hace entender que la mayoría de las sentencias que se emiten en primera instancia luego tienen que corregirse, con mayor apego al Estado de Derecho, en los tribunales de alzada, en donde contrario a lo que ocurre en los juzgados de primera instancia, los Magistrados son en su mayoría asignados por concursos de oposición.
Las estadísticas oficiales del Consejo de la Judicatura Federal indican que de 867 Magistrados que al cierre de este trabajo, en mayo del 2023, se encontraban habilitados, un total de 255 (el 29.4 por ciento de ellos) llegaron al cargo por designación directa desde la superioridad del Poder Judicial.
En contraparte, de los 867 magistrados que operaban hasta mayo del 2023, un total de 612 de ellos (el 70.5 por ciento) llegaron al cargo mediante concursos abiertos de oposición, lo que en teoría garantiza la imparcialidad de los juzgadores por haber llegado sin compromisos a las salas de aplicación de justicia.
Pero si es escandalosa la corrupción en cuanto a la operatividad de Jueces y Magistrados que no están preparados para el cargo pero que llegan al mismo solo por sus buenas relaciones públicas, habrá que ver el otro rostro del Poder Judicial, el peor de todos los rostros, el que han configurado unos cuantos Jueces y Magistrados que por su ambición económica han hecho que la justicia se toque en sus extremos con uno de los poderes más fuertes de México, el de la delincuencia organizada.
Sí, lamentablemente es una realidad lo que desde siempre se ha supuesto: dentro del Poder Judicial mexicano existe un grupo de Jueces y Magistrados que se han dejado seducir por la tentación del dinero. A causa de esa tentación se ha vendido la justicia, ya no solo al que más tiene o al mejor postor, sino que se ha vendido a los más crueles, a los que -desde décadas- por su propio derecho a delinquir tienen a una nación desangrándose.
El verdadero estado fallido
Hasta ahora solo se había hablado de un Estado mexicano fallido con base en las relaciones y contubernios sostenidos entre los poderes de la criminalidad con instancias del Poder Ejecutivo; los casos de Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública (SSP), en el gobierno de Felipe Calderón, o del General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), en el gobierno de Enrique Peña Nieto, aun cuando son icónicos para sugerir que el Poder Ejecutivo se rindió ante intereses personales, apenas si fueron suficientes para plantear mediáticamente el fracaso del Estado. Ese reconocimiento mediático -del fracaso del Estado- si acaso ha pasado a lo efímero del discurso, pero no más allá.
Hasta hoy nadie ha señalado la posibilidad del Estado Fallido no solo por la puesta del Poder Ejecutivo al servicio de la criminalidad, durante los periodos de gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino por la entrega del Poder Judicial, al menos una parte de él, al servicio de los poderes fácticos de la criminalidad.
Al día de hoy decenas de juzgados de distrito y juzgados colegiados o unitarios de circuito, aun cuando parecen que trabajan por la justicia, en realidad están torciendo la justicia a favor de algunos representantes de las principales organizaciones criminales del país.
Ese torcimiento se hace por que diversas organizaciones criminales tienen pleno control de las acciones de Magistrados, Jueces, Secretarios o Secretarias de Juzgado y Oficial Judiciales, a través de los cuales, por interpósito pago, quien verdaderamente manda en la instrucción judicial es el poder de la criminalidad.
No hay una sola organización criminal, de las grandes y mediáticas que se reconocen a nivel nacional, que no tenga comprados a funcionarios del Poder Judicial en todos los estados del país.
Solo así se entiende el fenómeno que tantas veces ha sido señalado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su conferencia mañanera no ha tenido límite al señalar la corrupción dentro del Poder Judicial.
El presidente ha resaltado que muchos de los Jueces y Magistrados “pareciera que están al servicio de los grupos delictivos”, sobre todo por la forma tan fácil en que se otorgan las liberaciones a los miembros de los grupos criminales, que el gobierno federal de la 4T ha dado en llamar “generadores de violencia”.
Eso son los mismos que en el gobierno de Enrique Peña Nieto y antes en el de Felipe Calderón se le llamaba “objetivos prioritarios de la justicia”, y que fue cuando se arraigaron dentro del Poder Judicial de la Federación.
Aquí hay que destacar una cosa, que aun cuando la infiltración del Poder Judicial por parte del crimen organizado es una realidad bien documentada, esta situación, por decoro o por vergüenza o mejor dicho por opacidad, se niega a ser reconocida por el órgano matriz de este poder:
En por lo menos medio centenar de ocasiones, entre el 2015 al 2023 –según obra en el registro de solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia- el Consejo de la Judicatura Federal ha reiterado a decenas de solicitantes que hemos pedido información sobre las sanciones aplicadas, nombre y número de Jueces y Ministros que han sido suspendidos de su cargo por corrupción u otras conductas atípicas, a lo que El Consejo de la Judicatura, de manera oficial ha dicho “no contar con la información” o ha recurrido múltiples veces a la consabida y salvadora fórmula de “que no se cuenta con un registro que atienda lo solicitado por lo que se tendría que elaborar un documento ad hoc para la atención de la solicitud”, esto a fin de eludir su obligación de informar sobre esa realidad lacerante.
El Consejo de la Judicatura, en silencio
Pese a que el silencio del Consejo de la Judicatura Federal resulta no solo cruel sino infame, sobre la cantidad de Jueces y Magistrados que están coludidos con los Carteles de las Drogas, desde el interior de muchas de estas principales agrupaciones criminales surgen voces que hablan de la relación real que mantienen con algunos de los funcionarios encargados de la impartición de justicia en todo el país.
Sin querer dar más crédito a la palabra de los que actúan fuera de la ley, pero tampoco dejando incuestionada la postura de complicidad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que reconoce de manera oficial no tener información sobre el número de Jueces y Magistrados que están coludidos con los Carteles de las Drogas, es necesario –al menos- establecer que sí existe una casta de juzgadores federales que son pagados por las cúpulas de las principales agrupaciones criminales y que por lo tanto se encuentran al servicio de estas.
Entre las agrupaciones criminales, principalmente Carteles de las Drogas, algunos de cuyos miembros aseguran tener a jueces y magistrados si no dentro de una nómina, sí pagados por sus servicios de juzgadores, se encuentran los carteles de Sinaloa, de Tijuana, de Ciudad Juárez, de los Caballeros Templarios, de La Familia Michoacana, de Jalisco Nueva Generación, del Golfo, de Los Zetas, de Los Beltrán Leyva, y de otras 64 organizaciones criminales locales, que en conjunto suman un total de 73 grupos criminales que no solo tienen presencia en todo el territorio nacional, sino también cuentan con protección dentro del Poder Judicial de la Federación, donde al parecer tiene el fuero necesario para delinquir sin que haya las teóricas consecuencias que establece la ley.
El Cartel de Judicial que opera a la par de otros carteles delictivos en el país, se ha valido del “hípergarantismo” -tan criticado desde el Poder Ejecutivo-, que no es otra cosa que tomar como rehén a las garantías individuales de las personas para justificar la liberación de criminales.
Una híper protección de los derechos humanos que no se toma en cuenta cuando se trata de particulares que no pertenecen a los grupos delictivos bien organizados, y que por lo mismo no pueden comprar su libertad, más allá de que sean o no responsables de los cargos atribuidos.
Una revisión simple hecha a las sentencias penales de primera instancia de todos los distritos judiciales de los circuitos de San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Estado de México y Guerrero, arroja que de cada 100 sentencias emitidas, en promedio 30 de ellas fueron absolutorias, dejando al acusado en libertad, y de esas 30 sentencias en las que se dejó en libertad a los indiciados, en por lo menos –en promedio- en 28 de ellas, el juez consideró que se violentaron los derechos del detenido.
Lo curioso de esta revisión es que de cada 30 sentencias absolutorias revisadas, en promedio 27 de cada 28 personas liberadas, estas son reconocidas en la sociedad como parte actividad de una organización criminal. Solamente en un caso por cada 28 liberados en estos juzgados de distrito de los citados circuitos judiciales, se encontró que declarado inocente y liberados no es miembro reconocido de ninguna organización criminal de las que actúan en cada una de esas regiones.
Las cifras anteriores, que no se pueden contrastar con ningún tipo de cifra oficial respectiva –porque el Consejo de la Judicatura Federal es totalmente opaco, anteponiendo argumentaciones legales para ocultar información- reflejan de manera precisa como muchos de los Jueces y Magistrados tienen cierta inclinación por decantar los favores de la justicia hacia miembros de organizaciones criminales reconocidas mediáticamente.
En contraparte, como si se tratar de equilibrar el número de liberados por sentencia absolutoria frente el número de sentenciados condenatoriamente, de las personas que terminan siendo sentenciadas en primera instancia, solo en el 10 por ciento de los casos son miembros reconocidos de la delincuencia organizada, mientras que el 90 por ciento de los sentenciados son personas que no se les reconoce haber sido parte o estar dentro de las estructuras criminales de la delincuencia activa del país.
Pero si lo anterior es poco, para develar el grado de corrupción e infiltración del crimen organizado dentro del Poder Judicial, hay otro elemento que se debe tomar en cuenta, el que se refiere a la operación de la Defensoría de Oficio, una instancia del Poder Judicial que también ha sido invadida por el narco.
Esa invasión no es producto de la actual gestión directiva, es más bien una herencia que se viene acarreando desde el periodo de gobierno del presidente Felipe Calderón. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, no solo se encubrió la corrupción heredada en la Defensoría de Oficio, sino que se alentó. Fue hasta en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que se inició de manera institucional una campaña permanente de erradicación de los vicios de corrupción de esa instancia.
Grosso modo, el Poder Judicial en México ha comenzado a dejar de cumplir con la función para la que fue ideado en la constitución de la República Mexicana. Si entramos a detalle habremos de encontrar que esa falla generalizada del Poder Judicial se debe al cambio de modalidad en que se ha entrado: ahora los Jueces, Ministros y Magistrados no imparten justicia, prefieren administrarla.
Y dicho cambio de modalidad en el Poder Judicial solo se puede entender es a causa de una razón: muchos de los juzgadores de la nación, como parte de una casta aparte que son, ven en la administración de la justicia un jugoso negocio, que les permite sostener formas inexplicables de vidas llenas de lujos.
Una casta aparte
Para nadie es un secreto que la nueva clase social de la que hoy son parte los juzgadores, tanto locales como federales, se encuentra sostenida en los pilares de los altos sueldos, el nepotismo, la opacidad en la rendición de cuentas, el tráfico de influencias, las conexiones con los poderes fácticos y criminales, y en la conservación de un modelo de vida de lujos millonarios.
Pero a pesar de ello, no hay poder humano ni legal que obligue a los miembros del Poder Judicial a la rendición de cuentas que cada vez más se alza imperiosa en todas las esferas del poder político en México.
Es más, no solo no hay poder humano ni legal que obligue a todos los juzgadores a una rendición de cuentas como a la que están obligados todos los funcionarios de la nación; simplemente no existe el ánimo colectivo o individual entre de los propios juzgadores para iniciar las acciones legales tendientes a establecer el marco jurídico necesario que pueda hacer más transparente y con mayor acceso de la población al Poder Judicial.
Esta tesis ha sido señalada en forma reiterada por parte del propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, como si fuera un catalizador, la propuesta ideológica, la de la revolución de conciencias expuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que da sustancia al movimiento de la Cuarta Transformación, ha revivido en el grueso de la colectividad esa urgencia de una refundación del Poder Judicial a través de una Reforma Constitucional que democratice la administración de justicia.
Pero esta misma tesis no ha tenido ningún tipo de respuesta desde adentro del Poder Judicial, ni a nivel de juzgadores locales, ni mucho menos a nivel de la cúpula directiva de ese poder.
Nadie puede negar, como se dejara asentado a lo largo de este trabajo de investigación, que la corrupción dentro del Poder Judicial no es nueva. Es añeja y ha causado un grave retroceso social.
Una breve revisión a la memoria hemerográfica del país da cuenta cómo los principales medios de la época -desde antes de la Revolución- ya hablaban de la necesidad de reformar las reglas de operación del Poder Judicial, por la forma de vida dispendiosa de Jueces, Ministros y Magistrados, pero sobre todo por la falta de honestidad en ese poder de la república.
La necesidad de transformación a fondo, para arrancar los vicios del Poder Judicial, no es una moda pasajera en la vida política de México. Es una constante en el pensamiento político y en el ideario de la colectividad, que ha estado presente casi a la par desde el nacimiento de la República Mexicana.
La necesidad de dicha refundación del Poder Judicial no solo es producto de ineficiencia social en la que ha caído la impartición de justicia, también se fundamenta en la sospechosa vida de dispendio de los juzgadores, que se puede resumir en una sola palabra: corrupción.
Y para que la corrupción no prevalezca impune, es necesario exponer con nombres y datos precisos, desmenuzar de forma precisa cada uno de los casos de corrupción que ponen en tela de juicio la funcionalidad del Poder Judicial, que hace que siga creciendo la deuda del poder político con los más desprotegidos de la nación.
Por eso, este texto. Este es un trabajo periodístico de investigación de largo alcance que pretende exponer de cuerpo completo los vicios enquistados dentro del Poder Judicial. Aquí hay nombres y datos precisos, casos detallados, eventos judiciales particulares, que solo pretende contribuir a la exposición de las causas que hacen evidente y urgente la necesidad de una Reforma Constitucional.
Una reforma a fondo que modifique la estructura actual del Poder Judicial. Pues, solo una reformo a fondo del Poder Judicial puede garantizar la supresión de los jueces-dioses que hoy tenemos: poderosos, inalcanzables, antidemocráticos y oscuros.
Sentencias injustas, amparos amañados, redes de nepotismo y corrupción, enriquecimientos ilícitos, enajenamiento del suelo nacional y sus recursos naturales y hasta asesinatos y encarcelamientos de jueces, es la sustancia que compone este trabajo de investigación, en el que se expone al Poder Judicial desde adentro, donde también –hay que decirlo- hay Jueces y Magistrados que forman parte de una corriente que plantea la urgencia de la reforma al Poder Judicial, solo con la intención de que los Jueces, Magistrados y Ministros sean también alcanzados por el voto popular y por la misma revocación del mandato, tal como al día de hoy están alcanzados los otros dos poderes de la República.
Con beneficios especiales
Es decir, para estar ad hoc con la postura presidencial de que se requiere una reforma constitucional que transforme la estructura y operatividad del Poder Judicial Federal, no es suficiente con denunciar el que los Jueces, Ministros o Magistrados ganen salarios superiores a los del presidente de la República.
El verdadero tema, que no se ha querido tocar desde el pulpito presidencial, es el alto grado de corrupción que se registra en todas las esferas del Poder Judicial de la Federación, el que de ser revisado a fondo no se satisface en su solución con una simple amonestación derivada del señalamiento público, sino que obliga a la concurrencia de la Fiscalía General de la República para la sanción correspondiente por la violación al marco constitucional.
[1] Judicatura Federal, Consejo de la, Respuesta Oficial a Solicitud de Información, oficio SEA/DGRH/URL/4881/2020, Ciudad de México a 29 de enero del 2020
