El Fin de las Garantías Judiciales: Reforma que Responde a la Agenda de Control, No al Pueblo
La reciente reforma al Poder Judicial en México, promovida principalmente por figuras de Morena y sus aliados, ha desatado una tormenta de críticas y controversias. En el núcleo de esta iniciativa se encuentran cambios de gran magnitud que amenazan con alterar la estructura y la autonomía del sistema judicial. Aunque sus impulsores afirman que se trata de una reforma que responde a una demanda de “democratización de la justicia,” la realidad es que está diseñada para satisfacer una agenda partidista, alineada más con intereses de control y represalia que con el beneficio del ciudadano promedio.
En un contexto político polarizado, figuras como Ricardo Monreal, coordinador parlamentario, junto con los senadores Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, han liderado la defensa de la reforma. En su argumento, plantean que la elección popular de jueces y magistrados es un paso hacia la “justicia del pueblo,” aunque esta afirmación resulta simplista y omite los riesgos inherentes de poner el sistema judicial al alcance de decisiones mayoritarias y partidistas. La reforma, en esencia, cuestiona la independencia del Poder Judicial y parece diseñada para deshacerse de un obstáculo molesto para el actual gobierno.
Un golpe de venganza, no de justicia
No es una casualidad que esta iniciativa haya surgido después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera bloquear varios proyectos polémicos del Ejecutivo, como el plan B en materia electoral. La percepción de que el Poder Judicial es un contrapeso incómodo para la agenda de Morena ha llevado a ciertos líderes a hablar de “descontaminarlo” y “hacerlo accesible al pueblo.” Sin embargo, detrás de este lenguaje que parece incluyente, se esconde un mensaje claro de represalia.
Como lo señaló un exministro de la SCJN, las decisiones de la Corte tienen una alta carga política debido a su rol como última instancia de control constitucional, lo cual, si bien es parte de su responsabilidad, la coloca en un lugar de constante tensión con el Ejecutivo y el Legislativo. Pero reducir la Corte a un blanco de represalias ignora el papel esencial que cumple en la defensa de los derechos y libertades de todos los mexicanos. Lo que se ha visto es una embestida que parece más enfocada en tomar el control que en mejorar el acceso a la justicia.
Las garantías judiciales en la cuerda floja
Una de las cláusulas más alarmantes de esta reforma es su impacto en el sistema de garantías judiciales, específicamente el juicio de amparo, una herramienta esencial en México que permite a los ciudadanos defenderse de abusos de poder y proteger sus derechos fundamentales. La eliminación o restricción de este derecho supone una grave transgresión del artículo 29 de la Constitución, que estipula que los derechos fundamentales solo pueden ser suspendidos bajo condiciones de emergencia, y siempre respetando las garantías judiciales básicas.
Esta última reforma, impulsada a contrarreloj, está destinada a caer. Al reducir o eliminar estas garantías, Morena pone en riesgo la estructura de derechos consagrados en la Constitución. De hecho, varios especialistas han señalado que la SCJN podría intervenir de oficio para suspender cualquier acción que amenace los derechos constitucionales de los mexicanos, ya que este acto excede el marco de las reformas ordinarias y se convierte en un asunto de seguridad jurídica y respeto a la Constitución.
Un Poder Judicial al servicio del partido
La reforma incluye medidas que buscan eliminar la carrera judicial como una vía para alcanzar los más altos puestos en el sistema judicial, sustituyéndola por nombramientos de elección popular. Este cambio implica que el acceso a la judicatura, tradicionalmente basada en mérito y experiencia, estaría ahora sujeto a las dinámicas y alianzas políticas. Esta decisión, lejos de democratizar el sistema judicial, lo coloca en la cuerda floja de las influencias políticas y amenaza con transformar los tribunales en arenas de pugna electoral, lo que minaría gravemente su independencia y credibilidad.
Como bien lo apuntó el exministro Arturo Zaldívar, existe una diferencia significativa entre la carrera judicial y la labor de un ministro en la SCJN, quien puede tener una trayectoria política o académica en lugar de una vida dedicada a la judicatura. Para los jueces y magistrados de carrera, su trabajo es un proyecto de vida; han pasado décadas en constante formación, trabajando bajo presión y sacrificando su vida personal. En cambio, convertir estos puestos en posiciones electivas los expone a la manipulación de los vaivenes políticos y a la influencia del partido en turno. La reforma ignora que, detrás de cada fallo judicial, existe un proceso de años de preparación, algo que la popularidad y los votos no pueden reemplazar
Conclusión: Una reforma que no representa al pueblo
La narrativa de que esta reforma responde a las “demandas del pueblo” es engañosa. En realidad, representa los intereses de una minoría que ha conseguido un poder mayoritario en el Congreso y busca consolidar su control sobre las instituciones clave del país. Los más de 130 millones de mexicanos se encuentran ausentes en la ecuación, ya que esta reforma parece diseñada no para mejorar su acceso a la justicia, sino para responder a una minoría propagandística que se dice “pueblo.”
En última instancia, esta reforma parece más una jugada política que una reforma estructural seria. De llevarse a cabo, no solo destruirá la carrera judicial como la conocemos, sino que pondrá en riesgo la esencia de la justicia en México. Los derechos y garantías de los mexicanos estarán bajo amenaza si el sistema judicial es manipulado para servir a un solo partido. La Corte tiene un deber de intervenir, y se espera que esta embestida legislativa, sin precedentes y carente de sustento democrático, se revierta para preservar el equilibrio de poderes que garantiza la verdadera justicia en México.
