Por impunidad, crecen zonas de silencio informativo
Este fenómeno “se ha acentuado en algunas regiones del norte de Sinaloa y el norte de Coahuila, y en menor medida en Baja California”, regiones a las que se agregan algunas zonas de Chiapas, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Chihuahua, Yucatán, Michoacán, Nuevo León y Campeche
Esa es una realidad innegable: a causa de la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas, cada vez son más las regiones del país en donde la autocensura de los comunicadores ha llevado a la creación de verdaderas zonas de silencio periodístico, donde el principal signo es el abandono de la denuncia social y de la investigación, para convertir al periodismo en un replicador de la información oficial.
Esta condición ha sido reconocida por la prestigiada organización norteamericana Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), cuyo representante Jan Albert Hootsen ha señalado que este fenómeno “se ha acentuado en algunas regiones del norte de Sinaloa y el norte de Coahuila, y en menor medida en Baja California”, regiones a las que se agregan algunas zonas de Chiapas, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Chihuahua, Yucatán, Michoacán, Nuevo León y Campeche.
Es decir, en casi una tercera parte del territorio nacional, hay regiones claramente definidas en donde el periodismo se ha quedado mudo.
No sobra decir que las regiones convertidas en zonas de silencio periodístico, de las que a lo largo de este trabajo se detectaron por lo menos 57, con al menos entre una decena y veintena de municipios entorno a los epicentros de silencio de cada una de estas zonas, han sido alentadas por la liberación de los agresores de periodistas en los 24 casos que reconoce la FEADLE que se llegó a puntos mediación entre los agredidos y los agresores, para que estos últimos quedaran en libertad sin ninguna sanción corporal.
En contraparte, desde que fue creada la FEADLE hasta julio del 2019, esa dependencia perseguidora de los delitos cometidos contra los agentes del libre periodismo solo ha logrado 14 sentencias condenatorias,[1] de las que una ocurrió en el 2012, dos en el 2016, una en el 2017, seis en el 2018 y cuatro en el 2019, donde en 13 de estas sentencias las sanciones fueron de tres meses a cinco años de prisión.
Solo en una sentencia –ocurrida en el 2016- se obtuvo un castigo ejemplar para desalentar estas agresiones: en Chihuahua, por el delito de homicidio del periodista José Armando Rodríguez Carreón, “El Choco”, su agresor, Juan Alfredo Soto Arias, “El Arnoldo” o “El Siete”, fue sentenciado a 30 años de prisión.
Para que esta sentencia se diera tuvieron que pasar ocho años. Jose Armando Rodríguez Carreón fue asesinado de diez balazos la mañana del 13 de noviembre de 2008, en los momentos en el que el comunicador salía de su domicilio para llevar a su hija a la escuela.
Su agresor lo estuvo cazando durante días hasta que se dio el momento propicio de la agresión, según las confesiones emitidas por el mismo Juan Alfredo Soto Arias, contenidas en el expediente de la causa penal 23/2015-II, que fue resuelta por el juez Cuarto de Distrito del estado de Chihuahua, Gabriel Pacheco Reveles.
Aun cuando la dependencia estatal procuradora de justicia inicialmente intentó reducir el asesinato de José Armando Rodríguez Carreón a solo una rencilla personal, finalmente se pudo establecer que el homicidio del periodista sí fue en razón de su trabajo informativo, lo que se dictaminó hasta que el caso fue atraído por la entonces PGR.
Los investigadores federales pudieron establecer que el comunicador tocó los intereses del grupo criminal La Línea, una escisión del cártel de Juárez, cuyo líder en la región, José Antonio Acosta Hernández, “El Diego”, fue señalado en diversas ocasiones por parte del periodista, desde las páginas de El Diario de Juárez, como el principal responsable de la ola de violencia en la zona donde mantenía el control para el trasiego de drogas.
Molesto por ello, “El Diego” fue quien decretó el asesinato de José Armando Rodríguez Carreón, asignando la encomienda a uno de sus más certeros pistoleros, Juan Alfredo Soto Arias, quien recibió el pago de 10 mil dólares por el asesinato del periodista y fue detenido casi tres años después, luego de haber participado en el asesinato de 15 jóvenes y haber herido a otros 12 en una fiesta que se celebraba en la colonia Villas de Salvárcar del municipio de Ciudad Juárez, en donde participaban 60 estudiantes de CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres Plantel 9 y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el mismo hecho al que el entonces presidente Felipe Calderón, en gira por Japón, se refirió a las víctimas como “pandilleros”.
El homicida del periodista José Armando Rodríguez Carreón fue detenido junto con José Dolores Arroyo Chavarría, Aldo Fabio Hernández y Heriberto Martínez, pero solo se responsabilizó de este asesinato a Juan Alfredo Soto Arias, quien reconoció haber participado en por lo menos medio millar de ejecuciones en esa zona de Chihuahua, reconociendo como autor intelectual de todas sus ejecuciones a José Antonio Acosta Hernández, “El Diego”, el que a la fecha ni siquiera ha sido responsabilizado por el homicidio del periodista.
Y no ha sido responsabilizado de este crimen, porque “El Diego después de su detención y encarcelamiento en México, fue entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos, donde se le procesó por cargos de Lavado de Dinero, Narcotráfico y Homicidio cometido contra un agente consular de ese país, lo que la valió que fuera sentenciado a 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos, pero nada por la muerte del periodista José Armando Rodríguez Carreón.
Así, la FEADLE, en el parte de sus estadísticas, presume que ha logrado llevar a sentencia 14 procesos penales de agravios a periodistas, pero lo que no dice es que, solo en el caso de la muerte de José Armando Rodríguez Carreón, este homicidio quedó impune al no haber hecho siquiera el trámite consular para agregar la muerte del periodista al listado de ejecuciones que ordenó “El Diego”, para buscar con ello que se hiciera justicia por este hecho que no solo privó de la vida al comunicador, sino que dejó secuelas de silencio entre muchos de los periodistas de Ciudad Juárez, que optaron por dejar de lado la ola de violencia que La Línea y el Cártel de Juárez han generado en esta zona del país.
De las otras 13 sentencias que presume la FEADLE ha llevado a cabo, estas podrían considerarse pírricas victorias, pues ha sido mayor el daño a los periodistas agraviados que la sanción aplicada a los agresores; mientras estos último han saldado su deuda con la justicia con una sanción carcelaria mínima y un pago económico risible, los periodistas han tenido que aportar una cuota de miedo y silencio el hecho de haber llevado ante la justicia a sus agresores.
En el Estado de México, un agresor de un periodista, solo fue sentenciado, por el delito de portación de arma de fuego, a cuatro años de prisión y 100 días multa; en Veracruz otro agresor solo fue sancionado por abuso de autoridad y sentenciado a un año de prisión y cincuenta días de multa, e inhabilitación de un año para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En Quintana Roo, otro agresor fue sentenciado por el delito de tortura a solo cinco años de prisión, una multa de 265 días y destitución e inhabilitación por cinco años y tres meses para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos; en Michoacán, otro agresor de la prensa fue sancionado solo por el delito de abuso de autoridad agravado y lesiones, por lo que fue sentenciado a tres meses de prisión y 30 días de multa, equivalentes mil 913 pesos con 10 centavos.
Allí mismo, otro agresor de un periodista fue sentenciado por el delito de abuso de autoridad y obligado a pagar con un año de prisión y 100 días de multa, equivalentes a 19 mil 379 pesos, más la destitución del cargo e inhabilitación de dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
En el estado de Tabasco, un periodista se vio frustrado al ver que su agresor solo fue sancionado por el delito de Contra la Administración de Justicia, por lo que recibió una sentencia de solo dos años con 6 meses de prisión y una multa por 10 mil 956 pesos.
En esta misma entidad, otro agresor fue sentenciado por el delito de Función Persecutoria Indebida y Detención Ilegítima, por lo que fue sancionado con un año y seis meses de prisión y una multa de 100 días de salario que saldó con 7 mil 304 pesos. En la Ciudad de México, un agresor de un periodista fue sentenciado por el delito de lesiones y obligado a pagar con 10 meses y 20 días de prisión y una multa de 66 días de salario, equivalentes a 4 mil 274 pesos con 16 centavos; en Yucatán, por el delito de abuso de autoridad, dos agresores de un periodista fueron sentenciado a dos años de prisión y 20 días multa y dos años con 4 meses y 15 días de cárcel y 27 días de multas.
También en el estado de Quintana Roo, un agresor de un periodista fue sentenciado a ocho meses y dos días de prisión, reparación del daño y suspensión de derechos políticos y civiles, por el delito de amenazas, mientras que otro más, en hechos distintos, fue sentenciado por el delito de Contra la Administración de Justicia y fue obligado a pagar con tres años 10 meses y seis días de prisión y 674 días de multa, equivalentes a 42 mil 343 pesos con 28 centavos, además de ser suspendido de sus derechos políticos y civiles.
En Veracruz, otro agresor de la prensa fue encontrado responsable del delito de abuso de autoridad y sentenciado a seis meses de cárcel y una multa de 88 pesos con 36 centavos, así como a la reparación del daño fijada en 10 mil pesos, la que se le dejó en seis abonos. Y finalmente en Tabasco, por el delito de privación ilegal de la libertad, un agresor de un periodista fue sentenciado a un año y diez meses de prisión y al pago de 147.5 días de salario, equivalentes a 10 mil 773 pesos con 40 centavos, y a la y suspensión de derechos políticos y civiles.
[1] Fiscalía General de la República, Informe Estadístico, Estadísticas Generales de la FEADLE, Julio de 2019, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/483768/ESTADISTICAS_Jul_2019.pdf
