Estado no garantiza derechos laborales ni a sus propios empleados, menos para los trabajadores de aplicaciones
Habrá que recordarle a la presidenta (con A) que, no solo los de las aplicaciones, sino que ningún trabajador en México tiene garantizados sus derechos laborales, empezando por los propios empleados de su gobierno. En las instituciones de gobierno, los trabajadores no tienen la garantía de conservar su empleo, mucho menos tienen condiciones dignas, ni esquemas de trabajo completamente dentro de la Ley.
Ciudad de México.- La “uberización de la vida” trasciende a la actividad de taxistas particulares y significa esencialmente un nuevo tipo de economía colaborativa en la que los trabajadores son “colaboradores” o “emprendedores” que trabajan en condiciones precarias, sin acceso a servicios ni a derechos laborales.
Este modelo de empleo afecta directamente lo fiscal y lo laboral, ya que no existe relación alguna entre el profesional y la empresa, a ambos los pone en contacto una plataforma digital y libera, tanto al contratante, como al colaborador, de cumplir las obligaciones que establecen las leyes laborales, estando obviamente en desventaja el trabajador, quien se ve despojado de derechos, garantías y protecciones y asume los riesgos y costos de su actividad.
En días pasados, en la conferencia mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum anunció con bombo y platillo que su gobierno presentará una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el discurso de garantizar que los 658 mil trabajadores de aplicaciones digitales del país tengan acceso a todos los derechos laborales, incluida la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Habrá que recordarle a la presidenta (con A) que, no solo los de las aplicaciones, sino que ningún trabajador en México tiene garantizados sus derechos laborales, empezando por los propios empleados de su gobierno. En las instituciones de gobierno, los trabajadores no tienen la garantía de conservar su empleo, mucho menos tienen condiciones dignas, ni esquemas de trabajo completamente dentro de la Ley.
Rosa Icela Rodríguez, por ejemplo, llegó a la Secretaría de Gobernación (Segob), con 800 personas que conforman su equipo, por lo que ha despedido a cientos de trabajadores que incluso forman parte del Servicio Profesional de Carrera y del Sindicato de trabajadores, a muchos les han informado que el próximo 31 de diciembre termina su relación laboral con la Segob, así, sin más, ni más.
En otras instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, mantienen a la gente con contratos de tres y seis meses, es el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) que dejó la, ahora, Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, quien con el cuento de la “profesionalización” despelucó a la institución y contrató personal operativo y administrativo bajo contratos temporales.
En ninguna dependencia de gobierno, de ninguna manera, los empleados se pueden afiliar a los sindicatos, los contratos colectivos de trabajo gubernamentales tienen las plazas congeladas y aquellas que se van desocupando ya sea por jubilación, fallecimiento o renuncia, se van congelando, sin posibilidad de que nadie más las utilice.
Luis María Alcalde Lujá, ex secretaria del Trabajo y Previsión Social, mintió descaradamente diciendo que los sindicatos se democratizaban gracias a ella; ningún sindicato está democratizado, ni abierto a sindicalizar a la mayoría, y en todo caso, si alguien que no tuviera acceso a este programa social, pero tuviera la suerte de entrar a una institución de gobierno por medio de algún sindicato, debe prepararse para ganar, a lo sumo, nueve mil pesos mensuales.
Hablar de capacitación en las oficinas de gobierno es hablar de la imposición de cubrir 40 horas de cursos virtuales que bien pueden hacerse o copiarse y nadie se da cuenta si los servidores públicos aprendieron o se pasaron las respuestas, lo que importa es que cumplan 40 horas conectados en la plataforma.
No hay debate, ni retroalimentación, nadie supo si la persona aprendió o no, si contestó correctamente las preguntas en la computadora, se le extiende su constancia, no contestó correctamente, se pasa simplemente a otro curso y cumple con las horas exigidas, a nadie le interesa si el servidor público tuvo dudas, aportaciones, nada.
En cuanto a las garantías laborales de los empleados de su gobierno, la Cuarta Transformación no ha transformado nada. Según el secretario del Trabajo Marath Baruch Bolaños, en el sector público se dio un incremento salarial histórico y se permitió un nuevo sistema de justicia laboral que habilita a las y los trabajadores a tener mayor acceso a la justicia de manera pronta y expedita a través de nuevas instituciones, los centros federales y locales de conciliación, donde el 70% de los asuntos se resuelven con el diálogo, aunque no hay evidencia precisa de estos resultados y tampoco dice cómo podemos acceder a tan benévolas circunstancias todos los mexicanos.
“La libertad y la democracia sindical es otro de los grandes hitos de esta reforma, se legitimaron más de 30 mil contratos colectivos de trabajo con la participación de 5 millones de trabajadoras y trabajadores”, aseguró Bolaños el pasado 1 de mayo, Día del Trabajo, y habló sobre la reforma en materia de subcontratación, la cual, según él, logró el reconocimiento de 3 millones de trabajadores por sus empleadores, cosa que es absolutamente falsa, los empleados de limpieza del gobierno, por ejemplo, siguen estando subcontratados, ¿no los verá él en sus propias oficinas de la Secretaría del Trabajo?.
Es cuestión de salir de sus lujosas oficinas, señores funcionarios y darse una vueltecita por las oficinas, preguntarle a los empleados bajo qué régimen están contratados, si por el Apartado A o el B, si son de confianza o de base, por honorarios, prestadores de servicios, servicio profesional de carrera, recomendado o sobreviviente de la administración de López Obrador, si tiene esperanzas de conservar su empleo aun con el cambio de administración, si lo están capacitando, si recibe prestaciones, si tiene seguridad social (y si la tiene, ver si sus jefes lo dejan ir al ISSSTE), en fin, revisar las condiciones en las que trabaja un servidor público.
Y después, ver si se puede garantizar que una aplicación otorgue y favorezca los derechos de sus socios, colaboradores o emprendedores o lo que sea que sean los trabajadores de aplicaciones digitales.
