Alfonso Romo y Tatiana Clouthier cabildearon a favor de la Coca-Cola
Siendo funcionarios federales presionaron a los legisladores de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados para que no aprobaran la ley de etiquetados de alimentos y bebidas ultraprocesados. Intentaron quitar la facultad regulatoria a la Secretaría de Salud y la Cofepris para ceder el control a los industriales y las cámaras de comercio. Alentaron a poderosas firmas de abogados a presentar cientos de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como una agresiva campaña mediática de desinformación con sus voceros
Por. Margarita Rodríguez
Durante el 2019, en lugar de apoyar la aprobación de leyes orientadas a que los mexicanos consumieran productos más saludables, con información clara en los empaques de alimentos y bebidas ultraprocesados, el entonces encargado de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y Tatiana Clouthier, siendo diputada federal por Morena, se olvidaron de su encargo como servidores públicos y cuidaron los intereses de un grupo de poderosos empresarios.
Tanto Clouthier como Romo, ambos muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, intentaron quitar atribuciones a la autoridad sanitaria y de salud, para que diversos productos chatarra no fueran obligados a la etiquetación que expone cantidades exactas de grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio, o la refiere el contenido de sustancias no aptas para el consumo en niños como cafeína y edulcorantes.
Hay que recordar que la Secretaría de Salud, en la administración de la Cuarta Transformación, ha sido determinante en aplicar políticas públicas para permitir en el mercado de consumo solo productos alimenticios que no contribuyan al incremento de los altos índices de enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad, algunos tipos de cáncer y mala nutrición, principalmente en niños.
Frente a esta política las industrias trasnacionales y nacionales, y algunos grupos empresariales, buscaron frenar la ley de etiquetado. Presionaron y buscaron limitar facultades a los comisionados para legalizar dichas medidas en la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Para que los intereses de los grandes consorcios comerciales no se vieran afectados por el etiquetado de advertencia de sus productos, se reventaron sesiones en la Cámara de Diputados, se interfirió en la redacción y en el sentido de las nuevas disposiciones legales.
Así -una vez más- se diluyó esa delgada línea entre políticos y empresarios, solo que esta vez no fueron los ultraconservadores ni las mafias del poder que ha denunciado López Obrador, sino dos distinguidos activos de la llamada izquierda de la Cuarta Transformación,
El cabildeo permitido
Cuando se ponen en riesgo sus modelos de negocios, los industriales realizan prácticas como campañas mediáticas de desinformación, arreglos judiciales y extrajudiciales, amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero donde más se entrometen y presionan es en los procesos legislativos, al momento de las tomas de decisiones.
Lo anterior es parte de lo que documentó Ana Larrañaga en la investigación “Bajo la mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México. Caso 3. Promoción, Publicidad e Información a Consumidores. El acecho a las infancias y el cabildeo contra la información clara”.
En dicho trabajo se establece que empresas trasnacionales -como Coca-Cola- tienen en forma permanente un representante de planta junto a las curules de los legisladores de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, dicha presencia es para maicear al mejor postor, al partido que sea, siempre y cuando no avancen ni se aprueben las regulaciones que les puedan afectar en sus ventas.
El freno a las leyes que afectan al sector macro empresarial, que labor de los lobistas, va desde los aditivos usados en la agroindustria, el plástico que utilizan, las normas de propiedades nutrimentales de los alimentos y bebidas, hasta las imágenes e información de los empaques y envolturas de los productos.
En ese espacio, los ciudadanos pueden presentar iniciativas o recomendaciones sobre las mismas disposiciones que se debaten para hacerlas leyes, sin embargo –como es natural por el peso del dinero-
las voces de los empresarios pesan más, y siempre terminan influyendo en la decisión de los legisladores.
Históricamente, la Comisión de Salud ha sido ocupada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), que han tenido más acercamiento con el sector empresarial, pero, en general, ninguna bancada está exenta de esos acercamientos, lo que fue muy bien aprovechado por Tatiana Clouthier y Alfonso Romo.
La mano de Alfonso Romo
Casi al inicio de la administración del presidente López Obrador, en el 2019, después de que fueron aprobadas Reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetados y la Norma Oficial Mexicana-051(orientadas a mejorar la información nutricional en los productos y reducir la publicidad de alimentos poco saludables) hubo una rebelión en el sector empresarial.
Las multinacionales Nestlé, Coca-Cola, Danone, Pepsico, Mars, Mondeléz, Kellogg’s, General Mills, Unilever, Kraft, Conagra Foods, y gigantes nacionales como Bimbo y Jumex, así como grupos de industriales del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Nacional Agropecuario y ConMéxico, se resistieron a implementar dicha normatividad, argumentando afectación a la imagen de sus productos y reducción de sus ventas.
Representantes de dichas trasnacionales recurrieron a su aliado Alfonso Romo, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, quien les creó mesas de discusión y propuestas, alternas a las 10 acreditadas dentro de la Secretaría de Salud y en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
En las mesas de Alfonso Romo se procuró cuidar los intereses del Consejo Nacional Agropecuario, Con México y el Consejo Coordinador Empresarial. Lo señalado en dichas mesas se robusteció opiniones de representantes de centros de investigación en salud pública y con funcionarios de la propia Cofepris.
Se les dio la palabra a los grandes empresarios hasta “llegar a un acuerdo, debilitando los numerales de la NOM-051 propuestos, sin embargo, la Secretaría de Salud y la Cofepris no desistieron y se agudizó el descontento de los empresarios. Aunque se hizo un intento desde la Oficina de la Presidencia, no se logró cambiar la NOM-051 a pedido de los empresarios”, según lo reveló Ana Larrañaga en entrevista para Cenzontle400.mx
En esa situación, Alfonso Romo convocó a reuniones desde la Cofepris, que tenía como titular a José Antonio Novelo, quien presionó a los comisionados en las mesas de discusión para que los criterios nutrimentales de alimentos y bebidas fueran más laxos.
Con la intervención de Romo se alcanzó tolerancia para aquellos productos que tenían que ver con el uso de los edulcorantes no recomendados para niños, sin embargo, tampoco fue suficiente para los representantes de la industria de alimentos chatarra.
“En 2024 continua el etiquetado a pesar de la interferencia desde la Oficina de la Presidencia. La Secretaría de Salud y la Cofepris no se doblegaron, se mantuvieron firmes, a pesar de las amenazas de las acciones legales de firmas de abogados de mucho renombre”, señala Larrañaga.
En la investigación de Ana Larrañaga aparece que presionados por Romo, Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero y sus equipos de abogados, “los representantes del sector salud y la academia se veían orillados a ceder puntos clave de la NORMA como los criterios nutrimentales recomendados por la Organización Panamericana de la Salud o el retiro de personajes en productos poco saludables.
”El representante de Cofepris dijo que se tenía que hacer algo sobre el consumo tan elevado de refrescos porque es un riesgo sanitario. Estaban muy enojados. Entonces Romo preguntó dos veces más: ¿De verdad, no hay consenso?, ¿No se pueden poner de acuerdo?, ¿No pueden flexibilizarse ustedes?, y nosotros dijimos no. Bueno, ¿entonces qué hacemos aquí? Se acabó la reunión”, según palabras -recabadas por Larrañaga- de un representante del sector académico.
“En una reunión de las finales, ya cuando habíamos sacado todo el trabajo y la NORMA ya no estaba quedando como ellos (el sector industrial) querían. De repente convocan a una reunión en la oficina de Romo. También estaba Olga Sánchez Cordero, la entonces secretaria de Gobernación. Fueron todos los líderes de las industrias… estaba ConMéxico, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario… y el equipo de abogados de Scherer. Romo en la cabecera dice, a ver, miren, yo nunca en mi vida había estado en algo donde no se puedan poner de acuerdo dos partes. Entonces, vamos a hacer un último esfuerzo. ¿Podemos ponernos de acuerdo en esto, esto, y esto? Puras modificaciones de la norma que ya habíamos acordado”, testimonió un representante del sector académico.
Amparos al por mayor
Los que sí lograron los empresarios fue presentar cientos de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), muchos de ellos aún en revisión. En 2020, en tan solo tres meses se presentaron 60, después aumentaron a 100, y en 2024, suman 300, como lo documentó la organización civil El Poder del Consumidor.
Aun cuando la mayoría de los amparos han sido desestimados, los abogados de los empresarios no han desistido en más amparos. Otros siguen avanzando como el de Frito-Lay, filial de PepsiCo que obtuvo una medida provisional de un juez de Distrito y va avanzando hacia la Suprema Corte. Y el de la refresquera nacional Desde el Corazón del Fruto, con marcas como Barrilitos, que también va avanzando.
“Apelamos a la sensibilidad de los jueces para que sentencien a favor de la población. Este año tendremos un cambio de gobierno y debemos estar muy atentos y monitorear que no sean permeables y se puedan diluir las políticas de nutrición”, advierte la investigadora Ana Larrañaga, porque el etiquetado claro y frontal a través de sellos ha sido un incentivo para la propia industria, ya que han reformulado los componentes de sus productos alimenticios para hacerlos con menos azúcar, menos
azúcar, menos grasa. “Aunque no hay ningún producto en el mercado que no tenga sellos. Según declaraciones del sector empresarial, la idea es que no hubiera sellos, ni que hubiera autoridades regulatorias”.
En etiquetados anteriores de los productos ultraprocesados, como los octágonos de advertencia, la palabra exceso es la que se quería echar para atrás, y que los criterios nutrimentales estrictos por la Cofepris, es decir, las cantidades de azucares, grasas, sodio, aditivos, fueran más difíciles de rebasar.
“Sabemos que han estado cabildeando muy fuerte con los ministros de la Suprema Corte. Les han estado enviando información que tenemos que puede ser desmentida por la evidencia, pero, sobre todo, creo que hay mucho menosprecio a la efectividad de regular la publicidad dirigida a niños”, revela el testimonio de un representante del sector académico entrevistado por Larrañaga.
La mano de Tatiana Clouthier
En la Cámara de Diputados, desde el inicio de las mesas de discusión de la iniciativa de cambiar el etiquetado frontal de alimentos ultraprocesados que advirtiera de manera “veraz, clara, rápida y simple” el contenido excesivo de azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y demás nutrimentos críticos e ingredientes considerados de importancia para la salud pública, Tatiana Clouthier veló por los intereses de las empresas alimenticias sin siquiera pertenecer a la Comisión de Salud, pues se desempeñaba en las comisiones de Gobernación y Población, Trabajo, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Realizó una redacción alterna a los artículos transitorios de la Ley de Etiquetado con el objetivo de cambiar por completo su sentido como las advertencias a la salud y hacerlas ambiguas, quitando esa facultad a la Secretaría de Salud y otorgarla a la Secretaría de Economía y al Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, presidido por el mismo Alfonso Romo.
Con lo anterior, la industria alimenticia y los economistas evaluarían qué componentes y aditivos de los alimentos y bebidas ultraprocesados serían nocivos para salud de los mexicanos. Ese Consejo Nacional, creado en mayo de 2019, sería el enlace entre la Presidencia de la República y secretarías de Estado con inversionistas nacionales y extranjeros.
“Clouthier buscaba que se modificara el dictamen en los transitorios. Básicamente lo que buscaba esa redacción era retrasar y debilitar el dictamen. Metía un texto que cambiaba todo el sentido del dictamen, que era de salud. Clouthier quería meter que se hicieran consultas con el Consejo Nacional de Fomento a la Inversión y el Crecimiento Económico, o sea, convertirlo en un tema de economía que iba a proteger los intereses del sector privado”.
Por otra parte, en el momento de la votación a favor de la NOM-051 se intentó reventar la sesión de la Comisión de Salud, que estaba por pasar al pleno porque ya estaba agendada. Los cabilderos de la Coca-Cola y de ConMéxico se acercaron a los integrantes de dicha comisión y les pidieron a un par de diputados -Francisco Favela Peñuñuri, del Partido del Trabajo (PT), y Javier Ariel Hidalgo Ponce, de Morena- que se retiraran y que no firmaran su asistencia. “Ellos se pararon y se fueron, y los cabilderos
se acercaron a hablar con ellos”. A otros diputados se les pidió que no se presentaran ese día a la votación. Aun con la embestida, se votó a favor del etiquetado, con 458 sufragios, cero en contra y dos abstenciones.
Se debe recordar que las comisiones legislativas deben estar abiertas y escuchar las preocupaciones ciudadanas respecto a iniciativas que se votaran en el pleno, el problema es cuando los legisladores juegan a favor del sector empresarial, que siempre está presente.
“El cambio que quería hacer Tatiana de los transitorios venía con un archivo y en el nombre del propietario del archivo venía el nombre de la cabildera de ConMéxico. Entonces, ahí se veía claramente a la diputada Tatiana se le acercó la industria y le dieron tal cual el texto”, según refiere la investigación.
Al grupo proponente del dictamen liderado por diputadas como Carmen Medel y Miroslava Sánchez Galván, entre otros integrantes de la Comisión de Salud, las visitaban frecuentemente los representantes de las corporaciones de alimentos. La Coca-Cola les regaló grandes llaves de colores envueltas en cajas que simbolizaban “las puertas abiertas de Coca-Cola”, junto con cartas personalizadas que les invitaban a conocer sus plantas refresqueras y a colaborar con ellos.
Tras ser aprobada la Ley de Etiquetado en la Cámara de Diputados, la minuta fue enviada al Senado de la República, en donde también sufrió intentos de modificación durante su votación en el pleno que empataran con los argumentos del sector privado, vinieron principalmente de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, a través de las senadoras Sylvana Beltrones y Xóchitl Gálvez. Los intentos de retrasar y diluir la minuta no fueron aprobados por la mayoría, lo que dio paso a la aprobación de las Reformas en la Ley General de Salud, y sentaron las bases para la modificación de la NOM-051.
De manera simultánea, voceros de la industria alimenticia hicieron una agresiva campaña en radio y televisión en horario estelar, donde mencionaban que el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) tenía poca evidencia de que los componente de los alimentos ultraprocesados afectan la salud de los consumidores, que era una ocurrencia la NOM-051 y que desataría una crisis económica al dejarse de vender.
El principal vocero y entonces presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, fue un actor activo tanto en el cabildeo legislativo en contra de las reformas en la Ley General de Salud como en estrategias de amparo, y en los medios de comunicación, en donde declaró que la medida era un “ataque a la industria procesadora” y que los nuevos etiquetados únicamente “satanizaban a los alimentos”.
Coca-Cola, siempre consentida del sistema mexicano
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, organizaciones civiles y periodistas destaparon una serie de correos electrónicos entre funcionarios de la Cofepris y ejecutivos de la Coca-Cola. El vicepresidente jurídico de Coca-Cola México escribió a la entonces subdirectora del área jurídica de la agencia regulatoria mexicana para preguntar “por los avances en materia de etiquetado”, y ofrece “coadyuvar con información”, a lo que la ex funcionara respondió agradeciendo el apoyo brindado, como demuestra la investigación “Bajo la mira: El control corporativo sobre los sistemas alimentarios en México. Caso 3. Promoción, Publicidad e Información a Consumidores”.
En la actualidad, Patricio Caso, el responsable del incomprensible etiquetado de alimentos que se mantuvo durante años, es ahora “director senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad” en Coca-Cola México, convirtiéndose en un caso ejemplar de puertas giratorias entre el sector público y privado.
El etiquetado sí ha funcionado
En una reciente encuesta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el 90 por ciento de los padres de familia entrevistados refirió que desde que salió el etiquetado claro, se han preocupado por leer los componentes -menos sodio, menos grasa, menos azúcares, menos conservadores- de los alimentos que compran para sus hijos, sobre todo a los niños más pequeños.
Se han mostrado sensibles y receptivos, ahora prefieren evitar productos que tengan muchos sellos. “No se ha frenado la compra, se ha redirigido el consumo, si no compran Coca-Cola, se dirigen a agua Ciel, que es de la misma Coca-Cola”, subraya Larrañaga. Al igual que cuando se retiraron personajesanimados de cajas de cereales, pan de caja y bebidas, se reportó que eran menos atractivos para los niños.
